El Gobierno brindó nuevas precisiones sobre dos expedientes sensibles para su política de defensa y su relación con Estados Unidos: el radar de LeoLabs en Tolhuin y la Base Naval Integrada de Ushuaia. Se trata, en el primer caso, de una antena instalada en Tierra del Fuego por una empresa estadounidense que la firma presenta como parte de una red global de monitoreo del espacio para seguir satélites y desechos orbitales. Y el segundo caso es un proyecto estratégico de la Armada para reforzar la logística antártica y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

En el informe de gestión ante Diputados que brindó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Ministerio de Defensa sostuvo que el radar sigue sin estar operativo y aseguró que cualquier cooperación futura con otros países sobre la base fueguina se limitará “a los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes”. Esa aclaración buscó responder a las sospechas políticas que desde hace dos años rodean a ambos expedientes por su cercanía con Malvinas y por el creciente alineamiento con Washington.

El Ejecutivo brindó detalles sobre las capacidades operativas del radar, dejó asentado que la evaluación sigue abierta y que Defensa formulará una recomendación a la Jefatura de Gabinete con criterios “estrictamente técnicos, jurídicos y de resguardo de la defensa y el interés nacional”. No convalidó todavía su rehabilitación, pero tampoco cerró el caso con un rechazo definitivo. Nación dejó planteado que todavía no tomó una decisión final sobre si habilita o no su uso.

En ese mismo tramo, la cartera endureció además su postura sobre el informe que habían elaborado en 2023 Jorge Taiana y Juan Martín Paleo. La actual gestión afirma que ese trabajo tuvo “graves deficiencias técnicas y metodológicas”, un alto grado de discrecionalidad y una fundamentación insuficiente. Al mismo tiempo, se apoya en informes de ENACOM y CONAE de octubre de 2024 para sostener que el radar no puede hacer vigilancia horizontal sobre blancos terrestres, aéreos o marítimos de baja altura y que su función está limitada al seguimiento de satélites y desechos orbitales.

Según la versión oficial actual, no se trata de un radar apto para monitorear movimientos sobre el territorio o el mar, sino de un sistema orientado al espacio. La respuesta oficial también busca desactivar el costado más sensible de la polémica: la eventual injerencia británica.

El informe sostiene que LeoLabs es de capitales estadounidenses, que la participación británica es mínima y pasiva y que no hay ciudadanos británicos en la conducción ni acceso del Reino Unido a los datos.

El informe agrega que el acuerdo previo entre LeoLabs Inc. y Londres expiró en marzo de 2025 y que no existe vinculación con Five Eyes, la alianza de inteligencia que integran Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es una forma de bajar, desde la documentación oficial, el argumento de que el radar podía operar como una plataforma de inteligencia asociada a intereses británicos cerca de Malvinas.

Sobre Ushuaia, el Gobierno ratifica que la Base Naval Integrada sigue siendo un eje prioritario de la política de defensa nacional y la vincula con la presencia soberana en el Atlántico Sur y la logística antártica. El informe enumera avances concretos en la obra: planimetría inicial, estudios, movimientos y nivelación de suelo, basamento, platea y traza parcial de la red sanitaria. Pero al mismo tiempo admite que la fase inicial, pautada para dos años, avanza de acuerdo con la disponibilidad financiera y que la ejecución está hoy supeditada a la programación y a la caja del Estado.

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El Ejecutivo reconoce que el financiamiento principal de la base sigue proviniendo del FONDEF, aunque Defensa admite en otra respuesta que el fondo continúa operando sin asignación automática. También informa que la inversión en material y equipamiento estratégico representa alrededor del 11% del presupuesto total de Defensa. En otras palabras, la base mantiene prioridad estratégica, pero todavía no tiene resuelto un esquema financiero sólido ni un canal específico ya formalizado para acelerar la obra.

La trastienda, sin embargo, muestra una tensión con esa respuesta formal. Según pudo saber TN, en la Casa Rosada sigue en pie la idea de avanzar con Ushuaia a través de algún tipo de acuerdo técnico con los Estados Unidos, bajo una lógica similar a la que se aplicó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano en la Hidrovía. Esa hoja de ruta viene desde el inicio de la gestión y convive con la negativa oficial a reconocer instrumentos ya firmados. El informe, en los hechos, niega el acuerdo cerrado, no la intención política de seguir explorándolo.

Ese movimiento se inserta en una profundización más amplia del vínculo militar y de seguridad con Washington. El ministro Carlos Presti desarrolló actividades en Estados Unidos en marzo y el Ministerio de Seguridad ya puso en marcha el CRIACO con respaldo financiero estadounidense como parte de esa cooperación.

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