ECONOMIA
Shutdown en Argentina: la razón detrás de la idea de Milei de avanzar con un «apagón» del Estado
El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para incorporar en la Argentina un mecanismo similar al «government shutdown» de los Estados Unidos; es decir, un «apagón» del Estado mediante el cual este deja de funcionar y de ejecutar gastos. Si bien lo presentó como parte del ahorro de recursos de la «motosierra», el motivo real es la caída de la recaudación —que en junio registró una baja del 7,4% real en comparación con junio de 2025—, la creciente «deuda flotante» con proveedores y la escasez de recursos para afrontar el funcionamiento cotidiano de la administración pública.
Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales del Ministerio de Economía que dirige Luis «Toto» Caputo, la deuda flotante de los primeros cinco meses de 2026 (de enero a mayo, según los últimos datos disponibles) sumó 11,8 billones de pesos. Solo en el mes de mayo, la cifra alcanzó los 1,4 billones.
La deuda flotante es la ejecución del gasto que el Estado reconoce como registrado y facturado por el proveedor, pero que no ha sido ejecutado; es decir, que no se pagó. En la práctica, funciona como un retraso en los pagos: el proveedor brinda el servicio, el Estado lo registra y lo reconoce, pero «pedalea» el cumplimiento de la obligación por meses. Este fenómeno es una derivación directa de la recesión y de la baja en la recaudación fiscal.
En otras palabras, para exhibir superávit fiscal, Caputo y Milei dejan de ejecutar pagos exigibles, y esa falta de recursos llevaría al Presidente a decretar un «shutdown». De paso, Milei encontraría otra manera de mostrarse en sintonía con su aliado político, Donald Trump.
La iniciativa fue presentada por el Presidente como una herramienta para profundizar la disciplina fiscal y evitar cualquier desvío del equilibrio de las cuentas públicas, atribuyéndole la responsabilidad a «la política». Sin embargo, según admitieron fuentes oficiales a iProfesional, la realidad es más compleja: «Estamos raspando la olla y no hay plata». Son luces amarillas en el frente fiscal.
¿Qué es el shutdown de Milei y cómo funcionaría el «apagón» del Estado?
Milei lo explicó de la siguiente manera durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura: «Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo…, en realidad, de la política». Y prosiguió: «Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y apagás el Estado». Así que vamos a terminar con eso por ley».
En el diálogo, Fantino celebró la medida con expresión de admiración: «Javi, es otro país, otro país». A lo que Milei redobló la apuesta: «Por eso te digo… que esto guarda relación con la ley de mercado de capitales; hoy a las 18 empezamos a tejer eso».
El concepto «government shutdown» remite al sistema norteamericano, donde el cierre parcial o total del gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para mantener operativas las agencias federales. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambos modelos.
En Estados Unidos el mecanismo está regulado desde hace décadas y contempla cuáles son los servicios esenciales que deben seguir funcionando —como defensa, seguridad, control aéreo, hospitales y emergencias— aun cuando el resto de la administración quede paralizada. Además, responde a un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por la aprobación del presupuesto.
La propuesta que analiza Milei tendría otra lógica: establecer por ley que, una vez agotados los recursos presupuestarios asignados, el Estado deje automáticamente de gastar. Además, todavía falta definir cuáles serían los servicios esenciales y los no esenciales que podrían «apagarse». En este caso, el motivo fundamental sería que «se terminó la plata» y no la falta de aprobación de una partida presupuestaria por disputas legislativas.
La deuda flotante del Estado: el dato clave que explica el anuncio
El trasfondo económico del proyecto aparece reflejado en las cuentas públicas. Entre enero y mayo, la deuda flotante del Estado nacional alcanzó, sumando todos los meses, los 11,8 billones de pesos, según los últimos datos oficiales disponibles. Se trata de obligaciones con proveedores, prestadores de servicios, contratistas, provincias y otros acreedores del Estado que permanecen pendientes de pago.
¿Cómo se compone esa deuda flotante de estos cinco meses? De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Economía sobre la Evolución de la Deuda Exigible de la Administración Central durante 2026, analizada por auditores internos y a la que accedió iProfesional, las obligaciones pendientes de pago registraron fuertes variaciones entre enero y mayo.
El indicador tuvo un pico de deuda de $4.044.758,20 millones en marzo, para luego descender a $2.791.422,03 millones en abril y a $1.422.736,19 millones en mayo. En tanto, en enero había sido de $1.582.757,61 millones y en febrero de $1.950.414,55 millones. La sumatoria de estos períodos arroja los 11,8 billones de pesos mencionados.
Los principales compromisos no pagados se concentraron en transferencias a provincias, con $676.596,97 millones en enero, $1.020.428,46 millones en febrero, $1.759.296,10 millones en marzo, $1.023.141,73 millones en abril y $419.568,13 millones en mayo. Esto explica los reclamos de recursos que los gobernadores le transmiten al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en las reuniones celebradas en la Casa Rosada.
La deuda con el personal y los salarios también representó una porción importante, con montos de $428.331,41 millones, $359.269,23 millones, $428.532,37 millones, $378.534,55 millones y $299.873,88 millones, respectivamente.
En el rubro de bienes y servicios, la deuda exigible fue de $87.816,19 millones en enero, $106.991,31 millones en febrero, alcanzó un máximo de $364.924,13 millones en marzo, para luego bajar a $178.207,50 millones en abril y a $107.922,55 millones en mayo. En bienes de uso, los compromisos oscilaron entre $46.040,22 millones y $78.668,84 millones durante el mismo período.
La inversión financiera solo registró deuda exigible en marzo, por $50.721,16 millones, mientras que la adquisición de títulos y valores mostró obligaciones de $29.211,42 millones en enero, $9.591,31 millones en febrero, $51.133,28 millones en marzo, $29.675,56 millones en abril y $7.104,74 millones en mayo. No se informaron montos correspondientes a la disminución del patrimonio.
Por otra parte, los gastos figurativos corrientes y de capital, que constituyen transferencias dentro del sector público, también reflejaron cifras elevadas: $313.098,45 millones en enero, $359.681,85 millones en febrero, $1.271.496,29 millones en marzo, $1.039.573,53 millones en abril y $448.257,49 millones en mayo. A ello se suman los gastos figurativos para aplicaciones financieras, que ascendieron a $1.662,94 millones en enero, $39.986,03 millones en febrero y marzo, $72.446,47 millones en abril y $85.506,66 millones en mayo.
La planilla oficial aclara que estos datos no incluyen la deuda pública y que no se incorporan registros anteriores a 2025. Aunque parte de esos compromisos se cancelan en los meses subsiguientes, el fenómeno se repite de manera sistemática: todos los meses se generan nuevas obligaciones impagas.
Sólo en mayo la deuda flotante ascendió a 1,4 billones de pesos. En términos prácticos, esto significa que el Tesoro reconoce esos gastos, pero posterga los pagos para preservar caja. De ese modo, el déficit fiscal se desplaza hacia adelante.
Tal es así que ese dato contrasta con el discurso oficial que exhibe el superávit fiscal como el principal logro de la administración Milei. El vocero presidencial Adrián Ravier sinceró este martes en la Casa Rosada que «el Gobierno no puede bajar impuestos hasta no tener superávit fiscal», mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, convirtió al equilibrio de las cuentas públicas en el eje central de toda la estrategia económica. Milei y Caputo repiten en todos sus discursos que alcanzaron el equilibrio fiscal desde el primer mes de su gestión, pero las declaraciones del vocero evidenciaron matices internos.
Es por ello que muchos economistas advierten que una parte sustancial del superávit se explica, precisamente, por el diferimiento de pagos y la acumulación de deuda flotante.
Una caja fiscal cada vez más ajustada por el ajuste fiscal
Los números de mayo muestran la estrechez financiera del Estado. Ese mes, el Tesoro recaudó 13,2 billones de pesos.
De ese total, destinó:
- 7,9 billones a jubilaciones, pensiones y AUH
- 1,3 billones al pago de salarios
- 2,1 billones al pago de intereses de la deuda
- 500.000 millones a otros gastos
En conjunto, esos cuatro rubros absorbieron 11,9 billones de pesos, equivalentes a cerca del 86% de toda la recaudación de 13,2 billones. El restante 1,4 billón quedó asentado como deuda exigible o deuda flotante. «Tiene dos componentes: una recaudación insuficiente y una recaudación que se destina a deudas con proveedores de meses anteriores o a cubrir vencimientos de deuda pública con acreedores privados u organismos; entonces, quedan gastos del mes sin pagar y pasan para los meses siguientes», señalaron fuentes del Gobierno.
Con el margen de ese remanente debían afrontarse los gastos de funcionamiento del Estado, la compra de insumos hospitalarios, los programas sociales, las transferencias a provincias, los subsidios, el mantenimiento de organismos y la escasa obra pública que continúa en ejecución. Al no realizarse esos desembolsos, se genera de forma constante la denominada deuda flotante.
Allí aparece el nudo del problema: obligaciones que simplemente quedan pendientes. A esta situación se suma otro factor que preocupa al Palacio de Hacienda: la recaudación tributaria volvió a deteriorarse y en junio registró una caída real del 7,4%, reduciendo todavía más la disponibilidad de recursos líquidos.
Prioridad para la deuda financiera
Fuentes vinculadas al Ministerio de Economía explican que el esquema presupuestario vigente prioriza el cumplimiento de los compromisos financieros.
En otras palabras, antes que cancelar obligaciones con proveedores o gastos operativos, el Gobierno procura garantizar el pago de los vencimientos de deuda, los compromisos con organismos internacionales como el FMI y el BID, y los bonos emitidos por el Tesoro.
En esa misma línea se inscribe el reciente acuerdo anunciado por Caputo con BBVA, Santander y Deutsche Bank, que otorgarán un préstamo por u$s3.200 millones, con garantía de organismos multilaterales, para afrontar vencimientos financieros. El capital comenzará a amortizarse recién en 2029, mientras que el Banco Mundial cobrará alrededor de u$s100 millones por actuar como garante.
Para distintos analistas, esa prioridad configura una lógica de «frazada corta»: los recursos alcanzan para cumplir con los acreedores financieros, pero resultan insuficientes para sostener plenamente el funcionamiento de la estructura estatal.
Un modelo inspirado en Estados Unidos y el trasfondo político
Desde el Gobierno relativizan las diferencias y sostienen que el proyecto aún está en etapa de elaboración. Voceros oficiales señalaron que «será parecido a lo que ocurre en Estados Unidos» y remarcaron que «cada país define cuáles son sus actividades esenciales».
No existen todavía precisiones sobre qué organismos quedarían alcanzados, cuáles continuarían funcionando ni cómo se garantizarían prestaciones sensibles como salud, educación, justicia o seguridad. Por el momento, Milei avanza únicamente en la etapa de preparación de un anteproyecto de ley.
En Estados Unidos, los cierres del gobierno ocurrieron unas veinte veces desde la década de 1970. El más reciente, durante la segunda presidencia de Donald Trump entre fines de 2025 y comienzos de 2026, provocó la suspensión del pago de salarios a millones de empleados federales, afectó servicios públicos, retrasó programas sociales y paralizó numerosas agencias nacionales, aunque continuaron operando las áreas consideradas críticas.
Más allá de la explicación técnica, el anuncio contiene una fuerte carga política.
Milei busca convertir el equilibrio fiscal en un principio legal permanente que limite la capacidad de futuros gobiernos para expandir el gasto público. La iniciativa se complementa con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y otras normas vinculadas al mercado de capitales y las reglas fiscales.
Sin embargo, el proyecto también deja expuesta la tensión entre el discurso del superávit y la realidad de una administración que enfrenta una recaudación en retroceso, crecientes obligaciones impagas y una caja cada vez más ajustada.
En ese contexto, el «shutdown» aparece no sólo como una bandera ideológica con la cual Milei puede emular al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y adaptarse al modelo libertario, sino también como la respuesta institucional que el Gobierno busca diseñar frente a un problema mucho más inmediato: la escasez de recursos para sostener el funcionamiento del Estado sin abandonar su compromiso de déficit cero.
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ECONOMIA
Una provincia lanzó un programa para darle trabajo a 10.000 personas sin empleo: cómo inscribirse
En un contexto en el que el empleo formal continúa mostrando dificultades para absorber a quienes se encuentran fuera del mercado de trabajo, el Gobierno de Córdoba presentó un nuevo programa destinado a facilitar la inserción laboral de 10.000 personas desempleadas de la provincia.
La iniciativa se denomina Empleo +26 y tiene como objetivo generar oportunidades de trabajo de calidad, promoviendo para sus beneficiarios su incorporación al mercado laboral y favoreciendo tanto su desarrollo personal como el crecimiento económico de la provincia.
El programa está dirigido a personas mayores de 26 años que residan en Córdoba y se encuentren desempleadas o no cuenten con un empleo registrado.
Además, la convocatoria establece criterios de prioridad para determinados grupos. En primer lugar, tendrán preferencia las personas mayores de 45 años, uno de los segmentos con mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
También se priorizará a quienes residan en los 12 departamentos alcanzados por el Plan de Igualdad Territorial (PIT) —Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca—, con el objetivo de impulsar el empleo en las regiones con mayores desafíos socioeconómicos.
El programa ofrece un total de 10.000 vacantes con dos opciones: 5.000 puestos formales en empresas privadas y 5.000 cupos para prácticas laborales pagas, que incluyen capacitación.
- Empleo formal: Las compañías que sumen personal recibirán del gobierno durante doce meses un aporte económico igual a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nueva incorporación. El beneficio se incrementa hasta 1,5 salarios mínimos si la persona contratada supera los 45 años o reside en las zonas contempladas por el Plan de Igualdad Territorial. En este caso, la remuneración del trabajador será de acuerdo al convenio colectivo de trabajo del rubro en el que se desempeñará.
- Prácticas laborales pagas: Esta opción está dirigida a otras 5.000 personas que accederán a prácticas de 20 horas semanales, durante seis meses, con capacitación en el lugar de trabajo. Recibirán una asignación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y podrán utilizar el Boleto Obrero Social.
Cabe mencionar que se reserva el 5% del cupo total destinado a la población con discapacidad y trasplantados y otro 5% a personas en situación de vulnerabilidad.
El programa establece una serie de incompatibilidades. No podrán postularse quienes no acrediten residencia en la provincia de Córdoba ni quienes tengan un empleo registrado en relación de dependencia. Tampoco podrán acceder quienes perciban jubilaciones, pensiones contributivas o retiros por invalidez laboral.
A su vez, quedan excluidos los inscriptos en el Monotributo desde la categoría C en adelante y quienes ya sean beneficiarios de otros programas de empleo de alcance municipal, provincial o nacional.
La normativa también impide que accedan al beneficio el cónyuge o conviviente del empleador, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, establece que una misma persona no podrá ser simultáneamente empleador y beneficiario del programa.
El período de inscripción para las capacitaciones permanecerá abierto hasta el 28 de agosto, mientras que la modalidad de empleo formal mantendrá su inscripción habilitada durante todo el año. Para postularse, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar, buscar Empleo +26 y, en la opción Quiero inscribirme, seleccionar Soy postulante.
- Hacer clic en Completá el formulario e iniciar sesión en CiDi para acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP).
- En el FUP, buscar Empleo +26, presionar Postulación y confirmar la solicitud.
- Confirmar o editar los datos personales y validar la información del grupo conviviente.
- Completar todos los campos requeridos: datos de contacto, educación, salud y test de habilidades.
- Cargar el CUIT de la empresa donde se realizará el entrenamiento laboral, finalizar la postulación y confirmar.
- Revisar los datos personales y de contacto, seleccionar los puestos de interés en el Perfil Laboral y guardar las preferencias.
- Presionar Aceptar para guardar definitivamente los datos del formulario.
Es importante mencionar que los candidatos deberán previamente buscar la empresa, comercio o empleadores monotributistas para realizar su entrenamiento laboral. La provincia, a través de las oficinas de empleo, articula el programa y facilita el contacto con las diferentes empresas.
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La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y las entidades empleadoras Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) firmaron un nuevo acuerdo paritario para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 807/23, que establece un mecanismo de actualización mensual de los salarios básicos desde julio hasta diciembre de 2026.
El entendimiento fija que los salarios se ajustarán automáticamente todos los meses en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, el esquema de incrementos queda atado a la evolución de la inflación registrada en el mes inmediato anterior.
Además de definir la modalidad de actualización salarial, el acuerdo incorpora la escala correspondiente a julio de 2026 y establece que las partes firmarán nuevas escalas mensualmente para reflejar cada actualización. También prevé una nueva instancia de negociación durante enero de 2027 para determinar las condiciones salariales que regirán el próximo año.
UTEDYC acordó una actualización mensual de salarios por inflación
El nuevo acuerdo salarial alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23, que regula las relaciones laborales del personal que presta servicios en mutuales representadas por la CAM y la CONAM.
La principal característica del entendimiento es la implementación de una cláusula de actualización automática de los salarios básicos convencionales. En lugar de fijar porcentajes predeterminados para varios meses, las partes resolvieron que los haberes se ajusten mensualmente tomando como referencia la inflación oficial medida por el INDEC.
Según lo establecido en el acta, cada actualización salarial se calculará utilizando la variación del IPC correspondiente al mes anterior al de aplicación.
Esto implica que los salarios de julio de 2026 incorporan la inflación registrada durante junio, los haberes de agosto se actualizarán con el IPC de julio, y el mismo mecanismo continuará durante los meses siguientes hasta diciembre.
El calendario de actualizaciones funcionará de la siguiente manera:
De esta manera, el convenio establece un esquema de actualización mensual que permanecerá vigente hasta finalizar el año.
Cómo funcionará el mecanismo de actualización salarial
El acuerdo determina que el incremento mensual surgirá directamente de la variación porcentual informada por el INDEC para el Índice de Precios al Consumidor.
En la práctica, cada vez que el organismo publique el dato oficial de inflación de un determinado mes, ese porcentaje será utilizado para actualizar los salarios básicos del mes siguiente.
El sistema permite que los salarios convencionales acompañen mensualmente la evolución del índice inflacionario durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.
Las partes no establecieron porcentajes fijos adicionales ni sumas extraordinarias dentro del acuerdo firmado. El único parámetro previsto para las actualizaciones mensuales será la variación del IPC oficial.
Este mecanismo también implica que las escalas salariales deberán modificarse todos los meses para reflejar los nuevos valores resultantes de la actualización correspondiente.
La escala salarial de julio ya fue incorporada al convenio
Como parte del acuerdo, UTEDYC, la CAM y la CONAM incorporaron como Anexo I la escala salarial correspondiente al mes de julio de 2026.
Los valores incluidos en esa escala ya contemplan la actualización derivada de la inflación registrada durante junio.
Asimismo, las partes acordaron que cada mes suscribirán una nueva escala salarial que incorporará el porcentaje de actualización correspondiente según el IPC publicado por el INDEC.
Cada una de esas escalas pasará a integrar el convenio colectivo como anexos complementarios, permitiendo contar con valores salariales actualizados durante toda la vigencia del acuerdo.
Qué ocurrirá después de diciembre de 2026
El entendimiento firmado entre las partes tiene vigencia hasta la actualización correspondiente al mes de diciembre de 2026.
Una vez finalizado ese período, el acuerdo establece que representantes sindicales y empleadores volverán a reunirse durante enero de 2027, con el objetivo de analizar las condiciones salariales que regirán para el nuevo período y definir la modalidad de negociación que se aplicará durante 2027.
De esta manera, el convenio deja prevista una nueva instancia paritaria para revisar la evolución de los salarios y establecer las futuras pautas de actualización.
El acuerdo podrá ser homologado por la autoridad laboral
El texto firmado también contempla el procedimiento administrativo posterior a la suscripción del acuerdo.
En ese sentido, las partes establecieron que cualquiera de los firmantes podrá solicitar la homologación ante la autoridad laboral competente.
La homologación constituye el trámite mediante el cual la autoridad administrativa verifica el acuerdo celebrado entre las partes y le otorga los efectos previstos por la normativa laboral vigente.
Hasta tanto se complete ese procedimiento, el acta refleja el entendimiento alcanzado entre la organización sindical y las entidades empleadoras.
Qué establece el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23
El Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 regula las condiciones laborales del personal que presta servicios en mutuales representadas por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM).
Dentro de ese marco convencional se establecen las categorías laborales, los salarios básicos, las condiciones de trabajo y las distintas cláusulas aplicables a los trabajadores comprendidos por el convenio.
Con el nuevo acuerdo salarial, las partes modificaron exclusivamente las escalas salariales para el período julio-diciembre de 2026 mediante la incorporación del mecanismo de actualización mensual vinculado al IPC.
El sistema acordado reemplaza la fijación de incrementos porcentuales para varios meses por un esquema de ajustes mensuales calculados sobre la inflación oficial publicada por el INDEC.
Puntos principales del acuerdo salarial de UTEDYC para mutuales
El entendimiento firmado entre UTEDYC, la CAM y la CONAM establece los siguientes aspectos:
- Actualización mensual automática de los salarios básicos convencionales
- Ajustes calculados según la variación del IPC del mes inmediato anterior
- Vigencia del mecanismo desde julio hasta diciembre de 2026
- Incorporación de la escala salarial de julio como Anexo I del convenio
- Firma de nuevas escalas salariales todos los meses para reflejar cada actualización
- Nueva reunión paritaria prevista para enero de 2027
- Posibilidad de solicitar la homologación del acuerdo ante la autoridad laboral
Con este esquema, los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 tendrán actualizaciones mensuales de sus salarios básicos convencionales conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.
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ECONOMIA
Pese al efecto del RIGI, la inversión bruta interna cayó más de 7% en el primer semestre del año
La inversión bruta interna volvió a mostrar signos de debilidad en junio y profundizó el deterioro que arrastra desde comienzos de año. En un contexto de actividad económica aún golpeada y sin señales claras de una recuperación sostenida, el nivel de inversión registró una nueva caída interanual, impulsada principalmente por el retroceso en la compra de maquinaria y equipos, mientras que la construcción exhibió una leve mejora.
De acuerdo con las estimaciones de OJF, la consultora de Orlando Ferreres, la inversión cayó 6,2% interanual en junio medida en términos de volumen físico, descontando el efecto de la inflación. De esta manera, acumuló una contracción de 7,6% durante el primer semestre del año. En tanto, medida en dólares, la inversión alcanzó los USD 7.464 millones.
El principal factor detrás de la baja fue el desempeño en maquinaria y equipos, que registró una caída de 11,2% respecto de junio del año pasado. Dentro de ese rubro, los equipos de producción nacional retrocedieron 9,5%, mientras que los bienes importados mostraron una contracción aún mayor, de 12,7%.
Como resultado, el segmento acumuló una baja de 12,2% en los primeros seis meses del año, consolidándose como el componente de peor desempeño dentro de la inversión.
En contraste, la construcción logró mantenerse en terreno positivo durante junio. La inversión en ese sector registró una suba interanual de 0,4%, aunque el balance del semestre continúa siendo negativo, con una caída acumulada de 1,7%.
En conclusión, el informe aseguró que “al promediar el año en curso, la inversión sigue marchando a niveles muy bajos y aún no se ven señales claras que inviten a pensar en una recuperación, aunque ciertos rubros puntuales mostraron mejores números en el sexto mes del año. En efecto, la construcción logró ubicarse nuevamente en terreno positivo y también se registraron leves subas en los patentamientos de vehículos comerciales pesados”.
Hacia adelante, “esperamos que continúe desacelerando la contracción de la inversión, mostrando una mejora paulatina. El factor que puede cambiar esta lenta evolución es el de las inversiones anunciadas bajo el paraguas del RIGI, pero los plazos y cronogramas de estas inversiones son flexibles, sujetos a cierta discrecionalidad”, agregó.
El esquema de incentivos ya cuenta con 19 proyectos aprobados, que en conjunto representan una inversión comprometida de USD 36.424 millones y la generación estimada de 61.123 empleos directos e indirectos. La mayor parte de las iniciativas corresponde al sector minero, con 10 proyectos, seguido por petróleo y gas (5), energía (2), siderurgia (1) e infraestructura (1).
En paralelo, el Gobierno mantiene 24 proyectos en evaluación, que implican inversiones por USD 111.500 millones y podrían sumar 137.522 puestos de trabajo entre directos e indirectos si obtienen la aprobación.
Al mismo tiempo, la baja utilización de la capacidad instalada limita los incentivos para realizar nuevas inversiones, ya que muchas empresas aún cuentan con margen para aumentar la producción sin necesidad de ampliar su infraestructura o incorporar más maquinaria.
El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,4% en mayo, por debajo del nivel registrado en abril y también del observado en el mismo mes del año pasado, según el Indec.
El relevamiento sectorial mostró que cinco de los doce bloques industriales se ubicaron por encima del promedio general de 58,4%. Según el Indec, el mayor nivel de utilización correspondió a la refinación del petróleo, con 88,7%, seguida por las industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60%).
En contraste, siete sectores quedaron por debajo del promedio. Se trata de productos minerales no metálicos (55,5%), edición e impresión (54%), industria automotriz (45,5%), productos del tabaco (43,2%), productos textiles (42,2%), productos de caucho y plástico (39,6%) y metalmecánica, excluida la fabricación de automotores (38,7%).
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