POLITICA
“Therians que se autoperciben leones”: la insólita definición de un diputado durante la sesión de Adorni
En medio de la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso de la Nación, un diputado peronista lanzó una insólita definición y trató de “therians” a sus pares que pertenecían al bloque de La Libertad Avanza.
El diputado en cuestión era Sergio Palazzo, quien integra el bloque de Unión por la Patria, y es el Secretario General de la Asociación Bancaria. En medio de su disertación en la Cámara Baja en el marco de las preguntas que se le realizan al ministro coordinador, lanzó un crudo comentario para el oficialismo por las interrupciones que se generaron.
“Son numerosas las interrupciones. ¿Le puedo decir a los terian que se autoperciben leones que se callen un poquito si es tan amable? Gracias, presidente», dijo Palazzo. Sus dichos incluso llegaron a dibujar una pequeña mueca en la cara del titular de la Cámara de Diputado, Martín Menem.
Sin embargo, el presidente de la Cámara tuvo un cruce previo con otro diputado, en este caso el representante de Provincias Unidas, Pablo Juliano. Todo comenzó en medio de una de las interpelaciones que realizaba el legislador contra el jefe de Gabinete.
Allí, Juliano comenzó: “Recién lo acabo de escuchar decir que el resultado del año pasado también tenía que ver con el caso de las preguntas. Usted en el 2016 le decía a Vidal y la aplaudía, que no entendía la diferencia entre lo público y lo privado, pero ahora viene y nos deja los mismos argumentos de la casta que dijo que venía a terminar”.
Y siguió: “Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste en donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus propios números y obligás a que la Argentina haga contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado. Eso es lo que vos representás acá. Hiciste bajar a todo tu gobierno”.
Automáticamente, Menem lo cruzó y le pidió que se dirija de “usted” al jefe de Gabinete, ya que “es lo que corresponde” antes de que continúe con la interpelación.
“Es el apellido, no lo estoy tratando de chanta y me estoy quedando corto. Mire, presidente, yo estoy hablando con muchísimo respeto”, fue la respuesta de Juliano que acusó una nueva interrupción por parte del bloque libertario. Menem continuó: “Le pido que se dirija con respeto, pero es de usted”.
Y el diputado replicó: “Pero a ver, si a mí me dicen Juliano, yo soy Juliano, él es Adorni. ¿Cuál es el problema de eso? Respeto le faltaron a la gente, ustedes. Adorni, le faltaste el respeto a la gente cuando desde el momento uno». Seguido de esto, el presidente de la Cámara tomó nuevamente la palabra y apuntó: “Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de usted al jefe de Gabinete. Se lo digo de nuevo, diputado, por favor se lo pido. Lo acabo de advertir”.
Tras la continuidad de las palabras de Juliano, Menem apuntó: “Diríjase de usted, diputado, es lo que corresponde. Son las formas de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Se lo trata de usted al jefe de gabinete y a todos los ministros. No está en una cancha de fútbol, diputado. Es la Cámara de Diputados de la Nación».
Sin embargo, ante un nuevo comentario en el que no aplicó el pedido del presidente de la Cámara, Menem le cortó el micrófono al legislador y dijo: “No me falta el respeto a mí, a la presidencia, a la gente que está viendo esta sesión. Diríjase de usted. Última vez que se lo digo”.
POLITICA
La Corte llamó a conjueces para decidir si reabre una causa por corrupción contra Rodríguez Larreta por la obra del Paseo del Bajo
La Corte Suprema de Justicia convocó a conjueces para resolver si reabre la única causa por corrupción que incomoda al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la construcción del Paseo del Bajo.
Tras debatir el asunto meses atrás, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosekrantz y Ricardo Lorenzetti no llegaron a una posición unificada, por lo que decidieron sortear a dos presidentes de las Cámaras Federales para que oficien de conjueces, de modo de llegar a una mayoría de tres votos.
Salieron sorteados los camaristas Alberto Dalla Vía, de la Cámara Nacional Electoral, y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Salta.
En esta causa fueron sobreseídos Rodríguez Larreta, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien fue director general de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Carlos María Frugoni; el exministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia y la jefa de compras de AUSA Natalia Bustos, que firmó las licitaciones.
El nombre de Frugoni cobró notoriedad porque, tras dejar su cargo en la Ciudad, fue designado en el gobierno de Javier Milei, pero tuvo que renunciar envuelto en un escándalo.
En abril de 2026, Frugoni renunció como secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía cuando se descubrió que no había declarado ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco al menos siete departamentos y sociedades offshore en Miami y West Palm Beach, en Estados Unidos.
Previo a este cargo, ocupó funciones en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) del gobierno de Milei y lideró brevemente la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt).
El cierre definitivo del caso había sido dispuesto el 27 de octubre de 2021 por los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, que no revisaron el fondo del asunto, sino que declararon “mal concedido” el recurso de casación presentado por los fiscales Alejandro Agüero Iturbe y Sergio Rodríguez.
El camarista de Casación Alejandro Slokar votó en disidencia, pues había considerado que la Cámara debía tomar el caso y analizar el recurso.
Con este fallo se había ratificado lo resuelto por la Cámara Federal en mayo de 2021, cuando los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que no se produjeron irregularidades durante el proceso licitatorio de la obra y que no hubo un perjuicio al Estado por su ejecución o su adjudicación.
Rodríguez Larreta y Dietrich habían sido acusados de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la adjudicación de uno de los tramos del Paseo del Bajo a la firma Iecsa, cuando todavía pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
La denuncia señalaba que se había direccionado la licitación del tramo más caro de la obra (a un precio más alto del que supuestamente correspondía) para favorecer a la firma que pertenecía en aquel momento a Calcaterra, que había integrado una unión transitoria con la empresa Fontana Nicastro.
El juez federal fallecido Claudio Bonadio había sobreseído a Rodríguez Larreta y a Dietrich en diciembre de 2019, sin haberlos indagado.
En su defensa, los funcionarios habían presentado escritos en los que ratificaron que los procesos habían sido transparentes.
Bonadio había considerado que no fueron detectadas irregularidades en los procesos licitatorios y que los imputados no habían incumplido sus deberes como funcionarios públicos.
La fiscal del caso, Alejandra Mángano, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, habían solicitado medidas de prueba que Bonadio no ordenó.
Por eso los fiscales apelaron y fueron acompañados por sus superiores, que llegaron con su impulso hasta la propia Corte Suprema de Justicia para reabrir la causa y decidir sobre la realización de medidas de prueba adicionales.
Los fiscales Mangano y Rodríguez sostenían que el cierre de la causa era una decisión “prematura”.
También fueron beneficiados con el cierre de la causa Frugoni, Moccia y Bustos, que había firmado las licitaciones.
La causa tuvo su origen en una denuncia del abogado Fernando Míguez, un frecuente denunciante en los tribunales federales, pero la PIA también aportó una investigación al expediente.
El informe de la PIA estaba basado en un estudio de la Auditoría General porteña, entonces a cargo de Cecilia Segura, del Frente de Todos.
Según ese informe, la supuesta manipulación del proyecto provocó que Iecsa resultara la adjudicataria del tramo C del proyecto, por 4480 millones de pesos. El presupuesto total de la obra fue de 8700 millones de pesos, y AUSA fue la firma encargada de las contrataciones.
Ante el planteo de los fiscales Mángano y Rodríguez para profundizar la investigación, los camaristas LLorens, Bertuzzi y Bruglia consideraron que con las medidas de prueba tomadas por Bonadio, entre las cuales había declaraciones testimoniales, e-mails y prueba documental, bastaba para sobreseer a los acusados.
Descartaron, además, que se haya alterado el orden de apertura de los sobres licitatorios para favorecer a Iecsa.
Corte Suprema de Justicia,Frugoni renunció,Horacio Rodríguez Larreta,Conforme a
POLITICA
Cristina Kirchner candidata: secretos de una estrategia improbable y los caminos que se bifurcan en la ONU, la Corte y el peronismo
Cristina Kirchner tiene una condena firme a seis años de prisión, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su nombre fue excluido del padrón electoral. Aun así, el kirchnerismo y su defensa trabajan sobre una estrategia diplomática, política y judicial que mantiene abierta la hipótesis de una candidatura presidencial en 2027. El plan reúne tres frentes: una presentación ante Naciones Unidas, la posición de la Corte Suprema y el diseño electoral del peronismo.
La defensa busca una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación. En el máximo tribunal, en cambio, entienden que ningún pronunciamiento internacional podría modificar la sentencia firme. En paralelo, el kirchnerismo analiza cómo sostener la centralidad de la exmandataria en la discusión electoral, incluso si otra figura termina al frente de la fórmula.
La situación judicial de Cristina Kirchner incluye otros expedientes. Cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado a raíz del direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Además, afronta el juicio oral de la causa Cuadernos, donde está acusada de encabezar una asociación ilícita vinculada con la recaudación ilegal de dinero de empresarios.
A ese cuadro se sumarán los procesos por Los Sauces y Hotesur, en los que también está acusado su hijo, Máximo Kirchner. El primero tiene previsto comenzar el 23 de octubre y el segundo, el 19 de marzo de 2027, aunque persiste una controversia judicial sobre la eventual reunificación de ambos debates.
El Comité de Derechos Humanos analizará el planteo de la defensa en Ginebra
El primer frente de la estrategia está en Ginebra. El lunes 19 de octubre comenzará el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se extenderá hasta el 6 de noviembre. El organismo, integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y puede examinar denuncias individuales por presuntas vulneraciones de los derechos previstos en ese instrumento.
Se trata de una instancia distinta del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental de Naciones Unidas. Los abogados Rafael Valim, de Brasil, y Javier Borrego, de España, presentaron en julio una comunicación individual contra el Estado argentino. Ambos trabajan con Carlos Alberto Beraldi, defensor penal de la expresidenta en la Argentina, quien intervino en las distintas etapas que concluyeron con la sentencia firme de la Corte.
La presentación cuestionó aspectos del juicio de Vialidad y solicitó medidas provisionales para proteger los derechos políticos de Cristina Kirchner, además de revisar determinadas condiciones de su prisión domiciliaria. Durante las últimas semanas, la defensa incorporó una adenda con hechos posteriores, entre ellos embargos sobre bienes de la exmandataria, declaraciones de integrantes del Poder Judicial y manifestaciones del presidente Javier Milei.
Uno de los elementos centrales de esa ampliación fue un informe económico-financiero elaborado con documentación oficial incorporada a la causa Cuadernos. El estudio examinó el destino de los recursos de un fideicomiso utilizado para financiar obras viales entre 2009 y 2015, con el objetivo de cuestionar uno de los fundamentos de la condena en Vialidad.
El trabajo fue elaborado por especialistas de la consultora brasileña Specs y analizó desembolsos de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional, un mecanismo de financiamiento de infraestructura vial. Según sus conclusiones, los recursos evaluados alcanzaron unos USD 2.200 millones, distribuidos entre 367 obras, 114 constructoras y 3.855 certificados de pago.
Dentro de ese universo, las compañías vinculadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez, habrían percibido cerca de USD 18,66 millones, equivalentes al 0,85 % de los fondos examinados. El informe identificó 17 obras relacionadas con esas empresas que registraron pagos a través de esa fuente de financiamiento.
La defensa incorporó esos resultados para discutir la interpretación judicial sobre el direccionamiento de recursos públicos hacia las firmas de Báez. El análisis tiene un alcance delimitado: examina los desembolsos de una partida presupuestaria específica, no todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de las pruebas valoradas en Vialidad. Sin embargo, es uno de los argumentos que el equipo jurídico pretende utilizar para pedir una revisión de la condena.
El período de sesiones del Comité introdujo una referencia temporal para la estrategia internacional, aunque una solicitud de medidas provisionales puede ser evaluada fuera de las reuniones ordinarias. El reglamento prevé la intervención de un relator para nuevas comunicaciones y medidas provisionales, que puede actuar en nombre del organismo sin que sea necesaria una deliberación de sus 18 integrantes ante cada pedido urgente.
Una medida provisional puede disponerse antes de que el Comité resuelva sobre la admisibilidad o el fondo de la denuncia. Para concederla, debe acreditarse la necesidad de evitar daños irreparables sobre los derechos invocados. Su eventual otorgamiento tampoco supone que el organismo considere fundada la presentación principal.
El calendario electoral vuelve decisiva la cuestión de los plazos. Una decisión sobre los derechos políticos de Cristina Kirchner después de las presidenciales de 2027 tendría consecuencias distintas de una resolución anterior a la oficialización de candidaturas. La defensa trabaja con el período de sesiones de octubre como una instancia relevante y contempla esperar, al menos, hasta noviembre antes de analizar nuevos pasos procesales.
El pedido principal apunta a la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una medida favorable podría requerir al Estado argentino que suspenda sus efectos mientras se analiza el fondo del caso. La presentación también aborda aspectos de la prisión domiciliaria, aunque la restricción electoral concentra la mayor relevancia política.
Un antecedente clave para la defensa es el de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2018, cuando el dirigente brasileño estaba preso y buscaba competir en las elecciones presidenciales, el Comité pidió medidas para preservar sus derechos políticos. Brasil no acató ese requerimiento y Lula quedó fuera de la contienda. En marzo de 2022, el organismo emitió un dictamen sobre las vulneraciones de derechos examinadas en ese caso. La comparación muestra la posibilidad de una intervención internacional, pero también los límites prácticos de sus decisiones frente a las autoridades de un Estado.
El frente de la Corte Suprema y la condena
Según pudo saber Infobae, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideran que una eventual resolución del Comité carece de aptitud jurídica para alterar la condena firme contra Cristina Kirchner. La postura predominante es que los pronunciamientos del organismo pueden expresar una posición sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales, pero no reemplazar decisiones definitivas de los tribunales argentinos.
En el máximo tribunal sostienen que el ordenamiento jurídico nacional no contempla un mecanismo que permita revertir una sentencia firme por una determinación de esa naturaleza. Desde esa perspectiva, una intervención de Naciones Unidas mantendría sin cambios tanto la pena de seis años de prisión como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La discusión de fondo enfrenta interpretaciones diferentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional en la Argentina, por aplicación del artículo 75, inciso 22, de la Constitución. La defensa apoya en ese reconocimiento su planteo ante el Comité, mientras que en la Corte ponen el foco en los instrumentos disponibles para cumplir una eventual decisión dentro del sistema judicial local.
Las medidas provisionales se dirigen al Estado argentino. Una comunicación de ese tipo se canalizaría por la representación estatal correspondiente y podría derivar en actuaciones de los poderes públicos. Pero la modificación de una sentencia penal exigiría una decisión de las autoridades judiciales competentes; el pronunciamiento internacional no puede modificar por sí solo los registros judiciales argentinos.
En el Palacio de Tribunales también consideran que la defensa de Cristina Kirchner no cuestionó de modo específico la sanción accesoria de inhabilitación perpetua al recurrir al máximo tribunal contra la condena. Ese punto abre otra discusión sobre el agotamiento de los recursos internos, una de las condiciones habituales para que el Comité admita una comunicación individual.
La defensa mantiene una lectura diferente sobre el alcance de la revisión que puede realizar el organismo, en especial cuando están involucrados derechos políticos y restricciones fijadas por la legislación nacional. Si la sanción que ahora se busca suspender no fue discutida en forma puntual ante las instancias judiciales argentinas, la posibilidad de trasladar el reclamo al plano internacional será otro punto de debate.
En esa discusión aparece el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. La norma establece que quien incurra en un delito doloso grave contra el Estado que implique enriquecimiento quedará inhabilitado para ocupar cargos o empleos públicos por el período que determinen las leyes. La Constitución contempla la sanción, pero deja su duración en manos de la legislación del Congreso.
En el caso de Cristina Kirchner, la inhabilitación especial perpetua se impuso bajo las normas del Código Penal para la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la Corte señalan que esa penalidad fue establecida por el Congreso y que cualquier modificación corresponde al Poder Legislativo. Durante los 16 años de gobiernos kirchneristas, entre las presidencias de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, nunca se puso en discusión una reforma sobre esa sanción.
El Código Penal prevé, además, un régimen de rehabilitación para determinadas inhabilitaciones perpetuas en su artículo 20 ter, sujeto a condiciones y plazos. Esa alternativa es distinta de la suspensión cautelar solicitada ante Naciones Unidas y no habilita de manera automática la recuperación de la capacidad para ejercer cargos públicos antes de los comicios de 2027.
La posición de la Corte agrega un obstáculo a los planes electorales del kirchnerismo. Incluso si Naciones Unidas resolviera a favor de la expresidenta, quedaría pendiente la cuestión de su aplicación por parte de la Justicia argentina, dentro de un calendario electoral con plazos y procedimientos propios.
El kirchnerismo analiza una fórmula y Kicillof conserva su proyecto propio
Mientras avanza la discusión judicial, el tercer frente se despliega dentro del peronismo. Allí se estudia una estrategia que depende de dos variables aún abiertas: la resolución del Comité de Naciones Unidas y la posibilidad de que el Gobierno consiga eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ambas definiciones incidirán en el calendario y en la organización de las candidaturas presidenciales.
La intención de impulsar a Cristina Kirchner como candidata tuvo una expresión pública el 28 de septiembre. Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de La Cámpora, afirmó en una entrevista con Infobae que su madre tenía voluntad de competir por la Presidencia. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, dijo, y vinculó de manera explícita la presentación ante Naciones Unidas con esa aspiración electoral.
Detrás de esa definición existe un diseño más complejo. La hipótesis, según pudo saber Infobae, considera inscribir una fórmula presidencial con Cristina Kirchner y un dirigente que pueda representar territorial o políticamente a otros sectores peronistas. En las conversaciones aparecen tres nombres: Sergio Uñac, exgobernador de San Juan; Gerardo Zamora, senador nacional y ex mandatario de Santiago del Estero; y Sergio Massa, último candidato presidencial del peronismo.
Uñac aporta su trayectoria al frente de una provincia cuyana y sus vínculos con el peronismo tradicional. Zamora suma su experiencia de gobierno en Santiago del Estero y su relación con las estructuras provinciales. Massa representa otro perfil: perdió el balotaje de 2023 frente a Javier Milei y, durante esa campaña, anticipó que el programa económico libertario podía derivar en recesión y en un deterioro de las condiciones de vida.
La incorporación de Massa también devolvería a la discusión al dirigente que encabezó la última fórmula presidencial competitiva del peronismo. Cualquiera de las tres opciones buscaría reunir detrás de Cristina Kirchner a sectores con posiciones diferentes sobre el liderazgo y el futuro del justicialismo.
El procedimiento bajo análisis contempla un paso adicional: formalizar la candidatura de la expresidenta aun si se prevé que la inhabilitación impedirá su oficialización y buscar que el vicepresidente ocupe luego el primer lugar de la fórmula. La alternativa es una hipótesis política y enfrenta una dificultad jurídica sustancial.
En las conversaciones se mencionaron los distritos electorales de Buenos Aires y Santa Cruz como posibles escenarios para impulsar la inscripción. Sin embargo, la legislación establece que las fórmulas de presidente y vicepresidente deben presentarse ante el juez federal con competencia electoral de la Capital Federal. El artículo 61 del Código Electoral Nacional prevé el reemplazo del candidato presidencial por su compañero de fórmula en determinados casos, como renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente.
La falta de habilitación legal desde el momento de la inscripción plantea una situación diferente, que debería resolver la Justicia Electoral. Una candidatura rechazada por incumplir requisitos legales no activa necesariamente el mismo mecanismo que una fórmula ya oficializada cuyo candidato presidencial queda impedido de continuar. El plan podría, por lo tanto, abrir otra controversia judicial.
A la incertidumbre se suma el debate por las PASO. Su eliminación o suspensión modificaría los mecanismos de selección de candidaturas y podría alterar la relación entre los sectores peronistas. El Gobierno necesita respaldo parlamentario para avanzar con esa reforma, en una negociación que se cruza con la discusión presupuestaria y la agenda legislativa acordada con los gobernadores.
La diferencia entre una competencia en primarias y una definición por acuerdos partidarios tiene efectos sobre la interna. Para el kirchnerismo, la presencia de Cristina Kirchner en una fórmula conserva valor político más allá de su eventual oficialización. Para otros sectores del justicialismo, el método de selección presidencial forma parte de la disputa por la conducción opositora y por la construcción de una alternativa frente a Milei.
En ese cuadro, Axel Kicillof queda fuera de las combinaciones que se mencionan para acompañar a Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense mantiene diferencias políticas con La Cámpora y con la conducción de la expresidenta, y conserva su propio proyecto nacional para 2027.
Su estrategia actual se sintetiza en una frase que circula entre sus dirigentes: “Este año es un año de acumulación política”. El planteo apunta a reforzar su posición territorial, ampliar los vínculos con otros referentes y postergar una decisión electoral que podría agrandar las diferencias internas del peronismo.
La coexistencia de ambos proyectos excede las discusiones jurídicas. Mientras el kirchnerismo preserva la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner, Kicillof trabaja sobre un horizonte presidencial propio. Comparten espacio político y representación electoral, aunque deberán resolver cómo ordenar la oferta cuando se acerque la definición de 2027.
El futuro de la eventual candidatura depende de decisiones que se tomarán en ámbitos con reglas y tiempos distintos. El Comité de Derechos Humanos puede evaluar medidas provisionales, pero su intervención no sustituye a los tribunales argentinos. La Corte Suprema sostiene una interpretación restrictiva sobre los efectos de ese procedimiento internacional y el peronismo discute alternativas que dependerán de la legislación vigente y de sus acuerdos internos.
La candidatura presidencial de Cristina Kirchner continúa siendo jurídicamente improbable, pero conserva relevancia política. Su eventual inscripción, incluso si fuera rechazada, podría abrir una nueva controversia y obligar al peronismo a resolver una fórmula alternativa. La disputa por sus derechos políticos, mientras tanto, seguirá su recorrido en los procedimientos internacionales y nacionales.
El interrogante hacia 2027 incluye quién encabezará la propuesta presidencial peronista si la condena mantiene todos sus efectos, qué papel tendrán los dirigentes que hoy aparecen como posibles compañeros de fórmula y cómo se procesará la competencia con el proyecto político de Kicillof. Los caminos de Ginebra, el Palacio de Tribunales y el peronismo todavía pueden conducir a resultados diferentes.
election,horizontal,parliament
El expresidente Alberto Fernández reapareció en un canal de streaming y se refirió a la tensión que guió el vínculo con Cristina Kirchner, su vice, durante la gestión del Frente de Todos. Marcó como una de las grandes diferencias el acuerdo que se selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, sostuvo Fernández en diálogo con el podcast Sistema Joaco Santos. Y agregó, en un intento de relativizar su respuesta: “Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”.
El exjefe del Estado planteó que la falta de pago habría dejado a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. Según expresó, el incumplimiento de los compromisos con el FMI habría llevado al país a caer en default con el organismo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.
“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada. Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”, dijo Fernández a modo de autocrítica.
Sostuvo que recibió presiones continuas para alinearse con las posiciones de la entonces vicepresidenta en materia económica y de administración pública. De hecho, el pacto con el FMI tuvo como consecuencia la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque de la Cámara de Diputados.
Reconoció haber sido blanco de las críticas del kirchnerismo por su postura frente al FMI, pero se defendió al considerar que se trataba de “un debate falso”. Y añadió: “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”.
El expresidente recordó que Néstor Kirchner, de quien fue su jefe de gabinete, decidió cancelar la deuda con el organismo para dejar de depender de sus condicionamientos. “Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’. Es como si vos fueras al banco y, para dejar de pagar intereses, dijeras: ‘Tomá, te pago todo. No quiero deberte más, no quiero entregarte un poco más de mi vida’. Porque terminas condicionando tu vida a la deuda con el banco. Eso es lo que hizo Néstor”, señaló.
Además, se refirió a la herencia que le dejó Mauricio Macri. Según indicó, en el Banco Central había US$ 11.000 millones de reservas y una deuda de US$ 44.000 millones, que mayoritariamente había contraído la gestión de Juntos por el Cambio.
el acuerdo,pic.twitter.com/uruAtnr6zP,October 12, 2026,Alberto Fernández,Cristina Kirchner,Conforme a
La Corte llamó a conjueces para decidir si reabre una causa por corrupción contra Rodríguez Larreta por la obra del Paseo del Bajo
La dura queja de Marcos Galperin contra la norma del BCRA que obliga a informar el costo financiero de los préstamos de su app
Cristina Kirchner candidata: secretos de una estrategia improbable y los caminos que se bifurcan en la ONU, la Corte y el peronismo
Lanús recibe a Vélez en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura
¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Lanús vs Vélez Sarsfield?
Alberto Fernández recordó sus diferencias con Cristina Kirchner por el acuerdo con el FMI
Conciliaciones entre comercios y consumidores resuelven reclamos por más de $12.5 millones en Panamá
Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para visitar a Instituto
El nuevo mapa del mercado automotor: qué marcas ganaron y cuáles perdieron con la apertura de las importaciones
Cómo evitar multas durante el fin de semana largo: cuál es la documentación que hay que llevar sí o sí al salir a la ruta
DEPORTE2 días agoCarlos Tevez busca juntar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi en su partido de despedida
- POLITICA2 días ago
Régimen Penal Juvenil: la Defensoría Oficial busca que la Justicia porteña revise la baja de la edad de imputabilidad
- INTERNACIONAL3 días ago
Democrats are changing their transgender message. Republicans say they’re just flip-flopping
