POLITICA
El Gobierno quedó atrapado en el caso Adorni y ahora busca oxigenar la gestión con una batería de anuncios económicos
Toda la semana, de principio a fin, volvió a girar alrededor de Manuel Adorni. El Gobierno quedó atrapado en una crisis política que, pese a los intentos por desactivar rumores y mostrar respaldo interno, siguió escalando mientras avanzaba la causa judicial que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.
La semana había comenzado mal para la Casa Rosada. Mientras Adorni brindaba una conferencia de prensa ante los periodistas acreditados, en los tribunales declaraba el contratista Matías Tabar, quien aseguró que el vocero de Javier Milei le pagó 245.000 dólares en negro por obras en una de sus propiedades. A partir de ahí comenzó una verdadera montaña rusa política y judicial.
Adorni negó haber entregado esa suma. Sostiene que su casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz vale mucho menos de lo que se afirma en el expediente y vincula a Tabar y a su familia con un partido vecinal y con el peronismo.
El martes la situación se recalentó todavía más. Ese día Javier Milei viajó a Los Ángeles, aunque su hermana Karina, por las dudas, permaneció en Buenos Aires. En paralelo, Adorni convocó a una reunión de Gabinete para el viernes, es decir, cuatro días después. El plazo alimentó todo tipo de especulaciones sobre una posible renuncia del funcionario.
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Sin embargo, Karina Milei lo respaldó en reuniones muy reservadas y el Presidente lo incluyó en una foto de fuerte contenido político junto a la comunidad judía. Fue una señal de apoyo explícita en medio de la crisis.
Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó abrir el celular del contratista. En la Justicia creen que su contenido puede resultar explosivo. Adorni, en cambio, asegura que puede justificar todos sus movimientos de dinero y sostiene que parte de sus ingresos podrían provenir de una herencia de su padre.
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En el plano judicial, la causa ingresó en el tiempo lento de los peritajes contables. Pero hay dos circunstancias que el jefe de Gabinete no podrá evitar. Por un lado, el expediente seguirá filtrando novedades que lo incomodan. Por el otro, el juez Ariel Lijo le pedirá, más temprano que tarde, que justifique ingresos, patrimonio y gastos. Solo si sus números cierran podría evitar una indagatoria.
Sin embargo, el principal problema para el Gobierno no es judicial, sino político. Las especulaciones continuaron durante toda la semana y el miércoles Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que salir a aclarar que no reemplazará a Adorni y que el funcionario explicará todos sus temas ante la Justicia.
Bullrich abrió otro foco de conflicto interno
Pero todo volvió a tensarse cuando, por la tarde, Patricia Bullrich sostuvo que Adorni debería presentar de inmediato su declaración jurada y no esperar hasta el 31 de julio, porque “está sufriendo el Gobierno, el país y el proyecto”. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza hizo así un gesto de autonomía y lanzó una bomba política justo cuando Milei estaba en Estados Unidos.
Bullrich no es una dirigente más dentro del oficialismo. La exministra tiene menos peso que antes en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, pero conserva un capital electoral importante, con altos niveles de imagen y caudal de votos. Su postura marcó una diferencia relevante respecto de la línea oficial. En la Casa Rosada muchos se preguntan si piensa en 2027 o si se conformará con ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires.
Milei reaccionó rápido. Respondió con dureza: aseguró que Adorni no se va, que presentará rápidamente su declaración jurada y remarcó que los colaboradores los elige él, porque es el Presidente. Fueron dos respuestas con destinatarios distintos. La crisis derivó en enojo y malestar en la cima del poder.
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El Presidente tiene tres explicaciones. Si no lo desplazó el primer día, difícilmente lo hará ahora, después de haber resistido semanas de cuestionamientos. En segundo lugar, sostiene que el affaire no alteró la imagen pública sobre la gestión. Por último, avanzar contra Adorni significaría ceder su alfil a una supuesta conspiración que, según él cree, armaron los medios de comunicación y empresarios.
Ese mismo día, Karina Milei dio otra orden categórica: la derogación de las PASO, proyecto enviado por el Gobierno al Senado, “no es negociable”. Fue otro mensaje dirigido a Bullrich, que había planteado que el oficialismo estaba dispuesto a evaluar alternativas menos drásticas o modificaciones aceptables para la oposición.
Por eso, Martín Menem bajó inmediatamente la línea de Karina Milei en Diputados: ningún proyecto que llegue desde el Senado modificando el régimen de las PASO será aprobado en la Cámara baja. El oficialismo solo aceptará la derogación total.
El jueves, Adorni intentó quitarle dramatismo a la exigencia de Bullrich. Dijo que ella es una “fenómena” y sostuvo que simplemente “espoileó” algo que todos ya sabían: que adelantará la presentación de su declaración jurada. No precisó cuándo lo hará.
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Ayer, finalmente, el Gobierno dio tres señales de respaldo. El jefe de Gabinete participó de una actividad en la nueva planta de Mercedes-Benz junto a Karina Milei y Diego Santilli.
Más tarde, Adorni encabezó una conferencia de prensa que tuvo un doble sentido. A sus lados se ubicaron los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, quienes concentraron las respuestas y los anuncios oficiales. Caputo anticipó el envío al Congreso de un nuevo Súper RIGI y, además, aprovechó para decir que la causa no tiene impacto en la economía. La aclaración no fue casual: durante la semana habían circulado versiones que le atribuían una posición diferente e incluso cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete.
Finalmente, Javier Milei encabezó una extensa reunión ampliada de Gabinete, de la que participaron todos los ministros y también Patricia Bullrich. Ese fue el escenario elegido por el mandatario para volver a ratificar a Adorni. “Prefiero perder la elección a echarlo”, aseguró ante los presentes. Bullrich escuchaba.
A esta altura, el Gobierno ya no tiene un problema, sino dos. El primero sigue concentrado en Adorni; la posibilidad de volver a imponerse que él tiene al frente de la gestión diaria y los avatares judiciales.
Pero el segundo frente tiene una densidad política mayor. Algo hace ruido en la cima del poder entre Karina Milei, que tiene cada día un rol más relevante en el Gobierno, y Bullrich, que expresamente hizo hincapié en aclarar que “siempre fue rebelde”. Ya no es una interna entre Karina y Santiago Caputo. Ahora, aquella grieta se mide en votos.
Los números económicos, sin impacto en la agenda
En medio de la crisis política, el Gobierno también acumuló varias noticias económicas positivas. Argentina comenzó a exportar a la Unión Europea aprovechando los cupos establecidos por el acuerdo UE-Mercosur. Además, la calificadora Fitch elevó la nota de la deuda argentina desde CCC, considerada de riesgo extremo, a B-, categoría de deuda especulativa, lo que habilita a bancos y fondos a comprar títulos argentinos.
También bajó el riesgo país. Las exportaciones mineras podrían alcanzar los 9000 millones de dólares anuales. Según la Cámara Argentina de Comercio, las exportaciones a Brasil crecieron 21% interanual. A su vez, en marzo la industria avanzó 3,2% respecto de febrero y la construcción creció 4,7%.
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La Ciudad de Buenos Aires, además, logró colocar un bono por 500 millones de dólares a la tasa de interés más baja de los últimos 30 años.
Pero las nubes siguen borrando el horizonte y el Gobierno continúa atrapado en el caso Adorni, sin lograr recuperar la agenda política.
Manuel Adorni, Javier Milei, Patricia Bullrich, Karina Milei, La Libertad Avanza
POLITICA
La Asociación de Magistrados se reunió con Mahiques y respaldó el envío de pliegos para cubrir las vacantes en la Justicia
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su respaldo a la decisión del gobierno de Javier Milei de enviar al Senado los pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales, calificándola como una “primera y contundente respuesta” frente al problema estructural de vacantes en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
Según el comunicado difundido este jueves por la AMFJN, la entidad resaltó la medida impulsada por el Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, y subrayó que la persistencia de vacantes afecta el funcionamiento adecuado del servicio judicial en la Argentina. En las últimas semanas, el Gobierno remitió al Senado más de 100 pliegos para cubrir cargos en distintos fueros y jurisdicciones.
El pronunciamiento se conoció semanas después de que el Gobierno enviara al Senado más de 100 pliegos para cubrir vacantes estratégicas en distintos fueros judiciales del país, en una medida impulsada por el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
Tal como informó Infobae, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara alta una amplia nómina de candidatos para ocupar juzgados y tribunales vacantes, luego de varios meses de revisión interna de expedientes y negociaciones políticas. Entre los cargos incluidos aparecieron posiciones sensibles en la Justicia federal, tribunales orales y juzgados nacionales de distintos puntos del país.
El reclamo por la cobertura de vacantes y el diálogo con el Gobierno
En el comunicado, la Asociación de Magistrados sostuvo que viene reclamando “desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos”.
La entidad advirtió además que “la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país”.
En ese marco, destacó especialmente la decisión del Gobierno nacional de avanzar con nuevos nombramientos. “Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad”, afirmó la AMFJN.
En distintos sectores judiciales venían creciendo las preocupaciones por el volumen de vacantes acumuladas en tribunales nacionales y federales. En muchos casos, los juzgados funcionan desde hace años con subrogancias o esquemas transitorios, situación que impacta directamente en los tiempos procesales y en la carga de trabajo de magistrados y funcionarios.
El respaldo institucional de la Asociación de Magistrados adquiere además relevancia política porque se produce en medio de las discusiones sobre el funcionamiento de la Justicia federal y la necesidad de acelerar los mecanismos de designación de jueces.
En el comunicado, la entidad presidida por Andrés Basso expresó “su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación” y sostuvo que el mecanismo constitucional impulsado por el Ejecutivo “permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país”.
La declaración institucional fue difundida luego de una reunión realizada la semana pasada en la sede de la Asociación de Magistrados, donde participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario de Justicia, Santiago Viola.
Por parte de la AMFJN estuvieron presentes, además de Basso, la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa; la representante de los funcionarios, Maite Soprano; la secretaria general María Carolina Ocampo; el prosecretario general Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera Gabriela Iturbide; y la consejera María Jimena Monsalve.
De acuerdo con el comunicado de prensa, durante el encuentro “se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.
Además, se analizó específicamente “la situación vinculada con la cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, destacándose especialmente el reciente envío al Senado de la Nación de pliegos para la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales”.
La cuestión de las vacantes judiciales se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda del Ministerio de Justicia durante los últimos meses. En el Gobierno sostienen que el volumen de cargos sin cubrir genera demoras procesales, dificultades administrativas y una creciente dependencia de mecanismos de subrogancia que, en algunos casos, se extienden durante años.
En ese contexto, la administración de Milei decidió acelerar la elaboración y remisión de pliegos al Senado, aunque el escenario parlamentario continúa atravesado por tensiones políticas. La aprobación definitiva de los candidatos requerirá acuerdos entre el oficialismo y distintos bloques opositores en la Cámara alta.
POLITICA
Crisis universitaria: Yacobitti acusó a Adorni de “pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, desmintió este sábado las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el financiamiento de los hospitales universitarios y acusó al Gobierno de retener fondos ya aprobados en el presupuesto 2026 como mecanismo de presión para debilitar el reclamo universitario. La polémica se produce días antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo a las 17 horas en la Plaza de Mayo.
En una entrevista con Radio Mitre, Yacobitti rechazó punto por punto los argumentos de Adorni, quien este viernes, durante una conferencia de prensa, calificó de “falsa” la denuncia de la UBA por el desfinanciamiento de sus hospitales. El jefe de Gabinete sostuvo que el Ejecutivo transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto 2026 para la función salud, y que lo que la UBA reclama es “una partida adicional de 75.371 millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país”. “Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales”, sentenció el funcionario.
Yacobitti respondió que esa descripción mezcla deliberadamente partidas distintas. La cifra en disputa —que el propio Ministerio de Capital Humano calculó en unos 80.000 millones de pesos— no es una demanda adicional ni extraordinaria, sino una partida específica para hospitales universitarios que figura en el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y propuesto por el propio Ejecutivo. “No estamos hablando de la Ley de Financiamiento Universitario, sino de una ley que ni siquiera fue vetada y que el Gobierno reconoce que todavía no cumplió absolutamente nada», afirmó el vicerrector.
Esa partida cubre los gastos operativos de los hospitales universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA, la de La Rioja y la de Cuyo. Según los directores de los hospitales Clínicas, Roffo y Lanari, que el 5 de mayo dieron una conferencia de prensa para alertar sobre la situación, al cabo de cuatro meses del año el Gobierno no había girado un solo peso de esos fondos. El propio comunicado de Capital Humano reconoció que el ministerio aún analiza cómo distribuir esa partida. Para Yacobitti, ese reconocimiento implícito contradice la versión pública de Adorni: “Lo que está haciendo Adorni es pretender confundir a la gente para deslegitimar un reclamo”.
Sobre el argumento de la proporcionalidad —que la UBA pretende el 94,5% de los fondos destinados a todo el sistema—, el vicerrector explicó que esa distribución no es nueva ni arbitraria. En 2024, el Gobierno asignó casi el 90% de esa partida a la UBA; en 2025, el 85%. La razón es de escala: los hospitales de la universidad porteña atienden a un volumen de pacientes muy superior al del resto. El Hospital Roffo, centro oncológico de alta complejidad que recibe pacientes de todo el país, ya redujo tratamientos y derivó algunas patologías a otros centros por falta de insumos.
Yacobitti fue más allá en su caracterización de la estrategia oficial. Afirmó que el Gobierno retiene los fondos del presupuesto 2026 de forma deliberada para presionar a las universidades y que moderen su reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que está haciendo es decirle a las universidades de manera indirecta: si ustedes siguen reclamando, yo no les voy a pagar en tiempo y forma el presupuesto 2026”, sostuvo. Al ser consultado sobre si esa situación del Gobierno era una extorsión, el vicerrector respondió: “Sí, claro. Lo es”.
La presión recae con mayor fuerza sobre la UBA por su peso relativo en el sistema y su capacidad de visibilización, según Yacobitti, quien descartó que eso frene la movilización. Para el Gobierno, en cambio, el equilibrio fiscal justifica la demora: Adorni señaló que las transferencias a las universidades se realizan en forma mensual, que la inflación bajó del 211,4% al 31,5% respecto de la gestión anterior y que el presupuesto universitario 2026 creció hasta los 4,8 billones de pesos. También planteó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida” hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
Yacobitti rechazó también los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos universitarios. Las universidades son auditadas de forma permanente por la Auditoría General de la Nación (AGN) y los informes están disponibles en las páginas de cada facultad y en el sitio de la AGN. Añadió que el monto de los 80.000 millones para hospitales universitarios es inferior a lo que el Estado dejará de recaudar por la reducción del impuesto a los autos de lujo, y que el presupuesto universitario destina el 90% a salarios que el propio Gobierno transfiere directamente a docentes y trabajadores.
La crisis de financiamiento tiene además una dimensión de largo plazo que Yacobitti subrayó: en los últimos dos años, 438 docentes e investigadores abandonaron la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, sobre una planta de aproximadamente 3.200 personas. Muchos tienen posgrados y especializaciones en el exterior. Los procesos de investigación interrumpidos no se retoman de inmediato, advirtió el vicerrector.
La movilización del 12 de mayo fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con epicentro en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en todo el país. Yacobitti señaló que la vía legislativa y la judicial ya se agotaron: hay dos fallos judiciales favorables a las universidades que el Ejecutivo no acata.
POLITICA
Kicillof criticó el estado del sistema de Salud, el Gobierno salió a cruzarlo y le reclamó una deuda: «Basta de mentiras»
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de provocar un deterioro en el sistema de salud y el Gobierno salió a responder con crudeza: “Debe dejar de mentir y hacerse cargo de la provincia que gobierna”.
El mandatario provincial participó este viernes de un congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en Córdoba y estuvo acompañado por el secretario general del gremio y extitular de la CGT, Héctor Daer.
“El sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada”, escribió Kicillof en X.
Para el gobernador bonaerense, la salud no puede ser “un privilegio de unos pocos”. “No podemos tolerar tanto desprecio. El problema no son los médicos ni la salud pública; el problema es Milei”, apuntó.
La reacción de la Casa Rosada ante la crítica del gobernador bonaerense fue inmediata. La Oficina de Respuesta Oficial rechazó las acusaciones y planteó que su gestión mantiene una deuda con Nación por $630.635 millones en concepto de su porcentaje de participación en los hospitales SAMIC.
“Pese a esa deuda millonaria que obliga a Nación a sostener el 100% de su financiamiento, Kicillof sale a dar clases de federalismo e inventa que el Gobierno ‘no entrega remedios ni invierte en hospitales’”, plantearon desde la administración libertaria.
En esa línea, la Oficina de Respuesta Oficial desmintió los dichos de Kicillof y subrayó que “la salud es responsabilidad primaria de las provincias”, al sostener que la Constitución establece que las jurisdicciones conservan los poderes no delegados.
También rechazaron las acusaciones del gobernador sobre un supuesto recorte en el programa REMEDIAR.
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Según datos oficiales, el Ministerio de Salud invirtió más de $68.300 millones en 2025 y $25.595 millones en el primer trimestre del año en medicamentos de alto costo y oncológicos destinados a los bonaerenses. Con respecto al programa REMEDIAR PBA, la provincia recibió medicamentos por más de $5329 millones.
“El gobernador debe dejar de mentir y hacerse cargo de la provincia que gobierna, pagando lo que debe, atendiendo a sus afiliados de IOMA y, sobre todo, dejando de inventar culpables en Nación. Los recursos existen. El problema es cómo se administran”, concluyó la publicación de la Oficina de Respuesta Oficial.
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