POLITICA
Cuestionan que el dinero de la venta de un edificio emblemático del INTA haya ido al Tesoro y no al organismo
“El plan de modernización (del INTA) incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Av Cerviño 3101, esquina Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está valuado en USD 6 millones como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y es importante aclarar que lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA, y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones”. Esto decía el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, el 27 de noviembre de 2024, al presentar “el plan de modernización” que iba a implementar el Gobierno respecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La puesta en venta del emblemático edificio del INTA en una cotizada zona de la Ciudad generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que cuando se conoció el anuncio, el edificio estaba en pleno uso.
Esa sede del INTA -hoy ya en proceso de demolición- estaba sobre un terreno de 919 m2 y tenía 3.143 m2 de superficie cubierta, según los datos publicados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su web cuando anunció la salida a subasta. Fue el primer edificio del patrimonio del INTA que saldría a remate bajo la gestión de Javier Milei.
Para avanzar con la subasta pública fue necesario una Resolución 70/2024 de la AABE – del 22 de noviembre de 2024 -, y la aprobación de la venta del edificio por parte del Consejo Directivo del INTA votada dos días después.
Esta decisión quedó plasmada en el Acta a la que tuvo acceso Infobae, del 29 de noviembre de 2024, donde quedó por escrito que ese órgano no objetaba la desafectación bajo dos condiciones. Una de ellas era “la asignación correspondiente de recursos luego de producida la venta”.
La “asignación de recursos” citada en la propia Resolución 70/2024 de la AABE y a la que hacía mención la decisión del Consejo Directivo era la establecida en el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de que fuera aprobada la venta: el 70% del resultado de la subasta pública iba a ir al INTA, y el 30% restante al Tesoro Nacional.
Así lo había confirmado Adorni en la conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, dos días antes.
El Consejo Directivo del INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado en octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo; un vicepresidente también nombrado por el ministro de Economía, bajo cuya órbita está el INTA; y un cuerpo colegiado con 5 representantes del sector público y 5 del sector privado, de las entidades agropecuarias.
El emblemático edificio del INTA salió a subasta pública el 23 de diciembre de 2024, con un valor base de USD 6.378.968.
Dos días antes del remate, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen con observaciones, tras identificar irregularidades en las actuaciones administrativas. La Fiscalía especializada intervino a partir de cinco denuncias sobre la presunta venta irregular del inmueble.
Advirtió que “la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido no surgen en ningún apartado del expediente (…) Respecto al estado de innecesariedad, sólo encuentra sustento en la nota inicial del Subsecretario de Agricultura. Es decir, en la afirmación de un funcionario sin competencia material para dar inicio al trámite que intentó motivar”. La Fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez estableció que ”la subocupación del inmueble, su innecesariedad o incluso el costo que su conservación provoca para las arcas de la Administración, no resultarían más que clichés que intentan brindar una cobertura formal a la decisión política de enajenar el bien en cuestión. De suyo el Presidente del INTA se limitó a expresar que la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos».
La PIA envió ese dictamen a Bronzovich; al entonces presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz; a la Jefatura de Gabinete de Ministros; y a la Auditoría General de la Nación.
No obstante esta advertencia, el inmueble del INTA fue adjudicado a la firma Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, constituida por Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang. Desde el IRSA negaron cualquier vinculación con esa firma, y señalaron que Prubner tiene su propia desarrolladora.
Pero el 70% de ese dinero – unos USD 13 millones -nunca llegó al organismo.
En su informe enviado a la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril, Adorni confirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron íntegramente al Tesoro Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº186/25, dictado el 12 de marzo de 2025.
Este DNU, justifica la modificación del destino de los recursos “en el marco de la emergencia económica y financiera” con el fin de “atender las necesidades del Tesoro Nacional, en aras de mantener el equilibrio fiscal y el sostenimiento de las políticas económicas”.
Reclamo de los sindicatos
Tanto desde del Sindicato General del INTA (APINTA) como desde ATE- INTA objetaron la venta del edificio ante el Consejo Directivo de organismo y, luego, le reclamaron información sobre el destino de los producido por la subasta.
“Presentamos dos recursos administrativos de reconsideración al Consejo Directivo del INTA y al Director de Planificación y Coordinación Estratégica de la AABE (Fernando Galizia), pero no nos contestaron ”, le dijo Paulo García, secretario general de APINTA a Infobae.
“Cuando se aprobó la venta en una reunión del Consejo Directivo, el 29 de noviembre de 2024, estaba vigente una ley que decía que el 70% de lo obtenido volvía al Instituto. Pero después, el Gobierno dictó un decreto para que el 100% pase al Tesoro nacional. Un decreto no se puede aplicar retroactivamente”, agregó quien sucedió a Mario Romero, secretario general del sindicato hasta marzo pasado.
Desde la AABE, señalaron a este medio que “con la entrada en vigencia del decreto (dictado en maro del 2025), los fondos entraron al Tesoro Nacional. El INTA es parte del Gobierno nacional. El reclamo es un tema del gremio y de la interpretación que ellos hacen”.
En tanto, Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, el otro gremio con representación en el Instituto, vienen denunciando el remate del edificio Cerviño, “desde octubre de 2024, dado que el procedimiento fue, desde un comienzo, irregular”.
Tras su venta, contó que presentaron una nota formal ante el Consejo Directivo preguntando qué había pasado con los fondos, sin respuesta. “También lo hablamos informalmente con el presidente del INTA, en una reunión en la que fuimos a preguntarle y exigirle varias cosas, y no supo qué contestarnos”, afirmó Boedo.
Infobae consultó al INTA ayer por la mañana, pero si bien quedaron en responder, al cierre de la nota a última hora, no había llegado la respuesta.
Traspaso de tierras
Desde APINTA y ATE-INTA también vienen denunciando la “entrega de tierras” a las provincias, como otra “pata” del vaciamiento del Instituto por parte del Gobierno nacional. En varios casos, se trató de una decisión adoptada por el Ejecutivo para saldar deudas con los distritos.
“En los últimos tiempos se entregaron 11.400 hectáreas que eran del INTA en cuatro provincias”, advirtió Boedo. Según el detalle que brindó a Infobae, fueron 1.660 ha en Formosa; 1.800 ha en Chaco; 2.400 ha; 2.400 ha en Bolsón, Río Negro; y 5600 ha en Santiago del Estero. “En los tres primeros casos, fueron cedidos esos terrenos a las provincias; en el caso de Santiago, no lo sabemos”, señaló.
Por su parte, en una conferencia de prensa ayer en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que “desde el inicio del gobierno de Milei hay un desfinanciamiento y un vaciamiento del INTA de manera continua”.
Ese proceso incluye la venta de inmuebles. En ese sentido, informó que le hicieron un pedido a Milei para administrar terrenos del INTA en más de 10 municipios bonaerenses, en los que que esa cartera quiere realizar proyectos experimentales.
“Solicitamos formalmente al Gobierno nacional que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia del AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para la investigación, la innovación y el desarrollo agropecuario”, afirmó.
Retiros voluntarios
El INTA publicó el 30 de abril último la apertura de retiros voluntarios en el organismo, a partir de mayo, con la intención de reducir, al menos, unos 950 empleados la planta. La dotación del INTA, a febrero de este año, era de 6.043 trabajadores, según el INDEC.
El plan de abrir los retiros fue aprobado por el Consejo Directivo del INTA y el Ministerio de Economía debe aprobar los fondos: el costo total estimado para esta etapa asciende a casi $102.000 millones.
“Apruébese, a partir del dictado de la presente medida, el Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, a implementarse desde el 4 hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prorrogarse – a requerimiento del Consejo Directivo-, por única vez, por el término de quince (15) días corridos, dirigido al personal del INTA”, puede leerse en la resolución firmada por el presidente del organismo.
“No van a conseguir que adhiera ese número de empleados. Entonces, el interrogante es qué puede suceder con el personal si no llegan a ese número, y si van a pasar a gente a disponibilidad”, advirtió Boedo, delegada de ATE.
Para Rodríguez, la reducción presupuestaria que sufre el organismo y la reducción de personal, “afecta fundamentalmente también a las líneas de investigación, que no tienen financiamiento”. Y en ese sentido, también alertó sobre el cierre de 24 agencias de extensión rural, 20 de las cuales estaban en la Provincia de Buenos Aires.
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POLITICA
En su próximo viaje a España, Milei volverá a marcar diferencias con Sánchez y respaldará a la oposición antes de las elecciones
Tal como lo hizo con Flávio Bolsonaro en Brasil, Javier Milei tiene decidido aprovechar su próximo paso por España para sumar fuerzas a la oposición y confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones adelantadas por el oficialismo.
En ese contexto, Milei tiene previsto alternar encuentros académicos y empresariales con actividades políticas, como reunirse con dos referentes de la oposición con los que mantiene una fuerte sintonía ideológica: la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el diputado nacional Santiago Abascal.
La primera es una de las principales referentes del Partido Popular -la derecha tradicional española- que conduce Alberto Núñez Feijóo, mientras que el segundo es el líder de Vox, que representa a un sector más radicalizado y ultraconservador.
Si bien la mayor cercanía política de Milei es con este último espacio, el Presidente tiene un buen vínculo con ambos dirigentes, a quienes busca alentar de cara a los próximos comicios en el país europeo. En el caso de Díaz Ayuso, la dirigente le otorgó una distinción en Madrid en 2024 y Milei la recibió en la Casa Rosada en enero de este año. Por su parte, Milei considera a Abascal un amigo personal y ha participado en varios de los foros encabezados por su partido, escenario que utilizó frecuentemente para polarizar con Pedro Sánchez.
Si bien en Casa Rosada aclararon a TN que el viaje a Madrid ya estaba previsto antes de que el PSOE adelantara las elecciones, un funcionario del círculo presidencial remarcó que con este contexto la gira cobrará una mayor relevancia en términos políticos.
La nueva visita –programada para el lunes 19 de octubre– fue comunicada este lunes durante una reunión de Gabinete, donde Milei y sus ministros analizaron el escenario electoral en Brasil tras el triunfo de Flávio Bolsonaro y el giro político que se había producido con la disolución de las Cortes.
Los detalles de la agenda presidencial todavía no fueron definidos. Sin embargo, en Balcarce 50 adelantaron que el mandatario tiene previsto dar una charla en el marco de una cátedra que dicta en Madrid el economista Jesús Huerta de Soto, un referente de la Escuela Austríaca muy citado y valorado por Milei, a quien incluso llegó a condecorar con la Orden de Mayo durante su visita a la Casa Rosada en abril de 2025.
Además, el mandatario tendrá una reunión con empresarios para explicar las bases de su modelo e incentivar inversiones al país -una práctica habitual en sus giras- y no se descartan otras actividades de índole política atravesadas por la coyuntura electoral local. En cambio, no están previstos encuentros oficiales con otras autoridades locales.
Con su presencia, Milei busca reforzar su figura como gran influencia a nivel global, con capacidad de incidir en los procesos electorales. “En los últimos 10 meses han habido 7 elecciones en la región (…) todos los candidatos apoyados por el Presidente Milei ganaron esas elecciones”, enfatizó el canciller Pablo Quirno este domingo tras confirmarse la ventaja para el bolsonarismo en la primera vuelta de Brasil con el 47% de los votos.
“Siempre va a haber un apoyo del Presidente hacia todos aquellos que defiendan las ideas de la libertad”, subrayó el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes en conferencia de prensa. Y agregó: “No serían ni Sánchez ni Lula las personas que representan esos valores en los que nosotros creemos”.
Además de la propia disputa ideológica, la relación de Milei con Sánchez -al igual que con Lula- fue tirante desde su llegada a la Presidencia, con numerosos cruces públicos que amenazaron con provocar un incidente diplomático.
Por su parte, el líder del PSOE está concentrado en consolidar la posición de su espacio ante el electorado luego de su decisión de disolver el Congreso, tras el rechazo de dos decretos impulsados por el oficialismo en materia de vivienda. Los comicios estaban previstos originalmente para 2027, pero Sánchez acusó un escenario de ingobernabilidad por la resistencia opositora en medio de un clima de movilizaciones alimentadas por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.
POLITICA
Diputados retomó el debate sobre Malvinas: la oposición pide tratar algunos puntos por separado para apoyar
La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.
El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.
Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.
A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.
“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.
El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.
Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.
También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.
Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.
Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.
POLITICA
Virginia Gallardo presentó un proyecto para que los delitos con prisión perpetua no prescriban
La diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo, presentó un proyecto de ley para reformar parcialmente el Código Penal, con tres ejes centrales: eliminar la prescripción para los delitos sancionados con prisión perpetua, actualizar otros plazos de prescripción y endurecer las penas para los delitos de abuso sexual.
La iniciativa fue presentada con autorización de la Mesa Política y lleva también las firmas de Laura Rodríguez Machado, Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez, Pamela Verasay, Gladys Medina, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores, representantes de LLA, la UCR, San Juan y Tucumán.
El proyecto modifica el artículo 62 del Código Penal e incorpora un nuevo artículo 62 bis para establecer que la acción penal no prescriba cuando se trate de delitos sancionados con la pena más grave del sistema. Además, incorpora el artículo 65 bis y modifica el artículo 65 para que tampoco prescriba la ejecución de la pena en esos mismos casos.
La propuesta se enmarca en una serie de iniciativas vinculadas con la violencia y la inseguridad que el Gobierno nacional prevé enviar al Congreso, en un eje que también aparece como uno de los temas de cara a la campaña electoral de 2027.
Qué cambia en la prescripción de los delitos con prisión perpetua
El texto señala que el ordenamiento actual establece que las penas perpetuas prescriban a los 20 años. Según los fundamentos del proyecto, ese plazo puede hacer que una sentencia firme quede sin posibilidad de ejecución por el solo transcurso del tiempo.
“Si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”, plantea el documento presentado por las legisladoras.
La fundamentación también cita un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en la causa “Price, Brian Alan y otros s/ homicidio simple”. En esa resolución, el máximo tribunal sostuvo que corresponde al legislador nacional determinar el régimen de prescripción atendiendo a razones de seguridad jurídica, economía procesal e interés general.
Además de establecer la imprescriptibilidad para los delitos sancionados con prisión perpetua, la reforma modifica los plazos generales de prescripción de la acción penal. El límite máximo para los delitos reprimidos con prisión temporal pasaría de 12 a 15 años, mientras que el correspondiente a hechos sancionados únicamente con inhabilitación temporal se extendería de uno a tres años.
Lee También: La Casa Rosada buscó bajar la tensión con Patricia Bullrich: “Creemos que apoya la candidatura de Milei para 2027”
El proyecto también reorganiza el artículo 67 del Código Penal. Actualmente, esa norma reúne las causales de suspensión y de interrupción de la prescripción, pese a que se trata de dos institutos con efectos jurídicos diferentes.
La iniciativa mantiene en el artículo 67 las causales de suspensión e incorpora un nuevo artículo 67 bis destinado exclusivamente a las causales de interrupción.
Entre las modificaciones, se agregan como causales de suspensión el período de vigencia de una suspensión del proceso a prueba y el tiempo de cumplimiento de las condiciones de una conciliación o reparación integral del perjuicio.
En cuanto a la interrupción de la prescripción, el proyecto incorpora la declaración de rebeldía y el auto de solicitud de extradición como actos que impiden que el paso del tiempo beneficie a quien se sustrae de un proceso judicial.
Endurecimiento de las penas por abuso sexual
El tercer eje de la reforma alcanza a los artículos 119 y 120 del Código Penal, que tipifican los delitos contra la integridad sexual.
La propuesta eleva los máximos de las escalas penales correspondientes al abuso sexual simple, al abuso sexual gravemente ultrajante y al abuso sexual con acceso carnal. También amplía las penas previstas para los supuestos agravados.
Uno de los cambios incorpora al “apoyo designado judicialmente” como nuevo sujeto agravante dentro del artículo 119. Se trata de una actualización terminológica que equipara esta figura del derecho privado con otros vínculos de confianza o autoridad sobre la víctima, como ascendientes, tutores o curadores.
El aumento de los máximos de las penas no elimina la valoración judicial en cada caso, sino que amplía el margen disponible para graduar la sanción de acuerdo con las circunstancias del hecho.
El proyecto también elimina, en los artículos reformados, las referencias a la pena de reclusión, que serían reemplazadas en todos los casos por la denominación única de prisión. Según las autoras, se trata de un ajuste destinado a mantener la uniformidad terminológica dentro del Código Penal.
La iniciativa es la tercera que presenta Gallardo desde que asumió su banca en diciembre del año pasado.
La primera estuvo vinculada con la declaración de la emergencia hídrica en Corrientes. La segunda estuvo relacionada con los premios Martín Fierro, un tema ligado a su anterior profesión.
Según el texto difundido por las legisladoras, la reforma “busca fortalecer la coherencia interna del Código Penal, asegurar una respuesta estatal efectiva frente a los hechos de mayor gravedad y proporcionar reglas más claras para la actuación de jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia”, sin alterar las garantías que rigen el proceso penal.
Delitos sexuales, proyecto, Virginia Gallardo
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