POLITICA
Cuestionan que el dinero de la venta de un edificio emblemático del INTA haya ido al Tesoro y no al organismo
“El plan de modernización (del INTA) incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble ubicado en Av Cerviño 3101, esquina Ortiz de Campo, en Palermo. Este edificio está valuado en USD 6 millones como precio base. Cuenta con más de 3.100 m2 de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del mal gasto de recursos que implica, la propiedad presenta graves irregularidades como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original del edificio. Y es importante aclarar que lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del propio INTA, y será destinado a financiar lo que debe financiar el INTA, que son investigaciones”. Esto decía el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, el 27 de noviembre de 2024, al presentar “el plan de modernización” que iba a implementar el Gobierno respecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La puesta en venta del emblemático edificio del INTA en una cotizada zona de la Ciudad generó polémica y reclamo de sus trabajadores, ya que cuando se conoció el anuncio, el edificio estaba en pleno uso.
Esa sede del INTA -hoy ya en proceso de demolición- estaba sobre un terreno de 919 m2 y tenía 3.143 m2 de superficie cubierta, según los datos publicados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su web cuando anunció la salida a subasta. Fue el primer edificio del patrimonio del INTA que saldría a remate bajo la gestión de Javier Milei.
Para avanzar con la subasta pública fue necesario una Resolución 70/2024 de la AABE – del 22 de noviembre de 2024 -, y la aprobación de la venta del edificio por parte del Consejo Directivo del INTA votada dos días después.
Esta decisión quedó plasmada en el Acta a la que tuvo acceso Infobae, del 29 de noviembre de 2024, donde quedó por escrito que ese órgano no objetaba la desafectación bajo dos condiciones. Una de ellas era “la asignación correspondiente de recursos luego de producida la venta”.
La “asignación de recursos” citada en la propia Resolución 70/2024 de la AABE y a la que hacía mención la decisión del Consejo Directivo era la establecida en el artículo 57 de la ley 27.341, vigente al momento de que fuera aprobada la venta: el 70% del resultado de la subasta pública iba a ir al INTA, y el 30% restante al Tesoro Nacional.
Así lo había confirmado Adorni en la conferencia de prensa el 27 de noviembre del 2024, dos días antes.
El Consejo Directivo del INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado en octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo; un vicepresidente también nombrado por el ministro de Economía, bajo cuya órbita está el INTA; y un cuerpo colegiado con 5 representantes del sector público y 5 del sector privado, de las entidades agropecuarias.
El emblemático edificio del INTA salió a subasta pública el 23 de diciembre de 2024, con un valor base de USD 6.378.968.
Dos días antes del remate, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen con observaciones, tras identificar irregularidades en las actuaciones administrativas. La Fiscalía especializada intervino a partir de cinco denuncias sobre la presunta venta irregular del inmueble.
Advirtió que “la falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido no surgen en ningún apartado del expediente (…) Respecto al estado de innecesariedad, sólo encuentra sustento en la nota inicial del Subsecretario de Agricultura. Es decir, en la afirmación de un funcionario sin competencia material para dar inicio al trámite que intentó motivar”. La Fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez estableció que ”la subocupación del inmueble, su innecesariedad o incluso el costo que su conservación provoca para las arcas de la Administración, no resultarían más que clichés que intentan brindar una cobertura formal a la decisión política de enajenar el bien en cuestión. De suyo el Presidente del INTA se limitó a expresar que la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos».
La PIA envió ese dictamen a Bronzovich; al entonces presidente de la AABE, Nicolás Pakgojz; a la Jefatura de Gabinete de Ministros; y a la Auditoría General de la Nación.
No obstante esta advertencia, el inmueble del INTA fue adjudicado a la firma Julián Álvarez 1986 SRL en USD 18,5 millones. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, constituida por Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang. Desde el IRSA negaron cualquier vinculación con esa firma, y señalaron que Prubner tiene su propia desarrolladora.
Pero el 70% de ese dinero – unos USD 13 millones -nunca llegó al organismo.
En su informe enviado a la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abril, Adorni confirmó en la respuesta a la Pregunta 729, que esos fondos pasaron íntegramente al Tesoro Nacional por un Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU Nº186/25, dictado el 12 de marzo de 2025.
Este DNU, justifica la modificación del destino de los recursos “en el marco de la emergencia económica y financiera” con el fin de “atender las necesidades del Tesoro Nacional, en aras de mantener el equilibrio fiscal y el sostenimiento de las políticas económicas”.
Reclamo de los sindicatos
Tanto desde del Sindicato General del INTA (APINTA) como desde ATE- INTA objetaron la venta del edificio ante el Consejo Directivo de organismo y, luego, le reclamaron información sobre el destino de los producido por la subasta.
“Presentamos dos recursos administrativos de reconsideración al Consejo Directivo del INTA y al Director de Planificación y Coordinación Estratégica de la AABE (Fernando Galizia), pero no nos contestaron ”, le dijo Paulo García, secretario general de APINTA a Infobae.
“Cuando se aprobó la venta en una reunión del Consejo Directivo, el 29 de noviembre de 2024, estaba vigente una ley que decía que el 70% de lo obtenido volvía al Instituto. Pero después, el Gobierno dictó un decreto para que el 100% pase al Tesoro nacional. Un decreto no se puede aplicar retroactivamente”, agregó quien sucedió a Mario Romero, secretario general del sindicato hasta marzo pasado.
Desde la AABE, señalaron a este medio que “con la entrada en vigencia del decreto (dictado en maro del 2025), los fondos entraron al Tesoro Nacional. El INTA es parte del Gobierno nacional. El reclamo es un tema del gremio y de la interpretación que ellos hacen”.
En tanto, Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA, el otro gremio con representación en el Instituto, vienen denunciando el remate del edificio Cerviño, “desde octubre de 2024, dado que el procedimiento fue, desde un comienzo, irregular”.
Tras su venta, contó que presentaron una nota formal ante el Consejo Directivo preguntando qué había pasado con los fondos, sin respuesta. “También lo hablamos informalmente con el presidente del INTA, en una reunión en la que fuimos a preguntarle y exigirle varias cosas, y no supo qué contestarnos”, afirmó Boedo.
Infobae consultó al INTA ayer por la mañana, pero si bien quedaron en responder, al cierre de la nota a última hora, no había llegado la respuesta.
Traspaso de tierras
Desde APINTA y ATE-INTA también vienen denunciando la “entrega de tierras” a las provincias, como otra “pata” del vaciamiento del Instituto por parte del Gobierno nacional. En varios casos, se trató de una decisión adoptada por el Ejecutivo para saldar deudas con los distritos.
“En los últimos tiempos se entregaron 11.400 hectáreas que eran del INTA en cuatro provincias”, advirtió Boedo. Según el detalle que brindó a Infobae, fueron 1.660 ha en Formosa; 1.800 ha en Chaco; 2.400 ha; 2.400 ha en Bolsón, Río Negro; y 5600 ha en Santiago del Estero. “En los tres primeros casos, fueron cedidos esos terrenos a las provincias; en el caso de Santiago, no lo sabemos”, señaló.
Por su parte, en una conferencia de prensa ayer en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió que “desde el inicio del gobierno de Milei hay un desfinanciamiento y un vaciamiento del INTA de manera continua”.
Ese proceso incluye la venta de inmuebles. En ese sentido, informó que le hicieron un pedido a Milei para administrar terrenos del INTA en más de 10 municipios bonaerenses, en los que que esa cartera quiere realizar proyectos experimentales.
“Solicitamos formalmente al Gobierno nacional que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia del AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario. Porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para la investigación, la innovación y el desarrollo agropecuario”, afirmó.
Retiros voluntarios
El INTA publicó el 30 de abril último la apertura de retiros voluntarios en el organismo, a partir de mayo, con la intención de reducir, al menos, unos 950 empleados la planta. La dotación del INTA, a febrero de este año, era de 6.043 trabajadores, según el INDEC.
El plan de abrir los retiros fue aprobado por el Consejo Directivo del INTA y el Ministerio de Economía debe aprobar los fondos: el costo total estimado para esta etapa asciende a casi $102.000 millones.
“Apruébese, a partir del dictado de la presente medida, el Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, a implementarse desde el 4 hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de prorrogarse – a requerimiento del Consejo Directivo-, por única vez, por el término de quince (15) días corridos, dirigido al personal del INTA”, puede leerse en la resolución firmada por el presidente del organismo.
“No van a conseguir que adhiera ese número de empleados. Entonces, el interrogante es qué puede suceder con el personal si no llegan a ese número, y si van a pasar a gente a disponibilidad”, advirtió Boedo, delegada de ATE.
Para Rodríguez, la reducción presupuestaria que sufre el organismo y la reducción de personal, “afecta fundamentalmente también a las líneas de investigación, que no tienen financiamiento”. Y en ese sentido, también alertó sobre el cierre de 24 agencias de extensión rural, 20 de las cuales estaban en la Provincia de Buenos Aires.
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POLITICA
Dos senadores peronistas declararon su fastidio con la pelea entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner
Atravesado por internas que parecen insalvables, el peronismo no tuvo este jueves mucho margen para celebrar la caída del capítulo de la ley de extranjerización de tierras en el Senado. Justamente dos de sus máximos exponentes en ese cuerpo, José Mayans y Juliana Di Tullio, dedicaron una parte de la jornada a declarar su desconcierto por la persistente pelea política entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
Mayans, que encabezó el bloque peronista en la Cámara alta en la sesión por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, habló más temprano con el streaming Gelatina. “¿Qué les diría Perón a Axel y a Máximo? Que se dejen de romper las pelotas y arreglen el tema», enfatizó sin medias tintas el legislador, que actualmente es uno de los vicepresidentes del PJ a nivel nacional.
De todos modos, Mayans amplió: “Creo que lo van a hacer, porque aman la Patria los dos. Pueden tener diferencias y estoy seguro que van a llegar a un nivel de conversación para poner primero la Patria, después el movimiento y después los hombres”. El senador sugirió, de esa manera, que Kicillof y Kirchner deberían entablar un diálogo que, desde hace meses, no mantienen.
Por su parte, la bonaerense Di Tullio -otra representante del PJ en el Senado- se sinceró: “La discusión me tiene podrida a mí, imagínense al resto”. En declaraciones a El Destape, la dirigente alineada en el kirchnerismo advirtió: “Solo nos interesa a los dirigentes. La gente nos detesta y tiene razón. Me imagino lo que les debe joder a los que sufren todos los días”.
Al igual que Mayans, a quien conoce desde hace años por su actividad legislativa conjunta, Di Tullio buscó aclarar: “A pesar de eso, estoy segura de que (el presidente Javier) Milei no reelige”. De cara a 2027, sostuvo que “el peronismo se va a ordenar, con los instrumentos que tengamos”. Y finalizó: “Si me preguntan a mí, no sé cuáles son las diferencias. Hablo con todos y no les encuentro demasiadas. Es un poco desconcertante”.
Partido Justicialista,Conforme a
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Sturzenegger defendió la fallida modificación a la Ley de Tierras: “Era elegir entre el miedo y la prosperidad”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la modificación a la Ley de Tierras que el bloque oficialista se vio forzado a retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada horas antes de la sesión del Senado. Lo hizo a través de un tuit en el que enmarcó la iniciativa como una disyuntiva entre dos caminos: “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió.
El mensaje del ministro fue una respuesta directa a una publicación del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien anunció la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña por USD 250 millones —un aporte no reembolsable ni compensable— destinado a obras de infraestructura y empleo en la provincia. Sturzenegger felicitó a Orrego y utilizó el convenio como argumento para ilustrar el potencial que, según su postura, habría tenido la reforma que el Senado no llegó a votar.
“Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad”, escribió el funcionario, en referencia a las modificaciones a esa norma que habilitaron inversiones mineras en San Juan. A continuación trazó un paralelo directo: “Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”. La comparación buscaba presentar la resistencia al capítulo eliminado como un error equivalente al que, en su lectura, rodeó en su momento a los cambios en la normativa glaciar.
El capítulo que finalmente quedó fuera del proyecto promovía facilidades para que capitales extranjeros adquirieran tierras en Argentina. La jefa de bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado que la propuesta contemplaba permitir que ciudadanos extranjeros adquirieran hasta el 25% de los terrenos por provincia, diez puntos por encima del límite establecido por la regulación vigente. Aun con esa concesión, la iniciativa no reunió los apoyos necesarios.
La decisión de retirar el apartado se tomó el miércoles por la tarde, tras constatar que las gestiones del oficialismo en el Congreso no lograban sumar las adhesiones requeridas para garantizar su aprobación. Ningún gobernador aliado estaba dispuesto a respaldar esa sección ni a asumir el costo político que implicaba habilitar la media sanción. “Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió ante ese medio una figura de la estrategia comunicacional libertaria.
El capítulo había generado controversia desde su presentación. Su contenido desató manifestaciones en redes sociales y una movilización convocada para la hora de la sesión en las inmediaciones del Congreso. Algunos referentes del oficialismo atribuyeron ese clima adverso a la “oleada nacionalista” que, según su diagnóstico, se intensificó a partir del Mundial, y que habría operado como un factor determinante en el rechazo político al proyecto.
Sturzenegger era el principal impulsor de la iniciativa. El equipo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue el que diseñó el capítulo, y el funcionario venía insistiendo en su aprobación desde comienzos de año. La marcha atrás en la Ley de Tierras se sumó a otros retrocesos que el bloque de La Libertad Avanza debió asumir en el marco del mismo paquete legislativo.
La sesión en el Senado quedó convocada para este jueves desde las 14 horas, luego del cuarto intermedio del mes anterior. El temario que sí se debatirá incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y la llamada ley de fuego —impulsada en su momento por Máximo Kirchner—, cuya derogación habilitaría la venta de tierras afectadas por incendios. El acuerdo entre Orrego y Vicuña, que el ministro tomó como ejemplo de lo que la reforma podría haber replicado a escala nacional, fue firmado tras más de un año y medio de gestiones, según indicó el propio gobernador sanjuanino en su publicación.
POLITICA
La Corte rechazó planteos de una comunidad mapuche que quería ocupar terrenos en Villa La Angostura
La Corte Suprema rechazó planteos de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao que buscaban impedir que se avance con el desalojo de predios ocupados pertenecientes a la municipalidad de Villa La Angostura y a una señora vecina de esa ciudad patagónica.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se pronunciaron en dos expedientes en los que desestimaron los reclamos mapuches.
En uno de ellos, el máximo tribunal rechazó el recurso de la comunidad por incumplimientos formales en la presentación judicial.
En el segundo incidente, la Corte Suprema consideró que era inadmisible el reclamo mapuche invocando el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazarlo sin dar mayores explicaciones.
La comunidad reclamaba la aplicación de de la Ley 26.160 de emergencia territorial y la propiedad comunitaria indígena, para evitar el desalojo de tierra que ocupaban en el Parque Municipal Lago Correntoso.
Sin embargo, ya en diciembre del 2024, la Corte Suprema estableció en la causa “González c/ Colicheo” que esa ley no suspende los desalojos de forma automática ni habilita la violación de la propiedad privada de terceros.
Subrayó que la suspensión de desalojos no opera si la ocupación no cumple los requisitos legales o resulta irregular.
En este caso, la municipalidad de Villa La Angostura entabló una acción contra “toda persona que ocupe” o “pretenda tener derechos” sobre el Parque Recreativo Municipal Lago Correntoso, que estaba siendo reclamado por esa comunidad.
En primera instancia, se hizo lugar a acción y se condenó al grupo mapuche a restituir la posesión del lote y a abonar la reparación de los daños.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia y suspendió el proceso hasta que finalizara el relevamiento dispuesto en la ley dictada en 2006.
El municipio de Villa La Angostura apeló y el Tribunal Superior de Justicia provincial hizo lugar, al destacar los fundamentos del juzgado de primera instancia.
Asimismo entendió que la ocupación del predio se registraba en un lugar donde la municipalidad ubica “las bombas de agua” que prestan servicio a toda la localidad.
También concluyó que la comunidad mapuche no ocupaba ese predio en 2006 cuando se sancionó la ley.
La comunidad presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revirtiera la decisión provincial, pero el documento incumplió los términos de la acordada que rigen la presentación de estos recursos y lo rechazó.
En la segunda causa, se analizó el reclamo de Ana María Bianchedi contra la comunidad mapuche que reclamaba su propiedad como parte de sus tierras ancestrales.
El Tribunal Superior de Justicia provincial había rechazado los argumentos de la comunidad mapuche al señalar que los demandados no habían demostrado ser ocupantes históricos de ese predio y recordó que uno de los integrantes fue procesado por usurpación en 2011.
También destacó que la vecina había demostrado ser la dueña del lugar desde 1970. Los abogados de la comunidad mapuche apelaron, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo por inadmisible.
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