La Iglesia volvió a reclamar por la ley de prevención de la ludopatía. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.

La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero está frenada en el Senado. Según la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Si eso pasa, el texto se archiva y el debate tiene que empezar de cero.

“Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, en la que los obispos les piden a los legisladores que lleguen a los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley.

En el texto, la Pastoral Social sostiene que la ludopatía dejó de ser una advertencia a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. También advierte que no hacer nada también es una decisión y que sería “profundamente lamentable”.

La CEPAS remarcó que el Estado tiene que proteger a los más vulnerables y cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. Según la carta, los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios no los pagan quienes ganan dinero con el juego, sino las personas, las familias y las comunidades. Para respaldar su planteo, citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de las apuestas online en chicos y adolescentes y en personas sin protección.

La carta también retoma una frase del papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas, en la que habla de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y cierra con un pedido directo a los senadores: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.

No es la primera vez que la Iglesia presiona por esta ley. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la campaña “Apostar no es un juego”. En noviembre de ese año, la CEPAS les pidió a los diputados que trataran el proyecto con urgencia y, en febrero de 2025, llevó el mismo reclamo al Senado, donde habló de una “cultura de la timba y del azar”.

En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina fue más allá y afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En ese momento, los obispos advirtieron que, sin controles, cada celular podía convertirse en un “casino”.

Lo que propone la ley

Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, prohíbe la publicidad de apuestas en medios, plataformas online, eventos y camisetas deportivas, y prevé sanciones para los influencers que las promocionen. También exige verificación biométrica para entrar a las plataformas de juego online, crea un régimen de autoexclusión, prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y no permite que los dueños de empresas de apuestas sean dirigentes de clubes.

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En mayo de este año, el Gobierno mandó al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes. La propuesta oficial permite la publicidad de las plataformas con licencia y apunta las sanciones a los operadores clandestinos, con penas de 3 a 6 años de prisión. Además, deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, en lugar de la verificación biométrica con el Sistema de Identidad Digital que aprobó Diputados.

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Un día después de que el oficialismo lograra mantener ea salvo el DNU 70, Diego Santilli interpretó la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el decreto como una señal de respaldo de los gobernadores a la agenda oficialista. El funcionario sostuvo que una eventual derogación implicaría volver a regulaciones que, según afirmó, perjudicaron el mercado de alquileres y limitaron la actividad económica.

En diálogo con Radio Mitre, Santilli presentó al decreto como una de las herramientas centrales de la administración nacional, junto con la Ley Bases. Según su planteo, la norma permitió modificar regulaciones que, a su criterio, limitaban la actividad económica y la llegada de inversiones.

“No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, afirmó al referirse a la sesión que la oposición pretendía realizar para debatir el DNU. Para el funcionario, el rechazo legislativo al decreto habría tenido efectos negativos para la sociedad y no solo para la Casa Rosada.

Santilli cuestionó especialmente la posibilidad de que se revirtiera la derogación de la anterior ley de alquileres. Consideró que esa normativa había reducido la oferta de viviendas y encarecido los contratos. “El DNU 70 trajo muchas soluciones a un país que estaba regulado, lleno de problemas y que no te permitía desenvolverte”, sostuvo.

El jefe de Gabinete mencionó además el acceso al servicio de internet satelital Starlink como otro de los aspectos incluidos en el decreto. De acuerdo con su argumento, la conectividad en áreas rurales puede facilitar la radicación de trabajadores y mejorar las condiciones para quienes desarrollan actividades vinculadas con el campo.

Acuerdos políticos e inversiones en las provincias

Al ser consultado sobre la relación entre el Gobierno y los gobernadores aliados o dialoguistas, Santilli afirmó que el Ejecutivo respalda los proyectos productivos de las provincias. En ese sentido, enumeró iniciativas mineras, energéticas e industriales que, según expresó, permitirán crear puestos de trabajo en distintos puntos del país.

“Estamos acompañando a un montón de gobernadores que creen que la Argentina del futuro es esta”, dijo. El funcionario vinculó esos acuerdos con la llegada de capitales y el desarrollo de sectores como la minería, los hidrocarburos, la industria petroquímica y la agroindustria. “Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, enfatizó.

Como ejemplo, se refirió a una recorrida que realizó en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca, donde destacó un acuerdo entre ambas provincias para percibir regalías mineras. Allí mencionó la inauguración de una segunda planta de la firma coreana Posco, que, según sus declaraciones, prevé más de 1.200 puestos de trabajo.

En ese contexto, planteó que los mandatarios provinciales deberían considerar las consecuencias de un eventual retorno del kirchnerismo. Santilli mencionó la posibilidad de revisiones de los regímenes de promoción de inversiones, conflictos por tomas de tierras y cuestionamientos a proyectos productivos, aunque esas apreciaciones formaron parte de su análisis político.

“Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores qu el kirchnerismo dice que va a dar marcha atras con le RIGI”, sostuvo. También citó como ejemplos a Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta, por su vinculación con el sector agropecuario, el combate contra el narcotráfico y el desarrollo de la minería.

La suspensión de las PASO

En otro momento de la charla, Santilli se mostró optimista sobre la posibilidad de que el Congreso avance con la reforma electoral. El objetivo del oficialismo es suspender las PASO, que el jefe de Gabinete cuestionó por el costo de su organización y por la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar.

“¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, preguntó, antes de afirmar que una elección primaria puede costar USD 200 millones y sirve para dirimir candidaturas internas de los partidos políticos, un mecanismo que consideró ajeno a las prioridades de los votantes.

“Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”, expresó Santilli. Para respaldar esa expectativa, recordó que el Gobierno logró avanzar con otros proyectos que inicialmente enfrentaban cuestionamientos sobre su viabilidad parlamentaria, entre ellos la reforma laboral y modificaciones vinculadas con la seguridad.

Los incidentes durante la marcha universitaria

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también fue consultado por los desmanes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante una movilización vinculada con reclamos por el financiamiento universitario. Santilli repudió a quienes protagonizaron hechos de violencia y diferenció esas acciones de los reclamos del sector educativo.

“Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, afirmó. Luego sostuvo que quienes participaron de los incidentes no representaban una protesta universitaria.

El funcionario defendió la política oficial para las universidades y cuestionó la gestión del expresidente Alberto Fernández. Según enumeró, el Gobierno incrementó en 270 % el presupuesto universitario de 2024 respecto de 2023, canceló una deuda de $ 10.000 millones y elevó los recursos para hospitales universitarios de $ 7.000 millones a más de $ 100.000 millones. Esas cifras fueron mencionadas por Santilli durante la nota radial.

Ante las críticas de la oposición por el cumplimiento de las normas vinculadas con el financiamiento, Santilli aseguró que el Ejecutivo acató una medida judicial. “Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, afirmó, y añadió que otros aspectos de la ley continúan bajo debate en la Justicia.

Finalmente, el jefe de Gabinete vinculó las protestas y los cuestionamientos al Gobierno con una estrategia de desestabilización. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.

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Tras una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno calificó la protesta de “política”, cuestionó los incidentes frente al Congreso y descartó abrir nuevas negociaciones con los rectores por los fondos. En este escenario, las universidades alertaron que, si no obtienen respuestas, el próximo ciclo lectivo podría estar en riesgo.

Columnas de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades de las universidades, junto con organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizaron este jueves por quinta vez desde 2024 en distintos puntos del país en reclamo por el financiamiento universitario y la inminente discusión por el Presupuesto 2027.

Pese a la multitudinaria convocatoria, que en el Consejo Interuniversitario Nacional estimaron en un millón de personas, el cierre de la jornada quedó marcado por violentos incidentes frente al Congreso entre un grupo de manifestantes encapuchados y los efectivos de seguridad. El hecho culminó con más de 30 detenidos y una denuncia del Ministerio de Seguridad.

La Casa Rosada consideró que la protesta “claramente se transformó en una marcha política” y señaló la presencia de figuras del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo duro. “De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos”, remarcaron a este medio.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue aún más lejos, compartió un video de los disturbios e ironizó: “Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio”.

El Gobierno cierra la puerta a las negociaciones

En ese escenario, fuentes oficiales al tanto de las negociaciones fueron tajantes y aseguraron que la marcha “no cambió nada”. Y ampliaron: “No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie”. Además, desde el Gobierno cuestionaron la representatividad detrás de la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional, hoy a cargo del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y afirmaron que en los palcos de la marcha del jueves hubo poca presencia de rectores.

En ese sentido, en el Ejecutivo insisten en que trabajarán las relaciones con las universidades individualmente con cada rector, “uno por uno”, y descartaron entablar cualquier tipo de mesa de diálogo. Para ejemplificar esta nueva política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió el miércoles junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.

Firme en la posición de no abrir una nueva instancia de diálogo, el Gobierno sostuvo que cualquier negociación pasará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo comienza a discutir el Presupuesto 2027. Se trata de uno de los principales focos de tensión con las universidades: el proyecto del Ejecutivo asigna cerca de $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y ya presentó su propuesta ante diputados y senadores.

En Casa Rosada, anticiparon su intención de avanzar como hasta ahora, negociando con los bloques aliados y los gobernadores los votos para que el Gobierno tenga su instrumento. “Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal”, reiteraron.

La advertencia de las universidades: una “olla a presión” y los riesgos para 2027

Frente a esa situación, una importante fuente de la comunidad universitaria reconoció que “hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas”, y advirtió los riesgos que implicaría una escalada del conflicto.

“Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar”, enfatizó la fuente, además de señalar la falta de interlocutores en el Gobierno. “Nadie se hace cargo”, cuestionó.

En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio, y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.

La Justicia y el Congreso: las dos vías del conflicto

La disputa gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que tras el veto presidencial y la insistencia de la oposición en el Congreso, el Gobierno promulgó sin ejecutar hasta que fueran identificadas las fuentes de su financiamiento.

En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una cautelar para aplicar los artículos 5 y 6 (que actualizan salarios y becas), que luego fue ratificada por la Cámara. El Gobierno llevó el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente rechazó el recurso el 25 de junio por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. A su vez, Cormick volvió a fallar, esta vez sobre la cuestión de fondo, y ordenó cumplir toda la ley de inmediato. El Ministerio de Capital Humano apeló y la disputa continúa.