El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.

La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.

Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.

El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.

Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal

Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.

Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.

Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.

Impacto sobre el consumo y percepciones sociales

La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.

La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.

COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.

Propuestas de la industria y alternativas regionales

COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.

La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.

Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.

Escenario legislativo y transición normativa

La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.

El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.

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Se realizan inspecciones oculares en el departamento de Jesica Cirio en Las Cañitas y en la mansión de su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en el country Fincas San Vicente. Los procedimientos son por orden del juez federal, Luis Armella, en la causa en la que investiga a ambos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En las inspecciones, de las que participan peritos, se toman medidas de los vestidores, registran imágenes, con el objetivo de tratar de determinar en cuál de esas propiedades Cirio grabó videos en los que apareció junto a fajos de millones de dólares.

En las imágenes se ven fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes y almacenados en cajones y estantes de un vestidor. El juez federal de Lomas de Zamora dispuso que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analice las imágenes para determinar si son auténticas o si presentan algún tipo de manipulación.

En principio las imágenes corresponderían a la casa del country Fincas de San Vicente, en el que Cirio convivió con Insaurralde. Sin embargo esa conclusión deberá ser confirmada por el análisis técnico ordenado por el magistrado. La investigación también intenta determinar cuándo se grabaron los videos. Según la información incorporada a la causa las imágenes se registraron hace al menos tres años.

Noticia que está siendo actualizada.-

Martín Insaurralde, Jesica Cirio

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está en condiciones de dictar veredicto esta semana en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes.

El proceso comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos y ya hubo 30 audiencias. Los alegatos de las defensas tendrán lugar hoy y, una vez cumplida esa etapa y escuchadas las últimas palabras de los imputados, el tribunal podría anticipar su decisión el próximo miércoles.

El proceso judicial busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del buque durante su última misión.

Los cuatro imputados son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

Durante las audiencias incorporaron testimonios de especialistas, excomandantes, submarinistas y autoridades navales, además de abundante documentación sobre las condiciones del ARA San Juan y el desarrollo de su última navegación.

La etapa de alegatos de la fiscalía ya concluyó con pedidos de condena que van de los cinco a los tres años y seis meses de prisión. En dos de los casos, los fiscales también solicitaron la inhabilitación especial perpetua.

El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y partió cuatro días después para participar en un ejercicio antisubmarino y luego en una patrulla de control de pesca ilegal.

El 15 de noviembre, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Su última comunicación se registró a las 7:19 de ese día.

Los alegatos

Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa. Sostuvieron que los imputados ocupaban una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes y que no era indispensable identificar el mecanismo final del naufragio para acreditar la responsabilidad.

Las defensas, en cambio, cuestionan que no se determinó con certeza la secuencia final de la navegación ni el nexo causal entre las presuntas omisiones y el siniestro.

El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, pidió la nulidad de la acusación y, subsidiariamente, la absolución, al argumentar que “no son conocidas las causas del estrago”.

Las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa adelantaron que objetarán la falta de explicación sobre cómo los incumplimientos incrementaron el riesgo y se vincularon con la última navegación.

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Las querellas unificadas y la representada por Luis Tagliapietra formularon pedidos de pena, pero el tribunal los dejó sin efecto por no haber presentado requerimiento formal de elevación a juicio en la etapa de instrucción.

El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, cerrará el debate tras las últimas palabras de los imputados. De anticipar el veredicto el miércoles, los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

ARA San Juan, Armada Argentina, Santa Cruz