POLITICA
Más fondos para hospitales, becas y salarios: los detalles del acuerdo que busca cerrar el Gobierno con las universidades

El Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes mantendrán este miércoles una nueva reunión con el objetivo de cerrar un aumento en los fondos para las universidades públicas y un incremento salarial para los profesores. El encuentro, previsto a las 13, llega después de varias semanas de negociaciones y con una demanda ante la Corte para que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento.
Fuentes de la conducción universitaria indicaron a TN que las conversaciones continuaban activas y que algunos sindicatos todavía estaban realizando consultas internas antes de definir su postura final ante la oferta oficial.
“La idea es que sea un esquema con todos los actores involucrados”, señalaron desde las casas de estudio. En el mismo sentido, agregaron que “hay gremiales que todavía están en consultas y resuelven esta mañana, pero el acuerdo podría anunciarse hoy mismo”.
Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: qué aumento salarial se negocia
Según el borrador que negocian el Gobierno y las universidades, la iniciativa contempla una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes.
El esquema prevé un aumento del 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y una nueva suba del 3% en octubre, calculada sobre los haberes de septiembre.
La actualización busca compensar el atraso acumulado durante 2025, cubrir la inflación registrada hasta mayo de este año y sumar una mejora adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
Además, el acuerdo establecería que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, uno de los reclamos históricos de los sindicatos del sector.
Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: qué aumentos plantean para el financiamiento
La propuesta en discusión no se limita a los salarios. También incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026.
A eso se suma un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Pese al avance de las negociaciones, el conflicto por el financiamiento universitario no quedará completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras el Gobierno sostiene que volverá a discutir el esquema de partidas durante el debate del Presupuesto 2027.
El Gobierno busca cerrar el conflicto salarial sin renunciar a una nueva ley universitaria
Como informó TN, en la Casa Rosada buscan presentar el acuerdo con las universidades y los gremios como una herramienta para descomprimir el conflicto salarial que atraviesa al sector, pero sin abandonar el planteo de fondo sobre el esquema de financiamiento.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario vigente incrementa el gasto público sin establecer una fuente específica de recursos para cubrirlo y, por ese motivo, considera que la discusión debe darse dentro del marco general del Presupuesto nacional.
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Con esa lógica, el Gobierno prevé volver a impulsar cambios en el financiamiento de las universidades durante el debate del Presupuesto 2027. En Balcarce 50 entienden que esa instancia permite ordenar el costo fiscal del sistema universitario junto con el resto de las prioridades del Estado.
La postura oficial se da, además, en un contexto de ajuste de las cuentas públicas: hace menos de un mes, la administración de Javier Milei aplicó una reestructuración presupuestaria cercana a los $2,5 billones que incluyó recortes en educación, universidades, obras públicas y otros programas, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.
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POLITICA
Buscan prohibir las caravanas de motos en La Plata y fijaron multas millonarias con un nuevo proyecto

Las ciudad de La Plata busca hacerle frente a la problemática del aumento de las picadas clandestinas y la circulación imprudente de motociclistas. En este sentido, el presidente del bloque de concejales de Pro, Nicolás Morzone, elevó al Concejo Deliberante un proyecto para prohibir las caravanas de motos y toda “concentración o desplazamiento masivo” de este tipo de vehículos en la localidad bonaerense. La propuesta forma parte de un plan que el legislador denominó “Antifisuras”, vinculados al orden público y la seguridad urbana.
El funcionario consideró que estos eventos no solo provocan molestias, sino que también causan serios accidentes de tránsito. Es por esto que prevé que las motos involucradas sean secuestradas de forma preventiva; además pide que se impongan fuertes multas para los participantes y sanciones para quienes convoquen o difundan este tipo de encuentros a través de las redes sociales.
El proyecto que ingresó al Concejo Deliberante de La Plata, según consignó 0221, establece multas de entre 1500 y 5000 módulos, además de lo que conlleve el acarreo y la estadía del vehículo secuestrado. El valor del módulo es de $2215, por lo que las multas podrían oscilar entre los $3.322.500 y $11.075.000. Aquellos que circulen sin registro, patente, seguro obligatorio, documentación o con escapes antirreglamentarios tendrán las penalidades más altas.
Asimismo, las penas se agravarán en función de la cantidad de vehículos que estén involucrados. Es decir, cuando la concentración supere las 20 motos, la multa aumentará un 50%; si supera las 50, se duplicará; y si reúne a más de 100, podrá triplicarse. En los casos agravados por la cantidad de motos, las sanciones podrían superar los 33 millones de pesos.
Aquellos que “convoquen, organicen o difundan” estos encuentros serán considerados “responsables solidarios” y podrían recibir sanciones equivalentes a las de los participantes. La iniciativa pretende prohibir las caravanas que obstruyan la circulación, generen ruidos molestos con el sonido de las aceleraciones, desobedezcan las señales de tránsito o “alteren el orden público”.
Morzone definió la problemática de las motos como una “nueva, expansiva y crónica patología degradativa urbana” que genera “intimidación colectiva, perturbación de la tranquilidad pública y desestabilización del orden público”. Según consideró, en La Plata rige una “emergencia en seguridad pública” debido a la “ausencia total de controles” llevados adelante por la municipalidad.
También aseguró que existe un antecedente aplicado en otros municipios bonaerenses como Escobar, Mar del Plata, Junín, Trenque Lauquen, General Villegas y Coronel Suárez.
Recientemente, y en el marco del mismo plan, ya había querido implementar medidas similares cuando presentó un proyecto para prohibir el ingreso a la cancha de los hinchas de Estudiantes y Gimnasia acusados de vandalismo.
Con el objetivo de endurecer las sanciones incluidas en el Código de Convivencia Urbana, Morzone buscó incorporar a la Ordenanza N°12.170 la figura de “violencia urbana con motivación deportiva”, que abarca contravenciones como pintadas, graffitis, daños o intervenciones sobre el espacio público cuando estén vinculadas a la identificación o rivalidad entre clubes. En la actualidad, este tipo de contravenciones son sancionadas con multas y trabajo comunitario.
De acuerdo con el texto de la norma, se habilitará la aplicación de sanciones adicionales como la inhabilitación para comprar entradas o abonos, la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos en La Plata y la imposibilidad de participar en actividades organizadas o autorizadas por el municipio por un plazo de entre 2 y 5 años en casos de reincidencia.
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POLITICA
El Gobierno busca recuperar la iniciativa en Diputados y avanza con el super-RIGI y la ley de lobby

El Gobierno buscará hoy recuperar la iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados con el avance de dos proyectos que considera estratégicos: la ley de lobby y el denominado super-RIGI.
La agenda legislativa comenzará a las 11 con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. Más tarde, a las 14, se reunirá el plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia para debatir el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (super-RIGI), orientado a industrias tecnológicas y de innovación.
La intención del oficialismo es volver a convocar ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejar los proyectos listos para ser tratados en una sesión prevista para el 24 de junio. En esa misma jornada también se debatiría la iniciativa que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.
La fecha forma parte del cronograma de trabajo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comunicó la semana pasada a los jefes de los principales bloques parlamentarios.
La apuesta por una ley de lobby
Con el proyecto sobre gestión de intereses, el Gobierno busca establecer un marco regulatorio para las actividades de lobby ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de transparentar los contactos destinados a promover intereses sectoriales o influir en la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso.
La iniciativa propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse los lobistas. Además, exige la presentación de declaraciones juradas en las que se identifiquen los intereses representados, los clientes y los beneficiarios de cada gestión.
También establece que los registros deberán incluir la fecha, la hora y la modalidad de cada contacto, la dependencia en la que se realizó la reunión, el beneficiario o cliente involucrado y un resumen de los temas abordados.
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El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas. Las multas podrán alcanzar los 500 salarios mínimos y, en los casos más graves, derivar en la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby.
Asimismo, prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes incurran en representación clandestina de intereses extranjeros, además de una inhabilitación especial por un plazo equivalente al doble de la condena.
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La iniciativa también impone obligaciones a los funcionarios públicos. Tanto integrantes del Gobierno nacional como legisladores deberán informar las audiencias que mantengan con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.
De acuerdo con el oficialismo, el proyecto podría reunir respaldo suficiente para obtener media sanción debido a las coincidencias existentes con sectores de la oposición dialoguista respecto de la necesidad de otorgar mayor transparencia a una actividad que históricamente se desarrolló con escasa regulación en la Argentina.
El oficialismo avanza con el super-RIGI

La otra iniciativa que comenzará a debatirse este miércoles es el llamado super-RIGI, un esquema de incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos e industriales que no habían sido contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado dentro de la Ley Bases.
Fueron invitados a exponer el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.
El proyecto apunta a atraer inversiones de gran escala vinculadas con la industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; la producción de baterías; el desarrollo de energías renovables, incluido el hidrógeno verde; la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares; reactores nucleares pequeños y medianos; semiconductores; inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos.
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Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán alcanzar un mínimo de US$ 1000 millones, muy por encima de los US$ 200 millones exigidos por el RIGI original.
A cambio, las empresas obtendrían estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período de 30 años. El régimen tendría una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.
A diferencia del RIGI vigente, el nuevo esquema excluye proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura. Tampoco permite incorporar ampliaciones de emprendimientos ya existentes.
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Entre los beneficios previstos figura una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, un sistema de amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales.
Además, los quebrantos podrían deducirse sin límite temporal. Los dividendos tributarían una alícuota del 7%, que se reduciría al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen.
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El proyecto también contempla la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.
En materia cambiaria, establece una disponibilidad progresiva de las divisas provenientes de exportaciones. A partir del tercer año, los inversores adheridos podrían disponer del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
Diputados, RIGI, La Libertad Avanza
POLITICA
A horas de presentar su declaración jurada, Adorni bajó el perfil y fue relegado del juego político

Un mes sin conferencias de prensa. Menos fotos con gobernadores, ahora a cargo casi en su totalidad del ministro del Interior, Diego Santilli. Viajes internacionales cancelados y escasísimas apariciones televisivas y radiales. Nula participación en el armado libertario porteño que lo tenía, luego del triunfo electoral de mayo del año pasado, como uno de sus principales protagonistas.
En vísperas de la presentación de su declaración jurada, prometida hace un mes por el Presidente, y luego de acogerse al nuevo régimen de la ley de inocencia fiscal que evita sanciones para quienes exteriorizan activos e ingresos no declarados, Manuel Adorni sigue contando con el pleno respaldo de Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Sin embargo, el jefe de Gabinete mantiene un llamativo bajo perfil, que coincide con la decisión de defenderse “en la Justicia” de las investigaciones vinculadas a su crecimiento patrimonial. Se quedó, sin dudas para propios y extraños, con un mínimo porcentaje del juego político que solía tener antes del fatídico mes de marzo, cuando la participación de su esposa en una viaje oficial a Nueva York y la revelación de un vuelo privado a Punta del Este pusieron sobre la lupa los gastos de Adorni y dieron paso a una causa penal por enriquecimiento ilícito.
“Las tareas que cumple son las mismas de siempre, probablemente lo que bajó fue su perfil público”, afirma un miembro importante del oficialismo. La presencia de Adorni en su canal de WhatsApp y en las redes sociales se mantiene, aunque con un tono menos agresivo e irónico que el que solía utilizar en la previa de los sacudones políticos y judiciales recibidos en los últimos tiempos.
“Probablemente esta semana Manuel va a presentar su declaración, y ahí va a quedar todo claro”, afirmó a este diario uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Gabinete, sin dar una fecha exacta. “No se atrasó, en todo caso se va a adelantar, la fecha de presentación es el 31 de julio”, retrucó el funcionario en defensa de Adorni, que este año –a diferencia de los anteriores– apenas le escribió a un par de periodistas para saludarlos por su día.
El contacto con la prensa acreditada en Casa Rosada, ya deteriorado desde que comenzaron a salir a la luz sus gastos en viajes y la compra de propiedades, se cortó de cuajo luego de su última conferencia de prensa, el 4 de mayo, cuando los periodistas –hoy con restricciones para desarrollar sus tareas en Balcarce 50– le pidieron precisiones sobre las causas en las que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
También el vínculo con los gobernadores luce más distante, a pesar de que una resolución firmada por el Presidente a principios de marzo establece como necesaria la firma de Adorni para distintas erogaciones del Estado, entre ellas el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), vitales para las alicaídas cuentas provinciales.
Una de sus últimas fotos con mandatarios data del 11 de marzo, en el contexto del Argentina Week en Nueva York, y allí se lo ve junto a Marcelo Orrego (San Juan), los radicales Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), el peronista Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén).
Por aquellos días de marzo, luego de conocida la presencia de su esposa Bettina Angeletti como parte de la delegación oficial, comenzó la catarata de denuncias que llegaron a la Justicia, y la relación con los mandatarios provinciales quedó a cargo de Santilli y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, quien participó de recientes encuentros con Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), la semana pasada.
“Un par de veces estábamos reunidos con Santilli y pasó a saludar”, comentaron cerca de uno de los mandatarios provinciales que negocia con Santilli fondos para su provincia y la eliminación –o al menos la suspensión– de las PASO para el año próximo. Algunos de los gobernadores afines, cuentan voces dentro y fuera del Gobierno, eluden de modo elegante mostrarse con el jefe de Gabinete. En otros casos, como en la visita a Mendoza, el 14 del mes pasado, la foto se produce, aunque la cercanía con Adorni pareció incomodar al gobernador radical Alfredo Cornejo, con Karina Milei como gestora del encuentro.
“No se entiende por qué lo sostienen. Así no les sirve como jefe de Gabinete”, se lamentó un integrante del universo libertario que se mueve con soltura a ambos lados de las internas entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, ambos participantes de la mesa política que sigue convocando Adorni por orden presidencial, y que se reunirá otra vez este jueves.
Cerca de la senadora Patricia Bullrich, que a principios de mayo le pidió a Adorni que presente “de inmediato” su declaración jurada y generó un terremoto en el Gobierno, sospechan que el jefe de Gabinete karinista le “demora” la invitación a cada reunión para fastidiarla. De hecho, en la tarde del martes la senadora no había sido notificada sobre el cónclave. El pasado 2 de junio, como contó Clarín, ambos participaron de la celebración del día nacional de Italia, pero no se cruzaron.
Bullrich es hoy la figura libertaria mejor posicionada para la jefatura de gobierno porteña, aunque ella misma deja trascender que ser alcalde no es su principal ambición. Devaluado por las denuncias judiciales, Adorni −a quien se mencionaba como candidato a jefe de gobierno luego de su triunfo electoral de mayo de 2025− fue uno de los ausentes en la reciente inauguración de la escuela de dirigentes libertarios, el lunes pasado en el barrio porteño de Recoleta, escuela en la que enseñarán los ministros Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo, dos de los que suenan como eventuales candidatos libertarios “puros” en la próxima elección porteña.
Los ministros del gabinete, que se juntaron para apoyar a Adorni el 29 de abril, antes de su exposición ante el Congreso, oscilan entre el silencio y la expectativa. Esperan que al ruido que seguramente seguirá a la presentación de los números le siga una etapa de mayor tranquilidad, con el campeonato mundial como aliado.
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