POLITICA
El CFI pagó los gastos de Kicillof y su comitiva durante el viaje a España por una cumbre progresista

Los gastos del viaje a España que realizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a una comitiva provincial, para participar de encuentros con líderes políticos e inversores se financió, en su mayoría, con fondos que la administración bonaerense, como hacen otras jurisdicciones, reserva en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para destinar a ese tipo de actividades.
La comitiva provincial estuvo integrada por siete personas. Además de Kicillof, viajaron Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Jesica Rey (ministra de Comunicación) y Cecilia Nicolini (asesora en Asuntos Internacionales), más dos asesores en comunicación y un encargado de la custodia del mandatario provincial, especificó el diario Clarín.
Según informaron desde el CFI a , el consejo abonó viáticos (gastos y alojamiento) de toda la comitiva, y cuatro pasajes. Según consignó el diario Clarín, Kicillof, Bianco y Nicolini pagaron sus tickets con dinero propio.
“Cada provincia tiene una línea de crédito [en el CFI] para estos viajes, rondas de inversiones, congresos. Los fondos son de las provincias. Hace un mes, con esos fondos los gobernadores de las provincias mineras viajaron a una cumbre minera”, explicaron desde el CFI a .
Desde el gobierno provincial, indicaron a que la comitiva se alojó en los hoteles Meliá (en Madrid) y Olivia Balmes (en Barcelona), y que los pasajes fueron emitidos por las aerolíneas Iberia (el vuelo desde Buenos Aires hacia Madrid) y Air France (desde Barcelona hacia Buenos Aires).
Una noche en una habitación doble del Meliá de Madrid, según los precios que se pueden consultar en la página de Internet del hotel, se ubica entre los US$451 y los US$655. La noche en una habitación doble del Olivia Balmes, también según su página oficial, se ubica entre los US$626 y los US$821.
De acuerdo a la cotización que figura en su página oficial de internet, para reservas hechas sobre la hora de los viajes, un pasaje por Iberia a Madrid se ubica entre $1.879.561 (unos US$1319, en clase turista) y $8.882.282 (unos US$6.237, en clase business). Según la página oficial de Air France, un pasaje desde Barcelona hacia Buenos Aires puede conseguirse entre US$1693 (económica) y US$9154 (business)
En España, donde estuvo entre el 16 y el 18 de abril, Kicillof se reunió con la vicepresidenta española, Yolanda Díaz; con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el presidente de Brasil, Lula Da Silva. Fue parte de la Movilización Global Progresista. Además, tuvo un encuentro con inversores y presentó su libro De Smith a Keynes.
El CFI es un organismo público interestadual integrado por todas las provincias. El dinero que administra proviene de un porcentaje de lo que recibe cada distrito en concepto de coparticipación y sirve para financiar proyectos de desarrollo. Desde 2020, lo conduce Ignacio Lamothe, un dirigente del peronismo que supo tener relación cercana con Eduardo “Wado” de Pedro. Cuando renovó su mandato, en 2024, el presupuesto que manejaba el CFI rondaba los $90.000 millones (es una suma que varía de acuerdo a la recaudación por coparticipación). El CFI funciona desde 1959.
Antes de regresar a la Argentina, Bianco sufrió un cuadro de apendicitis por el que fue operado en una clínica de Barcelona (el Hospital Sanitas Cima), intervención que se afrontó con fondos del seguro de viaje, de la empresa Assist Card, según indicó el propio funcionario en ese momento a . Esa situación hizo que Bianco no regresara a la Argentina junto al resto de la comitiva, a la espera del alta y la autorización médica para abordar el vuelo de retorno al país.
Además de la delegación bonaerense, a España viajó una comitiva del Partido Justicialista nacional, encabezada por De Pedro. Según informaron a desde su entorno, el legislador pagó sus gastos de su propio bolsillo.
otras jurisdicciones,@GPMobilisation,#GPM2026,pic.twitter.com/xYDxqYjgr8,April 18, 2026,Pierde apoyo. Milei sostiene a Adorni, pero crece el malestar por la situación judicial del jefe de Gabinete,Axel Kicillof,España,Conforme a,,El contratista de Adorni. Matías Tabar votó a Milei, se define antiperonista y es proveedor del Estado y deportista,,Crisis en Chubut. Estatales, docentes y médicos se unen para reclamar mejoras salariales y desafían a Torres,,Descargo. La fiscal que investigó la muerte de Nisman pidió que la sobresean por la acusación de encubrimiento,Axel Kicillof,,Legislatura pausada. La interna del PJ frena la integración de la comisión que define cambios electorales en Buenos Aires,,Certezas, rencores y concesiones. Máximo Kirchner busca su reconstrucción,,En redes. Fuerte cruce entre Bullrich y el ministro Alonso por el violento robo a un niño en La Plata
POLITICA
Javier Milei y Victoria Villarruel coincidirán en el acto oficial del 9 de julio en Tucumán

Veinte días después del acto del Día de la Bandera, en el que ni siquiera se saludaron, el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, volverán a cruzarse, esta vez en los actos oficiales del Día de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán.
Todo indica que la frialdad manifiesta del Presidente y su gabinete hacia Villarruel –nadie la saludó en el acto en Rosario- continuará sin cambios en la noche del miércoles, cuando ambos participen de la vigilia y el homenaje a los próceres que, en esa casa, declararon la independencia en 1816. Fuentes del Gobierno y cerca de la vicepresidenta confirmaron a la presencia de ambos en ese acto.
En el caso de Milei, lo acompañará buena parte del gabinete, y hasta el momento confirmaron su presencia once gobernadores, todos aliados permanentes u ocasionales del oficialismo en el Congreso. Muchos de esos mandatarios participaron, la semana pasada, de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Invitada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Villarruel viajará solo con “unas pocas personas, que son parte de su equipo”, según precisaron desde su despacho en el Senado. “El gobierno nacional no invita a la vicepresidenta a los actos oficiales”, aclararon fuentes cercanas a la vicepresidenta.
El Presidente, contaron fuentes oficiales, llegará alrededor de las 23 a la provincia norteña. De allí se dirigirá a la Casa Histórica, y está previsto su discurso pasada la medianoche, ya en los primeros minutos del jueves 9. Villarruel, en tanto, tendrá agenda propia: además de asistir al acto oficial, se tomará un rato para recorrer “algún sector de la industria tucumana”, precisaron desde la vicepresidencia.
“No forma parte del Gobierno”, era el latiguillo con el que el entonces jefe de gabinete Manuel Adorni explicaba la marginación de Villarruel de todas las mesas de decisión del Gobierno. En los últimos meses, la vicepresidenta le devolvía gentilezas, y cada vez que podía hacía alusión a las desventuras judiciales del entonces ministro coordinador, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y dádivas. “Te deseo una cascada de éxitos”, posteó la vicepresidenta en respuesta a un comentario de la red social X, en obvia e irónica referencia a las refacciones que Adorni hizo de su casa en el country Indio Cua.
Un año atrás, en un pico de la situación de tensión entre ambos, Milei llamó a Villarruel “bruta traidora” en un acto de La Derecha Fest, ya con el vínculo totalmente cortado entre ambos. “La primera ley de la política es ignorar y de esto los populistas saben, ¿o acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17 mil millones de dólares? Y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones», dijo Milei en aquel acto, en relación a la aprobación legislativa de la reforma previsional y la emergencia en discapacidad, impulsadas por la oposición en el Congreso.
Los desaires del Presidente hacia su vice se repitieron una y otra vez, con hitos como el Tedeum del año pasado en la Catedral Metropolitana -no la saludó y tampoco al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri– y la inauguración de sesiones del Congreso, el 1° de marzo pasado, en el que ambos se ignoraron a pesar de estar a centímetros uno del otro.
Lejos habían quedado aquellos festejos del 9 de julio de 2024, cuando Milei y Villarruel, subidos a un tanque Tam, participaron del desfile militar por las calles porteñas. Fue la última actividad que compartieron en sintonía, antes que comenzaran las acusaciones de “traición” y de armar un proyecto político propio, dardos que dispararon contra la vice desde la Casa Rosada.
En una semana “corta” por el feriado del 9, el Gobierno adaptará sus principales actividades a los compromisos del seleccionado nacional en el Mundial de fútbol. Para este martes, a las 10.30, está prevista la segunda conferencia de prensa que encabezará el flamante portavoz presidencial, Adrián Ravier. Y la mesa política, anunciada también para ese día y que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se llevaría a cabo antes de la conferencia, o después del partido de la selección contra Egipto, que arranca a las 13.
En la reunión de la mesa política se producirá, según pudo confirmar , la incorporación del también flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, en lugar de Adorni. Cercano a Karina Milei, Fernández se encargará de la estrategia de comunicación oficial, en sintonía con los referentes de esa área en el Gobierno y el Congreso, afirmaron desde un importante despacho.
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POLITICA
Denuncian 220 despidos en una empresa de transporte en la que el hijo menor de Hugo Moyano era delegado gremial

Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución para la cervecería Quilmes, entró en cesación de pagos y cerró sus puertas. Por este motivo, el Sindicato de Camioneros se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió sobre 220 despidos, entre ellos, el de Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero y quien oficiaba de delegado gremial en la compañía con un sueldo mensual de 2,2 millones de pesos a noviembre del año pasado.
El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la más poderosa de las tres cámaras empresarias con las que Hugo Moyano negocia salarios y condiciones laborales. En cada paritaria, es un clásico el apretón de manos entre ellos. Aguilar no respondió a la consulta de , pero desde su entorno confirmaron que la empresa ingresó en cesación de pagos.
La empresa no habría podido hacer frente al último incremento salarial y adeudaría también el pago del medio aguinaldo, según informaron fuentes gremiales. El último acuerdo salarial sellado del Sindicato de los Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector fue de 10,1% en seis tramos mensuales: marzo, 2%; abril, 1,8%; mayo, 1,7%; junio, 1,6%; julio, 1,5%, y agosto, 1,5%. Además, en marzo se abonó una suma fija extraordinaria de $53.000.
El Sindicato de Camioneros denunció que la firma cerró sus puertas sin brindar respuestas y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales para defender los puestos de trabajo. Según informó el sindicato en un comunicado, los empleados despedidos tienen una antigüedad promedio de 26 años de servicio. Durante décadas realizaron tareas para Express Beer en la prestación de servicios para Quilmes.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo este lunes en la planta de la empresa ubicada en el partido de La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa realizó un vaciamiento y retiró las unidades de la planta.
El comunicado gremial indicó que las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, que también prestan servicios para Quilmes, expresaron su solidaridad con los trabajadores de Express Beer y acompañan el reclamo por los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la falta de pago de sueldos y aguinaldo.
Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, exigió hoy a través de las redes sociales que la Cervecería y Maltería Quilmes “garantice el pago de las indemnizaciones correspondientes y disponga la inmediata reubicación de los trabajadores afectados en las empresas que continúan prestando servicios para la compañía”.
Jerónimo Moyano, de 27 años, fue contratado en 2023 en la empresa Express Beer. En paralelo a su tarea en la compañía como delegado gremial, el menor del clan hace de secretario privado de su padre, ocupa un cargo en la Federación Nacional de Camioneros por el que viaja por el país y además está contratado a sueldo en las empresas que tiene su madre, Liliana Zulet, y que prestan servicios al sindicato.
“Va a trabajar casi todos los días”, dijeron en la empresa en noviembre del año pasado, cuando dio detalles sobre los vínculos de Aguilar, el empleador, y el sindicato.
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POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros

El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.

El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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