POLITICA
Ofensiva contra el poder territorial de Pro: LLA presiona por recortes en la Ciudad y apunta contra los comuneros
La Libertad Avanza (LLA) presiona por recortar gastos en la ciudad de Buenos Aires y arremetió contra una de las principales unidades de política territorial: las juntas comunales. El partido de Javier Milei impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para reformar la ley de comunas y que el 86% de sus integrantes cumplan funciones ad honorem. El proyecto tensiona aún más la relación con Pro, que rechaza los cambios en una de las áreas donde concentra mayor injerencia.
La Capital Federal está dividida en 15 comunas. Se trata de unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial encabezadas por una junta comunal de siete miembros: un presidente con facultades ejecutivas y seis comuneros. Es decir, en total, la ciudad cuenta con 105 representantes locales.
Ahora, LLA busca avanzar sobre esa estructura. El artículo 30 de la Constitución de la ciudad fija el número de integrantes de la junta comunal, por lo que achicar esa cifra −como pretendía originalmente el partido violeta− requeriría de una mayoría especial de 40 votos. Para sortear esta dificultad, en el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, optaron por un camino alternativo.
“Desde LLA estamos presentando un proyecto para reformar la ley de comunas con el cual estamos buscando que solamente cobren los 15 comuneros que tienen funciones ejecutivas y que el resto tengan cargos ad honorem, para porteños que realmente quieran participar”, aseguró Pilar Ramírez en sus redes sociales.
Así, el 86% de los cargos actuales pasarían a tener costo cero para el Estado. Bajo el esquema propuesto, solo los presidentes de comunas continuarían percibiendo una paga mensual.
Según estimaciones de LLA, el gobierno de Jorge Macri hoy gasta alrededor de $5300 millones al año en salarios para las juntas comunales. Según establece la ley 1777 de Comunas, aprobada en 2005, a cada comunero le corresponde un ingreso equivalente al 60% del sueldo bruto de un legislador porteño. El presidente del órgano, en cambio, percibe el 70%.
Según reconstruyó , hoy en día, un comunero cobra, por mes, alrededor de $4 millones netos. Si se toma como referencia esa cifra, los 90 comuneros −seis por cada una de las 15 juntas, excluyendo a su presidente− representan un gasto mensual total neto de al menos $360 millones.
Es el costo que LLA pretende eliminar y que, según sus estimaciones, podría ascender a $380 millones mensuales. “Menos gasto sin retorno, más respeto por el esfuerzo de los porteños”, afirman en el bloque. En un año, según los cálculos de este medio en base a los valores netos, el ahorro sería de $4320 millones, lo que representa el 0,02% del presupuesto total de la ciudad, que, para 2026 y sin la ampliación prevista, ronda los $17,3 billones.
Más allá del argumento económico, en el partido violeta se apoyan en una agenda que busca maximizar la eficiencia estatal y la simplificación de estructuras. En línea con lo que plantea Javier Milei a nivel nacional −pero ajenos a las revelaciones periodísticas y judiciales sobre los gastos no declarados de los funcionarios nacionales de La Libertad Avanza− pretenden avanzar sobre lo que consideran “cargos sin contenido”. Sucede que, con un proceso descentralización que aún no se completó en su totalidad, las comunas todavía cuentan con facultades propias limitadas.
Actualmente, las juntas comunales tienen dos funciones centrales: arbolado −desde poda y reposición hasta mantenimiento de veredas aledañas− y cuidado de los espacios verdes. Son las competencias exclusivas de estos órganos descentralizados.
Según explicaron comuneros a , se encargan también de preservar el patrimonio cultural de los distintos barrios y realizar relevamientos en materia de seguridad, escuelas, hospitales, transporte y grandes obras urbanas para elevar a la jefatura de gobierno. Comparten, así, competencias con el Poder Ejecutivo central y funcionan como un primer nexo entre el vecino y la cúpula porteña.
En este contexto, en LLA apuntan contra la superposición de funciones y relativizan la efectividad de las comunas para acercar las demandas de la ciudadanía al gabinete macrista.
“La experiencia acumulada permite afirmar que la percepción de los porteños −lejos de ser exagerada− es que las comunas han operado, en gran medida, como un mecanismo de ampliación del aparato estatal, sin traducirse en una mejora sustantiva en la calidad de los servicios, ni en una mayor eficacia en la gestión territorial”, argumentan en el proyecto remitido a la Legislatura a mediados de abril.
En Pro lo desmienten. “Cuando la comuna cuenta con el financiamiento y las atribuciones adecuadas es una herramienta excelente, pero vaciarla de recursos humanos comprometidos solo sirve para que la gestión central pierda el foco y los problemas de los vecinos se queden sin respuesta”, sostuvo Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a .
El funcionario porteño y armador de Pro a nivel nacional consideró que la iniciativa libertaria “propone un alejamiento peligroso de la agenda real del vecino”. “Al convertir el trabajo de seis de los siete comuneros en una tarea ad honorem y centralizar todo el poder y el salario en el Presidente de la Junta, se rompe el modelo colegiado que hoy nos da eficacia, velocidad y precisión en cada barrio”, continuó.
Entre los comuneros amarillos hay malestar por el proyecto que apunta contra su trabajo diario y rompe con la lógica colegiada amparada por la Constitución. Es que, en la práctica, la reforma propuesta termina concentrando el poder en una única figura.
En términos políticos, no es un dato menor. En la bancada que conduce Ramírez se jactan de haber salido primeros, en los comicios locales de mayo pasado, en nueve de las 15 comunas frente a Pro y Fuerza Patria. En LLA confían en poder replicar ese resultado el año que viene, cuando se deba elegir jefe de gobierno, 30 legisladores y 105 comuneros.
De lograrlo, podrían quedarse con la presidencia de la mayoría de las juntas comunales y poner en jaque la influencia territorial que hoy ostenta Pro. Con el presidente comunal concentrando todo el poder de decisión, los demás miembros perderían centralidad.
Bajo la configuración actual, producto de las elecciones de 2023, el partido de Milei cuenta con 12 comuneros. De acuerdo al proyecto impulsado por LLA en la Legislatura, ninguno de ellos percibiría un ingreso mensual dado que ninguno preside una junta. La mayoría de las presidencias (13 de 15) están en manos de los exaliados de Juntos por el Cambio −Pro y UCR−, mientras que el PJ preside las dos restantes. En las próximas elecciones, de replicarse los resultados del 2025, esa distribución podría cambiar radicalmente.
recortar gastos en la ciudad,pic.twitter.com/IT8j7A6Vzq,April 30, 2026,Abigail Contreiras Martínez,La Libertad Avanza,Legislatura Porteña,Jorge Macri,Conforme a,La Libertad Avanza,,El Adornigate, el muerto y el degollado,,Lilia Lemoine lo bloqueó. Un diputado del PJ se acercó a Adorni durante la sesión y le dio un papelito,,»Tranquilícese». El mensaje de Pergolini a Milei: “Entienda que es el presidente y afloje con el Twitter”
El gobierno de Estados Unidos confirmó que sostendrá el bloqueo económico contra Irán en el marco de la creciente escalada en Medio Oriente, en paralelo a la ofensiva militar que mantiene junto a Israel desde fines de febrero. La decisión fue ratificada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la estrategia de “máxima presión” seguirá vigente.
El funcionario detalló que el presidente Donald Trump ordenó intensificar las sanciones económicas y avanzar con una política denominada “Furia Económica”, en sintonía con la operación militar lanzada semanas atrás.
“Puedo asegurarles que estamos asfixiando al régimen, que ya no pueden pagarles a sus soldados. Este es un verdadero bloqueo económico”, afirmó Bessent en declaraciones televisivas.
Según explicó, el objetivo es debilitar la estructura financiera del gobierno iraní, al tiempo que se restringe su capacidad operativa tanto en el plano interno como en el frente militar. En ese sentido, el funcionario remarcó que las fuerzas estadounidenses están limitando el tránsito marítimo hacia y desde Irán, especialmente en zonas estratégicas.
Trump analiza la oferta iraní para terminar la guerra: sanciones cero y control sobre el estrecho de Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos informó que ya fueron bloqueados al menos 49 buques vinculados a operaciones iraníes, en un intento por cortar el flujo de recursos hacia la Guardia Revolucionaria.
Además, Bessent advirtió que continuarán rastreando activos financieros en el exterior: “Llevan años robando al pueblo iraní. Tienen dinero en el extranjero, el cual localizamos. Seguiremos rastreándolo y protegeremos estos activos para el pueblo iraní una vez resuelto el conflicto”.
Uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento es el control del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Teherán mantiene restricciones al tránsito de embarcaciones no aliadas, lo que generó un fuerte impacto en los mercados energéticos y elevó la preocupación internacional.
En este contexto, la Armada británica reportó un nuevo incidente en la zona: un buque comercial fue atacado por pequeñas embarcaciones mientras navegaba cerca de la costa iraní. Si bien no se registraron víctimas ni daños ambientales, el hecho refuerza el clima de inestabilidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
Trump elude el veto del Capitolio a la guerra contra Irán y afirma que ya concluyó
Desde Europa, distintas voces alertaron sobre la posibilidad de un conflicto prolongado. Funcionarios de la Comisión Europea advirtieron que la escalada podría extenderse durante “meses, e incluso años”, mientras crecen las tensiones diplomáticas entre Washington y sus aliados.
En paralelo, Irán envió una propuesta a Estados Unidos para avanzar hacia el fin de la guerra, que incluye el levantamiento del bloqueo naval y garantías de no agresión. Sin embargo, el propio Trump puso en duda su viabilidad al señalar que el régimen iraní “no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le ha hecho a la humanidad”.
El conflicto, que ya lleva más de dos meses, combina presión militar, sanciones económicas y disputas geopolíticas en múltiples frentes. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos en una región clave para el equilibrio energético global.
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POLITICA
Crearon el cargo de traductor presidencial y desginaron al histórico intérprete de la Cancillería en el puesto
El Gobierno nacional estableció la creación del cargo de Intérprete y Traductor Presidencial dentro del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Según el texto oficial, la función principal de este puesto será asistir lingüísticamente en actividades de la Presidencia de la Nación y de la Cancillería, tanto en territorio nacional como en el exterior. La norma señala que la persona designada tendrá la responsabilidad de interpretar y traducir en actos oficiales, reuniones bilaterales y multilaterales, así como en todo evento que requiera la intervención del Poder Ejecutivo nacional.
Para ocupar este lugar, nombraron a Walter Kerr, debido a su trayectoria profesional dentro de la Cancillería y su experiencia en la asistencia de comitivas y actos internacionales de alto nivel. De hecho, Kerr es un histórico intérprete del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Comenzó a trabajar para la Cancillería en 1997, cuando tenía 29 años, y desde entonces participó en encuentros bilaterales clave para el desarrollo de la política exterior argentina. Es abogado, traductor público y docente, y domina nueve idiomas; durante los últimos años, profundizó sus estudios en árabe y dialecto egipcio.
Actualmente, se desempeña como Director de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Coordinó tareas de interpretación y traducción en casos como Papeleras del Río Uruguay, Malvinas, AMIA, Fragata Libertad y reuniones del G-20.
El responsable de asistir lingüísticamente a todos los presidentes desde Carlos Menem hasta la actualidad, y su trabajo se caracteriza por la confidencialidad y la continuidad institucional, aspectos valorados en su perfil profesional.
Durante años, Kerr planificó y controló la documentación oficial tanto del Ministerio como de la Presidencia de la Nación, y ha recibido elogios de mandatarios y figuras internacionales por su desempeño.
En este contexto, el decreto detalla que el cargo ha sido concebido para responder a las necesidades crecientes de comunicación internacional del Estado argentino, asegurando la precisión y fluidez en la transmisión de mensajes oficiales. El área de Recursos Humanos de la Cancillería y la Secretaría General de la Presidencia participaron en la elaboración de los requisitos y alcances de esta nueva función, considerando la importancia estratégica de la comunicación diplomática en la gestión presidencial.
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La misma normativa informa que la designación fue realizada por el Presidente de la Nación y refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El anuncio subraya el objetivo de fortalecer la estructura del equipo presidencial ante compromisos internacionales cada vez más demandantes en materia de traducción e interpretación.
El Decreto 316/2026 asigna al cargo de Intérprete y Traductor Presidencial el rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase. Esta categoría diplomática implica la integración del funcionario a la Carrera del Servicio Exterior de la Nación, con jerarquía y atribuciones equiparables a otros cargos de alto nivel en la estructura de la Cancillería.
Hace unos años, en una entrevista con Infobae, Kerr aseguró que “los profesionales de los ministerios de Relaciones Exteriores son gente con un perfil técnico predominante. En definitiva se valora que haya una continuidad, uno conoce los temas y esto tiene que ver con las famosas políticas de estado que trascienden a las distintas administraciones o gobiernos individuales”.
Con respecto a la confidencialidad de las conversaciones que él traduce, el funcionario explicó que “el hecho de que uno esté presente en las reuniones no necesariamente implica que uno después recuerde todo el contenido de las reuniones. Ese también es otro tema, porque uno está tan concentrado en su trabajo que pasa de manera sistemática”. “Si yo después trato de acordarme de qué estuvimos hablando en la reunión de hoy al mediodía me acordaré algunas cosas generales, pero otras cosas quizás no. Y en ese sentido uno lo ve como un trabajo puntual. En general no queda mucho registro en la memoria de lo que uno estuvo haciendo. Uno hasta inconscientemente ejerce una especie de amnesia selectiva”, agregó.
POLITICA
El Gobierno destinará fondos de inmuebles del Estado y privatizaciones a un plan de modernización de las Fuerzas Armadas
El Gobierno nacional creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y definió nuevas fuentes de financiamiento para modernizar las Fuerzas Armadas. La medida se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a fortalecer las capacidades operativas, actualizar equipamiento y desarrollar infraestructura estratégica en el sistema de defensa.
El decreto establece un esquema de asignación de recursos que combina fondos provenientes de la administración de bienes del Estado y de procesos de privatización. Según surge del texto oficial, el objetivo es revertir el deterioro del equipamiento militar y mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo, tanto en el plano interno como en el internacional.
La norma dispone que el 10% de los ingresos generados por la venta, cesión o uso de inmuebles estatales sea destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que esos bienes hayan estado previamente bajo la órbita de esa cartera, el porcentaje asignado asciende al 70%. Estos recursos deberán financiar programas vinculados al reequipamiento, la modernización tecnológica, la infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
A su vez, el decreto fija que un 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas con participación estatal también será redirigido al área de Defensa. De acuerdo con la normativa, la asignación busca ampliar la capacidad de inversión en el sector sin alterar el equilibrio fiscal ni reemplazar otras herramientas ya existentes.
En ese sentido, el Gobierno aclaró que los recursos previstos en la medida serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado como instrumento de financiamiento plurianual. La nueva fuente de ingresos, según se detalla, estará orientada a cubrir necesidades más inmediatas y a acelerar los procesos de modernización.
“El escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas”, indicó el Gobierno en el decreto.
Entre los factores mencionados para fundamentar la determinación se incluye el desarrollo de nuevas tecnologías militares, el uso de inteligencia artificial, los ciberataques y otras modalidades de conflicto que exigen capacidades actualizadas. También se advierte sobre la necesidad de fortalecer el control de espacios marítimos y aéreos, en función de la extensión territorial del país y la existencia de recursos naturales estratégicos.
Además, el texto señala que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo en emergencias, como inundaciones o incendios, lo que requiere contar con los elementos adecuados.
Como parte del plan, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos de carácter urgente en materia de equipamiento, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.
El DNU fue firmado por Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La medida se dictó bajo la figura de decreto de necesidad y urgencia, por lo que deberá ser analizada por la Comisión Bicameral del Congreso, encargada de evaluar su validez y elevar un dictamen para su tratamiento legislativo.
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