En medio del envío de una nueva tanda de reformas al Congreso, el Gobierno presentó un proyecto para regular la actividad de lobby o gestión de intereses ante el Estado. La iniciativa propone crear un régimen con registros públicos, reglas de transparencia y mecanismos de trazabilidad para las interacciones entre funcionarios y actores privados con el objetivo de influir en decisiones públicas.

Los fundamentos del Gobierno nacional sobre el proyecto de ley de Lobby sostienen que la gestión de intereses es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.

Para el Ejecutivo, “un Estado más transparente es aquel que se erige sobre una base sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor libertad y participación ciudadana”. Además, agrega: “La calidad institucional no se declama, se construye con reglas claras que limiten el poder y expongan su ejercicio al control público”.

El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

Qué establece el proyecto

La iniciativa define a la gestión de intereses como toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia desarrollada por personas humanas o jurídicas —por cuenta propia o de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita— con el objetivo de influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de decisiones públicas.

Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.

En cambio, quedarán excluidas las comunicaciones de carácter protocolar, social o institucional y las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general, siempre que no busquen influir sobre una decisión pública determinada. También quedará exceptuado el ejercicio individual del derecho de petición ante las autoridades.

El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

También establece incompatibilidades: ningún funcionario podrá actuar como gestor de intereses mientras ejerza funciones públicas, en línea con la Ley de Ética de la Función Pública.

Quedarán incluidas dentro del régimen las gestiones vinculadas con la elaboración o derogación de leyes, licitaciones, concesiones o la asignación de subsidios y beneficios fiscales.

En La Libertad Avanza sostienen que la propuesta “es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.

Antecedentes legislativos

El último proyecto de ley de Lobby presentado en el Congreso ingresó en 2024 y fue impulsado por la diputada radical Karina Banfi, hoy integrante del monobloque Adelante Buenos Aires.

“La existencia de un régimen implica reglas y constituye el primer paso para evitar conflictos de intereses, que son centrales en la conducta ética de cualquier funcionario o tomador de decisiones”, señaló Banfi a TN. Y agregó: “El conflicto de intereses y los lobbies son la puerta de ingreso a la corrupción cuando la ética del funcionario queda expuesta a beneficios o privilegios por encima del bien común”.

La legisladora también cuestionó al Poder Ejecutivo: “No responde pedidos de acceso a la información, pero ahora quiere autorregularse respecto de con quiénes se reúne. Lo celebro de todas maneras si toman en serio, de una vez por todas, la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional”.

Su iniciativa fue acompañada por los radicales Fabio Quetglas, Mario Barletta, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini y Marcela Coli. En los fundamentos del proyecto señalaron que una regulación de este tipo “representa una de las deudas del Congreso para fortalecer la democracia y promover la probidad en la función pública”.

Sin embargo, esa propuesta nunca avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Antecedentes internacionales

En Estados Unidos, la ley de Lobby fue sancionada en 1995 y reformada en 2007. El sistema establece un esquema de transparencia basado en registros públicos y la divulgación obligatoria de las actividades de cabildeo.

La normativa exige que cualquier individuo u organización contratada para realizar tareas de lobby se registre ante la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.

En la Unión Europea no existe una ley específica, aunque sí un sistema regulatorio apoyado en un Registro de Transparencia. Funciona bajo el principio de “condicionalidad”: registrarse es un requisito indispensable para cualquier persona u organización que quiera realizar actividades de influencia sobre las decisiones públicas.

Diputados, proyectos, Javier Milei

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A poco más de dos meses del brutal cabezazo que le fracturó la nariz a un diputado libertario, el dirigente tucumano Marcelo “Pichón” Segura obtuvo la libertad este martes tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Todo se confirmó tras la disposición del juez Robín Márquez que homologó el juicio abreviado y lo condenó a tres años de prisión en modalidad condicional.

El hecho tuvo su origen el pasado 11 de marzo cuando Segura, acompañado por otras personas, interceptó a un grupo de funcionarios y legisladores en la localidad de La Madrid, después de unas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el pueblo. Entre los representantes que fueron increpados, estaba el diputado de La Libertad Avanza, Federico Agustín Pelli, quien recibió un cabezazo y tuvo que ser intervenido por una fractura en su nariz.

El fallo, al que accedió Infobae, estableció reglas de conducta estrictas que Segura deberá respetar durante los tres años que dure la pena: prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Pelli, abstención del uso de armas, drogas o alcohol, y la obligación de someterse a un tratamiento médico-psicológico orientado al control de la ira.

El expediente será remitido al juzgado de ejecución penal para el seguimiento del cumplimiento de esas obligaciones. La querella conserva la posibilidad de apelar la resolución, aunque esa vía no alteraría la situación de libertad de Segura, salvo que existiera una orden de detención vigente en su contra.

La fiscal Gabriela Gilardi, de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios, presentó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado con la defensa, representada por el abogado Ernesto Baclini. El pacto incluyó la admisión de responsabilidad penal por parte del imputado y la fijación de la pena en modalidad condicional.

El Ministerio Público Fiscal ponderó como agravantes la violencia desplegada, el aprovechamiento de la indefensión de la víctima y el contexto de alta exposición pública del episodio. Como atenuantes, consideró la ausencia de antecedentes condenatorios, el arraigo familiar y la colaboración del imputado con la justicia.

El abogado Juan Colombres Garmendia, en representación del diputado Pelli, expresó su rechazo al acuerdo. Argumentó que ni la víctima ni su representante participaron en ninguna instancia de la negociación, y que la investigación resultó incompleta al no haberse identificado a todos los involucrados en la agresión ni recuperado el teléfono celular del imputado.

La querella también sostuvo que la pena acordada era insuficiente frente a la gravedad del episodio y solicitó una condena de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo. Además, pidió que las restricciones de acercamiento se extendieran al grupo familiar de la víctima.

El juez Márquez analizó cada uno de esos planteos y los desestimó. En la resolución, fundamentó que el Código Procesal Penal de Tucumán no exige la conformidad de la querella para la validez del procedimiento abreviado, y que el reconocimiento de responsabilidad por parte de Segura resultó suficiente y válido.

El magistrado también consideró que el conjunto probatorio reunido —registros audiovisuales, testimonios presenciales, informes médicos y criminalísticos— era coherente y contundente para acreditar tanto el hecho como la autoría, sin que las omisiones señaladas por la parte querellante alcanzaran a invalidar el acuerdo. Sobre la extensión de las restricciones al entorno familiar de Pelli, el fallo indicó que no existían elementos objetivos que justificaran esa medida, dado que no se acreditó riesgo concreto hacia terceras personas.

La situación procesal de Segura había experimentado una primera modificación semanas antes de la sentencia definitiva. El juez interviniente le había concedido el beneficio del arresto domiciliario, con supervisión mediante tobillera electrónica y custodia policial sorpresiva, tras la presentación de informes médicos que acreditaban que el imputado padece hipertensión y diabetes.

El plazo de cuatro meses originalmente dispuesto para la medida de coerción se mantuvo, pero bajo esa nueva modalidad domiciliaria. Con la homologación del juicio abreviado, el arresto quedó sin efecto y el magistrado dispuso el cese inmediato de la detención, al considerar que resultaba desproporcionada frente a la condena condicional impuesta.

Segura reside en San Miguel de Tucumán y figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con última liquidación de haberes registrada en febrero pasado. El diario La Gaceta señaló que tendría vínculos con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, y que trabajaría como personal de seguridad en dependencias de esa cartera.

Su defensor, Baclini, aseguró que Segura está “arrepentido” por lo ocurrido y sostuvo que la agresión se produjo en el marco de una discusión previa, por lo que no habría sido planificada. La agresión quedó registrada en video y fue corroborada por testimonios presenciales y documentación médica. El legislador debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario y sometido a una intervención quirúrgica para reparar la fractura nasal.