La economía llega a la mitad del 2026 con señales que apuntan en distintas direcciones. La inflación retomó la tendencia a la baja después del sacudón electoral del segundo semestre de 2025, la actividad muestra signos de recuperación en algunos sectores y el Gobierno avanza con reformas estructurales cuyo impacto todavía es difícil de medir.

Así, el segundo semestre llega cargado de expectativas moderadas y de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿alcanza el crecimiento de los sectores ganadores para arrastrar al resto de la economía?

Economistas consultados coinciden en que el período que se inicia en julio presenta mejores condiciones que los primeros meses del año, pero advierten que la recuperación será gradual, desigual y dependiente de variables que no están del todo bajo control.

El dato que más condiciona el resto de las variables es el de los precios. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, los analistas proyectan una tasa de inflación de 2,1% para julio, que descenderá a 1,8% en agosto, subirá levemente a 1,9% en septiembre y volverá a 1,8% en octubre, aunque no alcanzará el dígito mensual para fin de año que el Gobierno había anticipado.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que el rebote inflacionario de los últimos meses tuvo una causa precisa: “Se atravesó un período de rebrote inflacionario que fue disparado por la incertidumbre electoral de septiembre-octubre del año pasado. Esa incertidumbre hizo que el dólar avance y se generó un traspaso a precios que afectó al salario real que en los últimos meses se ha estancado e incluso se observa una pequeña tendencia a la baja”.

Con la presión electoral disipada, Cachanosky proyecta para abril una inflación del 2,4% y una continuidad de la desinflación en los meses siguientes.

Martín Kalos, de EPyCA Consultores, dijo a Infobae: “La política del gobierno es claramente que no haya una mejora del salario real. En todo caso, que se estabilice en estos niveles”.

Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, anticipa “una suave recuperación de los salarios para el segundo semestre, a ritmo similar a la moderación en la tasa de inflación”, lo que llevaría el poder adquisitivo por encima del nivel de noviembre de 2023. Sin embargo, el economista advierte que eso no resuelve el problema de fondo: “los salarios formales se ubican actualmente en promedio 20% por debajo del nivel de hace una década, como consecuencia de un largo ciclo de deterioro productivo”.

José Vargas, director de la consultora Evaluecon, coincide en que la mejora de los salarios será moderada y desigual, y la condiciona a la evolución del tipo de cambio. Si la inflación se mantiene en torno al 3% mensual promedio, advierte, solo los sectores dolarizados -como minería, energía y petróleo- podrán mostrar mejoras reales. Para el resto de los trabajadores, la recuperación dependerá de que la desinflación sea más pronunciada de lo que hoy proyecta el REM.

Kalos se manifestó más crítico respecto a los trabajadores del sector público: “Sí implican mantenerse en una derrota de poder adquisitivo importante, mientras que los del sector privado registrado apenas empatan con los niveles del final del gobierno anterior, sin recuperar lo perdido en estos dos años y medio de gestión”.

El REM del BCRA proyecta un crecimiento del PBI del 0,9% para el tercer trimestre respecto al anterior, y un avance del 2,8% para el total del año 2026, pero que los economistas enmarcan en un contexto de recuperación desigual.

Osvaldo Giordano destaca que la producción está estancada desde febrero de 2025 según el EMAE y que el segundo semestre podría ser el momento en que esa tendencia se quiebre, aunque subraya que para ello es clave “generar las condiciones para dinamizar el crédito y sostener el proceso de reformas estructurales”.

Martín Kalos describe el escenario como “Un crecimiento con cara de pocos amigos, no se siente en la calle, que no genera empleo de calidad de forma masiva y que depende de sectores muy capital-intensivos pero poco intensivos en mano de obra”.

En su análisis, mantener a la industria, la construcción y el comercio en crisis durante un período prolongado puede llevar a decisiones empresariales -achicarse, convertirse en importadores- que resulten difíciles de revertir.

Iván Cachanosky, estimó: “Con la presión electoral detrás y la inflación cediendo, el Gobierno tendrá margen para bajar las tasas de interés y reducir los niveles de encaje bancario en la segunda mitad del año, lo que facilitaría el acceso al crédito de las empresas. El cambio no será totalmente abrupto, pero sí menos asfixiante”.

José Vargas coincide en el diagnóstico de la economía de dos velocidades. Entre los sectores más optimistas ubica a la minería, el agroexportador, los servicios financieros y la energía; entre los más complicados, a la industria, el comercio minorista y la construcción. Y señala al consumo como una variable a seguir de cerca, dado que “viene bastante condicionado y es un factor determinante para la actividad económica”.

Hay un consenso llamativo entre los cuatro economistas consultados por Infobae: los sectores con mejores perspectivas para el segundo semestre son energía, minería y agroindustria. Y hay una advertencia igualmente compartida: son sectores intensivos en capital, no en mano de obra, lo que limita su capacidad de derrame sobre el empleo y el consumo masivo.

Cachanosky destaca el rol del RIGI –Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones– como el principal motor de ese dinamismo. Con 13 megaproyectos ya aprobados y más de USD 27.000 millones en inversiones comprometidas en ocho provincias, el esquema está comenzando a pasar de la etapa de anuncio a la de ejecución. “Varios de estos proyectos están entrando en fase de construcción o ejecución temprana, lo que genera derrame en sectores conexos: logística, proveedores industriales, servicios de ingeniería”, precisa el economista de Libertad y Progreso.

Vargas suma a esa lista los servicios financieros y la economía del conocimiento, y señala que todos estos sectores dependerán, en distintas proporciones, de la baja de la inflación, el avance del RIGI, las inversiones en Vaca Muerta y la demanda global vinculada a la transición energética.

Giordano sostiene que si se dan las condiciones de expansión del crédito y continuidad de las reformas estructurales, otros sectores podrían sumarse al crecimiento. Además, destaca que estos sectores adicionales, al ser más intensivos en mano de obra, tendrían mayor capacidad de capitalizar las mejoras que busca generar la ley de modernización laboral.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado mediante el Decreto 315/2026, ofrece alícuotas reducidas de entre el 2% y el 3% en contribuciones patronales durante cuatro años, con el objetivo de incorporar trabajadores no registrados. Los economistas lo evalúan con prudencia: reconocen su potencial, pero advierten que no alcanza por sí solo para mover el empleo agregado.

Cachanosky considera a la construcción como el sector con más para ganar, dado que históricamente ronda entre el 50% y el 60% de empleo informal y es intensiva en mano de obra. “El abaratamiento de la registración tiene un impacto relativo mayor que en sectores más capital-intensivos”, más aún en un contexto impulsado por el crédito hipotecario UVA y la obra privada, agrega el economista.

Vargas resume: “Es más probable que el RIFL tenga más impacto en reducir costos laborales y formalizar trabajo ya existente que en generar empleo genuinamente nuevo. Su alcance va a depender del nivel de actividad económica y su evolución”.

El REM del BCRA respalda esa mirada escéptica con números concretos: la tasa desocupación se mantendría en 7,3% de la población económicamente activa en el tercer trimestre y subiría levemente a 7,4% en el cuarto.

En el plano internacional, Iván Cachanosky apunta a la guerra comercial entre Estados Unidos y China como el principal factor de incertidumbre. Una desaceleración de la demanda china -que concentra dos tercios de las importaciones globales de soja- o una caída en los precios del litio y el cobre afectaría directamente el ingreso de divisas y pondría presión sobre el programa económico.

José Vargas agrega el conflicto en Medio Oriente como otro vector de riesgo, por su impacto potencial en el precio del petróleo, las tasas de interés internacionales y el acceso al crédito externo.

En el plano doméstico, el riesgo político aparece con fuerza en el análisis de casi todos los consultados.

Osvaldo Giordano dijo a Infobae: “Es de decisiva importancia que los esfuerzos políticos no se dispersen y se concentren en sostener el proceso de reforma y que se reduzca el nivel de incertidumbre”.

Iván Cachanosky lo complementa con la experiencia reciente: el segundo semestre de 2025 mostró con claridad cómo la incertidumbre política se traslada al tipo de cambio y de ahí a los precios.

José Vargas añadió el concepto de “riesgo social, si no se recuperan el consumo, el poder de compra y el empleo”.

Martín Kalos consideró: “Para que el escenario mejore de forma estructural se necesitaría una política económica que empiece a mirar no solo la inflación -que es la prioridad absoluta del Gobierno y donde han tenido éxitos nominales- sino también la sostenibilidad social y productiva de este modelo en el mediano plazo”.