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El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el mandatario brasileño Lula da Silva y redobló sus críticas tras sus dichos en el acto junto a Flavio Bolsonaro de cara a las elecciones que se disputarán en Brasil este año.

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”, afirmó el jefe de Estado argentino en una entrevista junto a Luis Majul por LN+.

Y añadió: “¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

En ese sentido, sobre sus declaraciones contra Lula, Milei sostuvo que fueron “espontáneas” y remarcó: “Cuando arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Lo que pasa es que no se ve en el mapa porque Brasil está rojo. Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad”.

“Dicho sea de paso, se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, los de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. Cuando me insultan a mí, está bien. Ahora, si yo contesto, está mal”, continuó Mieli.

El líder libertario afirmó que el presidente brasileño interfirió políticamente “contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados” y agregó: “Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades. Y cuando yo le contesto con las verdades al señor Lula, que se siente muy tocado si le digo que es un chorro. Sí es un ladrón. Cuando digo que es un presidiario. Sí fue un presidiario y sí salió por un recurso administrativo, no por ser inocente”.

“Falla en el procedimiento”

Cuando señala que hubo una “falla en el procedimiento”, Milei alude a una historia judicial compleja que arranca con la Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil.

Lula fue condenado dos veces por corrupción y lavado de dinero en el marco de esa operación. En 2017 recibió una sentencia de 9 años y 6 meses vinculada a un departamento en la localidad de Guarujá, y en 2019 fue condenado a 12 años en un caso similar. Estuvo 580 días preso, entre 2018 y 2019.

En marzo de 2021, el juez de la Corte Suprema Edson Fachin anuló todas las condenas contra Lula por razones estrictamente procesales: determinó que el tribunal de Curitiba, en el estado de Paraná, carecía de jurisdicción para juzgarlo, ya que los delitos imputados no tenían relación directa con ese estado. Al momento de los hechos, Lula era presidente y residía en Brasilia, por lo que los casos debían ser juzgados por un tribunal federal de la capital. En abril de ese año, la Corte Suprema en pleno confirmó esa decisión por 8 votos contra 3.

La clave: la anulación no fue un fallo sobre la inocencia de Lula, sino un fallo sobre la competencia del tribunal que lo condenó. Los casos fueron enviados “a fojas cero” a otro juzgado. Eso es exactamente lo que Milei llama “falla en el procedimiento”.

Años después, la Corte Suprema brasileña fue más lejos y anuló también todas las pruebas recopiladas por el equipo de la Operación Lava Jato, al considerar que la evidencia no había sido obtenida de forma legal. El juez Antonio Dias Toffoli calificó la prisión de Lula de “error histórico” y una de las mayores injusticias del sistema judicial brasileño, y señaló que la condena fue una “maniobra” para impedir su participación en las elecciones de 2018, que terminó ganando Bolsonaro.

Por otro lado, Milei sostuvo hoy que la cantidad de argentinos que no llega a fin de mes es significativamente menor a la que existía al inicio de su gobierno. El mandatario respaldó sus afirmaciones en los índices de pobreza e indigencia que, según indicó, registraron caídas históricas durante su administración.

Ante la consulta del periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre sobre datos de una encuestadora que indica que el 86 % de los argentinos necesita dos o más empleos para cubrir sus gastos básicos, Milei cuestionó la metodología de ese tipo de sondeos. “Las encuestas tienen los problemas de las encuestas, que tienen sesgo, de cómo se plantean las preguntas”.

El jefe de Estado optó por remitirse a los indicadores oficiales de pobreza para responder al planteo. Recordó que al inicio de su gestión, tras la sincerización de los datos, la pobreza alcanzaba el 57 % de la población. “Hoy son 29 %, quiere decir que 28 % de los argentinos salió de la pobreza. Es decir, hay 14 millones de argentinos que están mejor“, afirmó. En materia de indigencia, señaló que el indicador bajó del 20 % al 6 %, y que la pobreza infantil pasó del 70 % al 42 %.

“No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”, sostuvo Milei, al tiempo que reconoció que Argentina aún dista de los estándares de países desarrollados.

La entrevista también abordó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Milei explicó que el objetivo central de la modificación es “extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos» y enumeró cinco ejes del proyecto. Entre ellos, la prohibición taxativa del financiamiento al Tesoro, la eliminación de la distribución de utilidades ficticias y el endurecimiento de los requisitos para remover a las autoridades del organismo, que pasarán a exigir dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

El presidente descartó que la ausencia de la palabra “independencia” en el proyecto implique una debilidad institucional. “No hace falta poner la palabra independencia, porque yo puedo poner muy pomposamente la independencia y no pongo ninguno de estos cuatro elementos y el Banco Central se lo lleva puesto», argumentó. Para Milei, la verdadera autonomía del organismo reside en impedirle financiar al fisco: “Eso es equivalente a falsificar dinero. Constituye una estafa, está penalizado”.

Sobre la coyuntura económica, el mandatario afirmó que el consumo, el PBI y las exportaciones se encuentran en máximos históricos. Atribuyó el hecho de que la inflación aún no arranque en cero a lo que describió como “un ataque furioso de la política”, en referencia a proyectos legislativos que, según su lectura, presionaron el equilibrio fiscal durante el año. Señaló que la corrida cambiaria equivalió al 50 % de la base monetaria, unos 41.000 millones de dólares.

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En el inicio de las actividades luego del receso de invierno, el Gobierno enfrenta este lunes el primer conflicto docente desde que está en vigencia la reforma laboral que, entre otras cuestiones, estableció a la enseñanza básica como un servicio esencial.

En gran parte de las escuelas del país se espera que las aulas permanezcan cerradas durante toda la jornada debido al paro anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Durante el fin de semana, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y advirtieron que, si efectivamente se lleva adelante de la forma en la que está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a principios de este año.

Es que, en el artículo 24 de la ley 27.802, se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de determinados servicios que el Poder Ejecutivo consideró imprescindibles, deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento.

Entre los sectores que fueron calificados de “esenciales“ o “de importancia trascendental” está “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Este apartado en particular fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, pero el Estado apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación.

De esta manera, la gestión libertaria consiguió que la reforma continúe plenamente vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Por esta razón, en la Casa Rosada ya prepararon un plan para supervisar durante todo el lunes la actividad en los colegios estatales y detectar los lugares en los que no se cumpla este requisito legal.

Según precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, en caso de encontrar alguna irregularidad, las autoridades nacionales realizarán la correspondiente denuncia.

”Se arrancará un proceso sancionador, si es que no cumplen con lo establecido. No sería la primera vez que se sancione a un gremio por violar una conciliación obligatoria“, remarcó un funcionario.

Al respecto, en Balcarce 50 detallan que “es un trámite extenso“ el que comenzaría bajo ese escenario, pero precisan que “la primera medida es una multa“.

“Ojalá no ocurra, porque lo que se quiere lograr, en última instancia, es que haya clases, pero si no cumplen con el 75% de capacidad, se dictará la sanción y se comunicará oportunamente”, advierte el Gobierno.

En este marco, el domingo Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, que agrupa a los ministros del sector de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, para abordar en conjunto la problemática.

Durante ese encuentro virtual, el secretario nacional, Carlos Torrendell, les ratificó a sus pares que se va a exigir el acatamiento de lo dispuesto en la reforma laboral.

“Se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto”, comentó Pettovello en su cuenta de X, luego del zoom.

En las oficinas del Ministerio señalaban en la previa del conflicto que esta era “la primera vez que algo así sucede en este contexto, con la nueva ley” y se mantenían atentos a las reacciones de CTERA.

El sindicato confirmó días atrás un paro de 24 horas en todas las escuelas de la Argentina, como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente.

El gremio asegura que el sueldo mínimo de un profesional de esta rama se encuentra estancado en 500 mil pesos, por lo que reclama un aumento sustancial y el regreso del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.

Por su parte, el Gobierno remarca que “la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes“, y no a la administración nacional.

En Capital Humano recuerdan que esto es así desde 1992, por lo que no interviene directamente en los acuerdos relativos a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y otros aspectos de la carrera.

Asimismo, la cartera señaló que la propia CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió un decreto que dejaba en manos del Consejo Federal la definición de todas estas cuestiones, causando ”un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional».

“Son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes”, argumentó.

En este sentido, el Ministerio acusó al sindicato de “amenazar ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos” por no haber encontrado “eco en el ámbito judicial“.

Para ejemplificar lo que podría suceder este lunes si se avanza con la medida de fuerza, en Capital Humano recuerdan el caso reciente de La Fraternidad, a la que se multó por más de $21.000 millones por sumarse al paro de la CGT desacatando así la conciliación obligatoria que se los impedía.

Si bien es un proceso muy largo y complejo, las autoridades nacionales advierten que, por no cumplir con lo que dicta la ley, los gremios también pueden llegar a perder la personería, algo que, no obstante, es más difícil que ocurra.

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