POLITICA
Cuestionan que el dinero de la venta de un edificio emblemático del INTA haya ido al Tesoro y no al organismo
“El plan de modernización (del INTA) incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Av Cerviño 3101, esquina Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está valuado en USD 6 millones como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y es importante aclarar que lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA, y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones”. Esto decía el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, el 27 de noviembre de 2024, al presentar “el plan de modernización” que iba a implementar el Gobierno respecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La puesta en venta del emblemático edificio del INTA en una cotizada zona de la Ciudad generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que cuando se conoció el anuncio, el edificio estaba en pleno uso.
Esa sede del INTA -hoy ya en proceso de demolición- estaba sobre un terreno de 919 m2 y tenía 3.143 m2 de superficie cubierta, según los datos publicados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su web cuando anunció la salida a subasta. Fue el primer edificio del patrimonio del INTA que saldría a remate bajo la gestión de Javier Milei.
Para avanzar con la subasta pública fue necesario una Resolución 70/2024 de la AABE – del 22 de noviembre de 2024 -, y la aprobación de la venta del edificio por parte del Consejo Directivo del INTA votada dos días después.
Esta decisión quedó plasmada en el Acta a la que tuvo acceso Infobae, del 29 de noviembre de 2024, donde quedó por escrito que ese órgano no objetaba la desafectación bajo dos condiciones. Una de ellas era “la asignación correspondiente de recursos luego de producida la venta”.
La “asignación de recursos” citada en la propia Resolución 70/2024 de la AABE y a la que hacía mención la decisión del Consejo Directivo era la establecida en el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de que fuera aprobada la venta: el 70% del resultado de la subasta pública iba a ir al INTA, y el 30% restante al Tesoro Nacional.
Así lo había confirmado Adorni en la conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, dos días antes.
El Consejo Directivo del INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado en octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo; un vicepresidente también nombrado por el ministro de Economía, bajo cuya órbita está el INTA; y un cuerpo colegiado con 5 representantes del sector público y 5 del sector privado, de las entidades agropecuarias.
El emblemático edificio del INTA salió a subasta pública el 23 de diciembre de 2024, con un valor base de USD 6.378.968.
Dos días antes del remate, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen con observaciones, tras identificar irregularidades en las actuaciones administrativas. La Fiscalía especializada intervino a partir de cinco denuncias sobre la presunta venta irregular del inmueble.
Advirtió que “la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido no surgen en ningún apartado del expediente (…) Respecto al estado de innecesariedad, sólo encuentra sustento en la nota inicial del Subsecretario de Agricultura. Es decir, en la afirmación de un funcionario sin competencia material para dar inicio al trámite que intentó motivar”. La Fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez estableció que ”la subocupación del inmueble, su innecesariedad o incluso el costo que su conservación provoca para las arcas de la Administración, no resultarían más que clichés que intentan brindar una cobertura formal a la decisión política de enajenar el bien en cuestión. De suyo el Presidente del INTA se limitó a expresar que la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos».
La PIA envió ese dictamen a Bronzovich; al entonces presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz; a la Jefatura de Gabinete de Ministros; y a la Auditoría General de la Nación.
No obstante esta advertencia, el inmueble del INTA fue adjudicado a la firma Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, constituida por Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang. Desde el IRSA negaron cualquier vinculación con esa firma, y señalaron que Prubner tiene su propia desarrolladora.
Pero el 70% de ese dinero – unos USD 13 millones -nunca llegó al organismo.
En su informe enviado a la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril, Adorni confirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron íntegramente al Tesoro Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº186/25, dictado el 12 de marzo de 2025.
Este DNU, justifica la modificación del destino de los recursos “en el marco de la emergencia económica y financiera” con el fin de “atender las necesidades del Tesoro Nacional, en aras de mantener el equilibrio fiscal y el sostenimiento de las políticas económicas”.
Reclamo de los sindicatos
Tanto desde del Sindicato General del INTA (APINTA) como desde ATE- INTA objetaron la venta del edificio ante el Consejo Directivo de organismo y, luego, le reclamaron información sobre el destino de los producido por la subasta.
“Presentamos dos recursos administrativos de reconsideración al Consejo Directivo del INTA y al Director de Planificación y Coordinación Estratégica de la AABE (Fernando Galizia), pero no nos contestaron ”, le dijo Paulo García, secretario general de APINTA a Infobae.
“Cuando se aprobó la venta en una reunión del Consejo Directivo, el 29 de noviembre de 2024, estaba vigente una ley que decía que el 70% de lo obtenido volvía al Instituto. Pero después, el Gobierno dictó un decreto para que el 100% pase al Tesoro nacional. Un decreto no se puede aplicar retroactivamente”, agregó quien sucedió a Mario Romero, secretario general del sindicato hasta marzo pasado.
Desde la AABE, señalaron a este medio que “con la entrada en vigencia del decreto (dictado en maro del 2025), los fondos entraron al Tesoro Nacional. El INTA es parte del Gobierno nacional. El reclamo es un tema del gremio y de la interpretación que ellos hacen”.
En tanto, Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, el otro gremio con representación en el Instituto, vienen denunciando el remate del edificio Cerviño, “desde octubre de 2024, dado que el procedimiento fue, desde un comienzo, irregular”.
Tras su venta, contó que presentaron una nota formal ante el Consejo Directivo preguntando qué había pasado con los fondos, sin respuesta. “También lo hablamos informalmente con el presidente del INTA, en una reunión en la que fuimos a preguntarle y exigirle varias cosas, y no supo qué contestarnos”, afirmó Boedo.
Infobae consultó al INTA ayer por la mañana, pero si bien quedaron en responder, al cierre de la nota a última hora, no había llegado la respuesta.
Traspaso de tierras
Desde APINTA y ATE-INTA también vienen denunciando la “entrega de tierras” a las provincias, como otra “pata” del vaciamiento del Instituto por parte del Gobierno nacional. En varios casos, se trató de una decisión adoptada por el Ejecutivo para saldar deudas con los distritos.
“En los últimos tiempos se entregaron 11.400 hectáreas que eran del INTA en cuatro provincias”, advirtió Boedo. Según el detalle que brindó a Infobae, fueron 1.660 ha en Formosa; 1.800 ha en Chaco; 2.400 ha; 2.400 ha en Bolsón, Río Negro; y 5600 ha en Santiago del Estero. “En los tres primeros casos, fueron cedidos esos terrenos a las provincias; en el caso de Santiago, no lo sabemos”, señaló.
Por su parte, en una conferencia de prensa ayer en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que “desde el inicio del gobierno de Milei hay un desfinanciamiento y un vaciamiento del INTA de manera continua”.
Ese proceso incluye la venta de inmuebles. En ese sentido, informó que le hicieron un pedido a Milei para administrar terrenos del INTA en más de 10 municipios bonaerenses, en los que que esa cartera quiere realizar proyectos experimentales.
“Solicitamos formalmente al Gobierno nacional que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia del AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para la investigación, la innovación y el desarrollo agropecuario”, afirmó.
Retiros voluntarios
El INTA publicó el 30 de abril último la apertura de retiros voluntarios en el organismo, a partir de mayo, con la intención de reducir, al menos, unos 950 empleados la planta. La dotación del INTA, a febrero de este año, era de 6.043 trabajadores, según el INDEC.
El plan de abrir los retiros fue aprobado por el Consejo Directivo del INTA y el Ministerio de Economía debe aprobar los fondos: el costo total estimado para esta etapa asciende a casi $102.000 millones.
“Apruébese, a partir del dictado de la presente medida, el Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, a implementarse desde el 4 hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prorrogarse – a requerimiento del Consejo Directivo-, por única vez, por el término de quince (15) días corridos, dirigido al personal del INTA”, puede leerse en la resolución firmada por el presidente del organismo.
“No van a conseguir que adhiera ese número de empleados. Entonces, el interrogante es qué puede suceder con el personal si no llegan a ese número, y si van a pasar a gente a disponibilidad”, advirtió Boedo, delegada de ATE.
Para Rodríguez, la reducción presupuestaria que sufre el organismo y la reducción de personal, “afecta fundamentalmente también a las líneas de investigación, que no tienen financiamiento”. Y en ese sentido, también alertó sobre el cierre de 24 agencias de extensión rural, 20 de las cuales estaban en la Provincia de Buenos Aires.
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POLITICA
Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: Patricia Bullrich bloqueó la votación a distancia de Anabel Fernández Sagasti
Tras la polémica, las idas y vueltas y el nuevo desplante de Victoria Villarruel al Gobierno, Patricia Bullrich logró este jueves bloquear el pedido de votación a distancia de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
La legisladora opositora se encuentra en Mendoza, su provincia, imposibilitada de viajar a Buenos Aires a causa de su avanzado embarazo. En lo que se anticipaba como una elección de resultado ajustado, su voto era clave, por lo que realizó un pedido especial para poder participar de la sesión a través de la plataforma Zoom. En la misma situación se encontraba el senador radical catamarqueño Flavio Fama, quien se recupera de una intervención quirúrgica.
Tras la aprobación de los pedidos por parte de Villarruel, presidenta del cuerpo, la decisión final debía ser tomada por el resto de los legisladores en el recinto. Fue en ese contexto en que al inicio de la sesión, Bullrich pidió la palabra para desplegar su maniobra.
“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, manifestó.
La votación se realizó a mano alzada y se aprobó la moción por amplia mayoría, con votos del bloque peronista incluidos.
Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado debate este jueves el resto de la iniciativa.
La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes, que excedieron el ámbito de la política e incluyó mensajes negativos de representantes de la cultura y hasta del deporte.
Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo. Al notar que los números no cerraban para aprobar el proyecto, el Gobierno debió dar marcha atrás con el artículo que encendió las mayores críticas.
A pesar de la modificación del proyecto, militantes de partidos políticos opositores y organizaciones sociales sostuvieron la convocatoria a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, por lo que se respira un aire caldeado frente al Congreso.
José Mayans, presidente del bloque kirchnerista, intentó a último momento hacer caer la sesión.
El legislador formoseño realizó una moción para que el proyecto regresara a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y un tratamiento serio.
La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continuó como estaba previsto.
El rechazo de gobernadores aliados a la ley enciende una alerta en la Casa Rosada
Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros.
La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.
Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.
Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.
¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.
POLITICA
Tras retirar el capítulo sobre tierras, el Gobierno asegura que tiene los votos para la media sanción de la Ley de propiedad privada
El Gobierno se muestra optimista tras retirar del paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y asegura que cuenta con los votos para aprobar el resto de la iniciativa. La Libertad Avanza mantendrá la sesión prevista para este jueves a las 14 en el Senado.
La decisión fue adoptada por Patricia Bullrich luego de una reunión con representantes de la UCR, el PRO y bloques provinciales. La jefa del oficialismo aceptó excluir los artículos vinculados con la compra de tierras rurales por extranjeros para evitar que las resistencias a ese punto arrastraran a toda la reforma.
En Balcarce 50 sostienen que la eliminación del capítulo más conflictivo despejó las principales objeciones de los aliados. Las fuentes oficiales no precisaron el número final del poroteo, pero aseguran que existe una mayoría favorable para aprobar los cambios en expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y registros inmobiliarios.
El retroceso se produjo después de que gobernadores y senadores dialoguistas rechazaran incluso la última concesión ofrecida por la Casa Rosada. El proyecto original eliminaba los límites a la titularidad extranjera y la versión posterior elevaba del 15% al 25% el máximo permitido en cada provincia.
Sin ese bloque, la propuesta conserva los principales capítulos vinculados con la protección de la propiedad. La estructura original incluía modificaciones a la Ley de Expropiaciones, al Código Procesal Civil y Comercial, al régimen de regularización dominial, a la Ley de Tierras y al Sistema Federal de Manejo del Fuego.
El capítulo de expropiaciones endurece los requisitos para que el Estado declare un bien de utilidad pública. El texto exige que la finalidad sea identificada de manera concreta y que la medida resulte idónea, necesaria y proporcional, con una interpretación restrictiva de las facultades estatales.
La iniciativa también modifica el cálculo de las indemnizaciones. La última versión negociada contempla la actualización del valor por el Índice de Precios al Consumidor, el pago de intereses y la incorporación del lucro cesante con un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que el afectado pruebe un perjuicio superior.
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El segundo eje acelera los juicios de desalojo de inmuebles urbanos y rurales. Las causas pasarán a tramitarse mediante el procedimiento sumarísimo, una vía con plazos más breves que el proceso ordinario, y alcanzarán a locatarios, tenedores precarios, intrusos, usurpadores y otros ocupantes obligados a restituir la propiedad.
Para los casos de falta de pago, vencimiento contractual u ocupación sin título, la propuesta habilita mecanismos de restitución anticipada bajo control judicial. También amplía las facultades de los notificadores, incorpora domicilios electrónicos y permite utilizar la fuerza pública cuando exista una orden de lanzamiento.
En el oficialismo aclaran que la agilización no elimina la intervención judicial ni el derecho de defensa. La versión negociada distingue además los casos en los que existan personas en situación de vulnerabilidad y prevé la actuación de organismos de protección antes de ejecutar determinadas medidas.
Otro componente modifica la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las prohibiciones incorporadas en 2020 que impiden durante períodos prolongados cambiar el uso o destino de campos y bosques implantados afectados por incendios, aunque mantiene las obligaciones ambientales de restauración y recomposición.
El texto conserva disposiciones sobre regularización dominial y modernización de los registros de la propiedad. El oficialismo ya había retirado durante el debate los artículos que eliminaban el Registro Nacional de Barrios Populares y mantiene la creación de herramientas digitales para facilitar trámites, consultas e intercambios de información entre jurisdicciones.
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La votación requerirá primero la presencia de al menos 37 senadores para sostener el quórum. Una vez abierta la sesión, el proyecto podrá aprobarse por mayoría simple de los presentes, tanto en general como durante el tratamiento de los artículos que quedaron en pie.
La decisión de Bullrich apunta a preservar la sesión después de cuatro intentos fallidos y reduce el riesgo de una derrota completa para el Ejecutivo. También posterga una discusión que generó cruces con Federico Sturzenegger y expuso diferencias entre las áreas técnicas, el bloque libertario y los gobernadores aliados.
Si el Senado aprueba el proyecto, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo. La Casa Rosada intentará avanzar allí con el paquete acotado mientras redefine por separado la reforma de la Ley de Tierras.
Gobierno, Tierras, propiedad privada
POLITICA
Gira internacional: Javier Milei firmó acuerdos comerciales con el presidente Daniel Noboa en Ecuador
El presidente Javier Milei viajó a Ecuador para reunirse en el Palacio de Carondelet con su par Daniel Noboa, consolidando su agenda internacional para afianzar alianzas con los líderes de derecha en la región.
Durante la cumbre en Quito, de la que participaron Karina Milei y Pablo Quirno, ambos mandatarios firmaron acuerdos comerciales y de seguridad, destacándose la actualización de un tratado de extradición.
En paralelo, el Gobierno declaró formalmente como organización terrorista a la banda narco ecuatoriana Chone Killers, para aplicarle sanciones financieras y restricciones operativas debido a su extrema peligrosidad regional.
El viaje presidencial se desarrolla mientras el Senado debate la Ley de Propiedad Privada bajo la presidencia provisional de la Cámara alta, tras retirarse el polémico capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.
Como siguiente parada de su gira regional, la delegación partirá hacia Cali, Colombia, para asistir a la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella y mantener un encuentro bilateral con el canciller israelí Gideon Sa’ar, retornando al país el próximo sábado.
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Acuerdo Comercial,Daniel Noboa,Ecuador,Javier Milei
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