POLITICA
El impacto laboral de la IA. La revolución más profunda golpea a las puertas de la Argentina
De todas las áreas impactadas por la rápida evolución de la Inteligencia Artificial (IA) una de las que más se ha estudiado es la relacionada con sus efectos sobre el mundo del trabajo. Sin embargo, pese al volumen de informes acumulados, también es de las más inciertas, porque es muy difícil determinar los alcances de un proceso que está en progreso y que, además, no solo afecta la tarea laboral en sí, sino que también influye indirectamente al modificar los modos de producción, de distribución y de consumo. Por primera vez los expertos corren detrás de las evidencias porque la velocidad de propagación supera la posibilidad de análisis. Y peor aún, los creadores de la IA dan señales de que la criatura se les escapa de las manos y que no pueden controlar sus efectos. La gobernanza y la seguridad se volvieron prioridades absolutas.
En este contexto vertiginoso, lo único seguro es que la IA tiene un efecto arrollador también en el mundo laboral, y que se acelerará en el corto plazo. Para los tecno-optimistas en términos de potenciar la productividad; para los tecno-pesimistas, como vector de reemplazo de las tareas humanas. Para unos, se trata de una oportunidad; para otros, de una amenaza. En el medio, los escépticos y los expectantes.
La otra certeza es que esta revolución tiene un impacto disímil en los distintos países, dependiendo de su mercado laboral, su desarrollo tecnológico y el nivel de su educación y su capacitación. Si bien el proceso es inevitablemente global, tiene una permeabilidad diferente que requiere de enfoques particulares.
En el caso de la Argentina, quizá con algún retraso, el análisis escaló con mayor intensidad en los últimos tiempos, a partir de los primeros efectos tangibles en el mundo del trabajo. En el universo sindical hay una preocupación palpable porque esta problemática se suma a las urgencias derivadas de la pérdida de puestos laborales por la falta de reactivación económica.
La CGT, que viene estudiando el tema desde hace un tiempo, tuvo una reunión hace algunas semanas en la que le presentaron un informe elaborado por el Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires. Allí se desglosó el nivel de exposición a la IA que tendrá cada una de las actividades más habituales en el radio porteño, y el resultado es considerable. El promedio está en línea con otros países, pero hay rubros potencialmente muy afectados, como la administración pública, las finanzas, los servicios profesionales y el comercio, todos mano de obra intensiva. Al mismo tiempo hay otros que lucen menos amenazados, como entretenimiento, construcción y servicio doméstico. En esa reunión, donde estuvo el triunvirato de conducción y algunos de los principales referentes sindicales, se respiró la inquietud gremial por este nuevo frente de turbulencia.
En la vereda empresarial también se están moviendo en busca de orientación y de una hoja de ruta. La Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró junto con Accenture un estudio de diagnóstico que tituló Reinventarse con Inteligencia, en el que se señala que la IA podría elevar la productividad laboral en 1,2 puntos por año y transformar hasta el 38% del tiempo de trabajo en las fábricas.
Pero también subraya que la Argentina captó solo el 2% de la inversión vinculada a la IA en América latina, y advierte que “en términos de adopción empresaria el rezago es aún más evidente” porque “solo una de cada tres empresas industriales invierte en IA” (9% invierte regularmente, 23% lo hace en pruebas piloto y 68% no invierte todavía). Los datos hacen juego con el último trabajo de Visual Capitalist, en base a información de Microsoft, según el cual la Argentina tiene un rango de adopción de IA en línea con la región pero lejos de los países más avanzados.
En las filiales industriales del interior del país la atención a este terremoto tecnológico queda eclipsado muchas veces por la inquietud ante la falta de reactivación y la caída del consumo. “Cada empresa, cada sector aplica la IA como puede, todo bastante anárquico. Sabemos que va a haber un impacto laboral importante, pero no podemos cuantificarlo”, resume un empresario de relieve. El cuadro es mucho más complejo entre las compañías tecnológicas, algunas de las cuales tuvieron que hacer despidos amplios. También hay bancos y firmas financieras que tomaron medidas.
El gobierno nacional se ubica dentro de la mirada tecno-optimista, al considerar que “las ocupaciones que más crecen en la Argentina son, en promedio, las más expuestas a la IA. Esto confirma nuestra visión: la IA no reemplaza puestos, los complementa y transforma su contenido”. Por ahora se ha limitado a actualizar su oferta de capacitación del Portal Empleo y a tecnificar procedimientos estatales, pero no ha avanzado en la instrumentación de políticas públicas específicas.
El último informe del Ministerio de Trabajo sobre el tema es de mediados de 2023, cuando se concluyó que “el 54% del empleo formal en el sector privado, equivalente a aproximadamente 3,01 millones de empleos, se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de sus tareas podrían ser ejecutadas por IA generativa”. Pero después el diagnóstico no se actualizó.
Si bien la gestión de Javier Milei es la más permeable a las innovaciones tecnológicas, a través de proyectos como la de empresas no humanas o el RIGI II, no parece igualmente activa en términos de coordinar acciones concretas con los sectores productivos, educativos y de salud. Su orientación apunta a la desregulación económica del sector tecnológico y a la atracción de inversiones. Prima la lógica general de que la reconversión es responsabilidad de los privados.
“En la Argentina se están solapando muchos cambios. Algunos que son derivados del ciclo económico, y otros que son más estructurales. Entonces es más difícil evaluar el impacto real de la IA”, señala Tomás Castagnino, economista jefe y director ejecutivo de Accenture Research y autor del informe junto a la UIA. La ilusión es que la aceleración tecnológica potencie la productividad y estimule la reactivación. Sería la dinámica virtuosa. El riesgo es que la coyuntura económica dilate un abordaje proactivo del cambio tecnológico, y la Argentina quede otra vez rezagada en las dinámicas globales. El fatídico círculo vicioso.
Promptear el futuro
Detrás de la gran dispersión de los estudios académicos e institucionales, hay algunas coincidencias preliminares al evaluar los primeros impactos globales de la IA. Uno de los ejes más abordados es el que analiza los rubros laborales más y menos expuestos. Y lo curioso es que se ha producido un cambio en los últimos tiempos en este abordaje. Hasta hace algunos años se pensaba que los trabajos que quedarían más afectados por la evolución tecnológica serían los que requieren menos capacitación, y por eso estudios como los del Banco Mundial hacían advertencias a los países subdesarrollados. Pero la tendencia cambió cuando la IA empezó a desplegar su potencial.
Primero se pasó a un esquema en forma de U, donde los trabajos de mayor calificación como los gerenciales, y los de menor calificación, como los de cuidados personales u oficios, estarían más resguardados; y todas las tareas intermedias, como las de un administrativo o un programador, serían severamente impactadas. Ahora se pasó a una planteo de plano inclinado, porque la evolución de la IA generativa también empezó a desarrollar capacidades propias de los roles jerárquicos.
En el fondo parece haber una diferenciación entre las tareas físicas, propias del mundo offline, el de los átomos, que por ahora no requieren nuevas habilidades; y el mundo online, el cognitivo relacionado con la virtualidad de los bytes, que demanda una adaptación veloz. Las primeras parecen más resguardadas hoy, pero las segundas tienen mayor potencial si logran una mayor complementariedad con las nuevas tecnologías. De un lado están los plomeros y las enfermeras; del otro, los directores de finanzas y los gerentes de compras. En el medio están los que se llevan la peor parte, que según el informe de Anthropic de marzo pasado titulado “Impacto en el mercado laboral de la IA”, lo encabezan los programadores, los servicios de atención al cliente y los data entry (todas malas noticias para países como India).
El segundo eje de evaluación es el etario, y allí parece haber coincidencia en que si bien la tendencia natural lleva a pensar que los jóvenes llevan una ventaja en términos de adopción de la IA, los estudios demuestran que también pueden enfrentar mayores dificultades para su primera inserción laboral. Esto es consecuencia de que muchas de las tareas habitualmente básicas que desarrolla un principiante son las que las empresas más rápido tienden a reemplazar por los nuevos desarrollos tecnológicos.
El informe de Anthropic dice que “los trabajadores en las profesiones más expuestas es más probable que sean de adultos, mujeres, con mayor educación y mejores pagos”, pero al mismo tiempo advierte que han encontrado “evidencia de que la contratación de trabajadores jóvenes se volvió más lenta en ocupaciones expuestas”.
Bruno Muñoz retoma este punto en un artículo publicado por Cippec y remarca la disonancia entre el mercado laboral y la demanda de carreras universitarias en la Argentina, donde algunas de las más requeridas, como informática, economía y administración, figuran entre las más expuestas a la IA. La adaptación de la currícula y de los modelos educativos a esta nueva realidad emerge como la urgencia más acuciante.
Y la tercera trayectoria que parece arrojar confluencia entre los estudios es que el ingreso laboral general va a caer en el futuro, porque su intervención en los procesos productivos se reducirá y habrá menos horas de trabajo remuneradas. De allí la discusión que ya se empezó a dar en torno de cómo reemplazar el volumen de salario que se perderá. Si el mundo de las próximas décadas tendrá mayor productividad, pero con trabajadores menos atareados y menos remunerados, ¿quién pagará por los bienes y servicios? De ese análisis parte la idea de contar con un ingreso universal garantizado que figuras como Elon Musk y Sam Altman empiezan a proponer. Sería el ingreso a una era del post-empleo, difícil de imaginar.
Precarización, “toderos” y conurbano
Dentro de este contexto general, la Argentina exhibe particularidades que por un lado pueden amortiguar el impacto social de la IA, pero que al mismo tiempo pueden demorar la transformación y desfasar su potencial de las dinámicas globales.
“Los primeros que reemplazarán trabajadores por la IA serán las empresas privadas formales, y esos trabajadores desplazados irán a alimentar ese buffer que son el universo de los informales y eventuales. Es decir, que habrá más precarización”, describe Eduardo Levy Yeyati, uno de los economistas que más estudió el fenómeno.
En este recorrido, la informalidad y el cuentapropismo aparecen como morigeradores del desempleo, naturalmente limitados. La otra característica local que señala Levy Yeyati apunta a la gran cantidad de pymes chicas, que “son más lentas en adoptar la IA y que ante el desafío van a ajustar costos por otro lado o se van a informalizar defensivamente, lo que también suma a la precarización laboral”. La expectativa es que por estos factores, la adopción de la IA sea algo más gradual en el país, aunque igualmente impactante.
Ramiro Albrieu, economista y líder de Iniciativa Sur Futuro, agrega una dimensión complementaria, dada las particularidades laborales de la Argentina. “En los países de ingresos medio y bajo, los trabajadores absorben como parte del día a día tareas periféricas a la ocupación básica (gestión, administración, atención a clientes). Esas mismas tareas en los países ricos se tercerizan a segmentos especializados. Ese rasgo hizo que acuñáramos el término ‘toderos’, los que hacen de todo. En la Argentina representan entre el 50% y el 60% de los trabajadores. En nuestro esquema laboral no es una anomalía, es un rasgo estructural. Y en esas tareas periféricas es donde la tasa de reemplazo de la IA es mayor”. Bajo esta óptica, la típica capacidad argentina de darse maña con todo por falta de recursos, puede terminar siendo un déficit.
El otro rasgo que tiene una implicancia especial en la Argentina es que la IA transforma en modo más acentuado los trabajos que se desarrollan en los centros urbanos, muy especialmente en el segmento servicios, aunque también en ciertos sectores industriales. “En el corredor andino se está usando mucha IA, lo mismo que en algunos sectores productivos que son competitivos. El problema es el trabajador del conurbano, donde hay servicios de baja calificación por fuera de la gran fábrica”, advierte Albrieu (quien junto con el gobierno porteño está haciendo un estudio inédito en la Villa 31 sobre impacto de la IA en ese entorno).
Y el dato es inquietante porque al mismo tiempo es esa periferia la más castigada por la reconversión económica que promueve el Gobierno, en comparación con la zona andina o la patagónica, que son las más beneficiadas. Por volumen, el conurbano bonaerense puede ser el más impactado también en este sentido.
La Argentina tiene una nueva oportunidad para potenciar su participación en el nuevo ecosistema global. No puede aspirar a ser una proveedora de modelos de desarrollo como Estados Unidos o China, ni productora de microchips a escala como Taiwán. Pero sí puede encontrar un camino que le permita agilizar la adaptación de la IA a su realidad laboral para que se transforme en vector de potenciación productiva. La imagen del presente todavía la muestra invertebrada frente al desafío mayúsculo de estos tiempos.
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POLITICA
Un gobernador irá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Tierras en su provincia
En las últimas horas se confirmó que uno de los gobernadores recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Tierras. Se trata del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que instruyó al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, para oponerse a las operaciones de compra de tierras que puedan afectar los intereses de la provincia.
El decreto provincial se conoció después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución judicial que había suspendido la aplicación del artículo del DNU que eliminó las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen, sino que consideró que la organización que había iniciado esa demanda no tenía legitimación suficiente para plantear el reclamo en esos términos.
Passalacqua justificó la medida en la necesidad de preservar el territorio provincial y cuestionó el impacto que, según sostuvo, tiene la nueva situación sobre Misiones. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó el gobernador, quien remarcó además que la provincia posee una extensa frontera internacional con Brasil y Paraguay, una importante biodiversidad y una economía con fuerte presencia de pequeños productores.
La decisión quedó plasmada en el decreto 1935, firmado este viernes, que le encomienda a la Fiscalía de Estado ejercer las acciones judiciales y defensas que considere necesarias frente a la derogación de la Ley 26.737. Esa norma establecía restricciones para la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y fue dejada sin efecto por el artículo 154 del DNU 70/2023.
POLITICA
Villa La Angostura: la Justicia rechazó un planteo mapuche en un juicio por tierras y advirtió sobre una posible “maniobra procesal”
El juez Francisco Astoul Bonorino, a cargo del juzgado de Villa La Angostura, rechazó in limine el pedido de intervención voluntaria de la Comunidad Mapuche Lof Melo y de José Lucas Melo en el juicio que la Comunidad Mapuche Lof Kinxikew inició contra María Cristina Broers, propietaria de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de esa localidad neuquina, donde ambas comunidades mantienen un prolongado litigio territorial.
La comunidad Lof Quintriqueo, identificada como Kinxikew, promovió una acción reivindicatoria con el objetivo de recuperar un espacio del que había sido desalojada en el marco de un proceso judicial por usurpación.
En ese expediente, la comunidad integrada por miembros de la familia Melo intentó incorporarse a la demanda civil con una pretensión que, según expuso, estaba vinculada con la ocupación y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de esas tierras. Sin embargo, el magistrado rechazó la presentación, realizada a través del abogado Luis Virgilio Sánchez.
Una adhesión sin pretensión propia
En su resolución, el juez señaló que el Lof Melo se presentó como “legitimado activo necesario”, es decir, como litisconsorte necesario de la parte actora, bajo el argumento de que el predio está ocupado por la comunidad y constituye “tierras indígenas”.
No obstante, advirtió que, en el objeto de su presentación, la comunidad se limitó a manifestar su adhesión a la demanda, sin formular una pretensión procesal propia.
Para Astoul Bonorino, esa adhesión no configura un litisconsorcio ni modifica la composición de las partes del proceso. Se trata, según explicó, de personas que comparecen para expresar su acuerdo con lo solicitado por la parte actora, sin que se advierta “la utilidad o el sentido de su admisión como partes”.
El magistrado también señaló una contradicción en el planteo. Si la intención del Lof Melo hubiera sido reclamar para sí el mismo derecho que invoca el Lof Kinxikew, la presentación resultaría “a todas luces contradictoria”.
El motivo es que la propia demanda describe la convivencia de ambas comunidades en el territorio y reconoce expresamente la posesión y la propiedad comunitaria del Lof Kinxikew.
Una presentación “rayana a la mala fe procesal”
Más allá de los aspectos formales, el juez cuestionó el momento en que se produjo la intervención del Lof Melo y consideró que su actuación “luce rayana a la mala fe procesal”.
En ese sentido, observó que la comunidad había sido mencionada desde el inicio de la demanda, aunque nunca fue citada formalmente al proceso. Sin embargo, se presentó espontáneamente después de que se rechazara la recusación con causa promovida por la actora original, una decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 13 de junio de 2025.
Una vez incorporada al expediente, la comunidad intentó recusar al magistrado sin expresión de causa, sin aportar nuevos hechos o argumentos y sin explicar los motivos de esa presentación fuera de la oportunidad procesal correspondiente.
Astoul Bonorino calificó de “peculiar y poco frecuente” la presentación escalonada de supuestos litisconsortes de una misma parte, especialmente cuando se trata de comunidades que, según sus propios argumentos, conviven de manera pacífica y coordinada en el territorio.
A partir de esa secuencia, concluyó que el planteo “parece acercarse más a una maniobra procesal” destinada a sortear el rechazo de la recusación con causa presentada originalmente.
De todos modos, el fallo no impuso sanciones ni declaró formalmente la existencia de mala fe procesal. La expresión utilizada por el juez se enmarca en la valoración que realizó sobre las circunstancias y los tiempos de la presentación.
La contradicción sobre la titularidad de las tierras
Otro de los puntos centrales de la resolución fue la incompatibilidad que el magistrado advirtió entre la postura del Lof Melo y los términos de la demanda a la que pretendía adherirse.
El juez sostuvo que no resulta coherente reclamar para sí un territorio y, al mismo tiempo, respaldar una acción judicial que reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de otra comunidad sobre ese mismo espacio.
En el escrito presentado, el Lof Melo no incorporó hechos nuevos ni desarrolló una pretensión independiente. Por el contrario, adhirió a una demanda que describe su presencia en el inmueble, pero que reconoce expresamente los derechos invocados por el Lof Kinxikew.
“Nos encontramos ante una situación que no puede tener efecto alguno en la constitución o modificación de las partes procesales. Se trata simplemente de personas que comparecen al proceso a manifestar que están de acuerdo con lo solicitado por la actora en su demanda”, sostuvo Astoul Bonorino.
De ese modo, el magistrado concluyó que la presentación no reunía las condiciones necesarias para justificar la intervención de la comunidad como parte en el expediente.
Un conflicto territorial con más de una década de litigios
El conflicto por esas tierras se tramita en la Justicia neuquina y se remonta a 2011, cuando se produjo la ocupación del predio. La propietaria documentó sus derechos sobre el inmueble y, a lo largo de los años, distintos jueces dictaron resoluciones favorables a su posición e incluso ordenaron el desalojo de las tierras.
En agosto pasado se concretó el desalojo de una de las fracciones ocupadas, mientras que la ejecución de la medida en el sector restante quedó inconclusa.
Semanas después, el magistrado ordenó completar el procedimiento y libró un nuevo mandamiento judicial para ejecutar el desalojo en la superficie que todavía permanece ocupada.
La resolución que rechazó la intervención del Lof Melo se inscribe en ese extenso proceso judicial, en el que continúan en disputa los derechos sobre el territorio y las condiciones para hacer efectiva la restitución del inmueble.
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POLITICA
El Reino Unido anunció que las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán su autorización final
El Gobierno del Reino Unido confirmó este jueves que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, un dato que ubica a Londres como autoridad final sobre los permisos petroleros futuros en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
La definición había sido adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó ahora en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores.
La respuesta oficial del 1 de octubre precisa que, aunque el gobierno de las islas conserva la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ninguna licencia nueva puede emitirse sin la aprobación final del secretario de Estado británico, un requisito que Londres ya había mencionado ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre. Lo que en la superficie podía leerse como un respaldo diplomático a lo que resuelven los isleños se confirma, en los hechos, como una supervisión directa del Gobierno central, que se erige en filtro último de cualquier autorización futura.
Una pregunta en los Lores destapó el mecanismo
La aclaración llegó como respuesta a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo el identificador HL3722. El legislador había pedido precisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos yacimientos y sobre el respaldo del Gobierno británico al desarrollo de esos proyectos. El planteo, dirigido en un primer momento al Ministerio para la Seguridad Energética, terminó derivado al Foreign Office.
La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. “El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación, que este Gobierno defenderá con firmeza”, sostuvo el funcionario, según consta en el sitio oficial del Parlamento británico. A continuación, formalizó el punto central: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas; no emitimos comentarios sobre licencias individuales”.
El mensaje que Londres envía a la Argentina
Al elevar la decisión sobre nuevas licencias al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su rol de autoridad final en la materia y envía una señal política precisa hacia Buenos Aires: cualquier cuestionamiento legal o económico a los permisos petroleros ya no se dirige contra el gobierno local de las islas, sino contra el Ejecutivo de Londres. La jugada se produce en paralelo a la ofensiva judicial y diplomática que impulsa la Argentina contra las compañías que operan en la zona.
El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a esas empresas y promovió procedimientos administrativos para sancionarlas. La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto, una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. El 3 de septiembre, Milei había anunciado un decreto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina, además de un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó entonces el Presidente.
Sea Lion, el proyecto que queda bajo la lupa
El desarrollo de Sea Lion, el mayor emprendimiento petrolero previsto en aguas próximas al archipiélago, opera bajo licencias ya existentes y no bajo un permiso nuevo. Por esa razón, Londres evitó precisar si el secretario de Estado intervino en la aprobación de su programa de producción, informó Mercopress. La administración de las islas había aprobado en diciembre de 2025 las fases uno y dos del Northern Development Area, el área septentrional del proyecto, aunque un documento posterior de su Consejo Ejecutivo reconoció que aún restaban “numerosos” permisos y consentimientos regulatorios antes de alcanzar el primer petróleo.
Navitas Petroleum, la operadora israelí del emprendimiento, posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, a los que se sumarían otros 12 en una segunda fase. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028, con una estimación oficial de USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según había informado Infobae.
Autodeterminación contra soberanía bilateral
El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación, una posición que reafirmó Wood of Anfield en su respuesta a Moynihan. La Argentina rechaza que ese principio sea aplicable al caso y sostiene que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que calificó la situación del archipiélago como colonial y llamó a resolverla mediante negociaciones entre ambos países. Con la centralización del mecanismo de licencias en el Foreign Office, ese litigio diplomático suma ahora un frente adicional: el de la autoridad administrativa directa de Londres sobre cada nuevo permiso de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Diplomacy / Foreign Policy,Energy Markets,Environment,LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),South America / Central America
Un gobernador irá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Tierras en su provincia
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El paso a paso del reclamo de la Argentina ante un tribunal internacional para intentar frenar el proyecto de Sea Lion en Malvinas
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Ley de Tierras: la CGT repudió el fallo de la Corte Suprema y le exigió a Diputados que rechace el DNU de Milei
Milei volvió a dar un discurso en la Argentina Week de París y se emocionó en el cierre
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