Javier Milei mantiene la decisión de sostener a Manuel Adorni pese al impacto político, judicial y comunicacional que generó su explicación patrimonial. En el Gobierno sostienen que el Presidente cree que la proyección del jefe de Gabinete depende y puede variar exclusivamente por su respaldo. La apuesta es que el electorado libertario le asigne valor político por su cercanía y por seguir bajo su ala.

En el Ejecutivo ya reconocen, además, que la carga de presión quedó invertida. No es Adorni quien insiste en permanecer a cualquier costo, sino Javier y Karina Milei quienes le piden que no renuncie. En despachos oficiales atribuyen al jefe de Estado una frase que resume esa mirada: “Si caés, van a venir por nosotros”. La lectura interna es que la salida del ministro coordinador puede abrir una etapa de mayor ofensiva política, judicial y parlamentaria contra el núcleo libertario.

En la Casa Rosada sostienen que el primer mandatario no quiere entregar a uno de los funcionarios más identificados con su gestión, menos en medio de causas sensibles que también rodean al oficialismo, como $LIBRA y ANDIS. Sus cercanos creen que una renuncia bajo presión fortalecería a la oposición, a sectores del Poder Judicial y a los aliados que empezaron a tomar distancia del jefe de Gabinete.

Ese razonamiento convive con un clima interno cada vez más incómodo. En distintos despachos oficiales admiten que la explicación de Adorni no ayudó a cerrar el caso y que, en algunos aspectos, abrió nuevas preguntas.

“Nadie le creyó y ahora la gente quiere saber de dónde sacó la plata”, expresan en Nación. En la mesa chica sostienen que la defensa estuvo pensada más para la causa judicial que para ordenar el frente político.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. En las últimas horas, Pollicita pidió nuevas medidas sobre las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti; requirió información a ARCA, ANSES y Lemon Cash; solicitó datos sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete; y ordenó relevar publicaciones, entrevistas y videos vinculados a sus inversiones en bitcoin.

La causa avanzará ahora sobre la consistencia entre los bienes declarados, las rectificaciones posteriores y la explicación pública sobre el origen de los fondos.

En Balcarce 50 insisten en que Adorni deberá responder en el expediente, pero en privado reconocen que la cronología sobre las criptomonedas y los registros audiovisuales previos complicaron la defensa pública. “Si Milei dice que no es chorro es porque sabe perfectamente sus ingresos, más allá de las inconsistencias”, agregan con suspicacia en un despacho oficial.

El caso se cruza con la nueva etapa de la política judicial del Gobierno. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la salida de Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo, se profundizó la disputa entre facciones internas por el manejo de los pliegos, la relación con Comodoro Py y la estrategia sobre expedientes sensibles. En Nación reconocen que esa pulseada volvió más áspero el vínculo entre los sectores de Karina Milei y Caputo.

En esa disputa, la Procuración General de la Nación aparece como un objetivo de fondo en el rediseño judicial que discuten las distintas terminales del oficialismo. En despachos libertarios hablan de una pelea de influencia entre sectores referenciados en Lijo, Mahiques y otros actores de Comodoro Py. El Ejecutivo, en paralelo, avanza con nuevos pliegos judiciales, mira el Consejo de la Magistratura y prepara reformas como juicio por jurados y cambios en el Código Penal.

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El caso Adorni también reactivó una conversación sensible dentro del Gabinete: las versiones sobre eventuales mecanismos de compensación salarial en cargos altos de la Casa Rosada. No hay documentación pública ni una confirmación oficial sobre ese punto.

Al menos tres fuentes de la primera línea libertaria, consultadas en reserva, sostienen que el congelamiento de salarios públicos generó discusiones internas sobre posibles compensaciones para cargos altos del Estado, aunque no aportan documentación que permita acreditar un mecanismo paralelo de pagos.

En varios despachos oficiales prefieren no pronunciarse sobre esos trascendidos y admiten que la explicación patrimonial de Adorni volvió a poner el tema en circulación. “Ni siquiera se trata sólo de la realidad, sino de lo que parece. Y esto no ayuda”, sostiene un funcionario. Otro integrante del oficialismo lo vincula con una discusión más amplia sobre la política salarial del Estado: “No se puede vivir con tres millones de pesos con una familia. Fue un error congelarlo porque se dio pie a complicaciones más graves”.

La preocupación interna no implica una sospecha generalizada sobre todos los ministros. En Balcarce 50 separan a los funcionarios que ya tenían un patrimonio alto antes de ingresar a la gestión y a quienes no enfrentan cuestionamientos sobre su evolución patrimonial. Pero admiten que el caso Adorni instaló una pregunta incómoda para una administración que construyó parte de su identidad discursiva sobre la austeridad, la transparencia y la denuncia contra la “casta”.

La última vez que en una conferencia de prensa se preguntó si existía un plus salarial o mecanismos de compensación dentro de la gestión, no hubo una respuesta oficial de fondo. Ahora, el tema vuelve a aparecer en conversaciones reservadas del Gabinete y en sectores aliados, aunque no hay documentación pública que lo respalde. En Nación saben que una versión de esa naturaleza puede ser políticamente dañina si se combina con declaraciones juradas rectificadas, gastos bajo análisis y una causa por enriquecimiento ilícito en curso.

Milei, sin embargo, no planea modificar su decisión. Quiere que Adorni siga en el cargo, retome la vocería y vuelva a tener presencia pública. En la mesa chica admiten que el jefe de Gabinete ya no podrá recuperar el perfil confrontativo que tuvo durante los primeros dos años de gestión. “Es imposible. Ese Adorni ya murió”, expresan en Nación. La idea ahora es que funcione más como coordinador político y comunicacional que como fiscal público de la oposición y del periodismo.

El Presidente cree que el jefe de gabinete sigue siendo un activo propio dentro del ecosistema libertario, aunque cada vez más funcionarios discuten esa lectura en privado. Sus cercanos admiten que Milei lo considera una figura de imagen del Gobierno y que no quiere reemplazarlo por otro vocero. La apuesta es encapsularlo bajo su respaldo, esperar que la Justicia no produzca una novedad explosiva y correr la agenda hacia la economía.

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El Ejecutivo apuesta a que la mejora de indicadores económicos ayude a desplazar el caso del centro de la discusión pública. En el oficialismo buscan instalar la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la mejora del crédito y los proyectos de infraestructura que dependen de privatizaciones y concesiones, como rutas nacionales, energía, transporte, logística y servicios públicos. También quieren acelerar anuncios de gestión para evitar la imagen de una administración paralizada por la crisis política.

La estrategia tiene límites. En la mesa política reconocen que el caso ya impactó en el vínculo con aliados, abrió diferencias con Patricia Bullrich, tensó al PRO y dio argumentos a la oposición para impulsar la interpelación y la moción de censura. En Nación confían en que esos pedidos no alcancen los votos, pero ya no lo da por cerrado. En la Casa Rosada saben que dependerán del comportamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales.

La preocupación también alcanza a la discursiva anti-casta. En sectores técnicos de Balcarce 50 venían trabajando sobre una reforma a la Ley de Ética Pública, pero el caso Adorni debilitó el margen político para avanzar con ese tema sin recibir cuestionamientos. En Balcarce 50 admiten que cualquier discusión sobre ética, patrimonio, incompatibilidades o declaraciones juradas quedará ahora atravesada por la situación del propio jefe de Gabinete.

Javier Milei, Manuel Adorni, Gabinete

reemplazar a Carlos Frugoni,secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía,Camila Dolabjian,Conforme a

Diputados argentinos del peronismo y la izquierda denunciaron que fueron expulsados de Bolivia tras integrar una misión que viajó al país para documentar denuncias de represión en el marco de protestas que se prolongan desde hace más de un mes.

La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.

El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.

Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.

Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.

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