ECONOMIA
De calzado a electrodomésticos: crecen las denuncias por subfacturación de importaciones chinas y ya hay multas millonarias de ARCA

Las denuncias por presuntas maniobras irregulares en operaciones de comercio exterior comenzaron a multiplicarse en distintos sectores industriales y ya derivaron en investigaciones, expedientes administrativos y sanciones económicas impulsadas por ARCA.
Mientras, una cámara empresaria del sector de electrodomésticos denunció una combinación de subfacturación, comercialización sin certificaciones y falsificación documental, el organismo aduanero avanzó con expedientes vinculados a importaciones de calzado e indumentaria provenientes de China.
El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales. En algunos expedientes, además, aparecieron observaciones sobre documentación presuntamente adulterada.
Según pudo confirmar Infobae, ARCA avanzó con investigaciones sobre operaciones de importación de indumentaria y calzado, entre otras.
El punto en común entre los distintos casos fue la sospecha de que varias compañías declararon valores muy inferiores a los reales para reducir costos tributarios y comerciales
Fuentes del sector textil confirmaron que el organismo recaudador y aduanero tiene nutridos expedientes y denuncias contra al menos dos grandes importadores y que ya las sancionó con multas millonarias.
Consultadas fuentes de ARCA, confirmaron los hechos pero no mencionaron el nombre de las empresas ni dieron detalles de los expedientes.
De todos modos, las fuentes empresarias aportaron datos y dijeron que se trata de Lintrader SRL y Latin Shoes S.A., firma vinculada con las licencias de marcas como Avia, Nevados, Barker, Stone Sports, Ferracini, Sergio Tacchini, Good Year Footwear y Everlast.
Según documentación que aportaron fuentes del sector textil, en el primer caso, la empresa declaró valores extremadamente bajos para la importación de remeras sintéticas. Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274. El valor total declarado ascendió a USD 1,06 por kilo y esos montos son ostensiblemente inferiores a los valores usuales de mercadería similar. Los antecedentes de valor aprobados para prendas comparables oscilaron entre USD 0,75 y USD 1,30 por unidad.
Las fuentes sectoriales afirmaron que según estimaciones técnicas oficiales sobre costo internacional de producción de las remeras, teniendo en cuenta costos de materia prima, confección, estampado e insumos adicionales, producir una remera básica en Asia implicó un costo estimado de entre USD 0,59 y USD 1,275 por unidad. El valor declarado por la firma se ubicó incluso por debajo del costo estimado de la materia prima.

Para el caso de Latin Shoes SA, se analizaron más de 100 despachos de importación de calzado provenientes de China realizados entre fines 2021 y 2025. La investigación se originó a partir de operaciones en las que la empresa declaró valores FOB por par idénticos o muy cercanos al mínimo establecido por la resolución antidumping 915/2021.
Esos valores coincidieron con el umbral fijado para evitar el pago de derechos antidumping sobre importaciones de calzado. En este caso se detectaron distintas inconsistencias vinculadas con permisos de salida y facturas comerciales, como textos presuntamente editados o sobrescritos, casilleros vacíos y ausencia de códigos QR o códigos de barras.
También hubo diferencias entre números de factura, subpartidas arancelarias y documentación presentada ante las autoridades argentinas. En relación con las facturas comerciales, algunas no incluyeron origen de mercadería y que aparecieron diferencias en las formas de pago.
Algunas prendas figuraron con valores de USD 0,0063 por unidad y otras con montos de USD 0,01274
Sobre este caso, ARCA habría encuadrado el expediente en los artículos 864 y 865 inciso f) del Código Aduanero y remitido las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. Siempre según datos del sector, las sanciones económicas previstas para las operaciones analizadas superaran los USD 70 millones.
Las denuncias empresarias y los expedientes abiertos por ARCA aparecieron en medio de un escenario de crecimiento de importaciones -aunque en los últimos meses el crecimiento se frenó debido a elevados stocks y una demanda planchada- y mayor presencia de productos provenientes de China en distintos segmentos del mercado local.
Por su parte, la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines (Cafavep) difundió un comunicado en el que denunció una situación de “competencia desleal” vinculada con la comercialización de pequeños electrodomésticos en plataformas digitales. Según la entidad, una investigación realizada sobre datos de importación declarados ante la Aduana reveló que distintos operadores comercializaron productos mediante una combinación de prácticas ilegales que incluyó subfacturación de importaciones, venta de productos sin certificación y falsificación de certificados de seguridad.
“La Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Afines hace pública una denuncia formal sobre una situación de competencia desleal que está destruyendo a la industria nacional de electrodomésticos y poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores argentinos”, indicó el comunicado.
La entidad empresaria sostuvo que detectó valores FOB extremadamente bajos en distintas categorías de productos. Uno de los casos mencionados correspondió a ventiladores de techo retráctiles. Cafavep aseguró que el precio FOB mínimo de mercado para ese tipo de producto rondó los USD 15 por unidad. Sin embargo, la cámara relevó importaciones declaradas a valores de entre 5,12 y 9,50 dólares.

La entidad también señaló que una empresa importó más de 13.000 unidades de ventiladores de techo declarando un valor FOB de USD 7,20 por unidad.
En el comunicado aparecieron además otros ejemplos de productos ingresados con valores considerablemente inferiores a los habituales de mercado.
Según la cámara, algunas air fryers de 1600 watts ingresaron con valores declarados de USD 4,86, mientras que cafeteras espresso figuraron con precios de USD 2,69 y mixers de 500 watts con valores de 2,07 dólares. Según la entidad, esos montos implicaron niveles de subfacturación de entre el 50% y el 85% respecto de los valores reales estimados. “Estos valores son técnicamente imposibles y demuestran una subfacturación sistemática de entre el 50% y el 85% del valor real de los productos”, afirmó la entidad.
El comunicado también incluyó advertencias sobre la comercialización de productos eléctricos sin certificaciones de seguridad. “Estimamos que un alto porcentaje de los pequeños electrodomésticos comercializados actualmente en plataformas digitales en Argentina no cuenta con la certificación correspondiente”, señaló la cámara.
La entidad agregó que “el certificado no es un trámite burocrático, sino que es la garantía de que un producto eléctrico no representa un riesgo de incendio, electrocución o accidente para el usuario y su familia”.
En otro tramo del documento, Cafavep sostuvo que las empresas formales del sector enfrentaron una fuerte desventaja competitiva frente a operadores que incumplieron normas tributarias y técnicas. Según la cámara, las compañías que importaron correctamente, realizaron ensayos y certificaciones y pagaron impuestos afrontaron una diferencia de costos de entre el 30% y el 60% sobre el precio final. “Esta situación está provocando el cierre de empresas, la destrucción de empleos formales y el desmantelamiento de una industria que ha tardado décadas en construirse”, indicó el comunicado.
La entidad informó además que presentó una denuncia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que remitió documentación a ARCA y a la Secretaría de Comercio. El comunicado también reclamó mayores controles sobre las plataformas digitales que comercializan productos eléctricos.
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Boca campeón de la Sudamericana: ¿cuánto pagarán de impuestos el club y los jugadores por los premios?



REUTERS/Luisa González
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ECONOMIA
Córdoba le dará a la industria automotriz la rebaja impositiva que reclama hace años




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ECONOMIA
Baja de impuestos a la industria: qué puede pasar en 2027 y por qué será difícil lograr un acuerdo


Con una industria que acumula meses de caída del empleo, empresas que reclaman alivio tributario para competir con los productos importados y gobernadores que hacen cuentas para sostener sus ingresos, la discusión sobre una baja de impuestos promete convertirse en uno de los debates económicos de 2027.
La Unión Industrial Argentina (UIA) busca avanzar con un pacto fiscal federal que reduzca la presión sobre la producción, pero el camino aparece lleno de obstáculos: mientras algunas provincias anuncian beneficios y exenciones, otras enfrentan una caída de la recaudación que deja poco margen para resignar recursos. ¿Hasta dónde podrán avanzar las rebajas y qué posibilidades reales existen de alcanzar un acuerdo?
La propuesta que impulsa la entidad fabril se presentó el 3 de noviembre, durante la 32ª Conferencia Industrial, y contempla una reducción gradual de los tributos que afectan a la actividad manufacturera. Buena parte de los cambios depende de las provincias, que administran Ingresos Brutos, y de los municipios, responsables de distintas tasas.
Carlos Abeledo, jefe del Departamento Tributario de la UIA, explicó a Infobae que la entidad decidió utilizar las uniones industriales provinciales para acercarse a los gobernadores e impulsar modificaciones en las leyes impositivas que se aprobarán en diciembre y comenzarán a regir en 2027. “Se va a avanzar en tratar de lograr, a través de las uniones industriales de cada provincia, un acercamiento con los distintos gobernadores para que empiecen a aplicar lo que estamos pidiendo de la reducción hasta la eliminación de Ingresos Brutos en cada provincia para la industria”, señaló.
La estrategia apunta a conseguir rebajas progresivas de Ingresos Brutos y la eliminación de los regímenes de retenciones y percepciones que afectan a las empresas. Abeledo recordó también que la UIA presentó previamente su propuesta al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante una reunión anterior a la Conferencia Industrial.
Por qué será difícil reducir Ingresos Brutos
El principal obstáculo aparece en las finanzas provinciales. Durante 2026, los gobernadores enfrentaron menores transferencias automáticas y no automáticas de la Nación, además de un retroceso de la recaudación propia.
El economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), consideró que ese escenario deja escaso margen para implementar reducciones significativas de Ingresos Brutos durante 2027. Según explicó, algunas jurisdicciones registraron caídas reales del 4% al 5% en la recaudación de ese tributo.
“Dado el contexto de financiamiento en el que están las provincias durante este año, es muy difícil que alguna provincia presente su proyecto de ley impositiva con una baja considerable, una baja concreta de Ingresos Brutos para el año 2027”, advirtió.
El especialista señaló que algunos proyectos provinciales contemplan actualizar las escalas de facturación que determinan las alícuotas. Ese mecanismo permitiría que determinadas empresas pasen a categorías inferiores y paguen tasas menores, sin modificar las alícuotas generales. Sin embargo, estimó que el beneficio alcanzaría a un número limitado de contribuyentes. “Entiendo que eso va a ser lo máximo que se pueda observar para el año 2027 en las provincias”, sostuvo.
Las provincias que anunciaron beneficios
Dentro del mapa provincial aparecen situaciones diferentes. Abeledo destacó que Catamarca cuenta con una norma escrita vinculada con la reducción tributaria, aunque todavía se espera su implementación. También mencionó los compromisos anunciados por los gobernadores de Neuquén, San Juan y Santa Fe para incorporar beneficios en sus leyes impositivas de 2027.
En Santa Fe, fuentes del gobierno de Maximiliano Pullaro señalaron que la provincia mantiene desde hace tres años una política de alivio tributario. Según detallaron, las exenciones adicionales representan alrededor de $80.000 millones que la administración deja de recaudar.
Entre los beneficios vigentes, recordaron, figura la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos hasta el 30% de los pagos de energía eléctrica y deducir los salarios correspondientes a nuevas incorporaciones de personal. Las fuentes oficiales vincularon esas medidas con la creación de 9.000 puestos industriales.

También destacaron reducciones de la carga tributaria sobre el comercio y exenciones para actividades agropecuarias y maquinaria agrícola. “Es un camino que venimos transitando. En 2027 no vamos a subirlo, pero tampoco está pensado bajarlo”, afirmaron desde la administración provincial, al tiempo que reclamaron reducciones de impuestos nacionales.
En Córdoba, en tanto, fuentes del Gobierno explicaron que la provincia reorganizó sus regímenes de promoción industrial y estableció exenciones del 100% de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante diez años para las empresas comprendidas en la nueva norma. El beneficio puede extenderse a quince años en parques industriales y determinadas zonas provinciales. Según precisaron, unas 4.000 empresas industriales de un universo de 6.000 están incorporadas al sistema.
Por su parte, Marcelo Capello, economista del IERAL, detalló que el proyecto de presupuesto cordobés para 2027 contempla reducir la alícuota general de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,5%, con un costo fiscal estimado en $64.886 millones. De todos modos, esta reducción es para el sector de comercio y servicios. La industria sigue pagando 1,2%, excepto las que se incorporen al régimen de promoción, señalaron las fuentes oficiales. El objetivo es que, si se resignan recursos, sea en beneficio de empresas que inviertan en Córdoba y no sólo que vendan en la provincia.
Pese a estas medidas, las fuentes consultadas advirtieron sobre las limitaciones de las decisiones individuales de los gobernadores. “Si no hay consenso fiscal a nivel nacional, es imposible que las provincias lo resuelvan solas”.
El problema del efecto cascada
Los especialistas también plantearon diferencias sobre la efectividad de reducir parcialmente las alícuotas provinciales.
Jorge Colina, economista de Idesa, cuestionó que una rebaja limitada de Ingresos Brutos resuelva los problemas de competitividad industrial. “No tienen ningún sentido las rebajas, porque Ingresos Brutos no te pega tanto por la alícuota como por su efecto cascada”, afirmó.
El economista explicó que el impuesto se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización. También advirtió que las alícuotas elevadas aplicadas al sistema financiero terminan encareciendo el crédito para las empresas. “Entonces, Ingresos Brutos y tasas municipales tienen que ser eliminados. De nada sirve bajar un poco la alícuota”, sostuvo.
En una línea similar, Marcelo Capello, del IERAL, planteó que la solución estructural sería reemplazar Ingresos Brutos por un IVA o un impuesto a las ventas finales, para evitar la acumulación de tributos durante el proceso productivo.
Sin embargo, mientras no avance una reforma integral, consideró conveniente que las provincias eliminen progresivamente la carga sobre las primeras etapas, especialmente el agro y la industria, para mejorar la competitividad frente a los productos importados en un contexto de apertura económica y tipo de cambio relativamente bajo.
También advirtió sobre los regímenes de recaudación anticipada que generan saldos a favor de las empresas, cuando los adelantos cobrados superan sus obligaciones tributarias. Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde una decisión judicial obligó a revisar el sistema de cobros anticipados en frontera.
Qué propone el pacto fiscal de la UIA
El Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial contempla un programa gradual de seis años. La entidad propone comenzar por las pymes expuestas a la competencia internacional, las actividades intensivas en empleo y los sectores con mayores dificultades, para luego extender los beneficios al resto de la industria.
Entre las principales medidas figuran:
- Ingresos Brutos: reducción progresiva hasta alcanzar la exención para la industria o establecer mecanismos de compensación con IVA.
- Contribuciones patronales: posibilidad de computar el 95% como crédito fiscal del IVA.
- Ganancias: reducción de la alícuota para sociedades del 35% al 25%.
- Impuesto al cheque: cómputo gradual a cuenta de IVA y Ganancias hasta su eliminación.
- Tasas municipales: vinculación de los montos cobrados con los servicios efectivamente prestados.
- Inversiones: amortización acelerada, Cuenta Única Tributaria y mecanismos de estabilidad fiscal.
La iniciativa se presentó en un contexto de dificultades para la actividad manufacturera. Según los datos difundidos por la UIA el 17 de noviembre, el empleo industrial cayó por vigésimo segundo mes consecutivo, mientras que los sectores textil y metalmecánico concentraron más de la mitad de los puestos perdidos desde agosto de 2023.
La entidad también señaló que, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la inflación acumuló un 438%, frente a un aumento del 156% en los precios mayoristas de productos manufacturados.
La propuesta de Caputo para eliminar Sellos
Durante la Conferencia Industrial, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas de alivio fiscal para las empresas, entre ellas facilidades para regularizar deudas tributarias, la suspensión temporal de embargos a las pymes y mecanismos para compensar créditos y obligaciones aduaneras.

Sin embargo, uno de los planteos más relevantes para la negociación con los gobernadores fue la propuesta de eliminar el impuesto de Sellos, cuya recaudación depende de las provincias.
El ministro propuso que la Nación compense el 50% de los recursos que las jurisdicciones resignen al eliminar el tributo, mientras que los gobiernos provinciales asumirían la mitad restante. Según las cifras expuestas por Caputo, Sellos recauda entre $4 billones y $5 billones anuales, equivalentes aproximadamente al 0,4% o 0,5% del PBI.
La iniciativa se presentó formalmente este viernes durante una reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), realizada en San Juan, donde el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, expusieron el mecanismo ante los ministros de Economía provinciales.
La propuesta está dirigida a las jurisdicciones que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
Caputo celebró públicamente la presentación, aunque la implementación todavía requiere la aceptación de los gobiernos provinciales. Hasta el momento no se informó un acuerdo para aplicar el mecanismo de compensación.
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