POLITICA
Cuestionan que el dinero de la venta de un edificio emblemático del INTA haya ido al Tesoro y no al organismo
“El plan de modernización (del INTA) incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Av Cerviño 3101, esquina Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está valuado en USD 6 millones como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y es importante aclarar que lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA, y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones”. Esto decía el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, el 27 de noviembre de 2024, al presentar “el plan de modernización” que iba a implementar el Gobierno respecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La puesta en venta del emblemático edificio del INTA en una cotizada zona de la Ciudad generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que cuando se conoció el anuncio, el edificio estaba en pleno uso.
Esa sede del INTA -hoy ya en proceso de demolición- estaba sobre un terreno de 919 m2 y tenía 3.143 m2 de superficie cubierta, según los datos publicados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su web cuando anunció la salida a subasta. Fue el primer edificio del patrimonio del INTA que saldría a remate bajo la gestión de Javier Milei.
Para avanzar con la subasta pública fue necesario una Resolución 70/2024 de la AABE – del 22 de noviembre de 2024 -, y la aprobación de la venta del edificio por parte del Consejo Directivo del INTA votada dos días después.
Esta decisión quedó plasmada en el Acta a la que tuvo acceso Infobae, del 29 de noviembre de 2024, donde quedó por escrito que ese órgano no objetaba la desafectación bajo dos condiciones. Una de ellas era “la asignación correspondiente de recursos luego de producida la venta”.
La “asignación de recursos” citada en la propia Resolución 70/2024 de la AABE y a la que hacía mención la decisión del Consejo Directivo era la establecida en el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de que fuera aprobada la venta: el 70% del resultado de la subasta pública iba a ir al INTA, y el 30% restante al Tesoro Nacional.
Así lo había confirmado Adorni en la conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, dos días antes.
El Consejo Directivo del INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado en octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo; un vicepresidente también nombrado por el ministro de Economía, bajo cuya órbita está el INTA; y un cuerpo colegiado con 5 representantes del sector público y 5 del sector privado, de las entidades agropecuarias.
El emblemático edificio del INTA salió a subasta pública el 23 de diciembre de 2024, con un valor base de USD 6.378.968.
Dos días antes del remate, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen con observaciones, tras identificar irregularidades en las actuaciones administrativas. La Fiscalía especializada intervino a partir de cinco denuncias sobre la presunta venta irregular del inmueble.
Advirtió que “la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido no surgen en ningún apartado del expediente (…) Respecto al estado de innecesariedad, sólo encuentra sustento en la nota inicial del Subsecretario de Agricultura. Es decir, en la afirmación de un funcionario sin competencia material para dar inicio al trámite que intentó motivar”. La Fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez estableció que ”la subocupación del inmueble, su innecesariedad o incluso el costo que su conservación provoca para las arcas de la Administración, no resultarían más que clichés que intentan brindar una cobertura formal a la decisión política de enajenar el bien en cuestión. De suyo el Presidente del INTA se limitó a expresar que la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos».
La PIA envió ese dictamen a Bronzovich; al entonces presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz; a la Jefatura de Gabinete de Ministros; y a la Auditoría General de la Nación.
No obstante esta advertencia, el inmueble del INTA fue adjudicado a la firma Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, constituida por Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang. Desde el IRSA negaron cualquier vinculación con esa firma, y señalaron que Prubner tiene su propia desarrolladora.
Pero el 70% de ese dinero – unos USD 13 millones -nunca llegó al organismo.
En su informe enviado a la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril, Adorni confirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron íntegramente al Tesoro Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº186/25, dictado el 12 de marzo de 2025.
Este DNU, justifica la modificación del destino de los recursos “en el marco de la emergencia económica y financiera” con el fin de “atender las necesidades del Tesoro Nacional, en aras de mantener el equilibrio fiscal y el sostenimiento de las políticas económicas”.
Reclamo de los sindicatos
Tanto desde del Sindicato General del INTA (APINTA) como desde ATE- INTA objetaron la venta del edificio ante el Consejo Directivo de organismo y, luego, le reclamaron información sobre el destino de los producido por la subasta.
“Presentamos dos recursos administrativos de reconsideración al Consejo Directivo del INTA y al Director de Planificación y Coordinación Estratégica de la AABE (Fernando Galizia), pero no nos contestaron ”, le dijo Paulo García, secretario general de APINTA a Infobae.
“Cuando se aprobó la venta en una reunión del Consejo Directivo, el 29 de noviembre de 2024, estaba vigente una ley que decía que el 70% de lo obtenido volvía al Instituto. Pero después, el Gobierno dictó un decreto para que el 100% pase al Tesoro nacional. Un decreto no se puede aplicar retroactivamente”, agregó quien sucedió a Mario Romero, secretario general del sindicato hasta marzo pasado.
Desde la AABE, señalaron a este medio que “con la entrada en vigencia del decreto (dictado en maro del 2025), los fondos entraron al Tesoro Nacional. El INTA es parte del Gobierno nacional. El reclamo es un tema del gremio y de la interpretación que ellos hacen”.
En tanto, Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, el otro gremio con representación en el Instituto, vienen denunciando el remate del edificio Cerviño, “desde octubre de 2024, dado que el procedimiento fue, desde un comienzo, irregular”.
Tras su venta, contó que presentaron una nota formal ante el Consejo Directivo preguntando qué había pasado con los fondos, sin respuesta. “También lo hablamos informalmente con el presidente del INTA, en una reunión en la que fuimos a preguntarle y exigirle varias cosas, y no supo qué contestarnos”, afirmó Boedo.
Infobae consultó al INTA ayer por la mañana, pero si bien quedaron en responder, al cierre de la nota a última hora, no había llegado la respuesta.
Traspaso de tierras
Desde APINTA y ATE-INTA también vienen denunciando la “entrega de tierras” a las provincias, como otra “pata” del vaciamiento del Instituto por parte del Gobierno nacional. En varios casos, se trató de una decisión adoptada por el Ejecutivo para saldar deudas con los distritos.
“En los últimos tiempos se entregaron 11.400 hectáreas que eran del INTA en cuatro provincias”, advirtió Boedo. Según el detalle que brindó a Infobae, fueron 1.660 ha en Formosa; 1.800 ha en Chaco; 2.400 ha; 2.400 ha en Bolsón, Río Negro; y 5600 ha en Santiago del Estero. “En los tres primeros casos, fueron cedidos esos terrenos a las provincias; en el caso de Santiago, no lo sabemos”, señaló.
Por su parte, en una conferencia de prensa ayer en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que “desde el inicio del gobierno de Milei hay un desfinanciamiento y un vaciamiento del INTA de manera continua”.
Ese proceso incluye la venta de inmuebles. En ese sentido, informó que le hicieron un pedido a Milei para administrar terrenos del INTA en más de 10 municipios bonaerenses, en los que que esa cartera quiere realizar proyectos experimentales.
“Solicitamos formalmente al Gobierno nacional que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia del AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para la investigación, la innovación y el desarrollo agropecuario”, afirmó.
Retiros voluntarios
El INTA publicó el 30 de abril último la apertura de retiros voluntarios en el organismo, a partir de mayo, con la intención de reducir, al menos, unos 950 empleados la planta. La dotación del INTA, a febrero de este año, era de 6.043 trabajadores, según el INDEC.
El plan de abrir los retiros fue aprobado por el Consejo Directivo del INTA y el Ministerio de Economía debe aprobar los fondos: el costo total estimado para esta etapa asciende a casi $102.000 millones.
“Apruébese, a partir del dictado de la presente medida, el Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, a implementarse desde el 4 hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prorrogarse – a requerimiento del Consejo Directivo-, por única vez, por el término de quince (15) días corridos, dirigido al personal del INTA”, puede leerse en la resolución firmada por el presidente del organismo.
“No van a conseguir que adhiera ese número de empleados. Entonces, el interrogante es qué puede suceder con el personal si no llegan a ese número, y si van a pasar a gente a disponibilidad”, advirtió Boedo, delegada de ATE.
Para Rodríguez, la reducción presupuestaria que sufre el organismo y la reducción de personal, “afecta fundamentalmente también a las líneas de investigación, que no tienen financiamiento”. Y en ese sentido, también alertó sobre el cierre de 24 agencias de extensión rural, 20 de las cuales estaban en la Provincia de Buenos Aires.
INTA,Subastas de inmuebles del Estado,Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,Manuel Adorni,APINTA,ATE INTA
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga a pagar un incremento salarial del personal docente y no docente en las universidades, llamar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso de la Nación en agosto de 2025.
Así lo hizo al rechazar el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había convalidado como medida cautelar el pago.
En la práctica, el fallo de la Corte deja firmes aspectos similares a los que acordaron el Gobierno y los rectores en un acta del 10 de junio último, cuando se pusieron de acuerdo sobre los aumentos salariales, aunque el sector universitario no desistió de sus reclamos por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso.
Sin embargo, subsisten diferencias entre lo que dice el texto de la ley, que ahora debe aplicarse, y el acta de recomposición salarial acordada entre los rectores, los gremios y el Gobierno.
El fallo de hoy obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Educativo, que obliga a pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y de las Becas Progresar.
Sin embargo, el acuerdo salarial firmado se refiere a una recomposición menor y a las Becas Manuel Belgrano, que son diferentes a las anteriores.
El fondo del juicio —es decir, si es constitucional o no el decreto que suspende la ejecución de la ley de financiamiento universitario— se está discutiendo en un juzgado de primera instancia, que está próximo a resolver.
Noticia en desarrollo
incremento salarial,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Ejecutivo, el tribunal sostuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, donde el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de los artículos sobre actualización salarial y fondos para becas y programas académicos.
El argumento de la Corte para rechazar la apelación del Gobierno fue de orden procesal: los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal.
Sin embargo, el fallo no resuelve el fondo de la controversia, que era si el decreto del Poder Ejecutivo puede suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso o no. Así, la Corte ordenó aplicar la cautelar mientras el proceso judicial continúa su curso.
El reciente acuerdo de las universidades con el Gobierno y los antecedentes del fallo
La decisión de la Corte Suprema llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Según habían explicado entonces a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. En cambio, la Ley de Financiamiento vigente establecía un 0,75%.
En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema mantiene la cautelar sobre salarios y becas vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal avanza hacia una sentencia de fondo.
A la hora de dictar la cautelar, el tribunal había argumentado que el Congreso había insistido en la sanción de la ley de Financiamiento -pese al veto presidencial de Javier Milei- y que el Ejecutivo buscaba evitar su aplicación sobre la base de una norma anterior de jerarquía inferior al texto constitucional.
La postura de la Casa Rosada es que la Ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
Leé también: Javier Milei nombró a nuevos 46 jueces, pero evitó firmar la designación de Verónica Michelli
Sin embargo, además de desestimar esa postura, el tribunal consideró que el incumplimiento de la norma podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. A su vez, evaluó que el ahorro derivado de no aplicar la ley no era significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El fallo, si bien no cierra la discusión sobre la Ley de Financiamiento, le otorgó a las universidades una herramienta jurídica para sostener su reclamo presupuestario.
Corte Suprema
POLITICA
El Gobierno denunció en la ONU la “militarización” de Malvinas y le reclamó a Gran Bretaña retomar las negociaciones
En nombre del gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno denunció hoy en las Naciones Unidas la “militarización” y “explotación unilateral de los recursos naturales” de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, y renovó el reclamo a las autoridades británicas para retomar negociaciones directas por la soberanía de las islas, a 44 años de la guerra entre ambos países.
“La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía”, afirmó el canciller argentino durante la reunión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, que año tras año, y desde la resolución 20 del año 1965, insta a ambos países a sentarse a negociar para encontrar una solución a la disputa por la soberanía de las islas.
El 2 de abril pasado, el presidente Javier Milei renovó en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Ese vínculo, durante su gobierno, ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.
Para Quirno, la “ocupación” de las islas por parte de fuerzas británicas, en 1833, “quebró la integridad territorial argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos”.
El canciller sostuvo que “ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días”. Y afirmó: “La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho”. Quirno estuvo acompañado en su exposición por la secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro, y el embajador argentino en Naciones Unidas, Francisco Tropepi.
“El Reino Unido invoca en forma reiterada el principio de libre determinación de los pueblos para eludir el diálogo”, dijo el canciller, un rato después de que dos pobladores de las islas, en línea con el gobierno británico, reclamaran al comité en el mismo espacio “escuchar los deseos” de la población malvinera, y su “derecho a decidir su propio futuro”.
Para Quirno, “en las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado titular de ese derecho”, sino “una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.
El canciller sostuvo, además, que “la población total de las islas ronda los 3000 habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”. Y añadió: “A la vez, se encuentran destacados aproximadamente 1200 soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación”.
En su discurso, Quirno criticó la “explotación unilateral de los recursos naturales” de las islas por parte de Gran Bretaña, una postura apoyada por la mayoría de los países que pidieron la palabra para defender la postura argentina y que luego aprobaron un proyecto de resolución de apoyo a esta posición, presentado por Chile y acompañado por Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua -los tres últimos, con gobiernos ubicados en las antípodas del pensamiento libertario-.
“El Reino Unido también otorga, de manera unilateral, ilegal e ilegítima, licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”, dijo Quirno, y mencionó el anuncio de explotación, llevada a cabo a fines del año pasado, por las empresas Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum (israelí) para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, en la costa de las Islas Malvinas. En aquel momento, Quirno aceptó, en principio, las razones del canciller israelí Gideon Saar, quien tomó distancia de la empresa de su país. Reiteró que “la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.
Una a una, distintas delegaciones diplomáticas dieron apoyo a la posición argentina en la reunión, conducida por la embajadora Menissa Rambally (Santa Lucía). Pasaron los representantes de Irak (en nombre del grupo de 77 y China), Antigua y Barbuda, Venezuela, Sierra Leona, Timor Leste, Indonesia, Chile y la propia China, para quien “las controversias entre los estados deben resolverse de acuerdo a la carta de la ONU”.
El representante de Nicaragua, gobernada por el sandinista Daniel Ortega, expresó la “solidaridad de siempre” con la Argentina y contra el “imperialismo británico”, antes de que la delegación de Brasil expresara, en calidad de observador, su pleno respaldo a la Argentina, al igual que México, que también asistió en calidad de observador a la reunión.
Las únicas notas discordantes se dieron al inicio de la reunión, con la intervención de los dos pobladores de las islas, que criticaron la “invasión” argentina de 1982. “La Argentina invadió nuestro hogar, en la comunidad de 3600 personas, de distintas naciones. Las islas son el lugar de todos, no por implantación”, sostuvo Dorothy Got, pobladora local. “La Argentina no nos reconoce, pero estamos aquí porque existimos”, coincidió Michael Goss, otro poblador malvinense, en perfecto inglés.
Le contestaron, a su turno y antes del discurso de Quirno, Paula Vernet, descendiente del primer gobernante argentino de Malvinas, Luis Vernet, y Guillermo Clifton, nieto de un habitante argentino de Malvinas nacido en 1902. “Hay en Malvinas un puñado de ciudadanos británicos en territorio argentino”, dijo Clifton, antes de que Quirno agradeciera el apoyo unánime del comité, que aprobó la resolución que insta a ambas partes a sentarse a negociar la soberanía de las islas del Atlántico Sur.
sin avances,tomó distancia,Jaime Rosemberg,Conforme a
Un jugador del Real Madrid pidió por la incorporación de Enzo Fernández: «Ojalá se haga»
Orgullo: Argentina logró desarrollar el primer algodón transgénico del mundo
Ideal para la vianda: el truco viral para que los tuppers no queden con olor a comida después de lavarlos
La Corte Suprema dejó firme el fallo que obligó a aumentar salarios universitarios y becas
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
Reportan saqueos en comercios destruidos de La Guaira tras los terremotos en Venezuela
“El mejor del mundo”: los elogios a Messi y a la selección argentina en el arco político tras el triunfo ante Austria
Violencia, déficit fiscal y crisis sanitaria: los desafíos que enfrentará Abelardo de la Espriella en Colombia
A los 100 años, murió Alan Greenspan, histórico presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos
AI-first: los detalles de la estrategia de Inteligencia Artificial del banco Santander
POLITICA3 días ago“El mejor del mundo”: los elogios a Messi y a la selección argentina en el arco político tras el triunfo ante Austria
- POLITICA2 días ago
Diputados: con el apoyo de bloques aliados, LLA logró frenar la sesión en la que la oposición buscaba interpelar a Adorni
- POLITICA3 días ago
El Senado bonaerense no sancionó este año ni una sola ley, pero gasta $428 millones por día
