POLITICA
Los hospitales de la UBA denunciaron que están en riesgo por la falta de fondos y el Gobierno los desmintió
La Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de financiamiento del Gobierno y advirtieron que en 45 días podrían dejar de funcionar si no se revierte la situación. Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los planteos y aseguraron que las transferencias fueron realizadas.
Este martes, los directores de los seis hospitales de la UBA brindaron una conferencia donde aseguraron que Nación todavía no les envió los fondos asignados por el Presupuesto 2026
Se trata del Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En conjunto, atienden a más de 700.000 personas por año.
“Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan. Si esto sigue así, en un mes y medio, no sé si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, relató el doctor y director del Instituto Lanari, Norberto Lafos.
Qué denuncia la UBA
El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, agregó que la red sanitaria de la UBA está “atravesando una situación económica grave” debido a que en los últimos cuatro meses no recibió “ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario”. “¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios. Esto afecta la parte asistencial, porque tenemos que achicar el hospital, y eso significa reducir la cantidad de cirugías, los tratamientos médicos y los gastos”, advirtió.
De acuerdo con los datos que aportaron los directores médicos, los fondos para el funcionamiento deberían haberse enviado en enero, pero no los recibieron y aclararon que “se trata de los mismos montos del año pasado, es decir, no contemplan la inflación del 30% de 2025″.
“Como consecuencia, esto repercute drásticamente en las prestaciones. En este contexto, el Hospital de Clínicas está funcionando entre un 30% y un 50% de su capacidad. Si no se reciben fondos en los próximos días, las plantas hospitalarias se verán muy afectadas; estimamos que esto ocurrirá en los próximos 45 días”, alertó Melo.
El Gobierno, en cambio, afirmó que los fondos cercanos a $80.000 millones ya fueron girados y aseguró que es “inadmisible” que la UBA pretenda “apropiarse” de los recursos asignados a la totalidad de los hospitales universitarios.
“Un comunicado del Ministerio de Capital Humano dado a conocer luego de la conferencia de prensa reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo. En ese sentido, el comunicado señala expresamente que, al mes de mayo, ‘el área aún debe contemplar su distribución eficiente’, refiriéndose a la partida de $79.763.113.948, lo que implica admitir que esos fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”, respondió la UBA.
La respuesta del Gobierno al reclamo de los hospitales de la UBA
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró en un comunicado que los planteos de los seis hospitales de la UBA “son falsos”.
“El Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”, afirmó Pettovello.
Para el Ejecutivo, el reclamo de la UBA “apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948″.
Según la cartera que encabeza Pettovello, la UBA pidió que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, lo que representa el 94,5% de un fondo destinado a todo el sistema universitario nacional.
“De aprobarse ese planteo, quedarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, indicó.
“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.
Hospital de Clínicas , UBA, universidades públicas, Ministerio de Capital Humano
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Renunció el presidente de la obra social de las Fuerzas Armadas en medio de tensiones por el funcionamiento del servicio
El presidente de la obra social de las Fuerzas Armadas presentó su renuncia y sumó otra baja en el Gobierno en un área atravesada por reclamos, deudas y tensión interna. Se trata de Sergio Maldonado, que estaba al frente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada por el Ejecutivo tras la disolución del IOSFA. Fuentes al tanto de la decisión sostienen que en la salida incidió también el impacto que provocó en la estructura militar el suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez.
La salida se produce en medio de un escenario delicado para la cobertura sanitaria de militares, retirados y sus familias. En el oficialismo evitan por ahora hacer una lectura política abierta de la renuncia, pero reconocen que la crisis de la obra social sigue sin encontrar un punto de estabilización.
La trastienda del caso muestra un desgaste que viene de hace meses. La obra social militar arrastra cambios de conducción, reestructuraciones y una transición todavía incompleta desde que el Gobierno decidió dividir el viejo esquema entre la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad. En Defensa admiten que el proceso quedó atravesado por urgencias financieras, reclamos operativos y presión creciente de afiliados y prestadores.
Los últimos datos oficiales del Informe de Gestión 145 confirman la magnitud del problema. El Ministerio de Defensa informó ante Diputados que la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF. En esa misma respuesta, el Ejecutivo señaló que la OSFA reconoce reintegros por consultas, estudios, prácticas quirúrgicas e internaciones y que la nueva obra social se encuentra en funcionamiento desde el 1 de abril de 2026.
El Gobierno sostiene además que la crisis no podía resolverse con un mero cambio administrativo. En el informe, Defensa planteó que las medidas de saneamiento o reestructuración interna eran “razonablemente inviables” porque no alcanzaban para revertir las causas estructurales del problema ni para garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones. También precisó que, al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo.
La crisis financiera tuvo una aceleración marcada en el último año. En junio de 2025, Luis Petri había admitido en Diputados una deuda de $120.000 millones. Menos de un año después, el pasivo oficial informado por Defensa más que se duplicó. El propio Informe 145 agrega que el artículo 9 del decreto ley 637/2013 “no fue debidamente cumplimentado”, que -según la cartera- llevó al desfinanciamiento del IOSFA.
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También señala que el plan de pagos del pasivo se ordena por antigüedad y con prioridad para los casos judicializados, sujeto a la disponibilidad financiera. Lo que viene ahora es una nueva etapa de revisión. Defensa informó al Congreso que Luis Petri había pedido un informe integral sobre los ejercicios 2019-2025 y que el actual ministro, Carlos Presti, solicitó a la SIGEN una auditoría sobre la situación del organismo.
A eso se suma que el IAF otorgó un préstamo al IOSFA en tres desembolsos, con una tasa compensatoria equivalente a una nominal anual del 52,05%, y que hasta la fecha del informe la obra social había abonado 15 cuotas. En el Ejecutivo advierten que todavía no se definió el reemplazante de Maldonado al frente de OSFA.
Gobierno, Fuerzas Armadas
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Confirman el decomiso de los bienes de Martín Báez para cobrar una multa de 274 millones de dólares
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de los bienes de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, para cobrar una multa de 274 millones de dólares que le fue impuesta en la causa de la ruta del dinero K donde fue condenado por lavado de dinero.
El decomiso fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Martín Báez contra la orden de decomiso.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 dispuso avanzar con la ejecución de los bienes que están embargados y congelados para satisfacer el pago de la multa. La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
El tribunal oral que condenó a Báez hijo había dispuesto el 12 y el 20 de noviembre de 2025 ejecutar los bienes cautelados de Martín Báez; y convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la enajenación de los bienes identificados.
La multa fijada para Martín Báez ascendió al equivalente en pesos de 274.364.333 de dólares, según la cotización oficial del dólar minorista vendedor del Banco Central al momento del efectivo pago. Los jueces que rechazaron el recurso de Báez son Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Hornos votó por declarar admisible el recurso, pero rechazarlo en cuanto al fondo. Carbajo, aunque inicialmente entendió que debía declararse inadmisible, quedó en minoría sobre ese punto y, conocido el criterio de sus colegas, adhirió a la solución de Hornos para rechazar la impugnación.
Hornos sostuvo que, si bien la defensa cuestionaba una decisión adoptada en la etapa de ejecución de la pena y que, por ello, correspondía asegurar un control judicial amplio, la pena de multa se encontraba firme y, por lo tanto, debía hacerse efectiva sobre los bienes, salarios u otros ingresos del condenado.
El magistrado rechazó el argumento de la defensa según el cual el juez de ejecución habría ampliado indebidamente el universo de bienes a ejecutar, más allá de los individualizados por el Ministerio Público Fiscal.
Para Hornos, en la etapa de ejecución el juez no está atado al dictamen fiscal, sino que debe realizar su propio control de legalidad y garantizar el cumplimiento de la pena dentro del marco constitucional y legal. Según ese razonamiento, nada impide que el juez adopte medidas para hacer efectiva la sanción pecuniaria.
La defensa también sostuvo que no podía avanzarse con la enajenación de bienes sin resolver antes la alternativa del pago en cuotas.
Borinsky votó en disidencia parcial. A diferencia de la mayoría, propuso hacer lugar parcialmente al recurso de la defensa, anular los decretos de decomiso del 12 y 20 de noviembre de 2025 y reenviar el expediente al tribunal de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento luego de una debida sustanciación.
Para Borinsky, el tribunal de ejecución había avanzado con la liquidación de bienes sin resolver fundadamente el pedido del pago en cuotas de la multa. También propuso apartar a la UIF del rol de querellante, aunque dejó a salvo la validez de los actos ya cumplidos. En cambio, rechazó el planteo relativo al apartamiento de ARCA.
La Cámara Federal de Casación ya había confirmado la condena de Lázaro Báez por lavado de dinero, aunque la redujo de 12 a 10 años de prisión, y absolvió a sus hijas.
Para que exista el delito de lavado se debe establecer qué delito precedente originó ese dinero; en la sentencia de hoy, Casación consideró que fue la evasión fiscal y no la corrupción de la obra pública de Austral Construcciones investigada en la causa Vialidad, lo que derivó en el lavado de activos.
Asimismo, el fallo confirmó la existencia de un mecanismo societario y financiero sofisticado, incluyendo la utilización de sociedades “pantalla” para eludir los controles fiscales, permitiendo el movimiento de dinero por transacciones en distintos bancos internacionales, y su repatriación mediante operaciones de aparente legalidad, por una suma total equivalente a U$D 54.870.000 durante el 2010 y 2013.
El monto coincide con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez. La condena estableció multas por 330 millones de dólares y decomisos por 65 millones de dólares.
Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas: Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Juan Alberto De Rasis, Julio Enrique Mendoza, Leandro Antonio Báez, Walter Adriano Zanzot, Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Alejandro Ons Costa.
Las dos hijas de Báez, Melina y Luciana, fueron absueltas.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Antiperonista y corredor del Ironman: quién es Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country de Adorni
El nombre de Matías Tabar comenzó a circular en las últimas horas después de que fue llamado como testigo en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según su declaración, aseguró que el jefe de Gabinete le pagó USD 245 mil por las refacciones en su casa del country Indio Cuá, que incluyeron la construcción de una cascada.
Tabar es un contratista socio del grupo Alta Arquitectura, empresa que construyó junto a un matrimonio amigo. De acuerdo a lo que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita, el trabajo en la vivienda se realizó entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.
La casa era de unos 400 m² y se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.
En ese marco, el testigo presentó ante el fiscal toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y el después.
Sin embargo, el perfil de Tabar comenzó a conocerse con el correr de las horas. Primero, se supo que la firma que creó en 2021 fue la que contrató el ministro coorinador para llevar a cabo las obras. La misma se dedica a la consultoría, el desarrollo y control de proyectos de obras públicas y privadas, construcción, decoración, operaciones inmobiliarias y financieras relacionadas.
A su vez, se conoció que fue contratado en varias ocasiones por la municipalidad de Exaltación de la Cruz, misma localidad donde se ubica el country de Manuel Adorni. La última licitación municipal que aparece registrada es del año 2021 para la compra de equipamiento para cámaras de seguridad por un monto de más de 3 millones de pesos.
Previamente, aparece en otras dos licitaciones, del año 2021 y 2019. En la primera, para la misma compra de cámaras de seguridad, se le adjudicaron poco más de 800 mil pesos, mientras que en la segunda fue para la compra de resmas de papel por $172.550.
En tanto, en sus redes sociales se muestra con dos facetas bien diferentes. Por un lado, dedica posteos casi exclusivos a su pasión, que es el triatlón. Más específicamente, es corredor de las prubeas de ultraresistencia conocidas como Ironman.
Una de las pruebas que adjudica haber corrido es la Ironman 5150 que consta de 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie, totalizando 51,5 km. En Argentina participó de la carrera que se realiza en San Juan y consta de 1,9 km nadando, 90 km en bici y media maratón.
Asimismo, también es abiertamente antiperonista. En varias ocasiones, reposteó publicaciones en Facebook en contra de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa, durante el año 2023.
Incluso, rechazó una posible candidatura de Axel Kicillof pensando en el 2027 y apuntó contra sindicalistas como Roberto Baradel.
En la red social Threads, comentó un posteo apoyando fuertemente a Manuel Adorni que lo definía como “el domador número 1“, antes de que se conozcan los avances judiciales en la causa que investiga tanto la remodelación en el country mencionado como la compra de un departamento en Caballito.
La declaración de Tabar y la mira nuevamente sobre Adorni
El testigo se presentó ayer antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.
“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.
Esto llevó a tener a Adorni nuevamente en la mira y ahora se conoció que, entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales.
Además de la casa refaccionada que costó 245 mil dólares, la familia Adorni alquiló otro inmueble en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz, para lo que destinaron otros 13.000 dólares.
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, ya había detectado otros gastos en las últimas semanas: 30.000 dólares que le pagó a dos jubiladas por el departamento Caballito; otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.
Así, solamente en el segmento de propiedades, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares. Todo ocurrió desde la llegada del ministro coordinador al poder, y mientras cobraba un sueldo de unos $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.
Otro dato que surge del expediente es que el jefe de Gabinete compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos inmuebles están a la venta.
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