POLITICA
Cuestionan que el dinero de la venta de un edificio emblemático del INTA haya ido al Tesoro y no al organismo
“El plan de modernización (del INTA) incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Av Cerviño 3101, esquina Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está valuado en USD 6 millones como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y es importante aclarar que lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA, y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones”. Esto decía el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, el 27 de noviembre de 2024, al presentar “el plan de modernización” que iba a implementar el Gobierno respecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La puesta en venta del emblemático edificio del INTA en una cotizada zona de la Ciudad generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que cuando se conoció el anuncio, el edificio estaba en pleno uso.
Esa sede del INTA -hoy ya en proceso de demolición- estaba sobre un terreno de 919 m2 y tenía 3.143 m2 de superficie cubierta, según los datos publicados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su web cuando anunció la salida a subasta. Fue el primer edificio del patrimonio del INTA que saldría a remate bajo la gestión de Javier Milei.
Para avanzar con la subasta pública fue necesario una Resolución 70/2024 de la AABE – del 22 de noviembre de 2024 -, y la aprobación de la venta del edificio por parte del Consejo Directivo del INTA votada dos días después.
Esta decisión quedó plasmada en el Acta a la que tuvo acceso Infobae, del 29 de noviembre de 2024, donde quedó por escrito que ese órgano no objetaba la desafectación bajo dos condiciones. Una de ellas era “la asignación correspondiente de recursos luego de producida la venta”.
La “asignación de recursos” citada en la propia Resolución 70/2024 de la AABE y a la que hacía mención la decisión del Consejo Directivo era la establecida en el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de que fuera aprobada la venta: el 70% del resultado de la subasta pública iba a ir al INTA, y el 30% restante al Tesoro Nacional.
Así lo había confirmado Adorni en la conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, dos días antes.
El Consejo Directivo del INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado en octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo; un vicepresidente también nombrado por el ministro de Economía, bajo cuya órbita está el INTA; y un cuerpo colegiado con 5 representantes del sector público y 5 del sector privado, de las entidades agropecuarias.
El emblemático edificio del INTA salió a subasta pública el 23 de diciembre de 2024, con un valor base de USD 6.378.968.
Dos días antes del remate, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen con observaciones, tras identificar irregularidades en las actuaciones administrativas. La Fiscalía especializada intervino a partir de cinco denuncias sobre la presunta venta irregular del inmueble.
Advirtió que “la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido no surgen en ningún apartado del expediente (…) Respecto al estado de innecesariedad, sólo encuentra sustento en la nota inicial del Subsecretario de Agricultura. Es decir, en la afirmación de un funcionario sin competencia material para dar inicio al trámite que intentó motivar”. La Fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez estableció que ”la subocupación del inmueble, su innecesariedad o incluso el costo que su conservación provoca para las arcas de la Administración, no resultarían más que clichés que intentan brindar una cobertura formal a la decisión política de enajenar el bien en cuestión. De suyo el Presidente del INTA se limitó a expresar que la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos».
La PIA envió ese dictamen a Bronzovich; al entonces presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz; a la Jefatura de Gabinete de Ministros; y a la Auditoría General de la Nación.
No obstante esta advertencia, el inmueble del INTA fue adjudicado a la firma Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, constituida por Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang. Desde el IRSA negaron cualquier vinculación con esa firma, y señalaron que Prubner tiene su propia desarrolladora.
Pero el 70% de ese dinero – unos USD 13 millones -nunca llegó al organismo.
En su informe enviado a la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril, Adorni confirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron íntegramente al Tesoro Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº186/25, dictado el 12 de marzo de 2025.
Este DNU, justifica la modificación del destino de los recursos “en el marco de la emergencia económica y financiera” con el fin de “atender las necesidades del Tesoro Nacional, en aras de mantener el equilibrio fiscal y el sostenimiento de las políticas económicas”.
Reclamo de los sindicatos
Tanto desde del Sindicato General del INTA (APINTA) como desde ATE- INTA objetaron la venta del edificio ante el Consejo Directivo de organismo y, luego, le reclamaron información sobre el destino de los producido por la subasta.
“Presentamos dos recursos administrativos de reconsideración al Consejo Directivo del INTA y al Director de Planificación y Coordinación Estratégica de la AABE (Fernando Galizia), pero no nos contestaron ”, le dijo Paulo García, secretario general de APINTA a Infobae.
“Cuando se aprobó la venta en una reunión del Consejo Directivo, el 29 de noviembre de 2024, estaba vigente una ley que decía que el 70% de lo obtenido volvía al Instituto. Pero después, el Gobierno dictó un decreto para que el 100% pase al Tesoro nacional. Un decreto no se puede aplicar retroactivamente”, agregó quien sucedió a Mario Romero, secretario general del sindicato hasta marzo pasado.
Desde la AABE, señalaron a este medio que “con la entrada en vigencia del decreto (dictado en maro del 2025), los fondos entraron al Tesoro Nacional. El INTA es parte del Gobierno nacional. El reclamo es un tema del gremio y de la interpretación que ellos hacen”.
En tanto, Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, el otro gremio con representación en el Instituto, vienen denunciando el remate del edificio Cerviño, “desde octubre de 2024, dado que el procedimiento fue, desde un comienzo, irregular”.
Tras su venta, contó que presentaron una nota formal ante el Consejo Directivo preguntando qué había pasado con los fondos, sin respuesta. “También lo hablamos informalmente con el presidente del INTA, en una reunión en la que fuimos a preguntarle y exigirle varias cosas, y no supo qué contestarnos”, afirmó Boedo.
Infobae consultó al INTA ayer por la mañana, pero si bien quedaron en responder, al cierre de la nota a última hora, no había llegado la respuesta.
Traspaso de tierras
Desde APINTA y ATE-INTA también vienen denunciando la “entrega de tierras” a las provincias, como otra “pata” del vaciamiento del Instituto por parte del Gobierno nacional. En varios casos, se trató de una decisión adoptada por el Ejecutivo para saldar deudas con los distritos.
“En los últimos tiempos se entregaron 11.400 hectáreas que eran del INTA en cuatro provincias”, advirtió Boedo. Según el detalle que brindó a Infobae, fueron 1.660 ha en Formosa; 1.800 ha en Chaco; 2.400 ha; 2.400 ha en Bolsón, Río Negro; y 5600 ha en Santiago del Estero. “En los tres primeros casos, fueron cedidos esos terrenos a las provincias; en el caso de Santiago, no lo sabemos”, señaló.
Por su parte, en una conferencia de prensa ayer en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que “desde el inicio del gobierno de Milei hay un desfinanciamiento y un vaciamiento del INTA de manera continua”.
Ese proceso incluye la venta de inmuebles. En ese sentido, informó que le hicieron un pedido a Milei para administrar terrenos del INTA en más de 10 municipios bonaerenses, en los que que esa cartera quiere realizar proyectos experimentales.
“Solicitamos formalmente al Gobierno nacional que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia del AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para la investigación, la innovación y el desarrollo agropecuario”, afirmó.
Retiros voluntarios
El INTA publicó el 30 de abril último la apertura de retiros voluntarios en el organismo, a partir de mayo, con la intención de reducir, al menos, unos 950 empleados la planta. La dotación del INTA, a febrero de este año, era de 6.043 trabajadores, según el INDEC.
El plan de abrir los retiros fue aprobado por el Consejo Directivo del INTA y el Ministerio de Economía debe aprobar los fondos: el costo total estimado para esta etapa asciende a casi $102.000 millones.
“Apruébese, a partir del dictado de la presente medida, el Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, a implementarse desde el 4 hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prorrogarse – a requerimiento del Consejo Directivo-, por única vez, por el término de quince (15) días corridos, dirigido al personal del INTA”, puede leerse en la resolución firmada por el presidente del organismo.
“No van a conseguir que adhiera ese número de empleados. Entonces, el interrogante es qué puede suceder con el personal si no llegan a ese número, y si van a pasar a gente a disponibilidad”, advirtió Boedo, delegada de ATE.
Para Rodríguez, la reducción presupuestaria que sufre el organismo y la reducción de personal, “afecta fundamentalmente también a las líneas de investigación, que no tienen financiamiento”. Y en ese sentido, también alertó sobre el cierre de 24 agencias de extensión rural, 20 de las cuales estaban en la Provincia de Buenos Aires.
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POLITICA
Acusaciones cruzadas en el Gobierno por los cambios en la emergencia en Discapacidad que incluyó el Presupuesto
La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.
“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.
Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.
La nueva tensión se detonó anoche cuando diputados libertarios notaron que el texto que su propio gobierno remitió al Congreso iba en un sentido opuesto en Discapacidad a las conversaciones ya encaminadas en la Cámara baja. El Presupuesto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios, sobre un mínimo.
Esta tarde, con la polémica detonada, en la Casa Rosada se pasaban la pelota entre las áreas por la redacción del apartado y las teorías fluían.
Ante la consulta de , desde el Ministerio de Salud, donde reporta la Secretaría de Discapacidad, se limitaron a remitir las inquietudes a la Casa Rosada. De esta forma, y sin decirlo, se despegaron de la redacción y por ende de cualquier responsabilidad. Las voces autorizadas del Gobierno evitaron asimismo una réplica oficial.
No obstante, en los distintos despachos se deslizaron todo tipo de versiones. Hubo fuentes que refirieron que el titular de Diputados, Martín Menem, no sabía lo que incluía el Presupuesto oficialista en Discapacidad, una cuestión que se debate en la Cámara que preside. Hay voces que mencionaron que ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ni su vicejefe Ignacio Devitt (otro de los arietes con el Legislativo), conocían el texto al detalle. En la Jefatura de Gabinete esta tarde primó el silencio, a la vez que Santilli recibía a gobernadores en un intento de limar las asperezas que se multiplicaban en el Congreso.
Algunos dirigentes apuntaron los cañones contra la Secretaría de Legal y Técnica, ya que marcaron que los textos no salen de Balcarce 50 sin “pasar por el filtro” del área que conduce María Ibarzábal, el “cerebro” caputista y jurídico de la gestión Milei.
Por el contrario, otras fuentes de la Casa Rosada -las únicas que intentaron un justificativo de la norma- refirieron que en el Presupuesto se incluyó el proyecto de Discapacidad “que aprobó el Presidente”, que no es el mismo que Menem y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, debaten actualmente con la oposición ya que, acusaron esas voces, “rompe el equilibrio fiscal”.
Una parte del oficialismo dijo que el Presupuesto se gestó en el Ministerio de Economía, por lo que la cartera de Luis Caputo debía dar las explicaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los voceros del Palacio de Hacienda no dieron declaraciones oficiales.
“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, fue lo único que dijo Milei hoy en Neura.
En la Cámara baja optaron por continuar con el debate en comisiones. Así buscaron calmar las aguas con los socios diciéndoles que las conversaciones mantendrían el sentido que ya traían. La idea del oficialismo en Diputados es lograr dictamen hacia el 23 de septiembre y tratarlo antes del debate del Presupuesto, lo que obligaría -en caso de aprobarse ese proyecto que llaman “superador”- a después modificar la letra del esquema de gastos previstos por el Ejecutivo para el año que viene.
Ahora la pregunta es si el Gobierno no vetará una iniciativa que -pese a estar acordada con los aliados- va a contramano de lo que el mismo Ejecutivo planteó en el Presupuesto.
En los pasillos del Gobierno las especulaciones sobre lo que ocurrió con esta parte del articulado que desató la controversia fueron variadas.
Algunos comentaron que pudo estar vinculado a la interna entre karinismo y caputismo; otros, que tal vez responda a las disidencias dentro del propio Ministerio de Salud; más voces, que se haya incluido para generar ruido público y que así pasen por debajo del radar otros vericuetos del Presupuesto.
“Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer. Tal como lo dice su título, ambos son ‘proyectos’. De manera que está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, refirió esta tarde en el Congreso la diputada libertaria -ex Pro- Laura Rodríguez Machado, a quien el menemismo ungió como “la voz oficial” en materia Discapacidad.
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POLITICA
Causa AMIA: el juez Rafecas sumó a un nuevo acusado para que sea sometido a juicio en ausencia
El juez Daniel Rafecas resolvió este miércoles que Alí Asghar Hejazi sea sometido a juicio en ausencia por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.
La decisión se adoptó a pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, y se fundó en la “actitud obstructiva” del imputado y en la “ausencia de cooperación efectiva” de Irán ante los pedidos de detención preventiva para una eventual extradición.
Hejazi se suma al resto de los iraníes que ya tienen pedido de captura internacional en la causa y fueron incluidos en el mecanismo de juicio en ausencia: Mohsen Rezai, entonces comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; Ahmad Vahidi, responsable de la Fuerza Al Quds; Alí Fallahian, a cargo del Ministerio de Inteligencia; y Alí Akbar Velayati, responsable de Asuntos Exteriores.
Hejazi tiene captura nacional e internacional desde el 10 de abril, cuando fue citado a indagatoria. Ese mismo mes se pidió a Interpol la difusión roja. Se publicaron edictos, se requirió a Irán la detención provisoria con base en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y se notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.
En mayo se le comunicó la declaración de rebeldía por exhortos. El juez consideró cumplidos los requisitos para avanzar sin su presencia y descartó “toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial”.
En la resolución, Rafecas afirmó que el imputado “adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”.
También señaló que, por el rango que ocupó y por la “gran atención internacional” de la causa, resulta “prácticamente imposible” que no hubiera sido informado de los requerimientos. “Pese a tener conocimiento, optó por eludir, no presentarse, responder o acatar” las medidas, concluyó el magistrado.
En el mismo fallo se indicó que las conductas atribuidas pueden considerarse constitutivas de crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, en el centro de Buenos Aires. Murieron 85 personas. Según la acusación fiscal, la planificación, la decisión y la ejecución del operativo estuvieron a cargo de agencias del régimen iraní “estrechamente ligadas” a las oficinas de Khamenei.
La resolución judicial sostiene que la decisión concreta de atentar contra la AMIA se definió en Teherán, en el Comité Vijeh, un organismo estatal encabezado por el líder supremo y dirigido por Hejazi.
Ese comité, de acuerdo con la investigación, reunía información, analizaba el objetivo y elaboraba la propuesta del ataque.
El juicio en ausencia
La Ley 27.784 fue sancionada en febrero de 2025 y se limita la figura del juicio en ausencia a causas de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión o instrumentos internacionales contra el terrorismo.
El 26 de junio de 2025, Rafecas aceptó los pedidos de familiares y de la fiscalía y ordenó el juicio en ausencia. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre. El defensor oficial Hernán Silva apeló y el expediente quedó en Casación.
POLITICA
El presupuesto 2027 para Defensa contempla la compra de tres submarinos por 2300 millones de dólares
Los recursos para el Ministerio de Defensa en 2027 ascenderán a $5,2 billones y crecerán un 20% respecto de este año, por debajo de la inflación anual prevista, estimada en un 30% por analistas privados.
Así se desprende del proyecto del presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla como novedad una autorización al Gobierno para la toma de crédito público con miras a la compra de tres submarinos convencionales, por 2300 millones de dólares, y dos fragatas multimisión, por 1200 millones de dólares.
Ambas posibles adquisiciones se destinarán a la Armada, en momentos en que golpeó con fuerza en el mundo castrense la investigación que lleva adelante la Justicia por maniobras fraudulentas por sumas millonarias en el pago de haberes del personal naval, como denunció la propia Armada en sede judicial.
Este reequipamiento tiene lugar, además, en medio de la creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. La escalada con Gran Bretaña se da, además, en momentos en que la Armada Argentina no tiene submarinos operativos desde el trágico hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017.
Las gestiones que hasta el momento realizó la administración libertaria para la recuperación de la capacidad submarina apuntan a la posible construcción o adquisición de tres submarinos clase Scorpène. El año pasado, el propio presidente Milei declaró en una entrevista que la Argentina negociaba con Francia la compra de submarinos y de buques para patrullaje marítimo.
La mirada está puesta en los submarinos Scorpène, un modelo convencional que ya opera en la Armada de Brasil. El gobierno de Lula Da Silva viene desarrollando, por su parte, la construcción de un submarino de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.
Las cuentas para 2027
A los a $5,2 billones asignados para el instrumento militar del país, en el Ministerio de Defensa suman otros $2,8 billones que corresponden a la seguridad social del personal de las Fuerzas Armadas. Son los retiros y pensiones militares que se canalizan a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), un organismo que funciona en jurisdicción de la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti. Con ese añadido, el presupuesto total es de 8 billones.
En un área en la que cerca del 75% de los recursos se va en sueldos, el presupuesto para el próximo año contempla la asignación de $2,5 billones al Ejército, $1,3 billones a la Armada, $1 billón a la Fuerza Aérea y $63.200 millones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La planificación en el Ejército prevé $1,1 billón para el apoyo al alistamiento operacional, $155.000 millones para el mantenimiento de medios y $46.500 millones para la Dirección General de Inteligencia, entre otros rubros.
El plan prevé la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano, por $37.600 millones. También se espera financiar con $10.000 millones la modernización de la infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, donde se asientan las aeronaves supersónicas F-16 compradas a Dinamarca con el sistema de armas provisto por Estados Unidos.
Las previsiones para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea contemplan la incorporación de seis aeronaves F-16 y la realización de 30 ejercicios militares y 98.300 horas de operación.
En sintonía con la ofensiva del gobierno por fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, se destinarán $30.433 millones a la construcción del muelle en la Base Antártica Conjunta Petrel. A ello se suma el refuerzo presupuestario de $218.000 millones anunciado recientemente por el Presidente para el avance de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Como señaló el sitio especializado Pucará Defensa, es llamativo que el Gobierno no asigne nuevos fondos para esa base, cuando la Armada estimó que su construcción exigirá una inversión de 300 millones de dólares.
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