POLITICA
El Gobierno está cerca de llegar a un acuerdo con las universidades, pero la demanda ante la Corte se mantendrá
El Gobierno y las universidades públicas quedaron a un paso de cerrar un acuerdo para descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. Según confirmaron fuentes universitarias a TN, la Casa Rosada cedió en uno de los principales puntos de disputa: ya no exige que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario para avanzar con el entendimiento.
Aunque todavía restan resolver algunos aspectos técnicos, las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De no surgir nuevos obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado entre este martes y el miércoles.
De esta manera, las universidades mantendrán vigente la presentación judicial que actualmente debe resolver la Corte Suprema, mientras que el Ejecutivo avanzará con una recomposición salarial para docentes y no docentes en los términos que ambas partes vienen discutiendo desde la semana pasada.
La propuesta contempla un incremento del 24,33%, distribuido en dos etapas: un aumento del 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para más adelante, en octubre. Según explicaron desde el sector universitario, la recomposición busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
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El entendimiento también incluiría otros compromisos presupuestarios. Entre ellos figura un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas, y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.
Además, las conversaciones abarcan una discusión específica sobre la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años.
Las negociaciones son encabezadas por el Gobierno y las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto marcado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una disputa judicial que permanece abierta.
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Hasta ahora, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo era la exigencia oficial de que las universidades desistieran de la demanda presentada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
La comunidad universitaria, en cambio, recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
Desde las universidades habían manifestado en los últimos días que no estaban dispuestas a resignar ese resguardo judicial como condición para alcanzar un acuerdo presupuestario. Según indicaron a TN, retirar la demanda tampoco contaba con consenso dentro de la propia comunidad universitaria.
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Con la decisión del Gobierno de flexibilizar esa exigencia, las partes lograron acercar posiciones y encaminar una salida negociada al conflicto. No obstante, la resolución definitiva del expediente judicial seguirá dependiendo de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para pronunciarse.
Mientras tanto, persisten las reservas entre los gremios docentes. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir la reapertura de las negociaciones paritarias.
La organización también convocó a clases públicas y otras actividades de protesta en distintos puntos del país. Las medidas se suman a las movilizaciones realizadas durante las últimas semanas por estudiantes, docentes y autoridades universitarias para reclamar mayores recursos para el sistema.
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Presupuesto: comenzó el debate y ya se prevé el llamado a sesiones extraordinarias para aprobarlo
La Cámara de Diputados y el bloque de La Libertad Avanza ya planteó un cronograma estableciendo una posible fecha para llevar el debate por la ley de presupuesto 2027 al recinto.
Esa hoja de ruta que estableció Diputados confirma que el Gobierno nacional llamará nuevamente a sesiones extraordinarias, ya que con este esquema el Senado sólo tendría una semana para tratar el proyecto de ley en Comisión y llevarlo al recinto antes del 30 de noviembre que es cuando termina el período ordinario.
Esto no sería posible teniendo en cuenta que el reglamento establece que, como mínimo, la Cámara Alta necesita dos semanas para el tratamiento de una ley ya que señala de manera expresa que tienen que pasar 7 días corridos entre el dictamen y que el proyecto sea tratado en el recinto.
Como sucede desde hace tres años, la oposición reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, algo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, adelantó que solo sería posible “si queda algo en el tintero”, dejando entrever que se mantiene la negativa del ministro de asistir al Congreso de la Nación.
En lo que será el recorrido de la comisión, el bloque de LLA planteó que hoy expondrá el secretario de Presupuesto, Carlos Guberman; y mañana por la mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
El debate se retomará el martes 20 de octubre y se espera la asistencia de “alguien de Educación”. Continuará con otra reunión informativa el 27 de octubre sin anunciar la presencia de ningún funcionario.
Por último, el bloque de LLA adelantó que el miércoles 28 de octubre se buscará dictaminar y que pediría una sesión para el 18 de noviembre.
“Entre el dictamen y la sesión tenemos la visita del Papa León XIV y están las elecciones de los Estados Unidos que muchos diputados hemos sido invitados, por eso la intención es la de ir a una sesión a mediados de noviembre”, explicó el presidente de la Comisión.
Guberman comenzó su exposición haciendo referencia a “lo que nos encontramos y lo que hicimos estos tres años”. En ese esquema arrancó señalando que el gobierno obtuvo “rápidamente” superávit financiero y luego hizo foco en el proceso inflacionario. “Mientras en promedio los habitantes del planeta se volvieron 20% más ricos, nosotros nos volvimos 10% más pobres los últimos 12 años antes de iniciar la gestión”, agregó.
El funcionario señaló que los dos “grandes ejes” de la gestión son “el ordenamiento cambiario y financiero y el otro recuperar la competitividad”, e hizo referencia a la eliminación del cepo, la prohibición de la emisión, etc.
En un tono monocorde, Guberman fue enumerando los logros económicos de la administración de Javier Milei. En ese sentido, se refirió a uno de los puntos más discutidos en el Presupuesto y es la obra pública. “Recibimos 2239 ‘cosas’, se realizó una auditoría y se dieron de baja 1683 contratos o convenios”. Además se transfirieron 457 obras y quedaron 199 bajo gestión directa, de las cuales 55 se han finalizado y el resto está en ejecución este año que forman parte del presupuesto que estamos discutiendo».
Como el Ejecutivo no planea enviar muchos funcionarios a defender el proyecto, Guberman amplió su exposición a sectores que no están bajo su órbita. En este punto, y luego que Benegas Lynch confirmara que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, no asistirá a explicar el programa financiero, Guberman señaló que “creció el porcentaje del Presupuesto asignado a Servicios Sociales. Estamos duplicando la partida presupuestaria para la atención de salud para las personas con discapacidad, con la previsión del financiamiento en el 100% de la partida que se demande. Si se duplica la cantidad de personas que se ven necesitadas, está previsto el gasto de cobertura de salud”. Tanto es así que dijo que “por más que se duplica el gasto en Pensiones No Contributivas, si todos los individuos que tienen CUD deciden pedir la pensión y cumplen los requisitos, está cubierto el 100% de las pensiones”.
Recesión, trabajo y discapacidad
El debate comenzó con la diputada Julia Strada preguntándole a Guberman si entiende que el tercer trimestre va a tener recesión. El funcionario negó con la cabeza que vayan a caer en recesión por lo que la diputada señaló que “es una pena que vengas a mentirnos porque tenes los números que dicen que sí”.
Luego la diputada señaló que la proyección de inflación “establece un piso de 1,4% acumulativo por mes. Esto significa que no habrá inflación 0% como promete Milei”.
Además, señaló que el Gobierno proyecta un incremento de 60% para el 2027 en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La pregunta de la oposición es si esto va a impactar en el precio de los combustibles.
Respecto de este punto, la diputada Tolosa Paz hizo referencia a que en el texto que presentó el oficialismo “derivan el 50% -del impuesto a los combustibles- a la timba financiera y nos devuelven 160 km de autopista y 10 km de rutas”.
Guberman respondió que prevén un alza del empleo formal y del salario real para compensar la caída en la recaudación. “El empleo formal va a seguir creciendo, no hay destrucción de empleo formal” aseveró el funcionario.
El funcionario respondió respecto del impuesto vial que “en la Dirección Nacional de Vialidad están contemplados 28.445 kilómetros para mantenimiento y construcción de rutas nuevas por más de 1.000 kilómetros”, en respuesta a Tolosa Paz.
Respecto de Discapacidad, Tolosa Paz preguntó si se mantiene el articulado del proyecto original que desmantelaba el sistema o si se tomaba el dictamen del oficialismo que dejaba afuera estos artículos y armaba un proyecto nuevo.
Aunque en una primera instancia el funcionario de Economía evitó responder, frente a la insistencia Guberman respondió de una manera llamativa.
En la previa a la movilización del jueves, el funcionario dejó en claro que no van a retirar el articulado original y que la Casa Rosada mantiene su posición. “Siempre es el proyecto de ley del Ejecutivo, El Congreso puede opinar algo diferente. Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa -mantener los artículos que eliminan el nomenclador único y propone la incompatibilidad laboral-, los bloques del Congreso tienen una posición distinta”.
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POLITICA
Hotesur-Los Sauces: habrá una audiencia clave para reunificar los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo
La Cámara Federal de Casación Penal realizará este jueves una audiencia clave para decidir la reunificación de los juicios contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por los casos Los Sauces y Hotesur, en los que ambos están acusados de integrar una asociación ilícita y de lavado de dinero.
El tribunal podría así disponer que ambos juicios, juntos, comiencen como estaba previsto el 23 de octubre próximo.
En paralelo, Cristina Kirchner confía en que este mes se conozca un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que pregone la anulación de su condena por la causa Vialidad, que la mantiene detenida y con prohibición de postularse para ocupar cargos públicos.
Es una estrategia que tiene pocas chances de prosperar, pues la justicia argentina ya dictó una sentencia que está firme y que no está dispuesta a revisar más allá de una opinión favorable a la expresidenta de un organismo internacional.
El debate por la reunificación de los casos Los Sauces y Hotesur se da en medio de una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco, que se opuso a la división en dos del juicio.
Los jueces del Tribunal Oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces habían decidido de manera unánime que el 23 de octubre comience el juicio oral por Los Sauces y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027.
Pero el fiscal Velasco se opuso porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar a una condena.
Teme la fiscalía que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos. Además, hay razones jurídicas para sostener la reunificación, como por ejemplo que se trata de la misma maniobra.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar habían convocado a una audiencia el 15 de octubre para instar a que comience el proceso oral, pero ahora revisarán también la decisión de partir los juicios.
Esto es porque el fiscal ante la Casación, Mario Villar, los notificó de esta decisión que a su juicio pone en riesgo la acusación.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Nexos con Báez y López
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero en el que Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción del fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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El Gobierno prevé que el vicepresidente de EE.UU. llegue al país la tercera semana de noviembre y avanza con el operativo de seguridad
El Gobierno espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegue a la Argentina durante la tercera semana de noviembre y comenzó a coordinar con Washington los preparativos de la visita. La fecha exacta todavía no está cerrada, pero en Nación ubican el viaje después del paso del papa León XIV por el país y ratifican que la iniciativa partió de la administración de Donald Trump.
La organización ya tuvo una primera avanzada estadounidense para trabajar sobre logística, seguridad y agenda. La Casa Rosada considera confirmada la visita y mantiene como principal actividad una reunión de Vance con Javier Milei. El esquema inicial contempla entre dos y tres días en la Argentina.
El cálculo oficial ubica la llegada a partir de mediados de noviembre, con la tercera semana como principal ventana. El viaje será parte de una recorrida regional, aunque Washington todavía no informó públicamente qué otros países integrarán el itinerario ni el orden de las escalas.
La secuencia se definió también en función de la visita de León XIV. El Vaticano mantiene programada la presencia del Papa en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, la Argentina y Perú. El pontífice será recibido por Milei en la Casa Rosada el 8 de noviembre y partirá hacia Lima el 11.
La gira papal continúa oficialmente en pie pese a que León XIV ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención por un nódulo pulmonar. El Vaticano prevé aproximadamente una semana de recuperación y, hasta ahora, no modificó el viaje sudamericano programado entre el 6 y el 17 de noviembre.
Antes de que Vance llegue a Buenos Aires, Christopher Landau, subsecretario de Estado y número dos de Marco Rubio, que tiene previsto viajar el 21 de octubre junto con Juan Pablo Segura, responsable de la política estadounidense para el Hemisferio Occidental. Parte de esas conversaciones servirá para seguir preparando la visita del vicepresidente.
La agenda de Landau y Segura incluirá además seguridad, cooperación contra el crimen organizado y el pedido argentino para incorporarse al Programa de Exención de Visa. Washington y Buenos Aires profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica en materia de narcotráfico.
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