La decisión de que Diego Santilli sea el nuevo Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei para cubrir la eyección de Manuel Adorni replicó rápidamente en la conversación política bonaerense y la disputa de la que por ahora se habla demasiado: las candidaturas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que no tendrá a Axel Kicillof participando de la disputa. Al menos de manera directa.

En medio de la interna reinante del peronismo, un grupo de intendentes oficialistas apuran su propio armado y tratan de ampliarlo. Por eso, esta semana, en la tarde noche del martes los llamados jefes comunales del Grupo AFA mantuvieron un encuentro en el Mangrullo de Ezeiza. Recepcionados por el local, Gastón Granados, los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), ampliaron la mesa que también incluyó a Federico Susbielles (Bahía Blanca), Juan Pablo García (Dolores) y Marisa Fassi (Cañuelas). El objetivo es que el cuarteto Achával-Mantegazza-Otermin-Granados sume más intendentes a ese armado que el año que viene tendrá como objetivo sentarse en una mesa de negociación electoral como un actor más. Trabajan para arrimar al espacio al intendente de Morón, Lucas Ghi, quien transita una interna distrital fuerte con Nuevo Encuentro y el exintendente, Martín Sabbatella, que ya avisó que buscará regresar a la intendencia y competirá en las elecciones del año que viene. Los jefes comunales del Grupo AFA, le garantizarían a Ghi cierta estructura en esa disputa.

Ese mismo día, pero más temprano, Granados se reunió con otro intendente peronista: Fernando Gray de Esteban Echeverría. Uno de los que primero tomó distancia de la interna que, hoy por hoy, asoma descarnada entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Gray había marcado sus diferencias con Máximo Kirchner y optó por replegarse públicamente de la discusión del peronismo, aunque mantuvo y mantiene diálogo con sus pares.

El Grupo AFA tiene dos apuestas si de precandidaturas se trata. Federico Achával y/o Federico Otermín. Hay otros dos dirigentes del peronismo bonaerense que van por su instalación y construcción política hacia el 2027 en PBA: Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis. El primero acaba de dejar la intendencia de Avellaneda para salir a recorrer la provincia. “Liberado de gestión, para tener autonomía”, consideran en su entorno. La conducción del municipio quedará a cargo de la hasta ahora jefa de gabinete, Magdalena Sierra, que encabezó la lista a concejales en 2023. En Avellaneda reconocen que la candidatura empezó cuando el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, planteó en una actividad con el intendente:“Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”.

Con cierta atención siguen los movimientos en el Ministerio de Infraestructura bonaerense que conduce Gabriel Katopodis. El funcionario de Kicillof también tiene aspiraciones de pelear por la sucesión del gobernador. El peronismo, de sostenerse, apela a unas PASO para ordenar este cuadro de situación que no solo es a nivel nacional. Subido a la gestión, Katopodis recorre distritos y busca sumar respaldos. En los últimos días, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, consideró -en declaraciones al medio LaNoticiaWeb– que el ex jefe comunal de San Martín sostiene “un enorme crecimiento como dirigente”, y pidió que “cada uno transite este camino”. El titular de Infraestructura bonaerense también junta algunos respaldos de intendentes del interior provincial. “Somos muchos los intendentes que aspiramos y le hemos pedido a ‘Kato’ que sea el candidato. Tiene un recorrido por los 135 municipios desde su etapa en la Nación”, aseguró el jefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero según consigna La Letra Chica.

Ferraresi y Katopodis están dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. En esa órbita y con traje de candidateables también estaba el jefe comunal de La Plata, Julio Alak. El platense no abandonó esa empresa, pero hoy transita un frente tormentoso por el conflicto con cooperativistas. Semanas atrás hubo incidentes con integrantes del MTE de Juan Grabois, que se movilizaron hasta el municipio ante la baja de contratos por el barrido del espacio público. De hecho, hubo detenidos ante los incidentes que incluyeron rotura de vitros y quema de gomas en el interior del palacio municipal. Alertada por el Tribunal de Cuentas debido a cómo había sido originalmente esa contratación directa —realizada durante la gestión del exintendente Pablo Bruera en 2011—, la gestión de Alak definió cortar los contratos y hacer un nuevo llamado a licitación. La respuesta política fue conflictiva.

El mismo día, mientras en La Plata subía la temperatura por este asunto, en Lanús, donde gobierna el kirchnerista Julián Álvarez, se anunciaba el acuerdo con cuatro cooperativas para la entrega de indumentaria y materiales de trabajo como bolsones y carros, que alcanzaba a 200 cooperativistas. Hoy, el kirchnerismo tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, como la figura más activa para sentarse en una mesa de negociación por la sucesión de Kicillof. Todo atado a la estrategia nacional, el rol de Cristina Kirchner y el acuerdo —o no— que se logre alcanzar con el gobernador bonaerense.

Todos estos movimientos se dan en paralelo con la rediscusión que parece plantearse con la designación de Diego Santilli como el nuevo Jefe de Gabinete de la Nación. El ex diputado nacional por el PRO, que luego revalidó su banca en acuerdo con La Libertad Avanza y desembarcó en el Gobierno como ministro del Interior, cobró centralidad en los últimos días. Como contó Infobae, en privado, el nuevo ministro coordinador dejaba correr a los suyos que no tenía intenciones de suplantar a Adorni, pero la coyuntura se impuso. Es que Santilli reconoce que la jefatura de Gabinete es “una silla eléctrica”. Los antecedentes hablan por sí solos: Guillermo Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni pasaron por ese lugar desde que Milei es presidente. El último fue tras las denuncias e investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

¿La designación de Santilli lo empodera como candidato a gobernador o lo aleja de esa posibilidad? Hasta su designación, el exdiputado nacional pensaba en clave bonaerense. Ahora, su nuevo rol en Casa Rosada intervendrá en esa definición. Por lo pronto, Santilli exhibe un esquema —en acuerdo con el diputado nacional y jefe del PRO, Cristian Ritondo— de fuerte arraigo provincial para activar en caso de que sea necesario.

Se visualizó el día de su jura. Entre quienes lo acompañaron estaba el intendente de Campana, Sebastián Abella; el Senador provincial e intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el jefe del bloque de Diputados PRO en PBA, Alejandro Rabinovich; exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, que ahora será asesor en Jefatura; el exintendente de General Rodríguez, Matías Kubar; las diputadas provinciales del PRO, Julieta Quintero Chasman y Rita Salaberry; el diputado provincial del PRO, Martín Endere -que además ocupa un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense-, entre otras presencias. También son fieles a Santilli con trabajo en PBA, el vicepresidente de la Cámara baja, Agustín Forchieri y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria, que tiene licencia como diputado provincial por la Sexta sección electoral.

El objetivo político de Santilli será conseguir los votos para eliminar las PASO e incluso habilitar las colectoras con vistas a las elecciones del año que viene. El resultante de su objetivo será determinante para todas las fuerzas políticas e incluso para su objetivo en particular: lograr ser candidato a la gobernación del Gobierno. Distintas terminales coinciden en que es prematuro confirmarlo. Sobre todo porque La Libertad Avanza no resignará esa discusión tan temprano. Por lo pronto, Kicillof y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscan ponerlo en ese lugar y desde ahí confrontarlo. Santilli contesta. Los intendentes del peronismo, por ahora, se corren de esa ida y vuelta. Muchos de ellos mantienen diálogo con el esquema de la jefatura de Gabinete.

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Diego Cabot,Conforme a

La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.

En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.

En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.

Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.

El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.

Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.

Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.

La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.

Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.

Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.

La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.

Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.

Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.

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