POLITICA
Milei cruzó a una diputada de la izquierda que interrumpía a Adorni: “¡Ustedes son los asesinos!”
La Cámara de Diputados vivió un momento de tensión este miércoles durante el informe de gestión de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete fue interrumpido en varias oportunidades por diputados de la oposición, en especial del bloque de izquierda.
En ese momento, la legisladora Myriam Bregman le gritó “asesinos” y “cómplices del genocidio” en Gaza al oficialismo, mientras Adorni exponía sobre la política exterior argentina y el apoyo a Israel en la guerra de Medio Oriente.
El presidente Javier Milei, que seguía el discurso desde las gradas, no dudó en intervenir y respondió a los gritos: “Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”.
Todo comenzó cuando Adorni afirmó: “La Argentina recuperó la confianza internacional”. En ese momento, los diputados oficialistas comenzaron a corear “Presidente, Presidente”, en respaldo a Milei.
El jefe de Gabinete continuó su discurso y destacó: “Un claro ejemplo de esto son los resultados de la Argentina Week y sus compromisos de inversión por 16.150 millones de dólares. También se refleja en la incorporación del país al Escudo de las Américas y al Consejo de la Paz, una coalición internacional de líderes dedicada a lograr la paz y la reconstrucción de la Franja de Gaza”.
Fue entonces cuando los diputados de izquierda volvieron a interrumpirlo. El presidente de la Cámara, Martín Menem, pidió silencio, pero la tensión siguió creciendo. El Presidente decidió intervenir.
Antes de su presentación en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni respondió más de 2100 consultas de los bloques parlamentarios en su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre los ejes abordados se destacaron cuatro respuestas claves acerca de su viaje a Punta del Este, su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la TV Pública.
El viaje a Punta del Este
En el informe de gestión, los diputados solicitaron conocer si el viaje de Adorni a Punta del Este fue declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros. Así lo indicó la pregunta N°559. Adorni había afirmado haber pagado los pasajes de su familia, el piloto del vuelo declaró ante la Justicia que el costo fue cubierto por el empresario y periodista Marcelo Grandio.
El Gobierno respondió que no correspondía su inclusión en dicho registro y precisó que el jefe de Gabinete presentó su declaración jurada patrimonial integral y que la Oficina Anticorrupción no detectó conflictos de interés.
“No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción en el marco del artículo 3 del Decreto 1179/2016, que refieren exclusivamente a viajes o estadías erogados por terceros ‘para el dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales, o la participación en ellas’”, indicó Adorni.
Aunque la consulta de los legisladores apuntaba a determinar quién financió el viaje, con qué finalidad y qué vínculo tienen esas personas con la administración pública, la respuesta del Ejecutivo no aportó precisiones.
Qué dijo Adorni acerca de su patrimonio ante el Congreso
De acuerdo a la pregunta N°1780, los legisladores solicitaban el detalle de la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desde el inicio de la función pública, y “si existieron acompañantes en viajes oficiales cuyos roles no estuvieran justificados dentro del Estado”.
En ese sentido, el funcionario señaló que los bienes correspondientes a su cónyuge o al grupo familiar están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada, de carácter confidencial según la ley de ética pública. En tanto, el detalle de su DDJJ se encuentra disponible en el portal Datos.
El 25 de marzo pasado, Adorni aseguró en conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, y se negó a dar más precisiones.
El vínculo con Marcelo Grandio y la TV Pública
La oposición también indagó sobre el vínculo del jefe de Gabinete con su amigo el periodista Marcelo Grandio y la posible existencia de contratos con el Estado, en especial, con la TV Pública. Fue a través de las preguntas N°58 y N°1655 de su informe de gestión.
Adorni negó que existan contrataciones entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y Grandio y se limitó a remitir a respuestas anteriores.
“En relación con los extremos específicos vinculados a la causa judicial (incluyendo objeto procesal, documentación requerida o identificación de áreas o personas eventualmente involucradas), se informa que dicha información se encuentra bajo la órbita del juzgado interviniente y su divulgación se encuentra sujeta a las restricciones propias del proceso en curso”, fue la respuesta del Gobierno ante la consulta N°58 que pedía información sobre un presunto allanamiento en la TV Pública.
El viaje de la esposa de Adorni a EE.UU. en el avión presidencial
Otra de las consultas de los legisladores hacia Manuel Adorni fue acerca de su participación y la de su mujer, en el evento Argentina Week, realizado en Estados Unidos en marzo pasado.
El Gobierno confirmó que Bettina Angeletti integró el vuelo del 6 de marzo en el avión presidencial, en calidad de “invitada de la Presidencia de la Nación”.
El documento oficial subrayó que “su participación en el vuelo no generó gasto alguno para el Estado Nacional”, al desestimar el uso indebido de fondos públicos.
“Como ha manifestado el Jefe de Gabinete públicamente, su esposa viajó como invitada de la Presidencia de la Nación junto a los integrantes de la Comitiva Oficial y de Apoyo. Es incorrecto afirmar, que su presencia implicó un incumplimiento a la normativa vigente. La invitación no se encuentra alcanzada por la Decisión Administrativa 9/2026, porque se trató de un vuelo presidencial”, sostiene la respuesta del funcionario a la consulta N°604.
La semana pasada, el juez Daniel Rafecas cerró la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EE.UU. en el avión presidencial y se amparó en la “ausencia de delito”.
Javier Milei, Manuel Adorni
En este Día del Trabajador nos debemos un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores, así como en la promoción del empleo.
Nadie puede negarlo: la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización en los procesos productivos redefinió el mundo laboral. Las aptitudes exigidas para la supervivencia en el mercado cambiaron y también lo hicieron las normas. En este escenario, la Ley de Modernización Laboral 27.802, mediante los artículos 152 y 153 del Capítulo II, creó el Programa de Formación Laboral Básica para “garantizar el desarrollo de las competencias mínimas necesarias para la incorporación al mundo laboral de las personas que por diversas situaciones no hubieran podido adquirirlas”.
Según la norma, este programa tendrá dos ejes: el Programa de Competencias Sociolaborales Básicas se enfoca en las personas sin terminalidad educativa con el objetivo de brindarles herramientas de lectura y comprensión de textos, expresión oral y razonamiento matemático, entre otras. Y el Programa de Formación Laboral Inicial apunta al desarrollo de estas competencias iniciales en una rama de la actividad productiva económica con prioridad regional y en perspectiva de su futura demanda. De esta forma, busca integrar a las personas complementando su formación con el Programa de Entrenamiento para el trabajo.
Esta norma introduce una categoría jurídica disruptiva y moderna: la empleabilidad mínima. Este concepto no debe entenderse como un estándar de exigencia para el trabajador, sino como un deber prestacional del Estado destinado a garantizar un piso de ciudadanía económica en la era digital y donde los empleadores tienen un papel de suma importancia.
La protección del trabajador en el siglo XXI no puede limitarse a la tutela resarcitoria ante el despido; debe evolucionar hacia una tutela preventiva basada en la capacitación constante. La creación del Programa de Formación Laboral Básica identifica que la carencia de competencias fundamentales —como la alfabetización digital, la comprensión de textos y el razonamiento lógico— constituye hoy la principal causa de exclusión social. El Congreso, al institucionalizar este programa, reconoce que el derecho al trabajo se vuelve ilusorio si el sujeto carece de las herramientas cognitivas para interactuar con los nuevos entornos tecno-laborales.
La Ciudad de Buenos Aires ya había avanzado en esta dirección y desde la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dimos un gran impulso a la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, programas de subsidio al aprendizaje en la empresa como la Prácticas Formativas o el Programa de Inducción para el Empleo.
Se trata de propuestas en las que somos autoridad de aplicación desde la Secretaría de Trabajo, junto al Ministerio de Educación. A ellas se le suma el nuevo programa de asistencia social del Gobierno de la Ciudad, mediante el cual pusimos fin a los últimos planes sociales aún activos y creamos un programa de capacitación y empleo que promueve la autonomía económica. La medida alcanzará a unas 5 mil personas e incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.
La nueva ley nacional va por el camino correcto. La reglamentación debe centrarse en restaurar la base de confianza y aptitud del individuo, potenciando no sólo la formación de operarios eficientes o técnicos, sino de personas con capacidad para usufructuar las herramientas que le otorga la educación para el empleo.
Por otro lado, la designación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad de aplicación (artículo 153) puede ser extendida a las autoridades laborales provinciales, a fin de otorgarle al sistema la centralidad necesaria para coordinar la certificación de estas competencias, y en línea con las políticas de descentralización y autonomía de la Ciudad.
Otorgar a la certificación estatal la funcionalidad de actuar como un activo de seguridad social implica un hito fundamental para nuestro país. Este “pasaporte de empleabilidad” va a permitir a los trabajadores acreditar saberes frente a un mercado que se vuelve cada vez más exigente.
En definitiva, la empleabilidad mínima se constituye como una nueva garantía de equidad para los trabajadores en el siglo XXI. En un mundo donde el capital humano es el activo más valioso, el Estado debe asumir el rol de garante para que la metamorfosis digital no devenga en una segmentación irreversible entre integrados y excluidos, asegurando que la tecnología sea, finalmente, un vector de ascenso social y no de marginación.
POLITICA
Paro general: el Gobierno inicia acciones contra UTA y La Fraternidad y los sindicatos denuncian una “sanción política”
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, inició sumarios a los gremios de La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), a quienes acusa del incumplimiento de la conciliación obligatoria durante el último paro nacional, el 19 de febrero pasado.
En la cartera dirigida por Sandra Pettovello habían advertido a ambos gremios que se abstuvieran de adherir a la huelga. Fue horas antes del último paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), previa a la aprobación de la reforma laboral. Entonces, en el ministerio advirtieron que una eventual participación de los gremios del transporte implicaría una “violación a las normas legales que rigen la conciliación laboral obligatoria”.
Tanto la UTA como La Fraternidad estaban en ese momento en conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo desde el 14 de febrero pasado y hasta el 27 de ese mes, por lo que no podían adherir, según el ministerio.
Verificado el incumplimiento en las distintas jurisdicciones, en las últimas horas Capital Humano comunicó que, en función “de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212 conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Y agregaron que la cartera contempla “dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
Antecedentes
En febrero pasado, en la intimación a ambos gremios, Capital Humano había advertido que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatorio oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.
En el Gobierno distinguieron a Omar Maturano, de La Fraternidad, de Roberto Fernández, de la UTA. Mientras que creen que el primero estaba “decidido a ir desde el comienzo” al paro y no ahorran en críticas, apuntan que Fernández “tenía voluntad de no sumarse, pero fue muy presionado para hacerlo”.
En el corazón del gobierno libertario alegan que la adhesión de estos sindicatos fue crucial para lograr una imagen de alto impacto del paro.
Los gremios cuestionaron la medida. “Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política», afirmó a Ámbito Financiero Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA.
Conforme a
POLITICA
Marcha atrás del Gobierno: los periodistas acreditados podrán ingresar otra vez a Casa Rosada
Luego de una semana, el gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, una medida calificada como inédita desde el regreso de la democracia.
Altas fuentes del Gobierno confirmaron a La Nación que el próximo lunes los periodistas podrán reingresar a Balcarce 50, y varios medios comenzaron a recibir mails individuales con la confirmación oficial.
A la par de la reapertura, el Gobierno prepara una conferencia de prensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni para el mismo lunes a partir de las 11. El secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari, había justificado la medida original al señalar que “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”.
La prohibición, dispuesta sin aviso previo el jueves pasado, desató una extensa serie de repudios de entidades como ADEPA, Aedba y Fopea, partidos y dirigentes opositores y representantes de la sociedad civil.
Durante la semana, Milei escaló sus críticas a la prensa en distintas apariciones públicas. Al ingresar al Congreso el miércoles, llamó “corruptos” a los periodistas parlamentarios, y al retirarse les gritó “¡chorros!” mientras se alejaba. El diario Ámbito Financiero presentó además un amparo para revocar la medida, que recayó en el juzgado contencioso a cargo de Lara Correa.
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Casa Rosada,Espionaje,ingreso de periodistas,Manuel Adorni,periodistas acreditados
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