POLITICA
Los trabajos de parto del peronismo
Como sabuesos detrás de una presa herida, el peronismo se agita ante la debilidad del gobierno de Javier Milei. En los últimos dos meses comenzó a circular por el sistema nervioso de sus dirigentes la sensación de que pueden regresar al poder. Era una esperanza que habían enterrado en el verano, pero que despabiló el desgaste provocado por las peripecias de Manuel Adorni y los altibajos de la recuperación económica. El peronismo se encuentra en medio de la gestación de una nueva criatura. El resultado final es todavía un enigma. Pero las contracciones del parto despabilaron a sus operadores. La actuación central se enfoca en la provincia de Buenos Aires, la caja fuerte donde conserva su mayor caudal de votos.
El carácter singular de la actual mutación peronista es que la atraviesa con la presidenta del partido, Cristina Kirchner, detenida por corrupción y con su capacidad de actuación limitada. La situación judicial de la expresidenta, sumado al rencor contra los dirigentes de La Cámpora, convenció a un grupo de jefes territoriales, que tiene como referentes a Julio Alak, de La Plata; Gabriel Katopodis, de San Martín; Fernando Espinoza, de La Matanza y Jorge Ferraresi, de Avellaneda, a encarar el desafío final contra el grupo que alguna vez fue la juventud kirchnerista. El terreno de la batalla que plantean los jefes comunales será la definición de la candidatura a gobernador para la provincia de Buenos Aires.
Ese desafío es el ejemplo más claro de la transformación del poder en el interior del PJ. Antes era impensable avanzar sin esperar la bendición de Cristina Kirchner. Ese reflejo quedó en el pasado. Los intendentes más poderosos del conurbano acordaron que presentarán un postulante propio, sin aguardar la glorificación de San José 1111. Una aritmética simple muestra que los votos de sus populosas secciones electorales triplican los números de los municipios manejados por La Cámpora. “Que ellos presenten a Mayra Mendoza o a quien quieran y vamos a una interna”, desafía un jefe del sur bonaerense. Kicillof dio el visto bueno: “Se tiene que resolver con una PASO”, es decir, en una interna abierta, simultánea y obligatoria.
Cristina Kirchner no puede permitirse una derrota interna en el conurbano; sería una señal irremediable de disolución. Sobre todo, si resultara vencida por los propios votos del peronismo. Por eso, más allá de los desafíos de uno y otro lado, se mantiene la sensación de que las fuerzas internas empujan a un arreglo.
En su debilidad, Cristina Kirchner necesita la unidad del peronismo. Un triunfo electoral es su mayor esperanza para recuperar la libertad. De ahí las reuniones con dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, que alguna vez fue un opositor interno, y sus enojos secretos con los dirigentes de La Cámpora que echan leña al fuego de la fractura.
Sin embargo, más allá de los nuevos aires ecuménicos, los intendentes tienen frescos en la memoria los antecedentes de desaires kirchneristas. Recuerdan los tiempos en que Cristina Kirchner estaba en la cúspide de su poder y decidía sin consultar quién sería el candidato a gobernador o prometía premios que después eran olvidados, como cuando resolvió que su postulante sería Axel Kicillof y dejó mascullando enojo a medio conurbano. O cuando le prometió a Espinoza que sería postulante junto a Diego Bossio y terminó por consagrar a Aníbal Fernández.
Aquella definición de la candidatura a gobernador en 2015 fue memorable. Cristina Kirchner ya sabía cuál iba a ser el desenlace, pero no pudo evitar la teatralidad. Encerró en una habitación a su favorito, Aníbal Fernández; a Julián Domínguez, por entonces presidente de la Cámara de Diputados; y al matancero Fernando Espinoza. Les ordenó que, en aquel claustro improvisado, resolvieran entre los tres quién sería el candidato. Como era previsible, encerrados en la habitación, todos argumentaron a su favor y salieron a los 15 minutos sin llegar a un acuerdo. Era lo que Cristina Kirchner esperaba.
Para entonces, Florencio Randazzo, que pretendía la postulación, había pegado un portazo con una carta dolida. Fernández y Domínguez se terminaron por enfrentar en una interna. La presidenta había incluido a Domínguez por un pedido llegado desde el Vaticano, donde por entonces regía Jorge Bergoglio. La interna la terminó por ganar Aníbal Fernández. En las filas de Domínguez todavía están convencidos de que el resultado fue fraguado y recuerdan que su contrincante controlaba el Correo Argentino.
Con ese proceso, Cristina Kirchner tuvo al candidato que quería, pero María Eugenia Vidal lo terminó por vencer en la elección a gobernador de 2015. Los recuerdos de aquella definición se mantienen grabados a fuego en la memoria de los intendentes enfrentados con La Cámpora y entienden que finalmente llegó el momento de tener un postulante propio.
La Constitución provincial impide a Axel Kicillof presentarse a una nueva reelección. De ahí las ansias por conquistar una candidatura para sucederlo.
La elección bonaerense del año pasado la ganó el peronismo. Luego fue derrotado en la compulsa nacional, donde regía la boleta única. Ahora, el PJ va a resistir hasta sus últimas fuerzas que la boleta única se implemente en la provincia. “Es una estafa”, la descalifican en la gobernación. Pro y la Libertad Avanza entienden que es la única forma de controlar la votación.
Tras las elecciones bonaerenses, los aliados de Kicillof en el conurbano le recriminaron que siguiera premiando a los camporistas con ministerios en su gobierno. Por ejemplo, es el caso de Juan Martín Mena en Justicia, quien en uno de sus últimos logros de gestión resolvió en un trámite inmediato el traspaso de la sede de la AFA a la provincia para evitar que a Claudio Chiqui Tapia lo investiguen jueces incontrolables.
El gobernador mantiene a los camporistas y se rehúsa a echarlos. Dividió los ministerios como un loteo entre facciones, a la manera de Alberto Fernández, y evita arrojar a los adversarios por la borda de la interna. Los intendentes usaron una figura avícola para responderle. “Vos sos como las palomas en las iglesias, cagás encima de los fieles”, le enrostró a Kicillof un histórico dirigente del peronismo. Se sienten menos recompensados que La Cámpora, a pesar de su apoyo.
La fractura peronista que se sacude debajo del gobernador llegó al extremo de inmovilizar la Legislatura provincial, un paquidermo que insume a cada bonaerense más de 150.000 millones de pesos por año y la fuente donde surgía la plata para pagarles a los ñoquis del caso Chocolate Rigau.
En la Legislatura, los intendentes quieren lograr que se anulen los límites a las reelecciones que rigen desde los tiempos de María Eugenia Vidal. Sergio Massa, que tiene la llave para destrabarlo, asegura que mantiene su rechazo. “No voy a decir lo contrario a lo que sostuve durante diez años”, argumentó a los emisarios. Otros, escépticos, consideran que Omnia Romae venalia sunt: en Roma todo tiene su precio. Los próximos meses se verá quién tiene la razón, si Massa o los romanos.
Mientras la impaciencia electoral acelera las pulsaciones, una idea comenzó a circular con fuerza en el territorio bonaerense: la posibilidad de adelantar la votación provincial. Los mandamases del distrito pretenden desacoplar su suerte de la definición nacional. Para Kicillof es un riesgo. Nadie se juega a fondo con el futuro resuelto. “Todavía no se discutió”, responden en la gobernación.
Entretanto, la excitación electoral que sacude al peronismo gestó nuevos espacios, como el “neoalbertismo” encabezado por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel. Desde el conurbano lo miraron con sorna: están convencidos de que es un invento pergeñado por Sergio Massa para parcializar el escenario y debilitar el carácter de “candidato indiscutido” de Kicillof. La presencia de Michel, pieza crucial de la gestión de Massa durante el gobierno de Alberto Fernández, alimenta las suspicacias. El exministro dejó correr la idea: “Le dicen massismo clase B”, bromeó. Como cuando impulsó la boleta de Javier Milei para dividir los votos de Juntos por el Cambio, la afición de Massa por fraccionar competidores es proverbial.
Más allá de su origen, el grupo de Parque Norte tiene el mérito de plantear la única revisión de las deudas que el peronismo acumula con la sociedad: recuperar el orden fiscal como una bandera propia y abandonar el enamoramiento con el déficit y la inflación. Llega hasta ahí. Otras ideas no se plantearon, como luchar contra la corrupción o frenar los abusos de cargos y negocios con fondos del Estado. El revisionismo tiene sus límites.
Damián Nabot,Conforme a
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó al diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch tras sus declaraciones en un programa de streaming, donde la acusó de tener “voracidad por el poder” y “romper con sus propias causas”.
“Me divierte el diputado que pretendía trabajar para McDonald’s y que ellos le pagaran el sueldo por hacerles de mandadero y sirviente. Los intereses de la Argentina totalmente desconocidos para el sr. de la batería”, escribió la presidenta del Senado en su cuenta oficial de la red social X.
Así Villarruel se refirió a la polémica previa entre ambos por las dietas de los legisladores nacionales, cuando la funcionaria se distanció del gobierno nacional, que pretendía congelar los sueldos de los parlamentarios.
“Ni comprensión de lo que la labor legislativa implica. Cada comentario es una muestra del maní que rebota en su cerebro”, concluyó en la misma publicación.
El nuevo cruce empezó durante una entrevista de Benegas Lynch a un medio digital, donde el legislador libertario criticó el desempeño de la titular del Senado: “Villarruel ha sido un desperdicio fenomenal autoinfligido”, afirmó.
Además, el legislador oficialista argumentó que la funcionaria modificó su conducta institucional respecto a la campaña electoral y le reprochó su alejamiento “voluntario” de los encuentros de ministros en la Casa Rosada. En la misma transmisión, el diputado cuestionó las motivaciones de la vicepresidenta: “Empezó con una voracidad por el poder y para instalar agenda”.
El representante de la Cámara baja remarcó que las últimas medidas de la funcionaria contradicen sus “posturas históricas” de origen: “Empezó a hacer estupideces y hasta rompió su propia causa, de las víctimas del terrorismo, que la apoyábamos muchísimo”. Al respecto, sostuvo: “Fue a darle un reconocimiento a Isabel Perón que es básicamente la jefa de la Triple A”.
La relación de Villarruel con el gobierno de Milei
Este enfrentamiento se da en un marco de distancia institucional entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. Recientemente, su madre, Diana de Stefani, habló públicamente y vinculó este alejamiento a diferencias ideológicas.
La división quedó expuesta nuevamente ante el viaje en soledad de la funcionaria a Santa Fe para el Día de la Bandera, luego de ser excluida de la comitiva presidencial. Después ese acto, Villarruel habló con y afirmó que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, en relación al escándalo del jefe de Gabinete, quien se mostró junto al Presidente en el acto, por su incremento patrimonial.
cuestionó al diputado nacional,polémica previa entre ambos por las dietas de los legisladores nacionales,habló públicamente y vinculó este alejamiento,Victoria Villarruel,La Libertad Avanza,Conforme a,Victoria Villarruel,,En Rosario. Abel Pintos cerró los festejos por el Día de la Bandera y homenajeó al Indio Solari,,La intimidad del acto. Adorni con bajo perfil, gambetas a Villarruel y las charlas con el dueño de Telefé,,Día de la Bandera. Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”
POLITICA
Javier Milei respaldó la presión de Donald Trump sobre Cuba y aseguró que el régimen «se va a terminar cayendo solo»
El presidente Javier Milei vaticinó en las últimas horas la caída del régimen cubano y respaldó la estrategia de presión que lleva adelante la administración de Donald Trump sobre La Habana. Lo hizo durante una extensa entrevista en el podcast The Abundance Revolution, del periodista Ismael Cala, donde el mandatario también analizó el caso de Venezuela y definió al comunismo como “la máxima expresión de arrogancia del hombre”.
“Así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba”, afirmó Milei, y fue más allá al anticipar que cuando Trump ingrese al país caribeño va a poder hacerlo “caminando”. “Cuba se va a terminar cayendo solo”, sostuvo, al tiempo que calificó al secretario de Estado, Marco Rubio, de ”extraordinario» y “fuera de serie”.
Su argumento central descansa en la cadena de consecuencias que, a su juicio, desencadenó la captura de Nicolás Maduro. El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense resultó en la detención del entonces presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela e inició negociaciones con Washington.
Para Milei, ese desenlace golpeó directamente a Cuba. “Al encausar a PDVSA le quitaron el financiamiento a Cuba, con lo cual Cuba no puede estar parasitando a Venezuela», explicó. El mandatario describió ese mecanismo como el eslabón que acelera el colapso del régimen de Miguel Díaz-Canel: sin el petróleo venezolano, la isla enfrenta una crisis energética que ya derivó en apagones prolongados.
Consutaldo sobre el comunismo como sistema político, el Presidente señaló que “fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinaron a ciento cincuenta millones de seres humanos”. En esta línea, y sobre quienes defienden esas ideas desde países capitalistas, fue tajante: “Esos son unos farsantes”. Y retomó una frase del economista Thomas Sowell para cerrar el argumento: “¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?”.
No es la primera vez que Milei expresa ese optimismo sobre Cuba: en marzo de 2026, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrada en Budapest, ya había anticipado que Trump lograría una “Cuba libre” antes de mediados de año.
La situación en la isla, mientras tanto, se agudiza. Un bloqueo de combustible impuesto por Washington profundizó la crisis energética. En junio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó personalmente a La Habana para entregar un ultimátum a funcionarios del régimen, y el Departamento de Justicia formalizó cargos contra el expresidente Raúl Castro. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz permanece desplegado en el Caribe.
La política interna
En el plano doméstico, Milei repasó los números de su gestión y aseguró que el déficit fiscal consolidado que heredó equivalía a 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) —cinco en el Tesoro Nacional y diez en el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— y fue eliminado en el primer año de gobierno. La inflación mensual, que en diciembre de 2023 trepaba al 25% en el índice minorista y al 54% en el mayorista, viaja hoy a una tasa anual de entre el 25% y el 30%, indicó. “¿Está terminada la tarea? No, claramente. La tarea es exterminarla, pero que vamos por el buen camino, no hay dudas”, admitió.
Según los datos sociales que citó, la pobreza cayó de 57% a 28%, la indigencia pasó del 20% al 6% y la proporción de niños en situación de pobreza se redujo del 70% al 42%. “Sacamos a cerca de catorce millones de argentinos de la pobreza”, afirmó. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicador de frecuencia mensual que funciona como aproximación al PBI, se ubica hoy un 11% por encima del nivel de diciembre de 2023.
En el Congreso de la Nación, el gobierno acumuló una serie de aprobaciones que Milei presentó como la prueba de que su coalición tiene músculo legislativo. Entre los logros que enumeró figuran la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur —demorado durante 25 años—, la baja de la edad de imputabilidad, la modificación de la ley de glaciares y la aprobación de la modernización laboral, una reforma que, según el presidente, ningún gobierno democrático previo había logrado sancionar. “Ya sobrecumplimos la promesa de campaña”, sostuvo.
De cara a 2027, Milei descartó cualquier ambigüedad sobre sus planes. “O termino en el 2027 o si los argentinos quieren, en el 2031, pero después del 2031 acá a mí no me ven más”, dijo entre risas.
POLITICA
Financiamiento universitario: “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios y becas en las universidades públicas. El tribunal determinó que el Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada luego de más de dos años de reclamos sociales y litigios judiciales. La decisión afecta de manera directa a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país, quienes demandaron recursos para salarios y becas.
El conflicto comenzó ante la ausencia de presupuesto específico para las universidades. La ley surgió porque el Ejecutivo funcionaba con un presupuesto prorrogado, lo que generó un vacío sobre los fondos universitarios. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayó en Infobae en Vivo que el reclamo social resultó “válido y justo”.
El fallo judicial determinó que salarios y becas tienen carácter alimentario, lo que exige su actualización inmediata. La Corte Suprema desestimó los argumentos del Gobierno y ratificó el fallo de cámara, así como la resolución de primera instancia, que ya había ordenado la recomposición.
Recorrido social y político del reclamo universitario
Cagnacci destacó el consenso social que acompañó el reclamo. “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”, afirmó. Las movilizaciones a lo largo del país demostraron, según el dirigente, que el apoyo trascendió ideologías y partidos políticos.
El secretario general remarcó que el sistema universitario unió a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes en una causa común. “Están todos los colores políticos, y sin embargo, en cuanto a un reclamo real, todos salimos juntos”, explicó. Señaló además que el Gobierno intentó transformar el reclamo en una disputa partidaria, pero la sociedad mantuvo su apoyo.
Durante los dos años de conflicto, el Gobierno intentó desacreditar el reclamo con argumentos sobre supuestas irregularidades. Cagnacci indicó que “no llevaron nada a la justicia”, lo que, según su visión, evidenció la falta de sustento de esas acusaciones.
Auditorías y argumentos del Gobierno
El debate público incluyó cuestionamientos sobre auditorías universitarias. Funcionarios reclamaron la posibilidad de auditar los fondos. Sin embargo, según Cagnacci, las universidades realizan auditorías internas y externas de forma habitual.
La Auditoría General de la Nación (AGN) no avanzó en las auditorías externas por falta de representantes designados por la Cámara de Diputados. “El Gobierno trababa la posibilidad de generar esas auditorías”, afirmó Cagnacci. Añadió que “en cualquier instancia que tiene que ver con el dinero público tiene que ser auditada por todos y todas”.
Obligaciones presupuestarias y costo fiscal
La ley de financiamiento universitario implicó la reasignación de partidas presupuestarias, no la creación de fondos nuevos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley en 0,23% del Producto Bruto Interno en el momento de su sanción. Cagnacci explicó que el Congreso votó la ley para subsanar la falta de presupuesto que persistió por dos años.
El reclamo no se trató de una demanda partidaria, sino de una exigencia para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. “No era un reclamo contra el gobierno, sino un reclamo justo que tenía que ver con un proceso de no tener presupuesto”, afirmó el dirigente gremial.
El cumplimiento del fallo requiere que el jefe de gabinete reasigne los fondos necesarios para salarios y becas. “La Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, enfatizó Cagnacci.
Consecuencias del desfinanciamiento en las universidades públicas
El desfinanciamiento impactó de manera directa en el sistema universitario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades perdieron 10 mil cargos docentes en dos años y medio. “No es solo se recupera con plata”, señaló Cagnacci. La pérdida de recursos humanos afecta la calidad educativa y la capacidad de formación.
El sector no docente, especialmente los hospitales universitarios, sufrió la salida de profesionales por el retraso salarial. Un médico residente en el Hospital de Clínicas percibía un millón doscientos mil pesos de bolsillo antes del último aumento. Cagnacci planteó la dificultad de sostener carreras profesionales en ese contexto.
El congelamiento de becas estudiantiles agravó la situación. La beca Progresar, la de mayor cobertura, permanece en treinta y cinco mil pesos, equivalentes a veintiocho mil pesos de bolsillo. “¿Qué familia puede solventar a un estudiante con ese monto?”, cuestionó Cagnacci. Remarcó que la actualización ordenada por la Corte incluye la recomposición total de esas becas.
Actualizaciones salariales y próximas medidas
El 10 de junio, las partes firmaron un acta paritaria que dispuso un aumento salarial del 24,3%, aunque Cagnacci aclaró que aún resta recomponer cerca del 30% en términos salariales. El acuerdo paritario y el fallo judicial son procesos independientes. La actualización de becas, según el dirigente, sigue pendiente.
Al mismo tiempo advirtió que el Gobierno puede utilizar parte del aumento paritario para cumplir con la obligación judicial, pero la recomposición debe alcanzar los valores de diciembre de 2023. La situación de las becas, especialmente la Progresar, exige una actualización completa.
El secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA consideró que la calidad de la democracia se mide por el cumplimiento de las decisiones judiciales. “Acá la Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, reiteró. La expectativa recae en la ejecución efectiva de la decisión de la Corte Suprema y en la recuperación del sistema universitario tras el fallo.
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