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Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina: “El acuerdo con el Mercosur es una señal muy fuerte, le da previsibilidad al inversor”

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Erik Høeg llegó a la Argentina en septiembre de 2025 para liderar la embajada de la Unión Europea. De nacionalidad danesa, con amplia trayectoria como diplomático y un pasado reciente como representante en Colombia, ahora enfrenta uno de los momentos más intensos de la relación bilateral en décadas.

En 24 horas entrará en vigencia de manera provisional el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones y la resistencia de países como Francia. “Son 700 millones de personas, que representan el 30% del producto interno global y cerca del 35% del comercio global», aseguró Høeg, que la semana pasada recorrió yacimientos de cobre y litio en San Juan junto a representantes de 12 embajadas. Los minerales críticos están en el radar de Europa.

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Entrevistado por Infobae, el diplomático analizó el impacto inmediato en ambos bloques regionales del convenio, explicó por qué Europa mira a Vaca Muerta con más urgencia que nunca y señaló qué aspectos de la economía argentina observan las empresas europeas para invertir: “Uno de los mayores obstáculos actualmente es el riesgo país, que sigue siendo elevado”, aseguró.

Este escenario geopolítico inédito, con precios del petróleo disparados por el cierre del Estrecho de Ormuz, tensiones entre Washington y aliados europeos y empresas chinas con fuerte presencia en yacimientos que Europa busca asegurar en el país y en la región, ocupa buena parte de su tiempo. Al mismo tiempo, ultima los detalles para celebrar el Día de Europa (el 9 de mayo) con una serie de actividades en CABA: una carrera solidaria en los Bosques de Palermo, un concierto en el Teatro Colón y una exposición en el Museo Fernández Blanco.

El acuerdo entrará en vigor el 1 de mayo. ¿Qué expectativa tiene Europa?

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El acuerdo comercial entra en funcionamiento pleno desde esa fecha. Hay detalles legales y técnicos por ajustar: temas tarifarios, certificados, cuotas, importadores que tienen que entender cómo opera el nuevo sistema. Pero lo central es que, después de más de 25 años, tenemos el área de libre comercio más grande del mundo: 700 millones de personas, que representan el 30% del producto interno global y cerca del 35% del comercio global. Liberaliza comercio, servicios e inversiones. Y crea un marco de estabilidad, que es prioritario para los inversores. Argentina ha tenido ciclos económicos con altibajos, algo conocido, y este acuerdo establece condiciones en las que el inversor puede confiar en estabilidad regulatoria a mediano y largo plazo.

¿Qué sectores argentino cree que pueden beneficiarse más rápido?

El sector agropecuario, sin dudas. Argentina es muy competitiva ahí y tiene una agroindustria relevante. Ya se exporta a la UE, pero ahora el 99% de todos los productos ingresarán sin aranceles. En algunas áreas hay cuotas, pero la UE otorgó las cuotas más amplias que haya concedido en un acuerdo de libre comercio: carne bovina, carne aviar, maíz. También productos cítricos, pesca y acuicultura presentan potencial destacado. Además, el acuerdo define productos con indicación geográfica, que reciben protección especial y efecto premium en el mercado europeo: vinos del Valle de Uco, mieles del Chaco. En San Juan me hablaron del aceite de oliva y pistachos, que ya se exportan pero tienen aún más mercado en Europa.

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Francia, entre otros países, votó en contra en el Consejo de la UE. El Parlamento Europeo derivó el acuerdo al Tribunal de Justicia. ¿Cómo planean gestionar esa resistencia?

Está clarísimo que para la UE el sector agrícola tiene sensibilidades. Hay razones históricas. Nosotros también queremos tener una base sólida de producción agrícola. Hay países donde este sector tiene mucha fuerza en la economía, Francia es uno de ellos. Ha habido inquietudes y oposición, pero consideramos que, una vez en vigor, se evidenciarán todos los efectos positivos y que las posibles inestabilidades que genera no son tan graves como parecía. El Parlamento Europeo presentó el acuerdo ante el Tribunal de Justicia para que analizara su constitucionalidad, en relación a la división de poderes en los Estados miembros. Habitualmente, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses. Puede resolverse antes, por ser un caso político. Esperamos que en dos años haya mayoría en el Parlamento Europeo para la ratificación total.

Argentina fue el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo. ¿Qué peso tiene ese gesto para la UE?

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Fue un gesto superimportante para nosotros. Demostró que el Gobierno argentino priorizó el acuerdo en la agenda legislativa. Sin la ratificación de al menos un país del Mercosur, no era posible implementarlo el 1 de mayo. Argentina fue el primero en completar todos los pasos legales, y lo más relevante fue el amplio nivel de respaldo en las dos cámaras. En el Senado fue aplastante, con 62 senadores que votaron a favor. Pocas veces se ve tanto consenso en la política argentina. Esta señal indica que incluso un gobierno de otro perfil estaría a favor.

¿Cuál es el nivel de inversión de la UE en la Argentina y qué señales necesita el capital privado para llegar al país?

En este momento, la Unión Europea, sus 27 países, son el inversionista más grande de la Argentina. Eso mucha gente no lo sabe. El 40% de toda la inversión directa en la Argentina es europea, del stock. Tenemos alrededor de 800 empresas que tienen una permanencia aquí desde muchos años, también muchas que han vivido los altibajos, conocen la economía, crean buen empleo con altos estándares sociales y medioambientales.

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¿Qué necesitan? Necesitan un marco regulatorio estable, política macroeconómica previsible. En este momento, uno de los riesgos, de los obstáculos es el riesgo país, que sigue siendo demasiado alto. Necesitan también, obviamente, libertad de repatriar sus beneficios en las operaciones. Más allá del aspecto comercial, este acuerdo ofrece reglas que perduran en el tiempo y también comprometen a futuros gobiernos. Eso otorga previsibilidad a quien ya está en Argentina, como a quienes buscan expandirse. Lo mismo ocurre con el proceso de acceso a la OCDE, que introduce estándares internacionales de transparencia, y con el RIGI, que asegura incentivos y estabilidad regulatoria, clave ante posibles cambios de gobierno.

¿Cuál es la estrategia de la UE para competir con la presencia de China en la Argentina y en la región?

No lo veo necesariamente como una confrontación con China. China, al igual que Estados Unidos, procura asegurar suministro de minerales críticos, metales y fuentes de energía. Nosotros obviamente queremos que haya una cancha de juego limpia, que se compita con los mismos parámetros. Buscamos que las reglas sean iguales para todos y evitar prácticas fuera de mercado o ajenas a los estándares de la OCDE. Dicho esto, sí hay un contexto geopolítico que influye en cómo actúa la UE. China prácticamente monopoliza tierras raras —galio, germanio— y se ha evidenciado en los últimos años que eso es un desafío. Estamos intentando diversificar al máximo. Además, esta competencia genera producción que antes no existía: Argentina tiene los mismos recursos que Chile —líder mundial en cobre— pero aquí no se habían explotado del mismo modo. Eso empieza a cambiar.

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La delegación de la UE ultima los detalles de las actividades para celebrar el Día de Europa (el 9 de mayo). Se trata de una serie de actividades en CABA que incluyen una carrera solidaria en los Bosques de Palermo, un concierto en el Teatro Colón y una exposición en el Museo Fernández Blanco (Jaime Olivos)

En el marco una creciente conflictividad internacional, ¿cuán importante son los minerales críticos de la Argentina?

Nosotros hemos aprendido unas lecciones de los últimos años, que incluyen también la guerra de Ucrania. Hasta hace pocos años, el gran proveedor de gas natural y petróleo para la UE era la Federación Rusa. Esto se está acabando por motivos obvios. Nosotros hemos hecho varios paquetes de sanciones después que Rusia empezó la gran agresión. Hace tres años se firmó un acuerdo entre Argentina y la Unión Europea, y un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos. Tenemos un programa de cooperación que se llama Global Gateway, donde estamos invirtiendo en medidas que apoyan la inversión europea en el sector. San Juan es un área donde hay yacimiento importante de cobre, tenemos litio. Las empresas europeas están muy metidas en el tema o con inversión existente.

Obviamente, los últimos acontecimientos en el golfo Pérsico, en el estrecho de Ormuz, con el petróleo que va a las nubes, refuerza esta tendencia. Por eso ahora se ven actores europeos más activos que antes en firmar contratos de largo plazo con gas natural líquido de Vaca Muerta; ya se firmaron con empresas alemanas, italianas, con la misma lógica de diversificar, con buscar proveedores amigos. Eso aplica tanto para minerales críticos —cobre, litio— como para gas y petróleo.

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¿Considera que el gobierno argentino está dando los pasos correctos para atraer inversión europea?

Considero que sí. El acuerdo de libre comercio es en sí mismo un paso relevante y una señal clara al mundo. Crea condiciones de confianza y previsibilidad. Lo que observamos ahora es cómo se implementan los compromisos asumidos. El diálogo con las autoridades argentinas es fluido. Valoramos que, dentro de un marco de reglas claras, existan mecanismos —tribunales y comités— para resolver disputas. Este acuerdo fortalece la idea de libre comercio basado en reglas entre estados.

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Fijan por decreto la nueva estructura del Gobierno, con Santilli de jefe de Gabinete y otros dos puestos clave

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El Gobierno está pronto a publicar el decreto que dejará delineada la nueva estructura del Gobierno, con Diego Santilli como jefe de Gabinete y otros dos puestos claves, sus vicejefes, que serán dos: el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el vicejefe del Interior, Gustavo Coria, histórico ladero de Santilli.

Así pudo confirmarlo de fuentes oficiales.

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Bajo la nueva modalidad, se eliminará el Ministerio del Interior y sus funciones quedarán en manos de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, Santilli va a tener a su cargo no solo la coordinación de la gestión diaria del Gobierno, sino que asimismo conservará la relación política con los gobernadores y también con el Congreso.

En la reunión que tuvieron el jueves previo a su ascenso, Santilli le pidió a Karina Milei mantener el vínculo con las provincias y la secretaria general ordenó que así sea.

Una de las novedades es que Devitt ya no tendrá bajo su ala el enlace con el Congreso, debido a que el área de Relaciones Parlamentarias quedará para Coria. De esta forma, Santilli a través de su persona de confianza nucleará todo el nexo con las provincias y con el Legislativo.

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Promovido por Adorni para ingresar a la Casa Rosada, a Devitt le quedará Asuntos Estratégicos bajo su ala, como hasta ahora, y sumará Innovación y Ciencia, y también Turismo, Ambiente y Deportes, que vuelve a concentrar las tres ramas dentro de una única secretaría. De momento, la continuidad de Daniel Scioli al mando de este sector está garantizada, de acuerdo a fuentes oficiales.

En tanto, Coria en la Vicejefatura de Interior tendrá como eje la relación con las provincias, los municipios y el Congreso. Allí se concentrarán las funciones que antes estaban en el ministerio que conducía Santilli antes del ascenso.

En el reparto, la mayor parte de “ravioles” quedaron para Coria, que nucleará Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Relación con las Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, Dirección Nacional Electoral (DINE), Registro Nacional de las Personas (Renaper), Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

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Con el nuevo decreto, la Secretaría Legal y de Administración centralizará la gestión legal y administrativa de toda la Jefatura de Gabinete; mientras que la Secretaría Ejecutiva concentrará la evaluación presupuestaria, la coordinación interministerial y la Oficina Nacional de Contrataciones.

Desde la Casa Rosada aseguraron que esta nueva organización buscó eliminar estructuras administrativas repetidas, que llevaban a superposiciones. Por estas horas además se convencen de que en esta nueva etapa del Gobierno lograrán una mayor coordinación entre áreas.




Paula Rossi,Diego Santilli,Conforme a,Diego Santilli,,Escépticos y desconfiados. Los miedos de Santilli,,Eliminación de las PASO. De qué se trata la reforma electoral que negocia Santilli con los gobernadores,,En una carta a Horacio Marín. Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

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“Me gustaría que el Gobierno vaya a un proceso de transición y renovación”: el llamado de De la Torre ante el retroceso productivo en la provincia

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Entre 2023 y la fecha actual, cerraron más de 6 mil empresas y se perdieron más de 80 mil puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este fenómeno afecta al entramado productivo, impacta en la vida cotidiana de miles de familias y abre un debate urgente sobre el futuro del trabajo y el rol de la tecnología en el desarrollo económico y social.

En este escenario, Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y exsenador provincial, sostuvo en Infobae en Vivo que el Estado debe asociarse con el sector tecnológico para encontrar respuestas a una crisis que trasciende los ciclos económicos tradicionales.

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El informe de CEPA detalló el cierre de empresas a lo largo del territorio bonaerense y vincula la caída del empleo formal con las dificultades que enfrentan las pymes y los sectores industriales. La situación refleja una tendencia sostenida desde 2023, que pone en cuestión la capacidad de recuperación y adaptación del aparato productivo frente a los cambios estructurales y a la coyuntura económica.

De la Torre advirtió que los gobiernos nacionales y provinciales no lograron ofrecer soluciones eficaces, y propone una alianza entre el Estado y las empresas tecnológicas para enfrentar el desempleo y la exclusión social. “Ni Milei ni Kicillof entienden el proceso”, afirmó.

El exsenador sostuvo que el avance tecnológico puede convertirse en una oportunidad para igualar condiciones y reducir brechas. “Hoy el mundo tiene la necesidad de que los gobiernos se asocien con las tecnológicas”, afirmó. Para el dirigente, la clave está en dejar de aplicar recetas del pasado y buscar en la innovación respuestas a los problemas actuales.

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Al mismo tiempo consideró que la inteligencia artificial y la digitalización pueden aportar soluciones en áreas como la salud, la educación y la seguridad, si los gobiernos se orientan hacia la capacitación y la integración de estos recursos. “Me gustaría que el Gobierno vaya a un proceso de transición y renovación”, sostuvo.

Desigualdad social y acceso a nuevas oportunidades

El cierre de empresas y la pérdida de empleo agravan la desigualdad en la provincia de Buenos Aires. De la Torre puso el foco en los niños del conurbano bonaerense y planteó que la tecnología puede ser una vía para brindar mejores condiciones educativas y sanitarias. “Hoy existen diagnósticos por inteligencia artificial tan certeros como los de un médico”, explicó el exintendente.

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La capacitación en nuevas tecnologías se presenta como una herramienta para reducir las brechas entre sectores sociales. De la Torre remarcó que los hijos de familias de clase media y alta tienen opciones para elegir su educación, mientras que los sectores populares carecen de esa posibilidad. La integración tecnológica en la enseñanza podría igualar oportunidades y facilitar el acceso a empleos de calidad.

El dirigente también señaló la importancia de la educación espiritual y el desarrollo de habilidades blandas en un mundo en transformación. Consideró que la escuela debe adaptarse a modelos más flexibles, que incluyan deporte, arte y competencias digitales.

Soberanía, recursos estratégicos y el rol del Estado

El avance de la tecnología y la llegada de inversiones extranjeras generan nuevos debates sobre la soberanía y el control de los recursos críticos. Actualmente, el Senado nacional discute un proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica el régimen de tierras rurales y recursos como el agua, en un contexto de interés de grandes empresas tecnológicas.

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De la Torre reconoció la necesidad de acuerdos entre el Estado y las empresas, pero rechaza la idea de replicar esquemas del pasado. “En toda sociedad uno da y otro recibe”, afirmó. Planteó que el principal objetivo debe ser garantizar que los beneficios de la innovación lleguen a quienes más lo necesitan, sin perder de vista la gestión responsable de los recursos nacionales.

El exsenador advirtió que la relevancia de los Estados nación podría disminuir en los próximos años frente al poder de las empresas globales. Propuso que los gobiernos locales adquieran un rol más activo en la gestión de recursos y la promoción del desarrollo tecnológico.

Desafíos y perspectivas para la provincia de Buenos Aires

La crisis de empleo y la transformación tecnológica obligan a repensar las estrategias de desarrollo en la provincia. De la Torre insistió en que la prioridad debe ser resolver los problemas concretos de la población: trabajo, educación, salud y seguridad. Defendió la asociación con las tecnológicas como un camino para crear empleos y mejorar la calidad de vida.

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“La gente quiere tener trabajo, que sus hijos tengan la mejor educación posible, ir a un hospital público y resolver sus problemas de salud, y poder vivir seguros”, sostuvo el dirigente. El desafío consiste en aprovechar los recursos del país y la innovación tecnológica para brindar respuestas efectivas a la sociedad bonaerense.

La provincia de Buenos Aires enfrenta una encrucijada: recuperar el empleo perdido y adaptarse a un mundo en el que la tecnología redefine el trabajo y la producción. El debate ya está en marcha.

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joaquín de la torre

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La causa por YPF: contra el criterio de Lijo, la Cámara vuelve a empujar el expediente y suma una querella

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La Cámara Federal le dio este jueves un nuevo empujón a uno de los expedientes de corrupción más longevos de Comodoro Py: sumó como querellante a una organización civil en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF, que lleva ya 20 años en etapa de instrucción en el juzgado de Ariel Lijo.

Por disposición de la Sala I, al expediente se incorpora como acusador particular Integridad Republicana, una asociación civil que está representada por el abogado Carlos Negri. Desde este jueves, contará con acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar los movimientos de la causa.

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De hecho, antes de constituirse como querellante ya había recusado a Lijo, acusándolo de haber anticipado una solución al litigio mediante la inacción, lo cual consideran un “prejuzgamiento encubierto”.

De la sociedad forman parte, entre otros, la exnúmero dos de la UIF durante el macrismo, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli.

María Eugenia TalericoRodrigo Nespolo

Los mismos jueces que hoy sumaron a Integridad Republicana al caso —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— en 2024 habían constituido como querellante a Contadores Forenses, una ONG que mantuvo actividad en el expediente pero perdió participación tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin.

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En ambos casos, los magistrados lo hicieron dando vuelta la decisión del juez Lijo, que había optado por no incorporarlos.

“Entendemos que resulta procedente su constitución como tal […]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización”, dijeron los magistrados.

La asociación estará como querellante en el expediente junto a las provincias de Mendoza y Chubut. En la misma resolución de noviembre con la que el juez decidió no sumar a Integridad Republicana, decidió aceptarlas como querellantes. Son patrocinadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante el macrismo y figura clave en el capítulo internacional de la trama.

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Bernardo Saravia FríasSEBASTIAN SALGUERO

El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Lijo, y bajo intervención de la Fiscalía 7, que durante los primeros años de vida de la causa estuvo bajo el mando del fiscal Carlos Cearras —hoy fiscal de Cámara— y actualmente está a cargo de Ramiro González. La investigación, sin embargo, no fue delegada.

El recorrido

El caso YPF nació en 2006 como una denuncia, pero a los dos años se concretaría el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía, lo que se convertiría, por el modo en que se realizó esa operación, en uno de los ejes del expediente.

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Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a la compañía al adquirir el 25% de las acciones mediante un esquema de préstamos que se pagarían con los propios dividendos de la empresa.

Según la denuncia, formulada y luego ampliada por Elisa Carrió, para financiar la entrada del Grupo Petersen, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012. Además, sostiene que se repartieron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido “inexistentes”, es decir, pagados sin ganancias genuinas de la empresa.

En 2012, otro evento con resonancias internacionales volvería a redibujar los contornos del expediente: la estatización de la empresa, impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof.

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La compra de acciones de la empresa desatendió dos artículos del estatuto de la compañía que obligaban a cualquiera que se hiciera con una determinada cantidad de acciones a realizar la misma oferta al resto de los accionistas minoritarios.

El Estado retomó así el control mayoritario de la petrolera -hasta ese momento en manos de la española Repsol-, pero desató una tormenta legal en los Estados Unidos cuando el fondo Burford Capital adquirió los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen, que declararon haber quebrado al dejar de recibir los dividendos tras la reestatización de YPF.

Esos derechos de litigio fueron adquiridos por Burford en el marco de un remate de la justicia española que administraba la quiebra.

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En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por haber incumplido con aquel estatuto. Pero en marzo de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo de Preska.

La Corte reconoció que la Argentina no había cumplido con el estatuto, pero sostuvo que las leyes de expropiación están por encima de cualquier estatuto comercial interno de una empresa. Al frente de la estrategia argentina, que se mantuvo en esencia a lo largo de los distintos gobiernos, estuvo Saravia Frías, hoy abogado patrocinante de las provincias querellantes.




nuevo empujón,Federico González del Solar,Conforme a

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