POLITICA
Cuestionan que el dinero de la venta de un edificio emblemático del INTA haya ido al Tesoro y no al organismo
“El plan de modernización (del INTA) incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Av Cerviño 3101, esquina Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está valuado en USD 6 millones como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y es importante aclarar que lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA, y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones”. Esto decía el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, el 27 de noviembre de 2024, al presentar “el plan de modernización” que iba a implementar el Gobierno respecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La puesta en venta del emblemático edificio del INTA en una cotizada zona de la Ciudad generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que cuando se conoció el anuncio, el edificio estaba en pleno uso.
Esa sede del INTA -hoy ya en proceso de demolición- estaba sobre un terreno de 919 m2 y tenía 3.143 m2 de superficie cubierta, según los datos publicados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su web cuando anunció la salida a subasta. Fue el primer edificio del patrimonio del INTA que saldría a remate bajo la gestión de Javier Milei.
Para avanzar con la subasta pública fue necesario una Resolución 70/2024 de la AABE – del 22 de noviembre de 2024 -, y la aprobación de la venta del edificio por parte del Consejo Directivo del INTA votada dos días después.
Esta decisión quedó plasmada en el Acta a la que tuvo acceso Infobae, del 29 de noviembre de 2024, donde quedó por escrito que ese órgano no objetaba la desafectación bajo dos condiciones. Una de ellas era “la asignación correspondiente de recursos luego de producida la venta”.
La “asignación de recursos” citada en la propia Resolución 70/2024 de la AABE y a la que hacía mención la decisión del Consejo Directivo era la establecida en el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de que fuera aprobada la venta: el 70% del resultado de la subasta pública iba a ir al INTA, y el 30% restante al Tesoro Nacional.
Así lo había confirmado Adorni en la conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, dos días antes.
El Consejo Directivo del INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado en octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo; un vicepresidente también nombrado por el ministro de Economía, bajo cuya órbita está el INTA; y un cuerpo colegiado con 5 representantes del sector público y 5 del sector privado, de las entidades agropecuarias.
El emblemático edificio del INTA salió a subasta pública el 23 de diciembre de 2024, con un valor base de USD 6.378.968.
Dos días antes del remate, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen con observaciones, tras identificar irregularidades en las actuaciones administrativas. La Fiscalía especializada intervino a partir de cinco denuncias sobre la presunta venta irregular del inmueble.
Advirtió que “la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido no surgen en ningún apartado del expediente (…) Respecto al estado de innecesariedad, sólo encuentra sustento en la nota inicial del Subsecretario de Agricultura. Es decir, en la afirmación de un funcionario sin competencia material para dar inicio al trámite que intentó motivar”. La Fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez estableció que ”la subocupación del inmueble, su innecesariedad o incluso el costo que su conservación provoca para las arcas de la Administración, no resultarían más que clichés que intentan brindar una cobertura formal a la decisión política de enajenar el bien en cuestión. De suyo el Presidente del INTA se limitó a expresar que la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos».
La PIA envió ese dictamen a Bronzovich; al entonces presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz; a la Jefatura de Gabinete de Ministros; y a la Auditoría General de la Nación.
No obstante esta advertencia, el inmueble del INTA fue adjudicado a la firma Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, constituida por Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang. Desde el IRSA negaron cualquier vinculación con esa firma, y señalaron que Prubner tiene su propia desarrolladora.
Pero el 70% de ese dinero – unos USD 13 millones -nunca llegó al organismo.
En su informe enviado a la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril, Adorni confirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron íntegramente al Tesoro Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº186/25, dictado el 12 de marzo de 2025.
Este DNU, justifica la modificación del destino de los recursos “en el marco de la emergencia económica y financiera” con el fin de “atender las necesidades del Tesoro Nacional, en aras de mantener el equilibrio fiscal y el sostenimiento de las políticas económicas”.
Reclamo de los sindicatos
Tanto desde del Sindicato General del INTA (APINTA) como desde ATE- INTA objetaron la venta del edificio ante el Consejo Directivo de organismo y, luego, le reclamaron información sobre el destino de los producido por la subasta.
“Presentamos dos recursos administrativos de reconsideración al Consejo Directivo del INTA y al Director de Planificación y Coordinación Estratégica de la AABE (Fernando Galizia), pero no nos contestaron ”, le dijo Paulo García, secretario general de APINTA a Infobae.
“Cuando se aprobó la venta en una reunión del Consejo Directivo, el 29 de noviembre de 2024, estaba vigente una ley que decía que el 70% de lo obtenido volvía al Instituto. Pero después, el Gobierno dictó un decreto para que el 100% pase al Tesoro nacional. Un decreto no se puede aplicar retroactivamente”, agregó quien sucedió a Mario Romero, secretario general del sindicato hasta marzo pasado.
Desde la AABE, señalaron a este medio que “con la entrada en vigencia del decreto (dictado en maro del 2025), los fondos entraron al Tesoro Nacional. El INTA es parte del Gobierno nacional. El reclamo es un tema del gremio y de la interpretación que ellos hacen”.
En tanto, Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, el otro gremio con representación en el Instituto, vienen denunciando el remate del edificio Cerviño, “desde octubre de 2024, dado que el procedimiento fue, desde un comienzo, irregular”.
Tras su venta, contó que presentaron una nota formal ante el Consejo Directivo preguntando qué había pasado con los fondos, sin respuesta. “También lo hablamos informalmente con el presidente del INTA, en una reunión en la que fuimos a preguntarle y exigirle varias cosas, y no supo qué contestarnos”, afirmó Boedo.
Infobae consultó al INTA ayer por la mañana, pero si bien quedaron en responder, al cierre de la nota a última hora, no había llegado la respuesta.
Traspaso de tierras
Desde APINTA y ATE-INTA también vienen denunciando la “entrega de tierras” a las provincias, como otra “pata” del vaciamiento del Instituto por parte del Gobierno nacional. En varios casos, se trató de una decisión adoptada por el Ejecutivo para saldar deudas con los distritos.
“En los últimos tiempos se entregaron 11.400 hectáreas que eran del INTA en cuatro provincias”, advirtió Boedo. Según el detalle que brindó a Infobae, fueron 1.660 ha en Formosa; 1.800 ha en Chaco; 2.400 ha; 2.400 ha en Bolsón, Río Negro; y 5600 ha en Santiago del Estero. “En los tres primeros casos, fueron cedidos esos terrenos a las provincias; en el caso de Santiago, no lo sabemos”, señaló.
Por su parte, en una conferencia de prensa ayer en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que “desde el inicio del gobierno de Milei hay un desfinanciamiento y un vaciamiento del INTA de manera continua”.
Ese proceso incluye la venta de inmuebles. En ese sentido, informó que le hicieron un pedido a Milei para administrar terrenos del INTA en más de 10 municipios bonaerenses, en los que que esa cartera quiere realizar proyectos experimentales.
“Solicitamos formalmente al Gobierno nacional que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia del AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para la investigación, la innovación y el desarrollo agropecuario”, afirmó.
Retiros voluntarios
El INTA publicó el 30 de abril último la apertura de retiros voluntarios en el organismo, a partir de mayo, con la intención de reducir, al menos, unos 950 empleados la planta. La dotación del INTA, a febrero de este año, era de 6.043 trabajadores, según el INDEC.
El plan de abrir los retiros fue aprobado por el Consejo Directivo del INTA y el Ministerio de Economía debe aprobar los fondos: el costo total estimado para esta etapa asciende a casi $102.000 millones.
“Apruébese, a partir del dictado de la presente medida, el Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, a implementarse desde el 4 hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prorrogarse – a requerimiento del Consejo Directivo-, por única vez, por el término de quince (15) días corridos, dirigido al personal del INTA”, puede leerse en la resolución firmada por el presidente del organismo.
“No van a conseguir que adhiera ese número de empleados. Entonces, el interrogante es qué puede suceder con el personal si no llegan a ese número, y si van a pasar a gente a disponibilidad”, advirtió Boedo, delegada de ATE.
Para Rodríguez, la reducción presupuestaria que sufre el organismo y la reducción de personal, “afecta fundamentalmente también a las líneas de investigación, que no tienen financiamiento”. Y en ese sentido, también alertó sobre el cierre de 24 agencias de extensión rural, 20 de las cuales estaban en la Provincia de Buenos Aires.
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POLITICA
Yacobitti afirmó que el Gobierno no giró el presupuesto para los hospitales universitarios y dijo que hay operaciones en riesgo
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró hoy que el Gobierno nacional no transfirió un solo peso de los 80.000 millones de pesos asignados en el presupuesto para los hospitales universitarios en lo que va de 2026, y convocó a la sociedad a movilizarse en la Marcha Federal Universitaria, prevista para el martes 12 de mayo en Plaza de Mayo.
Consultado en Infobae a las 9, el programa conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro, Yacobitti afirmó que, cuando un ciudadano obtiene una ley y el Gobierno no la cumple, el camino lleva a la Justicia, y allí el Gobierno recusa a cualquier juez que haya dado clases en la UBA.
“Convengamos que llegó a recusar a los jueces por dar clase en la UBA. Con ese concepto nadie podría ser juez de esta causa”, planteó, con relación al reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia.
De manera puntual, uno de los ejes centrales de la movilización es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Según Yacobitti, las consecuencias por la ausencia de fondos repercuten directamente en los centros de salud universitarios, y puso de ejemplo el Instituto de Oncología ángel Roffo, dependiente de la UBA y especializado en tratamiento oncológico. “Van a tardar más en atenderte, seguramente. Hay tratamientos que no pueden realizarse por falta de insumos y, cuando un equipo falla, los pacientes deben ser trasladados en ambulancia a otro centro”, dijo.
En el Hospital de Clínicas, el director Marcelo Melo reconoció en conferencia de prensa que de 16 quirófanos disponibles solo funcionan seis. En el Hospital Lanari, centro universitario dedicado a trasplantes, la escasez de insumos pone en riesgo los procedimientos: “Hay gente que necesita trasplantes, que está esperando. ¿Por qué? Porque no se pueden comprar los insumos para esos trasplantes”, señaló el exdiputado nacional.
Ante una consulta en Infobae a las 9 sobre los datos reflejados en el Presupuesto Abierto, la base de datos oficial del Ministerio de Economía, Yacobitti aclaró que existen dos partidas diferenciadas. Una corresponde a la línea general, que cubre sueldos y gastos de funcionamiento de todas las facultades y que el Gobierno sí transfiere. La otra es una partida adicional destinada exclusivamente a las universidades con hospitales: UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja, que acumula cero desembolsos hasta la fecha. Parafraseando la posición oficial, señaló: “Son ochenta mil millones. No lo mandamos porque estamos viendo cómo se asignan. Estamos en el mes cinco”.
Para el vicerrector, la raíz es una cuestión de prioridades políticas y señaló: “No creo que la educación pública esté en la agenda (de Milei)”. Además, comparó el costo de la deuda con los hospitales universitarios con la rebaja impositiva a los autos de lujo: “Si vos preferís bajar impuestos, gastar plata —porque las dos son gasto, una es inversión y la otra es gasto neto—, si vos preferís bajarle los impuestos a los autos de lujo y no pagarle la plata que tenés en el presupuesto asignada para los hospitales universitarios, bueno, es una decisión política, no es una decisión de plata“.
También cuestionó que el secretario de Política Universitaria publicara un tuit con una referencia a Mordor, el reino del mal de El Señor de los Anillos, para referirse al fallo judicial: «la universidad pública es el mal“.
Para Yacobitti, además, el deterioro afecta gravemente a la planta docente. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 438 profesores abandonaron sus cargos sobre un total de 3.200. “¿Y sabés quiénes se van? Los más capacitados”, remarcó. “Algunos se van a la universidad privada que le paga tres veces más, otros van afuera y otros directamente cambian de profesión”, agregó.
En la Facultad de Agronomía, otros 100 investigadores siguieron el mismo camino. Las carreras con mayor proporción de docentes de dedicación exclusiva, como Exactas, son las más afectadas, advirtieron las autoridades de la UBA.
Respecto del estado judicial del conflicto, el vicerrector informó que la causa ya llegó a la Corte Suprema. “Ya es una barbaridad que haya llegado a la Corte. La Corte, en su jurisprudencia, salvo casos excepcionales, no trata medidas cautelares, trata medidas de fondo. Por eso las rebota”, dijo, y explicó que espera que el máximo tribunal devuelva la causa para su cumplimiento, aunque el propio Gobierno ya anticipó que tampoco lo acatará: “Lo otro que también sabemos, porque nos lo dice el gobierno, es que no la va a cumplir. Como no le cumple la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no le paga el fondo, o como no le cumple la ley de discapacidad”.
Ante este panorama, llamó a la movilización como única herramienta disponible: “Lo único que nos queda por hacer es concientizar a la sociedad que no se quede en la casa, porque lo que se está rompiendo es la única herramienta de movilidad social que tiene la Argentina, que es la universidad pública”, manifestó.
Y concluyó: “Todos los impuestos que pago, lo único que el Gobierno me brinda de calidad es la universidad pública. No hay un solo servicio que me brinde de calidad por los impuestos que pagás, que no sea una universidad pública, y la está destruyendo”.
La concentración se realizará el martes 12 de mayo a las 17 en Plaza de Mayo. Yacobitti instó a padres y madres a asistir con sus hijos: “Es la única manera que tenemos de llamar la atención, no solo al Gobierno, sino también a la Corte Suprema y a quienes tienen que hacer y ejecutar este fallo lo antes posible”.
POLITICA
Arde la interna: un influencer libertario criticó el armado del partido en la provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, la militancia digital vinculada a La Libertad Avanza enfrenta una creciente disputa interna. Alejandro Sarubbi Benítez, abogado y conductor del programa La Trinchera en el streaming Carajo, advirtió sobre la necesidad de reorganización y cuestionó abiertamente la conducción partidaria.
La controversia se originó tras la designación de Sebastián Pareja como principal operador político en la provincia, decisión tomada por Karina Milei. Según dijo Sarubbi Benítez en Infobae en Vivo A las Nueve, “el presidente del partido es Sebastián Pareja y todas las autoridades son de Sebastián Pareja”. La afirmación indica un control total del partido en la provincia, reforzado por el respaldo explícito de Karina Milei. “Materialmente el partido en la provincia de Buenos Aires es de Sebastián Pareja, de nadie más”, sostuvo Sarubbi Benítez.
La metodología empleada en la construcción territorial fue blanco de crítica directa. El abogado mencionó irregularidades durante el proceso electoral: “En las últimas elecciones legislativas, se sabe, hay gente que se quedó con guita de la fiscalización, echaron a fiscales que venían de afuera para fiscalizar también dentro de Libertad Avanza. Han desaparecido fichas de afiliación de a miles”. Para Sarubbi Benítez, estas prácticas persiguen evitar internas, desplazando a militantes genuinos que habían acompañado el crecimiento del movimiento.
Fragmentación y reclamos a la conducción nacional
El desencanto se agrava en el contexto de una estructura partidaria que, según Sarubbi Benítez, replica prácticas tradicionales ajenas al espíritu original del espacio. “En la provincia de Buenos Aires prácticamente todos los partidos políticos son una mafia”, denunció el referente. Criticó, además, el endurecimiento verticalista en la toma de decisiones y la escasa respuesta ante críticas internas: “La estrategia de gobierno, cada vez que saltan problemas de este calibre, es el silencio. Yo no sé por qué”.
Parte de la militancia digital reclama una participación y voz diferenciada, ante la percepción de que la dirigencia nacional, encabezada por Karina Milei y Pareja, no representa los ideales iniciales. “La gente está pidiendo: ‘Che, fijate lo que es esta gente, porque es un desastre’”, sostuvo el entrevistado. El propio Sarubbi Benítez aclaró el alcance de las demandas: “Nosotros, en tanto los que estamos afuera de lo que es la estructura partidaria y del Estado en sí, no tenemos por qué acatar una verticalidad partidaria”.
Desafíos en la comunicación oficial
Las críticas no se limitaron a la vida interna del partido. Sarubbi Benítez también cuestionó la estrategia comunicacional del gobierno libertario. En relación a las controversias en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó: “No veo un delito hoy, no lo veo. Con lo que hay no lo veo. Ahora, comunicacionalmente hablando, la situación se manejó demasiado mal”. Según su análisis, el Ejecutivo elige sistemáticamente el silencio ante los conflictos públicos: “Siempre que hubo un problema de este estilo, siempre optó por el silencio”.
En cuanto al clima en redes sociales, Sarubbi Benítez explicó que la comunidad original de la militancia digital siente haber sido relegada. “Lo que les están diciendo es: ‘Estuvo buenísimo, pero cállense la boca’”. Esta percepción se refleja en la falta de diálogo y en la tendencia a judicializar enfrentamientos internos, como cuando dirigentes denunciaron a usuarios de redes sociales por la difusión de información personal.
Controversias mediáticas y límites en el debate
Durante una reciente emisión de La Trinchera, se viralizó un audio aludiendo a supuestas relaciones personales dentro del armado partidario. Sarubbi Benítez reconoció el incidente y aclaró: “Sentí que ese mensaje podía llegar a desvirtuar todo lo que dije anteriormente, opté por pedirle a la gente de producción que saquen el pedacito de ese audio”.
Consultado sobre la posibilidad de expresar todo tipo de opiniones en el ecosistema del streaming, Sarubbi Benítez afirmó: “Cada cual debe poder expresarse como se dé la gana, en la medida que no cometa un delito. Lo demás… el mensaje lo podés tirar. Después, en todo caso, tenés que asumir las consecuencias del mensaje”.
Expectativas políticas y perspectivas electorales
En el plano general, Sarubbi Benítez consideró que los votantes “genuinos” aún acompañan al gobierno nacional, aunque reconoció diferencias en la interpretación del rumbo ideológico y la representatividad bonaerense. Respecto al futuro electoral, alertó sobre la importancia estratégica de Buenos Aires: “En la provincia de Buenos Aires cuando vos querés aspirar por la gobernación no hay ballotage. Lo más inteligente sería desdoblar la elección, porque además eso ya lo vimos en las legislativas, lo vimos en el 23”.
Las declaraciones de Alejandro Sarubbi Benítez evidencian tensiones crecientes. El llamado del referente libertario a “votar otra cosa” en la provincia de Buenos Aires expone un momento de incertidumbre interna, con reclamos abiertos dentro de La Libertad Avanza y presión para revertir la exclusión de la militancia digital en la toma de decisiones.
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POLITICA
Murió el padre de Germán Giuliani, el argentino secuestrado en Venezuela: “Falleció esperando verlo libre”
La familia de Germán Giuliani enfrenta una nueva tragedia. Carlos Giuliani, padre del abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025, falleció este viernes sin haber podido reencontrarse con su hijo, quien permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas.
La información fue difundida públicamente por Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina y miembro del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), una de las dirigentes que siguió de cerca el caso del abogado argentino y que en reiteradas ocasiones reclamó su liberación inmediata.
“Lamentablemente, este viernes falleció el señor Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, quien desde hace casi un año está secuestrado por la dictadura chavista”, expresó Trotta a través de sus redes sociales.
En el mismo mensaje, agregó: “La salud del señor Carlos se deterioró con mayor velocidad precisamente por lo que está pasando con Germán. Murió sin poder abrazar de nuevo a su hijo. Murió esperando verlo libre”.
La muerte del padre del abogado argentino se produjo en medio de la creciente preocupación internacional por la situación de los presos políticos en Venezuela y mientras continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles del régimen venezolano.
Trotta vinculó además el fallecimiento con el impacto emocional provocado por la detención prolongada de Giuliani y recordó que en las últimas horas también se conoció la muerte de otro familiar de un preso político venezolano.
“En menos de 24 horas hemos recibido dos noticias desgarradoras, ambas ligadas a los presos políticos en Venezuela. Primero, la muerte de Víctor Quero, a quien su madre no pudo despedir. Ahora, la muerte de Carlos Giuliani, a quien su hijo, secuestrado todavía por el régimen de Delcy Rodríguez, tampoco pudo despedir”, afirmó.
La detención de Germán Giuliani y el reclamo internacional
En ese contexto, volvió a reclamar la liberación inmediata del abogado argentino y sostuvo que el caso ya cuenta con decisiones internacionales favorables que no fueron cumplidas por Caracas.
“Germán tiene una boleta de excarcelación desde febrero. Tiene medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Y aun así, la dictadura sigue violando todos sus derechos”, señaló.
Giuliani permanece detenido desde el 21 de mayo de 2025 y es actualmente el único ciudadano argentino que continúa preso en Venezuela. Su familia y distintos organismos de derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que fue víctima de desaparición forzada, torturas y condiciones inhumanas de detención.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor al considerar que existían condiciones de “gravedad y urgencia” respecto de su integridad física y su salud. La CIDH sostuvo además que el Estado venezolano no había aportado información suficiente sobre las condiciones de detención del abogado argentino.
En las últimas semanas, el caso volvió a cobrar relevancia después del motín registrado en la cárcel de Yare III, donde permanece detenido Giuliani, y que dejó al menos cinco muertos. Su esposa, Virginia Rivero, denunció entonces que durante horas no tuvieron información sobre si el abogado seguía con vida.
El Gobierno argentino también reactivó los reclamos diplomáticos ante organismos internacionales. Días atrás, la representación argentina volvió a exigir ante la OEA la liberación de los presos políticos en Venezuela y reclamó específicamente por Giuliani, a pocos días de cumplirse un año de su detención.
En su publicación, Trotta cerró con un fuerte cuestionamiento al régimen venezolano: “Basta ya de tanta barbarie, de tanto dolor causado por la decisión de unos cuantos. Basta ya de todo esto. Liberen a Giuliani. Liberen a los más de 500 presos políticos en Venezuela. Cierren los centros de tortura. ¡Ya!”.
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