POLITICA
El Gobierno evalúa incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Universidades en el Presupuesto 2027

El Gobierno evalúa incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que enviará al Congreso antes del 15 de septiembre. En el Ejecutivo sostienen que es una de las opciones sobre la mesa para reducir el impacto fiscal de dos normas que el oficialismo intentó modificar en diciembre de 2025, pero no logró sostener en la votación particular del Presupuesto 2026.
La decisión todavía no está cerrada. En despachos oficiales advierten que la posibilidad “persiste”, pero dependerá de que la mesa política consiga antes los consensos necesarios con gobernadores y bloques aliados. “En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo”, expresan en Nación.
El diagnóstico interno es que aquella derrota combinó impericia, exceso de confianza tras la victoria electoral y falta de trabajo previo con los mandatarios provinciales. La Casa Rosada había incluido en el Presupuesto 2026 un capítulo para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas vetadas por Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso. Diputados aprobó el Presupuesto en general, pero rechazó ese tramo en particular.
En Balcarce 50 ahora buscan evitar que se repita ese escenario. La idea es llegar a septiembre con acuerdos políticos más firmes, especialmente con gobernadores que puedan acompañar la reforma electoral, el Presupuesto y otras iniciativas económicas. En Nación creen que, si esos mandatarios quedan alineados con Milei de cara a 2027, tendrán menos incentivos para votar en contra de una ley clave para el oficialismo.
El proyecto presupuestario aparece como la herramienta más viable para ordenar la discusión fiscal. En el entorno del jefe de Estado sostienen que el debate sobre universidades y discapacidad debe quedar dentro del cálculo general de recursos y gastos, y no avanzar por leyes específicas que generen aumentos de gasto por fuera de la programación financiera del Estado.
La situación universitaria es el frente más judicializado. La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. El fallo no resolvió el fondo de la controversia, pero mantuvo vigente la orden mientras sigue el expediente.
En el Ejecutivo remarcan que la decisión de la Corte no implica todavía una sentencia definitiva sobre toda la ley. “No es el costo total de la ley, es un costo parcial”, explican en Nación. La discusión alcanza por ahora a los artículos sobre salarios y becas, aunque el expediente sigue abierto y puede condicionar la estrategia presupuestaria de 2027.
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La Casa Rosada ya había intentado descomprimir el conflicto con un acuerdo parcial con las universidades: una recomposición salarial del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades no retiraron el reclamo judicial y advirtieron que ese entendimiento no implicaba cumplir la ley vigente.
En Discapacidad, la mesa política también busca rediscutir el esquema dentro del Presupuesto. El oficialismo ya había enviado un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, con foco en auditorías, reempadronamiento, incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral y revisión del financiamiento. La intención oficial es acotar el costo fiscal y reforzar controles sobre beneficios.
La estrategia forma parte de una negociación más amplia. En Balcarce 50 quieren remitir el Presupuesto 2027 con un acuerdo macro con varios gobernadores aliados para sostener reformas hasta, por lo menos, marzo. En Nación creen que ese entendimiento debe incluir votos para la reforma electoral, acompañamiento presupuestario y respaldo a proyectos sensibles que puedan generar resistencia sectorial.

El Gobierno calcula que la reforma electoral debe quedar sancionada antes del envío del Presupuesto o, al menos, llegar a septiembre con una negociación muy avanzada. La suspensión o eliminación de las PASO es una prioridad para la mesa política, que entiende que esa reforma ordenará el tablero electoral y permitirá cerrar acuerdos de competencia con mandatarios provinciales.
La discusión presupuestaria también estará condicionada por el frente fiscal. El informe de avance del Presupuesto 2027 sostiene que el proyecto se remitirá antes del 15 de septiembre y que mantendrá el compromiso con el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica. Además, anticipa metas orientadas a aumentar actividad, empleo e ingresos reales, junto con una fuerte desaceleración de la inflación.
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En la ejecución acumulada a mayo de 2026, el Ejecutivo registró un superávit primario de $8,4 billones y un resultado financiero positivo de $2,6 billones. En ese mismo período, las transferencias a universidades nacionales alcanzaron $1,95 billones, con una ejecución del 37,3% del crédito vigente, mientras que las prestaciones de la seguridad social —que incluyen pensiones no contributivas por discapacidad— fueron el principal factor de aumento del gasto primario.
En la Casa Rosada creen que esos números refuerzan la necesidad de ordenar cualquier modificación de gasto dentro del Presupuesto. El razonamiento oficial es que, si el Congreso obliga a aplicar leyes con impacto fiscal sin fuentes claras de financiamiento, el oficialismo deberá compensar con recortes en otras partidas o con una reestructuración más amplia del programa de gastos.
La definición final dependerá del acuerdo político. En Balcarce 50 quieren evitar otra derrota como la de diciembre y llegar al debate de 2027 con una coalición legislativa más disciplinada: gobernadores con incentivos electorales, reformas encaminadas y un Presupuesto que funcione como instrumento para encuadrar universidades, discapacidad y el resto de las prioridades fiscales.
Gobierno, Discapacidad, universidades
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Dirigentes del PJ volvieron a reunirse para avanzar en una alternativa a Cristina y Kicillof

COMODORO RIVADAVIA.– El grupo de dirigentes peronistas que en mayo se reunió en Parque Norte para empezar a construir una alternativa a los liderazgos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof tuvo este viernes una nueva escala en la Patagonia.
En Comodoro Rivadavia, representantes de distintas provincias participaron del tercer encuentro de un espacio que busca ampliar la discusión partidaria y darle un perfil federal.
La reunión convocó a Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, dos de los impulsores de la cumbre de Parque Norte, junto a los diputados nacionales Moira Lanesán y Juan Pablo Luque. También participaron el intendente de Pilar, Federico Achával; el de Río Gallegos, Pablo Grasso; el de Río Grande, Martín Pérez, y dirigentes de la Patagonia.
La serie había comenzado en la ciudad de Buenos Aires y continuado en Entre Ríos. En Parque Norte, los organizadores reunieron a más de 4000 dirigentes y militantes y plantearon la necesidad de acordar una propuesta política antes de discutir candidaturas. También buscaron mostrar un espacio amplio, con dirigentes territoriales y representantes sindicales, capaz de disputar el rumbo del peronismo rumbo a 2027.
En Comodoro, la convocatoria puso el acento en las demandas de las provincias y en la intención de correrse de la interna bonaerense. La agenda incluyó la producción, el empleo y la autocrítica partidaria, en un planteo que apunta a sostener los encuentros en distintos territorios.
Durante el encuentro, Tolosa Paz planteó que el peronismo debe debatir ideas y dar una respuesta a la situación de la Patagonia. “Es sumamente necesario que el peronismo debata y llegue a Comodoro buscando lo que prometimos hacer durante todo el año. Discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas y, sin embargo, poner todo el acento del debate en la realidad de lo que está sufriendo la Patagonia con este gobierno nacional”, dijo.
También se refirió a la pérdida de puestos de trabajo vinculada con la salida de YPF y a la necesidad de discutir alternativas productivas para la región.
“Las ciudades están siendo devastadas; la salida de YPF generó la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo y requiere de la política una respuesta concreta”, afirmó.
Tolosa Paz describió como “trágico” el escenario de Chubut y mencionó las distintas realidades de Trelew, la Meseta y la comarca. “Sufren la desindustrialización de la Argentina. Un proceso parecido al de los 90 y se repite con más velocidad y fuerza con compromiso en la entrega”, sostuvo.
Sobre la construcción política rumbo a 2027, afirmó que la unidad es posible y vinculó ese objetivo con la discusión de propuestas. “El próximo presidente necesita tener claras las realidades para los 47 millones de argentinos. No pensamos que es difícil llegar a la unidad. Las ideas ordenan; necesitamos aquí los que en el pasado cometieron errores y creemos que estamos dispuestos a revisarlos. Creemos en el equilibrio fiscal, pero con equilibrio social. Estamos aquí los que miramos la Patagonia y reconocer no solo su soberanía, sino su enorme geopolítica, no para que entren divisas, sino para generar trabajo; ese es el secreto para llegar a la síntesis de idea”, dijo.
Por último, Tolosa Paz se refirió al vínculo con Cristina Kirchner y Axel Kicillof. “Queremos ordenar a la fuerza mayoritaria. No estamos alejados de Cristina Fernández y de Axel Kicillof, dialogamos con todos los dirigentes de Argentina. Trabajamos en cómo representar con distintas visiones, ideas y experiencias. Es un diálogo constructivo, la sociedad tiene que elegir cuál es el rumbo del peronismo de cara al 2027”.
Por su parte, Michel explicó que el objetivo del encuentro fue debatir ideas y un programa de gobierno para una eventual gestión nacional desde diciembre de 2027. “La idea de esta reunión o de este encuentro tiene que ver con eso, con anteponer las ideas, anteponer el debate, anteponer el programa de gobierno que tiene que llevar adelante el peronismo cuando se haga cargo de la gestión nacional a partir de diciembre del 27”.
Consultado sobre si Cristina Kirchner o Axel Kicillof son alternativas, Michel respondió: “Creo que es el error de muchos compañeros anteponer las personas. Acá no hay no hay ni ninguna cuestión dentro del peronismo. Nosotros lo planteamos que queremos discutir las ideas”.
El dirigente planteó que la unidad será necesaria para la próxima elección: “Es fundamental para la elección que viene la unidad del peronismo y vamos a trabajar para eso porque la sociedad necesita dar vuelta la página. Va a haber un después. En diciembre del 27 va a haber un día después. Va a haber que reconstruir la Argentina. Ustedes van a tener que reconstruir Chubut de acá. Van a tener que volver a generar puestos de trabajo como se perdieron. Y para eso es necesario la unidad del peronismo”.
La reunión no anunció candidaturas. La apuesta, como en Parque Norte, es sostener una discusión programática y territorial antes de resolver quiénes encabezarán una eventual propuesta electoral. El desafío será convertir esa convocatoria en un ámbito de trabajo permanente y definir qué lugar ocupará dentro de un peronismo atravesado por disputas de conducción.
Ana Tronfi,Conforme a
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El intendente que contó su lucha contra la adicción a la cocaína enfrentará una votación que puede definir su futuro político

El futuro político de Matías Nebot quedó más comprometido después de que el Concejo Deliberante de Saavedra aprobara la calificación de graves de los hechos examinados durante una investigación sobre su desempeño al frente del municipio bonaerense. La resolución obtuvo 11 votos a favor y dos en contra y abrió el camino hacia una nueva instancia en la que podría resolverse su destitución.
La votación se realizó durante una sesión especial atravesada por fuertes diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores. El intendente, que había reconocido una adicción a la cocaína en los últimos años, siguió el debate desde el recinto.
La decisión no implica que Nebot haya sido destituido. El procedimiento prevé una nueva sesión especial, prevista para comienzos de noviembre, en la que los concejales deberán determinar si corresponde imponerle una sanción.
La investigación se puso en marcha después de que Nebot hiciera pública su situación personal y contara que llevaba más de 300 días sin consumir cocaína. En julio, el jefe comunal había hablado sobre su adicción y el proceso de recuperación que atravesaba.
A partir de esas declaraciones, cinco bloques opositores promovieron la creación de una comisión investigadora para analizar su aptitud, idoneidad y desempeño en el ejercicio de sus responsabilidades. La etapa de recolección de pruebas terminó el 8 de octubre y el expediente quedó a disposición de los concejales.
La concejal radical Florencia Bros cuestionó las presuntas ausencias del jefe comunal y mencionó testimonios sobre dificultades para encontrarlo en su despacho, falta de rutinas laborales y reuniones que no se habrían concretado. También rechazó las acusaciones de que el procedimiento tuviera como objetivo un golpe institucional y defendió la facultad del Concejo de controlar al Ejecutivo.
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Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA

Ariel Vallejo, el dueño de la financiera Sur Finanzas, una financiera allegada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido por lavado de dinero, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien entendió que mintió sobre su domicilio y nunca se presentó en el juzgado como debía hacerlo todos los meses.
Vallejo es conocido como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.
Fuentes judiciales dijeron a que se amplió la imputación, pues fueron citadas a declarar en indagatoria 21 personas y 17 empresas. Entre ellas, la madre del propio Vallejo.
Lo acusan de usar monotributistas y personas que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mover dinero como testaferros. Vallejo no respondió a las preguntas del juez y quedó detenido en una dependencia de la Policía Federal en La Plata.
Rodríguez Ponte resolvió la detención de Vallejo porque detectó “riesgos procesales concretos”. El juez revocó la excarcelación del empresario por incumplir las reglas de su libertad. Está acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión.
El perjuicio fiscal de las maniobras por las que está acusado supera los 12.700 millones de pesos.
En la misma resolución, el magistrado amplió las imputaciones contra la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, y contra el resto de los acusados.
Cuando lo dejó en libertad, el juez le impuso a Vallejo tres condiciones: presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. Según el juez, no cumplió ninguna.
No se presentó mensualmente, no entregó todos los rodados secuestrados y otros los devolvió fuera de término.
Cuando el personal judicial fue a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como domicilio, la seguridad del lugar informó que hacía alrededor de un año que no vivía allí.
Vallejo se presentó luego ante la policía y dijo que vivía en Saltalamachia 820, en Banfield, algo que confirmó su madre. Sin embargo, en consultas posteriores no fue hallado en esa dirección.
“Esas omisiones no son meros descuidos formales”, escribió el juez, que concluyó que hoy el juzgado no sabe con certeza dónde vive el imputado.
Sumó además otros argumentos: los nuevos hechos lo señalan como jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos, la pena que puede recibir no admite condena en suspenso y tiene vínculos con sociedades y bienes registrados a nombre de terceros.
También destacó que, aun cuando la causa ya estaba en marcha, se vendió una Ferrari registrada a nombre de una de sus empresas.
Vallejo deberá permanecer incomunicado hasta que se le tome la ampliación de la indagatoria.
Se le imputa asociación ilícita como jefe u organizador, lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación, y evasión tributaria.
Entre los hechos nuevos, Vallejo compró, junto con otra persona, una casa en el barrio cerrado Saint Thomas Este Country Club, de Canning, por US$500.000 pagados en efectivo.
La operación se escrituró el 6 de julio de 2023 y Vallejo la declaró ante el fisco por apenas 50 millones de pesos.
El juez Rodríguez Ponte también le atribuye préstamos con garantía hipotecaria entregados en efectivo por 100.000 dólares en septiembre de 2022, 65.000 dólares en junio de 2023 y otro por 13,8 millones de pesos en marzo de 2022.
Al cierre de 2023, Vallejo tenía 1010 millones de pesos en efectivo, que justificó en su declaración jurada como “compensación de saldos”.
El 28 de diciembre de ese año constituyó un plazo fijo de 100 millones de pesos en la Mutual del Agro, la Industria y el Comercio de Santa Fe, que no declaró. En 2022, además, había declarado una deuda de 99 millones de pesos con su madre que, según el juzgado, no existía.
Gran parte de su patrimonio quedó a nombre de Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ventas significativas. El 90% de esa firma pertenece a Graciela Vallejo y la preside Bárbara Denise Sena Argis.
Compras que suman sospechas
A través de esa empresa se compraron seis departamentos en Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por 600.000 dólares en efectivo.
La sociedad también compró un lote en Fincas de San Vicente por 400.000 dólares, cuyo saldo de 370.000 dólares pagó en efectivo en diez cuotas mensuales hasta levantar la hipoteca, en agosto de 2025.
Compró una camioneta Mercedes-AMG GLE 53 por 79 millones de pesos en enero de 2024 y la vendió nueve meses después por 180 millones de pesos.
También compró una Ferrari California, cuyo pago se justificó con una carta oferta de Graciela Vallejo por 260 millones de pesos y una certificación contable de origen de fondos.
El juzgado describe además cómo se fabricaban los papeles que respaldaban esos movimientos: mutuos de redacción idéntica, contratos sin firma del acreedor, deudas inexistentes, cartas oferta entre partes vinculadas y certificaciones contables.
Así, Sur Finanzas registró 336,5 millones de pesos a nombre de Graciela Vallejo y que, según el juez, no era dinero aportado por ella, sino la suma de importes de otras sociedades.
Para el juzgado, el dinero salió de la agencia Centro de Inversiones Concordia, cuyas cuotas fueron cedidas el 31 de agosto de 2020 a Graciela Vallejo, Silvia Torrado y el propio Vallejo.
Según la resolución, la agencia compraba y vendía dólares con otras casas de cambio por fuera de las normas, a nombre propio, de las sociedades del grupo o de clientes que no intervenían realmente, y los derivaba al mercado paralelo. Esa actividad la continuó luego Ars Cambios.
El mecanismo, según la resolución, funcionaba como una rueda de traspasos de dinero de mano en mano.
El dinero entraba por transferencias fraccionadas de diversas personas y por depósitos de efectivo que hacían empleados. También llegaba efectivo de agencias de cambio, que se registraba como “ingreso efectivo por gestión billetera”.
Luego se acreditaba en cuentas de personas sin capacidad económica, de empleados o de usuarios creados con correos electrónicos en serie, y desde allí se transfería o se retiraba en efectivo sin registro de quién lo hacía.
Cuando un banco cerraba una cuenta, la operatoria seguía en otra. Seis usuarios no inscriptos o monotributistas movieron cada uno más de 7000 millones de pesos, y uno de ellos superó los 39.000 millones de pesos. Eran testaferros.
Entre los nuevos imputados está Jonathan Leonardo Ledesma, empleado del grupo, monotributista de la categoría más baja y beneficiario de la AUH, por cuya cuenta en la billetera circularon 7285 millones de pesos.
Ariel Vallejo,Hernán Cappiello,Conforme a
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