POLITICA
El Gobierno, resignado ante el caso Adorni, apuesta todo al Mundial para cambiar el clima político
Más allá de Javier y Karina Milei, reina una sensación de abatimiento total en el Gobierno por la férrea defensa oficial de Manuel Adorni. Mientras la dupla presidencial sostiene contra viento y marea a su cuestionado amigo y jefe de Gabinete, los ministros y asesores nacionales, impávidos y acallados, se sienten meros testigos de cómo se escurre la opinión pública favorable que supo tener el Presidente al inicio de la gestión, y sólo ven una luz al final del túnel en el Mundial.
Hasta ahora, todos los otros temas que el oficialismo lanzó al candelero por distintas vías -económicos, de seguridad, etc- fallaron en el afán principal de persistir en el centro de la agenda. Y por lo bajo, sin que se entere Milei, sus asesores admiten que no son -sólo- los medios los que sostienen el tema, sino que el foco Adorni late fuerte de manera espontánea en las charlas en los cafés y en las filas del cine, además de las redes sociales.
A diario, con cada revelación sobre el patrimonio de Adorni, se convencen de que el campeonato de fútbol es lo único que podría servir para cambiar el eje de la conversación. Y hay quienes se aferran a la lejana posibilidad de que Milei aproveche la euforia mundialista para despedirlo. En Balcarce 50, laderos del ex vocero ríen y dicen, directamente, que es imposible: “Hay un 100 por ciento de apoyo”.
El ministro pasó del abatimiento y la preocupación al alivio en cuestión de minutos durante la tarde del viernes, cuando el Presidente le expresó su respaldo en persona frente a todos los ministros, en la última reunión de Gabinete. El discurso de media hora a través del cual el primer mandatario dijo que no lo echará aunque le cueste la elección fue la frutilla del postre para Adorni, que se terminó de convencer de que el apoyo de los tuits y retuits presidenciales -la mayoría con insultos a periodistas- y la entrevistas telefónica con la señal LN+ eran reales. Anteayer, ese respaldo se hizo carne en el ámbito institucional, en un salón de la Casa Rosada, con todos los principales funcionarios vestidos de traje y blazer.
El problema de fondo es el 2027. “Las Mabeles van a votarnos porque le tienen miedo a Kicillof. El problema son los enanos en el balotaje”, graficó un alfil mileista que desde hace meses se siente -cada vez más- urgido por buscarse la vida por fuera de la política. En el Gobierno dan por descontada la fidelidad de los ex votantes de PRO, pero le temen a la atomización de la competencia. Y están convencidos de que el peronismo massista financiará figuras de derecha y centro derecha para licuar el poder violeta en la primera vuelta.
En definitiva, los preocupa la posibilidad de obtener nuevamente esos votos en un mano a mano con el gobernador bonaerense. “No es fácil recuperar de un plumazo veinte puntos si ya no tenés tus banderas disponibles para recuperar a tus desencantados”, dijo un importante colaborador nacional.
Se refería a los estandartes de la Honestidad y Anticasta, difíciles de izar tras el caso Adorni, el mote del “3 por ciento” que recaló sobre Karina Milei; y los affaires en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y en torno al renunciado José Luis Espert. Sólo les queda Inflación, que para mal de males acaba de sufrir un retroceso.
El viernes, Patricia Bullrich dijo algo similar en la reunión de Gabinete. “Tenemos un problema con la ciudadanía por la corrupción y la economía”, lanzó ante el reducido y silencioso auditorio. Ella hubiera deseado que el Presidente la escuchara en persona, pero no tuvo oportunidad: en ese momento, el jefe de Estado, enardecido, ya había dejado el salón sin escuchar a sus interlocutores.
Algunos ministros se sorprendieron por la vehemencia con la que el Presidente defendió a Adorni el cónclave. Dicen que habló con la voz alta, y que luego se fue sin esperar a escuchar réplicas. Adorni estaba más que conforme, y en Gobierno percibieron de su parte ciertos aires revanchistas. Sobre todo, frente a “Pato”, como la había llamado el jefe de Gabinete en la entrevista con el streaming Neura el jueves por la noche.
Hasta cierto punto, en el oficialismo algunos se ilusionan con las últimas revelaciones sobre las SIRA, que podrían involucrar a miembros de la oposición justicialista y balancear la indignación ciudadana. Pero se decepcionan rápido: también vislumbran nuevas instancias de novedades negativas en torno a los bienes de Adorni.
Tiemblan al pensar en el momento en que se conozcan más detalles de las conversaciones que figuran en el celular del contratista Matías Tabar. O en el día en que Adorni, finalmente, presente la famosa Declaración Jurada que Patricia Bullrich lo instó a publicar “de inmediato”. “Van a seguir apareciendo cosas, de una forma u otra, nuevas o coletazos de las que ya conocemos. No hay salida”, suspiró un integrante de la tropa mileista.
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En lo que va de la gestión de Javier Milei, el Estado concesionó 12 inmuebles que pagan un canon mensual, en conjunto, de casi $189 millones. Van desde predios para logística, hasta espacios de gastronomía, estacionamientos, una estación de servicio y columnas publicitarias de edificios públicos. Así surge del relevamiento que hizo Infobae del sitio de Concesiones Bienes Inmuebles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mencionado en tres respuestas a legisladores sobre el tema, en el informe escrito que envió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 29 de abril a la Cámara de Diputados.
La docena de concesiones fueron otorgadas por la AABE entre enero de 2024 y lo que va de 2026. Sumadas, le reportan al Ejecutivo una recaudación de $188.803.000 en total, que pagan los adjudicatarios mensualmente. Se adjudicaron luego de un proceso público que requiere la inscripción de los particulares como proveedores del Estado en el portal oficial ComprAr, y luego la presentación de una oferta en una licitación pública cuyos pliegos y resultados pueden consultarse en ese sitio y en el de la AABE.
El domingo pasado, Infobae había revelado que, en la gestión libertaria, ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones. El dato fue el resultado de cruzar respuestas del informe del Jefe de Gabinete con esos dos sitios, el de la AABE y el portal de compras y contrataciones públicas.
La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, desde diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios de la Agencia.
Bajo el Gobierno de La Libertad Avanza, la principal concesión otorgada de un inmueble en poder de la AABE, es la explotación comercial del Complejo Ferroautomotor en Alvear, en el departamento de Rosario, Santa Fe, otorgada por 30 años el último 25 de marzo.
Explica el 76% del monto total que se estima recaudar en todos estos procesos. Se trata de un predio de 631.000 m², con acceso directo a la Hidrovía que quedó en manos de la multinacional de la agroindustria Cargill. El canon base fijado por la AABE fue de $124,1 millones por mes, con un valor para el total de la concesión de 36.286.648 UVAs, unos $65.250 millones, según la conversión hecha por Infobae al momento de la adjudicación.
Las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) son la unidad de medida que se utiliza para indexar o actualizar el valor del canon que el concesionario debe pagar al Estado. Para la conversión, según le precisaron a Infobae desde la AABE, se debe calcular al último día hábil del mes anterior a la fecha de adjudicación.
Este medio contabilizó los montos totales de las concesiones otorgadas expresadas en el número de UVAs que aparecen en cada dictamen de adjudicación, al valor del fecha de ese momento. Suman en total $85.443 millones. Aunque esta cifra se va actualizando desde el momento en que entra en vigencia la concesión y será mayor cuando termine el plazo de todas las concretadas hasta ahora.
Referida al rubro logística, hay otra concesión adjudicada en octubre pasado: la ex playa ferroviaria de Campana de la Línea Mitre, en esa localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. De 36.210 m², fue concesionada por 20 años, con un canon base de $15,2 millones por mes para la explotación comercial con destino exclusivo de un centro logístico. El monto total de la concesión se valuó en 2.601.120 UVAs, unos $4.160 millones al momento de la adjudicación. Se lo quedó el Complejo Portuario EuroAméricaSA.
También en Campana, la AABE concesionó otro predio, pero en la costa del Río Paraná de Las Palmas, entre la Av Coronel de Valle Laburre y Reino de Noruega. Fue un año antes, en agosto de 2024. Con una superficie de 180.000 m2, está destinado a la explotación comercial con destino a la ejecución de obras de ingeniería de infraestructura portuaria. Fue adjudicado por 20 años a Pobater SA, con un canon mensual base de $7.060.000. El monto total de la adjudicación se estimó en $1.694 millones, según consta en la Resolución de adjudicación.
Otro de los predios concesionados está ubicado sobre la Av Salguero 3651, casi Costanera, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una superficie de 4.753 m2. Fue adjudicado el 30 de marzo último por 20 años a El Pibe Dorrego SA por un canon mensual base de $7.600.000. Su destino es la explotación comercial de un complejo para uso deportivo, social y gastronómico. Al momento de la adjudicación, el valor total de la concesión rondaba $2.748 millones (1.528.699 UVAs).
Entre las concesiones hay cuatro destinadas a la explotación gastronómica. Una comprende 4 espacios dentro del edificio del Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK), sobre la Av Corrientes y Av Leandro Alem, en el centro porteño. En total suman 1.385 m2 y salió a licitación con un canon mensual de $7.800.000 Fue adjudicado el 17 de marzo de 2025, por 5 años, a Gastro Eventos SA. Valuada en 627.610 UVAs, al momento de la adjudicación un año atrás, la concesión implicaba un ingreso de total de $856 millones.
Otra en el Museo Evita, en Lafinur 2988, en el barrio de Palermo para explotar el servicio de restaurante y bar por 5 años, por un canon mensual de $1.900.000. Fue otorgada en noviembre de 2024 a la empresa 1940 SRL.
Otra es en el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, para la concesión del bar y restaurante por el mismo plazo con un canon mensual base de $3 millones. Fue adjudicada en septiembre de 2025 a Servicios Xantar SA.
La cuarta se trató de la concesión para la prestación del servicio de elaboración, envasado y despacho de comidas para el personal, funcionarios y terceros del Ministerio de Economía. Fue adjudicada en febrero de este año a Teylem SA por 2 años por un valor total de $171 millones ($7.125.000 por mes).
En los dos primeros años y tres meses de la gestión libertaria, también se dieron a concesión dos estacionamientos que estaban en poder de la AABE. Uno ubicado en Uruguay 147/163, en la Ciudad de Buenos Aires, de 4.170 m2, otorgado en enero de 2025 por tres años a la empresa Early Bird SA con un canon base mensual de $4,2 millones. La adjudicación total es por 319.573 UVAs, equivalentes a unos $415,7 millones al momento de la adjudicación.
El otro es un predio de 26.462 m2 ubicado en Av. Circunvalación entre Moreno y Boulevard Oroño, en la ciudad santafesina de Rosario. Fue otorgado en enero de 2025 por 10 años al Casino de Rosario SA, con un canon mensual base de $2.276.000. La adjudicación total fue valuada en 474.000 UVAs, que en enero de 2025 representaban $616,6 millones.
El Gobierno también concesionó la explotación comercial en monocolumnas de cuatro espacios publicitarios en un predio del Ministerio de Defensa destinado al Servicio Metereológico Nacional, y otros dos del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, ubicados en Av Dorrego 4010 y en Av Belisario Roldán 4151, en Palermo. Los seis fueron adjudicados en febrero de 2025, por 10 años, a New Vial SA, con un canon mensual de $3.542.000. El total de la adjudicación es de 5.521.200 UVAs, equivalentes a $7.365 millones cuando se otorga la concesión.
Por último, la AABE concesionó en junio de 2024 un predio de 5.500 m2 en el km 10,5 de la Autopista Buenos Aires – La Plata destinado a una estación de servicio por 20 años. Con un canon mensual base de $5 millones, fue adjudicado a Lauclamar SA por $1.200 millones.
A su vez, según el relevamiento de Infobae, hay otras 7 concesiones finalizadas pero aún no resueltas, de las cuales 3 fueron dejadas sin efecto, una se declaró desierta, y de otras tres, la resolución de adjudicación no fue aún publicada en la web de la AABE.
Visualizaciones: Daniela Czibener
Minería y chequeo de datos: Desiré Santander
Administración de Bienes del Estado,AABE,Concesión de inmuebles del Estado,Infobae Data
POLITICA
Del dólar blue al SIRA. La Justicia rastrea la conexión con exfuncionarios del gobierno de Massa y Fernández
Comenzó con una pelea entre ”cueveros» y se transformó en una investigación clave que tiene en vilo a la política. La Justicia analiza una serie de maniobras para obtener dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo, durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa en sus comienzos indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central. Luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones, conocido como Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios en poder de los investigadores judiciales reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
Alrededor de Martín Migueles, un joven que comenzó como ladero de Elías Piccirillo, el financista conocido como el “rey del blue”, aparecen “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato”, los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.
Con diferentes roles, “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato” permitían acelerar los trámites a cambio de un sistema aceitado de coimas. ¿Quiénes son lo máximos responsables? Antes de que se levante el secreto de sumario, la Justicia pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente.
“Deberá aportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes”, se lee en los oficios enviados a los tres organismos.
“Contestaron parcialmente, dijeron que la autorización final era de la Secretaría de Comercio, pero faltan los nombres”, dijo anoche una fuente de la investigación.
Concretamente, se pidió información sobre los trámites realizados por tres empresas: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), propiedad de Miguel Ángel Jiménez (vicepresidente de Racing durante la gestión de Víctor Blanco), y Fizika S.R.L.
Con esto, la fiscalía a cargo de Franco Picardi busca subir en la escala de responsabilidades del presunto “circuito paralelo”.
Las pruebas surgieron de la extracción del teléfono de un exsocio del financista Elías Piccirillo, Martín Migueles.
El expediente expone una trama con personas que tenían llegada a filiales gubernamentales. Ejemplo de ello es “la señora”, quien “presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes” en la Secretaría de Comercio y otros organismos que participaban en el circuito administrativo del sistema SIRA.
El 2 de marzo de 2023, una persona identificada como “Ariel Saponara” le escribió a Migueles: “Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay algunos por unos puntos menos. Son auto elevadores y repuestos de las mismas máquinas”. El exsocio de Piccirillo le respondió: “La sira?”. Luego le envió un audio: “Si, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”.
Saponora es un abogado que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y tiene vínculos con el mundo policial. Llamativamente, en su sitio de Linkedin figuraba como personal de Presidencia de la Nación, pero en los registros oficiales no tiene ingresos a la Casa Rosada. El viernes, luego de la difusión de su nombre, decidió cerrar esa página.
Tras recibir el encargo de Saponora, Migueles se contactó con “el Pipo”, a quien la Justicia identificó como Héctor Ezequiel Caputto. “Escúchame tengo esto, a ver si lo podemos armar. Ahí te copio y te pego y avísame”, le avisó a través de un audio. Y le copió un mensaje en el que detallaba que se trataba de importación de maquinaria.
“Escúchame, dale, perfecto entonces. Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así“, se lee en una de las respuestas atribuidas a Caputto. Según la investigación, ese hombre se encargaba de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”.
Los clientes brotaban. En una conversación del 30 de marzo de 2023, Migueles habla con Caputto de otro cliente. “Es un pingazo el chabón, boludo, es muy amigo del manco”, dice. Unos días después, vuelve sobre el mismo tema y alude directamente a Daniel Scioli. “Pipo, ahí me dieron el ok de esas 152 lucas, metele pata boludo, metele pata que entramos derecho ahí con Scioli papá, metele pata, ¿cómo podemos hacer con eso?”. Fuentes judiciales explicaron que el funcionario no forma parte de los investigados en la causa.
¿Cómo calculaban su presunta ganancia? En un trámite de autorización del SIRA presuntamente gestionado por Caputto y Migueles, se detalla que la mercadería a importar costaba $54.600. Una vez que avanzó, Caputto le explicó al financista: “Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos. Avísame vos como queres hacer con…no sé si hablaste algo con Pato, no sé si hablaste con él (…)”.
Los investigadores todavía intentan identificar a “la señora” y “Pato” como parte del grupo que trabajaba con Migueles. Todos ellos hacían las gestiones en los tres organismos por donde pasaba el SIRA.
procuró contactar al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y al exjefe de AFIP, Carlos Castagneto, pero no tuvo éxito. Otra fuente del caso señaló que “no existían en el ámbito de la AFIP usuarios habilitados para operar con el sistema automatizados”. Asimismo, allegados a la gestión de Pesce en el BCRA negaron la existencia de un “circuito paralelo”. Sin embargo, en el expediente hay cinco funcionarios de ese organismo investigados por el mercado del blue. Uno de ellos, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.
En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial.
Según sumarios del BCRA, el circuito del blue movió al menos US$900 millones. La ganancia era tan amplia como la brecha cambiaria. ¿Había connivencia entre los funcionarios y los financistas? “La vieja del central, se llevó una fortuna, y exige exige, si gana plata igual”, le escribió Francisco Hauque a Migueles el 7 de mayo de 2021.
La auditora clave
Los chats encontrados en el teléfono de Migueles llegan hasta mediados de marzo, justo después de la detención de Elías Piccirillo por el operativo ilegal en las inmediaciones del Palacio Duhau. El 28 de ese mes, Migueles habla con Francisco Hauque, el financista emboscado por Piccirillo. “Hay que prender el ventilador. Ya está amigo. Vallejos Fernández. Todos unas mierdas. Que vayan todos presos. Me cansé”, se queja Hauque. Y agrega: “Me dejaron en bola. Acá nadie va a disfrutar nada”.
“Vallejos” en realidad se trataría de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, otro de los financistas investigados por la maniobra del rulo financiero. Y “Fernández” alude a Valeria Fernández, una contadora que firmó los estados contables de unas 10 casas de cambio sospechadas. Para el fiscal Picardi, esa mujer podría ser un eslabón clave de la maniobra del blue. Por eso pidió allanarla y le secuestró algunos dispositivos que van a ser peritados.
La contadora, vinculada a Juan Manuel Agra, un financista que decía tener llegada a la política, también está siendo investigada en otro expediente que llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Este viernes, en simultáneo con el levantamiento del secreto, el juez Ariel Lijo le pidió a Servini que se inhiba de seguir avanzando. Hay un tercer expediente por la maniobra del dólar blue en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, que también pidió quedar con todas la causa. La disputa promete escalar hasta la Cámara de Casación. Hay muchos intereses en juego.
El diálogo entre Migueles y Hauque involucra a otros protagonistas de la trama. “Mira como terminé, me robaron la fórmula. Para llenarse todos de guita. A Cirio la quiero bien presa”, se descargó Hauque. Cirio era la mujer de Piccirillo cuando ocurrió el episodio del Palacio Duhau. Esa noche, el financista se reunió con el ex policía “El “Lobo” Smith, acusado de la maniobra, en la casa que le alquilaba a Migueles, en el lote 192 del barrio “El Yacht”.
El funcionario de Tigre que gestionaba los trámites
Del análisis del celular de Migueles también surge una gestión para habilitar una agencia. Se presume que se trata de ARG Exchange, donde convivieron Piccirillo, Migueles y Matías Bocca. Según un sumario del BCRA, esa agencia vendió, en pleno auge del cepo, US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.
Según el expediente, la gestión habría estado a cargo de Daniel Chiliutti, un histórico funcionario de la Municipalidad de Tigre. “Sigue como director en la Secretaría de Gobierno”, confirmaron desde el Municipio ante una consulta de . Los mensajes son del 2022. “Me podés venir a ver mañana a la Secretaría de Gobierno a partir de las 10 de la mañana. Así hablamos un cachito porque no sé qué tenés, qué no tenés, a ver qué podemos hacer”, se escucha en un audio atribuido al funcionario.
contactó a Chilliutti, quien dijo no tener conocimiento de qué se trata.
“Los intercambios analizados permiten advertir la existencia de un canal de comunicación directo y personalizado para la tramitación de un procedimiento administrativo que, en principio, debería sustanciarse a través de los mecanismos institucionales ordinarios”, sostuvo Picardi al pedir los allanamientos de marzo.
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POLITICA
Las diferencias entre La Libertad Avanza en el Senado y la Casa Rosada liman los acuerdos con los aliados
A pesar del incipiente “consenso” -aún no sellado en su totalidad- para modificar la ley que blinda el derecho a la propiedad privada, el sendero de la “buena voluntad” en el Senado comenzó a presentar espinas en las últimas semanas, tras negativas de la Casa Rosada a la hora de convalidar acuerdos entre libertarios y la oposición dialoguista. Esto pone en riesgo diálogos sobre varios proyectos y, en medio de reminiscencias del “por todo y contra todos”, genera un mal clima de cara a la eventual sesión que se piensa en la Cámara alta para el jueves 14, aún sin confirmación oficial.
El detonante ocurrió el miércoles pasado, cuando el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), anunció -vía red social X- que diversas iniciativas relacionadas con Ficha Limpia comenzarán a ser analizadas en los próximos días. Es decir, por fuera de la amplia reforma electoral que envió el Ejecutivo para dinamitar las PASO. De hecho, llamó la atención el cabildeo de diputados “karinistas” para forzar todo en el mismo paquete. Más curioso fue que éstos se enteraron tarde que, en el Congreso, corre un “deadline” hasta finales de mayo para avalar un pacto del Estado con dos holdouts. Prioridades.
De nuevo en la Cámara alta, lo cierto es que, hasta el término de la corriente semana, aún no se llamó a comisión para Ficha Limpia. Y la jugada de Goerling pone en la plana principal algo básico: demostrar si en Balcarce 50 la quieren de verdad. Votos hay en el Senado, como contó este medio durante el último período estival. Sí avanzaría propiedad privada que, de hecho, tuvo otro inconveniente: el oficialismo intentó apurar un dictamen exprés sin siquiera convocar de nuevo al plenario, que había pasado a un cuarto intermedio. Algo parecido a lo que se hizo en la ley Bases, en 2024. De mínima, desprolijo. Al final, no ocurrió.
La ley en cuestión tuvo la novedad -ya adelantada- de la eliminación, por completo, del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Todo sea por el déficit fiscal cero, el alma del plan económico.
También es cierto que, de esta manera, sobrevive un sistema de regularización de barrios populares promocionado en la era Cambiemos por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votado con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores privilegiados suelen vanagloriarlo con un exceso -para nada- sugestivo.
A los proyectos mencionados se le deben sumar los cambios a le ley de salud mental -hay cerca de 60 invitados y el martes próximo habrá plenario-, la eterna siesta en la norma sobre discapacidad -sin respetar desde el Ejecutivo la insistida con dos tercios por ambas Cámaras-, y otras delicias que marcan el pulso del Senado. Un ejemplo claro es que dialoguistas dejaron en stand by los pliegos judiciales ya analizados en la comisión de Acuerdos. No hay un solo dictamen de mayoría. Y para la potencial sesión del 14, donde hay ascensos diplomáticos en fila, ya son muchos los que piden que aparezca antes la lista de 2026.
“Hasta que no vengan los del interior, estaremos sin novedades. Ya le dimos casi todo desde diciembre a los libertarios. El problema no es con -la jefa oficialista, Patricia- Bullrich, que es una mujer de palabra. Pero sospechamos que el Gobierno nos quiera extorsionar con los jueces que nos interesan para que votemos más leyes. Se agotó esa avivada”, sentenció un experimentado legislador a Infobae.
Otro movimiento que hicieron los aliados en la Cámara alta -Bullrich incluida- y que no pasó desapercibido el miércoles último fue, tras un encuentro en la bancada radical, la cumbre informal -no fue Labor Parlamentaria- que mantuvieron con la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. “No nos metemos en sus internas. Pero ser parte de esta desconexión que quiere imponer el Ejecutivo es un delirio y no podemos intoxicar más el clima acá”, reflexionó una senadora dialoguista ante este medio.
Premios
Como se informó semanas atrás, la otrora kirchnerista Carolina Moisés (Convicción Federal) no sólo se quedó con el premio de la vicepresidencia de la Cámara: sumó un lugar en la siempre juguetona bicameral que controla los organismos de inteligencia, conocida por tener presupuesto reservado. Es lo único así en el Congreso. Al cristinismo le dejaron un solo lugar por el Senado y estallará de furia. Esto se activaría en 48 horas.
Moisés se colgó otra medalla: también aparece en la estratégica bicameral de Trámite Legislativo, que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde otros bloques ya hacen apuestas sobre “cuándo” se “volverá a dar vuelta”. Algo similar, en la Mixta Revisora de Cuentas, para su colega y siempre pícaro catamarqueño Guillermo Andrada, cuya botonera es direccionada sin chistar por el gobernador, Raúl Jalil. Apuestas de altísimo riesgo.
Mientras los ex kirchneristas obtienen cositas -la jujeña criticó la prisión de la ex presidenta cuando, en paralelo, ésta le destrozaba el PJ local, a favor de La Cámpora-, dialoguistas que no se movieron del cerco aliado esperan, por citar un caso, que el Ministerio de Economía confirme si los adelantos de coparticipación podrán ser devueltos no en cuatro meses, sino en ocho. Fue planteado por el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes) ante el propio Luis Caputo. Bajo esta rutina se convive en el Senado.
Lo que parece estar claro, sobre todo por Bullrich y lo del miércoles de Goerling Lara -fue astuto al hacerlo por X, el corazón de los mileístas-, más otros aliados que asoman la cabeza, es que la Cámara alta es hoy uno de los pocos terrenos donde se volvió a hacer política. Algo que olvidó hace muchísimo tiempo el kirchnerismo, que se autoproclama experto y no encuentra dos gotas de agua para cargar una discreta “pelopincho”. Ahora, la pelota pasa hacia la Casa Rosada. El resto mira desde muy lejos.
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