POLITICA
Manuel Adorni solicitó ingresar al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó hoy su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la “Ley de Inocencia Fiscal”, según consta en registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cotejó .
La solicitud fue presentada esta mañana, apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, también se adhiriera al mismo esquema de regularización tributaria. Ambos movimientos configuran una estrategia convergente dentro del mismo núcleo familiar en un contexto de creciente escrutinio público sobre su situación patrimonial.
De acuerdo con la constancia de inscripción obtenida por este medio, Adorni requirió su inclusión en el régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. El documento también indica que el funcionario ya se encontraba inscripto previamente en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, lo que plantea interrogantes sobre las razones que motivaron esta solicitud tardía de cambio de régimen.
El régimen simplificado establece un esquema declarativo abreviado para contribuyentes que opten por regularizar su situación tributaria bajo determinadas condiciones. En términos generales, implica una reducción en el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones juradas tradicionales. Este tipo de mecanismos permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En ese sentido, la adhesión al régimen no afecta investigaciones criminales que se sustenten en otros fundamentos legales.
Los registros de ARCA muestran que Adorni desarrolla múltiples actividades económicas desde hace más de una década. Su actividad principal figura como servicios personales desde noviembre de 2013. A ello se suman, desde junio de 2020, servicios de asesoramiento y gestión empresarial, así como tareas de contabilidad y auditoría. Más recientemente, desde abril de 2023, incorporó actividades vinculadas a agencias de noticias y servicios de información.
El desfase entre el registro inicial de actividades —que data de 2013— y la regularización tributaria completa que ahora busca representa un intervalo de aproximadamente trece años. Durante este período, el funcionario operó bajo múltiples categorías económicas sin acceder, hasta 2020, al régimen de Impuesto a las Ganancias. La solicitud presente de cambio hacia el régimen simplificado sugiere un ordenamiento de la situación fiscal previamente compleja, y que ya se encuentra bajo la lupa del fiscal federal Gerardo Pollicita, según confirmaron fuentes tribunalicias a .
El domicilio fiscal declarado por Adorni y Angeletti, en tanto, corresponde a Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el cierre de ejercicio comercial se establece en diciembre de cada año.
La decisión de Adorni refleja un patrón similar al adoptado por su esposa, aunque con cronología diferenciada. Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017 en actividades profesionales, pero regularizó formalmente su situación frente al IVA y al Impuesto a las Ganancias recién en octubre de 2025 —tras casi ocho años de operación como monotributista—. Posteriormente, el 31 de mayo de 2026, se acogió al régimen de “inocencia fiscal”. Adorni presenta ahora una trayectoria similar: múltiples actividades registradas desde 2013, con formalización tributaria en Ganancias desde 2020, y solicitud actual del régimen simplificado en junio de 2026.
La proximidad temporal de ambas solicitudes —diez días de diferencia— y el patrón de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales que observan los movimientos como parte de un proceso de ordenamiento fiscal integral del grupo, en momentos en que su evolución patrimonial se encuentra bajo análisis en tribunales federales. La secuencia será evaluada en contexto, indicaron las fuentes tribunalicias consultadas por , particularmente considerando que ambos cónyuges integran la nómina oficial de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
En el plano político, la medida introduce una tensión evidente con el discurso público que el propio Adorni ha sostenido como uno de los principales voceros de la administración de Javier Milei. Desde su designación como jefe de Gabinete en diciembre de 2023, ha sido uno de los encargados de enfatizar los ejes de austeridad fiscal, control del gasto y transparencia en la administración pública. Sus conferencias de prensa han privilegiado la narrativa de probidad estatal y lucha contra la corrupción como marcas distintivas del gobierno actual.
La solicitud de adhesión al régimen simplificado genera interrogantes sobre qué cambios en la situación de Adorni justificaron este movimiento. Una posibilidad es que la aceleración de investigaciones penales sobre su patrimonio —que se intensificaron en los últimos meses— haya generado presión para regularizar su posición fiscal preventivamente. Otra hipótesis, que fuentes judiciales no descartan, es que el cambio de régimen obedezca a una reorganización más amplia de su estructura patrimonial en respuesta al escrutinio creciente.
Fuentes cercanas a las investigaciones indicaron que la adhesión será evaluada dentro del contexto más amplio de su situación patrimonial, con material solicitado a la ARCA y a la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos públicos y privados. En ese marco, los investigadores prevén contrastar la información fiscal disponible con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas, registros de movimientos financieros y adquisiciones de bienes realizadas durante el período de actividad económica no formalizada tributariamente.
Cabe destacar que la utilización del régimen de “inocencia fiscal” ha ganado visibilidad en los últimos meses por su adopción por parte de distintos contribuyentes con perfiles de alta exposición pública, especialmente funcionarios y allegados al oficialismo. El caso de Adorni adquiere particular relevancia no solo por su posición institucional como jefe de Gabinete, sino por el impacto político de una decisión fiscal que tensiona su narrativa pública sobre transparencia y probidad. El análisis integral de esta solicitud —junto con la de su esposa— formará parte del cuadro probatorio que evalúen los investigadores federales en los próximos meses.
se adhiriera al mismo esquema de regularización tributaria,Hugo Alconada Mon,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Adorni y el avance del caso $LIBRA,,Antes de la declaración jurada. La esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de “inocencia fiscal”,,El armado porteño. Karina Milei lanzó la escuela de dirigentes de LLA en la Capital y corrió a Adorni de la dirección
POLITICA
La Argentina reiteró su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y ratificó que buscará frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion
El gobierno argentino conmemoró este miércoles el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y aprovechó la fecha para escalar su posición frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, al que calificó de ilegal bajo el derecho internacional y advirtió que ejercerá “todas las acciones disponibles” para frenarlo.
La Cancillería argentina publicó una declaración en la que vinculó el aniversario del decreto firmado el 10 de junio de 1829 por el gobernador Martín Rodríguez con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 31/49, cuyo 50° aniversario también se cumple este año. Esa resolución insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras la disputa de soberanía permanezca abierta.
“Toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria al derecho internacional”, señaló el comunicado oficial.
El texto de la Cancillería apunta de forma directa a la Decisión Final de Inversión anunciada por la empresa británica Rockhopper Exploration PLC y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El proyecto, que no cuenta con autorización argentina, prevé una inversión inicial de aproximadamente 2.100 millones de dólares para su primera fase, con perforaciones previstas para principios de 2027 y producción estimada desde 2028. Rockhopper elevó recientemente su estimación de reservas recuperables a más de 1.000 millones de barriles, una cifra que superaría varias veces la del campo Rosebank, el mayor conocido en aguas del Reino Unido.
“Tal como reafirmó el Presidente de la Nación, Javier Milei, la Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Toda exploración y explotación unilateral en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a la Resolución 2065 (XX) y a las resoluciones concordantes de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización. Además, constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido, incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, completa el texto.
El canciller Pablo Quirno también se expresó en su cuenta de X, donde reafirmó el reclamo soberano y subrayó que “la Argentina continuará utilizando todas las herramientas pacíficas a su alcance para que el Reino Unido acceda a reanudar las negociaciones sobre soberanía”.
La declaración del funcionario llega semanas después de que un correo interno del Pentágono —filtrado en abril por la agencia Reuters— sugiriera revisar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales europeas”, con las Islas Malvinas mencionadas de forma explícita. El episodio se produjo en el marco del deterioro de las relaciones entre Washington y Londres tras la negativa de los aliados europeos y de la OTAN a respaldar militarmente a Estados Unidos e Israel en la guerra con Irán.
El gobierno del primer ministro Keir Starmer respondió de inmediato: un portavoz de Downing Street afirmó que “la soberanía de las Islas Malvinas pertenece al Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de sus habitantes “es de la máxima importancia”. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio minimizó luego el alcance del documento: “Fue solo un correo con algunas ideas”, dijo a los diarios The Sun y Daily Telegraph, y aclaró que la posición de Estados Unidos sobre las islas “no toma partido respecto a las reclamaciones de soberanía de ninguna de las partes”.
El presidente Javier Milei había fijado el tono en su discurso del 2 de abril, con motivo del 44° aniversario de la guerra del Atlántico Sur. En esa ocasión reafirmó la soberanía, advirtió sobre una respuesta diplomática al avance de Rockhopper y Navitas, y anunció que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones se destinarán a la compra de equipamiento militar, incluida la adquisición de 24 cazas F-16 de Dinamarca.
La declaración de la Cancillería repasa la secuencia histórica del reclamo: la herencia territorial por el principio de uti possidetis iuris desde la independencia de 1810, la toma de posesión formal en 1820 por el coronel David Jewett, la organización administrativa bajo Luis Vernet como primer Comandante Político y Militar, y la expulsión por la fuerza de las autoridades argentinas el 3 de enero de 1833. Sobre los actuales habitantes del archipiélago, el texto sostiene que pertenecen a una “población británica implantada” y que, por ese motivo, “la comunidad internacional jamás reconoció a los habitantes de las islas el carácter de ‘pueblo’”, argumento con el que Buenos Aires rechaza la aplicación del principio de autodeterminación.
El respaldo internacional al reclamo argentino se sostiene en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1965 sin votos en contra, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a negociar. Ese llamado fue reiterado en otras nueve resoluciones de la Asamblea General y, en junio de 2025, el Comité Especial de Descolonización volvió a adoptar por consenso una nueva resolución en el mismo sentido. El Reino Unido rechaza sistemáticamente sentarse a negociar soberanía, respaldado en el resultado del referéndum de 2013, en el que los 1.672 votantes habilitados optaron de forma casi unánime por permanecer como territorio británico.
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POLITICA
Buscan prohibir las caravanas de motos en La Plata y fijaron multas millonarias con un nuevo proyecto
Las ciudad de La Plata busca hacerle frente a la problemática del aumento de las picadas clandestinas y la circulación imprudente de motociclistas. En este sentido, el presidente del bloque de concejales de Pro, Nicolás Morzone, elevó al Concejo Deliberante un proyecto para prohibir las caravanas de motos y toda “concentración o desplazamiento masivo” de este tipo de vehículos en la localidad bonaerense. La propuesta forma parte de un plan que el legislador denominó “Antifisuras”, vinculados al orden público y la seguridad urbana.
El funcionario consideró que estos eventos no solo provocan molestias, sino que también causan serios accidentes de tránsito. Es por esto que prevé que las motos involucradas sean secuestradas de forma preventiva; además pide que se impongan fuertes multas para los participantes y sanciones para quienes convoquen o difundan este tipo de encuentros a través de las redes sociales.
El proyecto que ingresó al Concejo Deliberante de La Plata, según consignó 0221, establece multas de entre 1500 y 5000 módulos, además de lo que conlleve el acarreo y la estadía del vehículo secuestrado. El valor del módulo es de $2215, por lo que las multas podrían oscilar entre los $3.322.500 y $11.075.000. Aquellos que circulen sin registro, patente, seguro obligatorio, documentación o con escapes antirreglamentarios tendrán las penalidades más altas.
Asimismo, las penas se agravarán en función de la cantidad de vehículos que estén involucrados. Es decir, cuando la concentración supere las 20 motos, la multa aumentará un 50%; si supera las 50, se duplicará; y si reúne a más de 100, podrá triplicarse. En los casos agravados por la cantidad de motos, las sanciones podrían superar los 33 millones de pesos.
Aquellos que “convoquen, organicen o difundan” estos encuentros serán considerados “responsables solidarios” y podrían recibir sanciones equivalentes a las de los participantes. La iniciativa pretende prohibir las caravanas que obstruyan la circulación, generen ruidos molestos con el sonido de las aceleraciones, desobedezcan las señales de tránsito o “alteren el orden público”.
Morzone definió la problemática de las motos como una “nueva, expansiva y crónica patología degradativa urbana” que genera “intimidación colectiva, perturbación de la tranquilidad pública y desestabilización del orden público”. Según consideró, en La Plata rige una “emergencia en seguridad pública” debido a la “ausencia total de controles” llevados adelante por la municipalidad.
También aseguró que existe un antecedente aplicado en otros municipios bonaerenses como Escobar, Mar del Plata, Junín, Trenque Lauquen, General Villegas y Coronel Suárez.
Recientemente, y en el marco del mismo plan, ya había querido implementar medidas similares cuando presentó un proyecto para prohibir el ingreso a la cancha de los hinchas de Estudiantes y Gimnasia acusados de vandalismo.
Con el objetivo de endurecer las sanciones incluidas en el Código de Convivencia Urbana, Morzone buscó incorporar a la Ordenanza N°12.170 la figura de “violencia urbana con motivación deportiva”, que abarca contravenciones como pintadas, graffitis, daños o intervenciones sobre el espacio público cuando estén vinculadas a la identificación o rivalidad entre clubes. En la actualidad, este tipo de contravenciones son sancionadas con multas y trabajo comunitario.
De acuerdo con el texto de la norma, se habilitará la aplicación de sanciones adicionales como la inhabilitación para comprar entradas o abonos, la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos en La Plata y la imposibilidad de participar en actividades organizadas o autorizadas por el municipio por un plazo de entre 2 y 5 años en casos de reincidencia.
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POLITICA
El Gobierno busca recuperar la iniciativa en Diputados y avanza con el super-RIGI y la ley de lobby
El Gobierno buscará hoy recuperar la iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados con el avance de dos proyectos que considera estratégicos: la ley de lobby y el denominado super-RIGI.
La agenda legislativa comenzará a las 11 con una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el proyecto de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. Más tarde, a las 14, se reunirá el plenario de Presupuesto, Industria y Ciencia para debatir el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (super-RIGI), orientado a industrias tecnológicas y de innovación.
La intención del oficialismo es volver a convocar ambos plenarios la próxima semana para emitir dictamen y dejar los proyectos listos para ser tratados en una sesión prevista para el 24 de junio. En esa misma jornada también se debatiría la iniciativa que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.
La fecha forma parte del cronograma de trabajo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comunicó la semana pasada a los jefes de los principales bloques parlamentarios.
La apuesta por una ley de lobby
Con el proyecto sobre gestión de intereses, el Gobierno busca establecer un marco regulatorio para las actividades de lobby ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de transparentar los contactos destinados a promover intereses sectoriales o influir en la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso.
La iniciativa propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse los lobistas. Además, exige la presentación de declaraciones juradas en las que se identifiquen los intereses representados, los clientes y los beneficiarios de cada gestión.
También establece que los registros deberán incluir la fecha, la hora y la modalidad de cada contacto, la dependencia en la que se realizó la reunión, el beneficiario o cliente involucrado y un resumen de los temas abordados.
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El proyecto contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas. Las multas podrán alcanzar los 500 salarios mínimos y, en los casos más graves, derivar en la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby.
Asimismo, prevé penas de prisión de entre seis meses y tres años para quienes incurran en representación clandestina de intereses extranjeros, además de una inhabilitación especial por un plazo equivalente al doble de la condena.
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La iniciativa también impone obligaciones a los funcionarios públicos. Tanto integrantes del Gobierno nacional como legisladores deberán informar las audiencias que mantengan con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.
De acuerdo con el oficialismo, el proyecto podría reunir respaldo suficiente para obtener media sanción debido a las coincidencias existentes con sectores de la oposición dialoguista respecto de la necesidad de otorgar mayor transparencia a una actividad que históricamente se desarrolló con escasa regulación en la Argentina.
El oficialismo avanza con el super-RIGI
La otra iniciativa que comenzará a debatirse este miércoles es el llamado super-RIGI, un esquema de incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos e industriales que no habían sido contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado dentro de la Ley Bases.
Fueron invitados a exponer el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.
El proyecto apunta a atraer inversiones de gran escala vinculadas con la industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; la producción de baterías; el desarrollo de energías renovables, incluido el hidrógeno verde; la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares; reactores nucleares pequeños y medianos; semiconductores; inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos.
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Para acceder a los beneficios, las inversiones deberán alcanzar un mínimo de US$ 1000 millones, muy por encima de los US$ 200 millones exigidos por el RIGI original.
A cambio, las empresas obtendrían estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período de 30 años. El régimen tendría una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año.
A diferencia del RIGI vigente, el nuevo esquema excluye proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura. Tampoco permite incorporar ampliaciones de emprendimientos ya existentes.
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Entre los beneficios previstos figura una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, un sistema de amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales.
Además, los quebrantos podrían deducirse sin límite temporal. Los dividendos tributarían una alícuota del 7%, que se reduciría al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen.
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El proyecto también contempla la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.
En materia cambiaria, establece una disponibilidad progresiva de las divisas provenientes de exportaciones. A partir del tercer año, los inversores adheridos podrían disponer del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
Diputados, RIGI, La Libertad Avanza
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