ECONOMIA
Cuáles son los 3 factores que presionan sobre el superávit fiscal, el eje central del plan de Milei y Caputo

El equilibrio de las cuentas públicas se consolidó como la principal fortaleza del plan de Javier Milei y Luis Caputo. Sostener el superávit fiscal, lo que suelen calificar como “innegociable”, es considerado por el Gobierno como el pilar de su programa para bajar la inflación. No obstante esa convicción, la segunda parte de 2026 traerá más obstáculos para que se pueda conservar el equilibrio de las cuentas públicas.
Tres factores van a ejercer presión en contra de ese objetivo del Gobierno: la caída que vienen registrando los ingresos públicos, los gastos que impondrán las leyes ya aprobadas por el Congreso y la dificultad para continuar recortando el gasto después de un ajuste significativo, que ya alcanzó 5 puntos del PBI en la era Milei. Esos 3 problemas le esperan al equipo económico en la segunda mitad del año, según un informe de la Fundación Capital.
El documento señala que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo”.
La primera fuente de presión sobre las cuentas públicas es la caída en la recaudación, que viene extendiéndose en los últimos ocho meses. Según la Fundación Capital, “los ingresos del sector público acumulan caídas reales, afectados por recortes impositivos, menores importaciones y una actividad económica heterogénea”.
En el primer trimestre de 2026, la recaudación descendió 5,1% real interanual. El informe precisa: “El año pasado se redujeron de forma permanente las alícuotas de algunos derechos de exportación para diversos productos agroindustriales (-38,2% i.a. real en el primer trimestre de 2026)”. Además, la baja escalonada de las alícuotas del impuesto sobre los Bienes Personales y el régimen que permitió anticipar el pago del tributo implicaron un descenso del 13,1% i.a. real en el mismo periodo.

El segundo factor de presión sobre el equilibrio fiscal proviene de las leyes aprobadas por el Congreso, que aún no se implementaron plenamente y tienen impacto presupuestario. El informe enumera la ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica, la de emergencia en discapacidad y la de Modernización Laboral como las principales. Casi todo ese ordenamiento legal está en medio de una pelea judicial iniciada por el Gobierno para no aplicarlo.
Según la Fundación Capital, la ley de financiamiento universitario tiene un impacto fiscal estimado del orden de 0,2% del PBI, la de emergencia pediátrica de 0,02% del producto, la de emergencia en discapacidad entre 0,20% y 0,50% del PBI y la de Modernización Laboral, en particular por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un costo estimado de 0,15% a 0,30% del PBI.
A pesar de que su aplicación permanece incierta, la presión potencial sobre las cuentas públicas es significativa. El informe advierte: “Diversas autoridades señalaron que su aplicación permanece suspendida hasta que se determinen las fuentes de su financiamiento y se incluyan en el Presupuesto Nacional las partidas correspondientes”.
El tercer factor que amenaza el objetivo de equilibrio fiscal es la dificultad para seguir reduciendo el gasto después de un ajuste intenso. El reporte explica que “el gasto ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”. Si la dinámica del primer trimestre se mantuviera durante todo el año, “las erogaciones volverían a reducirse en torno a medio punto del producto, luego de una baja acumulada de más de cinco puntos desde 2024”.
El documento advierte que “el gasto público se ubicaría en el nivel más bajo de los últimos diez años, lo que plantea un desafío para algunas partidas”. En ese contexto, el margen para nuevos recortes es cada vez más acotado, en especial en rubros sociales y salarios públicos, que ya mostraron retrocesos importantes.
El informe enfatiza que “sostener este ritmo de ajuste será complejo hacia adelante”. Para justificar la magnitud del esfuerzo requerido, la Fundación Capital afirma: “Sin repunte de los ingresos, el gasto debería ajustarse en torno a medio punto adicional del PBI, un esfuerzo que podría resultar demasiado exigente para algunas partidas”. El mismo documento detalla que “los salarios del sector público retrocedieron unos 20 puntos en términos reales desde el comienzo de la gestión”, y que las transferencias a provincias y los gastos de capital permanecen en niveles históricamente bajos.

FOTO: Claudio Fanchi/NA
Adicionalmente, el informe advierte que si bien el objetivo de resultado primario positivo para el año no parece en riesgo, la composición y la magnitud del ajuste necesario pueden tener consecuencias económicas y sociales. El informe señala: “la solvencia fiscal luce más comprometida. La deuda pública aumenta por la capitalización de intereses, mientras también se expande la deuda flotante y se profundiza la represión del gasto público, que parece responder más a una postergación de erogaciones que a una reducción sostenible”.
En cuanto a los recursos extraordinarios, el informe menciona que en el primer trimestre de 2026 se registraron ingresos por privatizaciones, como las represas hidroeléctricas del Comahue, por más de USD 700 millones, aunque aclara que “estos recursos contribuyeron a reforzar los ingresos del primer mes del año, aunque no son computables para las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional”. Otros procesos de privatización, como Transener/Citelec, Intercargo, AySA y Belgrano Cargas, permanecen en agenda con diferentes grados de avance.
El cumplimiento de la meta fiscal comprometida con el FMI, que para 2026 establece un superávit primario de 1,4% del PBI, depende entonces de que el Gobierno logre compensar la caída de ingresos y absorber el impacto de las nuevas leyes, sin margen para recortes adicionales en partidas ya muy comprimidas. La Fundación Capital concluye que “el principal activo de la actual administración es el equilibrio fiscal, cuyo cumplimiento no se pone en duda. Sin embargo, sostenerlo no será sencillo frente a ingresos débiles, leyes pendientes de aplicación y un gasto que ya se recortó en cinco puntos del producto desde el inicio de la gestión”.
ECONOMIA
Argentina se encamina a ser el segundo productor mundial de litio, superando a Chile y China

Aunque en los próximos años las grandes inversiones y -un poco más adelante- el grueso de exportaciones mineras provendrá del cobre, Argentina ya cuenta con un número de operaciones, una cartera de proyectos y un ritmo de expansión productiva que en pocos años la convertirá en el segundo productor mundial de litio, según proyecciones de Rystad, una consultora internacional.
Actualmente, el país es el cuarto productor mundial de “carbonato de litio equivalente” (LCE), producto y métrica con que se mide la producción mundial de este mineral, el tercero más liviano de la naturaleza, pero de alta densidad energética, lo que lo convirtió en uno de los “minerales críticos” de la “transición” hacia una economía menos dependiente de los hidrocarburos.
“Los datos recientes sobre producción global de litio dejan algo claro: el mercado ya está altamente concentrado y dominado por pocos actores, con Australia, Chile, China y la Argentina liderando la oferta. Al mismo tiempo, la expansión proyectada de capacidad muestra que el crecimiento vendrá principalmente de operaciones upstream (minería y procesamiento químico), no necesariamente de la fabricación de baterías, y que Argentina se posiciona como principal productor mundial de litio junto con Australia hacia 2030”, escribió Ernesto Díaz, Vicepresidente Senior para América Latina de Rystad Energy.
Según el experto, Argentina, que según recientes datos suministrados por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) produjo 116.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, sobrepasará la línea de producción de Chile en 2029 y la de China en 2031.

Marcela Hernando, quien fuera ministra de Minería del gobierno de Gabriel Boric, ya había reconocido que la producción de litio chilena se fue rezagando respecto de la Argentina, aunque según las proyecciones de Cochilco (Comisión Minera del Cobre) el sobrepaso se produciría recién en 2035, cuando la producción litífera argentina alcanzaría las 415.000 toneladas de LCE. Esa cifra es inferior a las proyecciones del secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, que en foros internacionales señaló que para entonces el país ya produciría 600.000 toneladas de LCE.
Según las proyecciones de Chile, el sobrepaso se produciría en 2035, cuando la producción litífera argentina alcanzaría las 415.000 toneladas de LCE
A la ampliación de capacidad productiva se sumó hacia fines de 2025 y en lo que va de 2026 una fuerte mejora de los precios internacionales del litio, que de poco menos de USD 11.000 la tonelada en septiembre/octubre de 2025 remontó a cerca de USD 18.000 en abril de este año, aunque se trate de un mercado no tan sujeto a precios de contado, sino a precios contractuales entre productores y compradores. Estos últimos son, mayormente, productores chinos de baterías para vehículos eléctricos y, en crecimiento, fabricantes de grandes baterías “estacionarias” (BESS, por su sigla en inglés) de respaldo a sistemas dependientes de fuentes de generación intermitente de energía.
Según consultoras como Fast Markets, BMI y Trading Economics, el repunte más reciente coincidió con una recuperación de la demanda global, en especial de la industria de baterías para vehículos eléctricos en China y otros mercados asiáticos, que se solapó con restricciones de oferta debido a retrasos en nuevos proyectos de extracción y cuellos de botella logísticos en la cadena de suministro.
China es el principal destino del litio argentino, habiendo absorbido el grueso de las exportaciones litíferas de 2025, como muestra el gráfico de abajo, de un “compendio” de la Secretaría de Minería de la Nación que abarcó el segundo semestre de 2025 y el primer trimestre de este año.

La puja por los “minerales críticos” es uno de los frentes de la competencia geoestratégica entre Estados Unidos y China y allí, como destacó Thea Riofrancos, profesora de Ciencia Política de Providence College y autora del libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del Capitalismo Verde) en una columna de Financial Times, ha ocurrido un cambio tectónico: Argentina, Chile y Bolivia, los tres países del llamado “Triángulo del Litio” (que alberga más de la mitad de los recursos mundiales de litio) pasaron de manos de gobiernos de izquierda a partidos de derecha, más cercanos a Washington que a Beijing. Incluso Brasil, que bajo el gobierno de Lula da Silva intenta una política exterior de equilibrio, acordó ser proveedor de “tierras raras” (uno de los ítems casi monopolizados por China) a Estados Unidos.
En este contexto, Ernesto Díaz, el experto de Rystad, plantea si Argentina debería avanzar hacia una “integración vertical” y competir con la fabricación de componentes de baterías o consolidarse como proveedor competitivo de carbonato y -eventualmente- hidróxido de litio.
Argentina debería profundizar su posicionamiento en la producción de litio grado batería, en lugar de intentar competir aguas abajo con China (Díaz)
Su respuesta, al igual que la de Joe Lowry, fundador y CEO de Global Lithium, es que antes de pensar en nuevos eslabones la Argentina “debería profundizar su posicionamiento en la producción de litio grado batería, en lugar de intentar competir aguas abajo con China”. Como “razones estructurales” para hacerlo, cita las siguientes:
- Ventaja comparativa real: Argentina tiene recursos de clase mundial y costos competitivos, por lo cual deberá escalar producción, mejorar eficiencia y capturar valor en el procesamiento químico (carbonato/hidróxido), donde ya existe demanda global sostenida.
- Barreras industriales en la cadena de baterías: La fabricación de cátodos, celdas y baterías requiere ecosistemas industriales integrados, proximidad a fabricantes de vehículos eléctricos, escala, tecnología y know-how acumulado, todos terrenos ampliamente dominados por China, que también controla la cadena de suministro.
- Intensidad de capital y riesgo: La integración vertical implica inversiones mucho mayores, ciclos de retorno más largos y mayor exposición a riesgos tecnológicos y de mercado. Para Argentina, dice Díaz, eso podría “diluir el foco y reducir la competitividad donde ya tiene ventaja”.
- Timing de mercado: La demanda de litio crece rápidamente y necesita oferta confiable. Hay una ventana clara para capturar valor expandiendo producción upstream; el downstream está más saturado y competitivo.
- Estrategia pragmática de desarrollo: Concentrarse en el upstream no implica renunciar a la industrialización, sino priorizar mejoras en la calidad, desarrollo de infraestructura, estabilidad regulatoria, atracción de inversión extranjera e integración selectiva, vía joint ventures y acuerdos tecnológicos.
Según Ernesto Díaz, “competir con China en baterías no es solo una cuestión de recursos, sino de ecosistema industrial completo. Argentina tiene una oportunidad histórica, pero el camino más eficiente es consolidarse como proveedor estratégico global de litio procesado, no replicar una cadena de valor donde otros llevan décadas de ventaja”. La clave, concluye, “no es subir en la cadena por aspiración, sino por competitividad”.

Según Sergio Barón, ingeniero electrónico argentino, CEO y cofundador de la startup Dynami Battery Corp, que en 2025 ganó un subsidio de USD 200.000 de la National Science Foundation (Fundación Nacional de la Ciencia) de Estados Unidos para desarrollar el uso de solventes ecológicos en la producción de electrodos para baterías de ion de litio, la conclusión de Díaz es cuestionable, pues toma la tecnología en baterías de litio como algo fijo y, aparte, inalcanzable.
Dynami, dice, demostró lo contrario al crear y patentar una tecnología que hace que las baterías se carguen cinco veces más rápido y duren 140% más, sin cambios a la cadena de suministro ni a las gigafactories de baterías y vehículos eléctricos, sino simplemente cambiando los electrodos, la “ruta” entre ánodos y cátodos que recorren los iones de litio en los procesos de carga y descarga de una batería.
Barón, cuya historia ya fue contada aquí, dijo a Infobae que el subsidio de Estados Unidos sirvió para reemplazar los solventes “tóxicos y caros” con los que se manufacturan las baterías de litio, reemplazándolos con microestructuras que permitieron “lograr el primer electrodo vegano, solo a partir de vegetales y biodegradable”.
El subsidio de Estados Unidos sirvió para reemplazar los solventes “tóxicos y caros” con los que se manufacturan las baterías de litio, reemplazándolos con microestructuras que permitieron “lograr el primer electrodo vegano (Barón)
El emprendedor argentino destacó incluso un análisis sobre una patente similar presentada por Tesla, en el que Pradyumma Gupta, eminencia mundial en ciencia de materiales y tecnologías avanzadas para generación de energía, reconoce que el gran avance en la producción de baterías está en la microestructura de los electrodos y no en la química.
Gupta es fundador y director científico de Infinita Lab e Infinita Materials, dedicadas a la innovación en materiales y productos químicos especiales para industrias de vanguardia, asesora a empresas y organismos sobre captura de CO2, nanomateriales, procesos avanzados y materiales para las industrias automotriz y aeroespacial y colabora con el ejército de Estados Unidos en el desarrollo de materiales de alta resistencia y manufactura aplicada a la movilidad eléctrica.
Sea ampliando la producción de carbonato de litio “grado batería” y/o sumando eslabones en la cadena de valor, la realidad es que la producción litífera argentina ya recorrió un largo camino y tiene impulso para recorrer mucho más.
ECONOMIA
Segundo semestre, entre la cautela y la esperanza: qué proyectan los economistas para lo que resta de 2026

La economía llega a la mitad del 2026 con señales que apuntan en distintas direcciones. La inflación retomó la tendencia a la baja después del sacudón electoral del segundo semestre de 2025, la actividad muestra signos de recuperación en algunos sectores y el Gobierno avanza con reformas estructurales cuyo impacto todavía es difícil de medir.
Así, el segundo semestre llega cargado de expectativas moderadas y de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿alcanza el crecimiento de los sectores ganadores para arrastrar al resto de la economía?
Economistas consultados coinciden en que el período que se inicia en julio presenta mejores condiciones que los primeros meses del año, pero advierten que la recuperación será gradual, desigual y dependiente de variables que no están del todo bajo control.
El dato que más condiciona el resto de las variables es el de los precios. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, los analistas proyectan una tasa de inflación de 2,1% para julio, que descenderá a 1,8% en agosto, subirá levemente a 1,9% en septiembre y volverá a 1,8% en octubre, aunque no alcanzará el dígito mensual para fin de año que el Gobierno había anticipado.
Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que el rebote inflacionario de los últimos meses tuvo una causa precisa: “Se atravesó un período de rebrote inflacionario que fue disparado por la incertidumbre electoral de septiembre-octubre del año pasado. Esa incertidumbre hizo que el dólar avance y se generó un traspaso a precios que afectó al salario real que en los últimos meses se ha estancado e incluso se observa una pequeña tendencia a la baja”.
Con la presión electoral disipada, Cachanosky proyecta para abril una inflación del 2,4% y una continuidad de la desinflación en los meses siguientes.
Martín Kalos, de EPyCA Consultores, dijo a Infobae: “La política del gobierno es claramente que no haya una mejora del salario real. En todo caso, que se estabilice en estos niveles”.
Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, anticipa “una suave recuperación de los salarios para el segundo semestre, a ritmo similar a la moderación en la tasa de inflación”, lo que llevaría el poder adquisitivo por encima del nivel de noviembre de 2023. Sin embargo, el economista advierte que eso no resuelve el problema de fondo: “los salarios formales se ubican actualmente en promedio 20% por debajo del nivel de hace una década, como consecuencia de un largo ciclo de deterioro productivo”.
Los salarios formales se ubican actualmente en promedio 20% por debajo del nivel de hace una década, como consecuencia de un largo ciclo de deterioro productivo (Giordano)
José Vargas, director de la consultora Evaluecon, coincide en que la mejora de los salarios será moderada y desigual, y la condiciona a la evolución del tipo de cambio. Si la inflación se mantiene en torno al 3% mensual promedio, advierte, solo los sectores dolarizados -como minería, energía y petróleo- podrán mostrar mejoras reales. Para el resto de los trabajadores, la recuperación dependerá de que la desinflación sea más pronunciada de lo que hoy proyecta el REM.

Kalos se manifestó más crítico respecto a los trabajadores del sector público: “Sí implican mantenerse en una derrota de poder adquisitivo importante, mientras que los del sector privado registrado apenas empatan con los niveles del final del gobierno anterior, sin recuperar lo perdido en estos dos años y medio de gestión”.
El REM del BCRA proyecta un crecimiento del PBI del 0,9% para el tercer trimestre respecto al anterior, y un avance del 2,8% para el total del año 2026, pero que los economistas enmarcan en un contexto de recuperación desigual.
Osvaldo Giordano destaca que la producción está estancada desde febrero de 2025 según el EMAE y que el segundo semestre podría ser el momento en que esa tendencia se quiebre, aunque subraya que para ello es clave “generar las condiciones para dinamizar el crédito y sostener el proceso de reformas estructurales”.
Es un crecimiento que no se siente en la calle, que no genera empleo de calidad de forma masiva y que depende de sectores muy capital-intensivos pero poco intensivos en mano de obra (Kalos)
Martín Kalos describe el escenario como “Un crecimiento con cara de pocos amigos, no se siente en la calle, que no genera empleo de calidad de forma masiva y que depende de sectores muy capital-intensivos pero poco intensivos en mano de obra”.
En su análisis, mantener a la industria, la construcción y el comercio en crisis durante un período prolongado puede llevar a decisiones empresariales -achicarse, convertirse en importadores- que resulten difíciles de revertir.
Iván Cachanosky, estimó: “Con la presión electoral detrás y la inflación cediendo, el Gobierno tendrá margen para bajar las tasas de interés y reducir los niveles de encaje bancario en la segunda mitad del año, lo que facilitaría el acceso al crédito de las empresas. El cambio no será totalmente abrupto, pero sí menos asfixiante”.
José Vargas coincide en el diagnóstico de la economía de dos velocidades. Entre los sectores más optimistas ubica a la minería, el agroexportador, los servicios financieros y la energía; entre los más complicados, a la industria, el comercio minorista y la construcción. Y señala al consumo como una variable a seguir de cerca, dado que “viene bastante condicionado y es un factor determinante para la actividad económica”.
Hay un consenso llamativo entre los cuatro economistas consultados por Infobae: los sectores con mejores perspectivas para el segundo semestre son energía, minería y agroindustria. Y hay una advertencia igualmente compartida: son sectores intensivos en capital, no en mano de obra, lo que limita su capacidad de derrame sobre el empleo y el consumo masivo.
Con la presión electoral detrás y la inflación cediendo, el Gobierno tendrá margen para bajar las tasas de interés y reducir los niveles de encaje bancario en la segunda mitad del año, lo que facilitaría el acceso al crédito de las empresas (I. Cachanosky)
Cachanosky destaca el rol del RIGI –Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones– como el principal motor de ese dinamismo. Con 13 megaproyectos ya aprobados y más de USD 27.000 millones en inversiones comprometidas en ocho provincias, el esquema está comenzando a pasar de la etapa de anuncio a la de ejecución. “Varios de estos proyectos están entrando en fase de construcción o ejecución temprana, lo que genera derrame en sectores conexos: logística, proveedores industriales, servicios de ingeniería”, precisa el economista de Libertad y Progreso.

Vargas suma a esa lista los servicios financieros y la economía del conocimiento, y señala que todos estos sectores dependerán, en distintas proporciones, de la baja de la inflación, el avance del RIGI, las inversiones en Vaca Muerta y la demanda global vinculada a la transición energética.
Giordano sostiene que si se dan las condiciones de expansión del crédito y continuidad de las reformas estructurales, otros sectores podrían sumarse al crecimiento. Además, destaca que estos sectores adicionales, al ser más intensivos en mano de obra, tendrían mayor capacidad de capitalizar las mejoras que busca generar la ley de modernización laboral.
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado mediante el Decreto 315/2026, ofrece alícuotas reducidas de entre el 2% y el 3% en contribuciones patronales durante cuatro años, con el objetivo de incorporar trabajadores no registrados. Los economistas lo evalúan con prudencia: reconocen su potencial, pero advierten que no alcanza por sí solo para mover el empleo agregado.
Es probable que el RIFL tenga más impacto en reducir costos laborales y formalizar trabajo ya existente que en generar empleo genuinamente nuevo (Vargas)
Cachanosky considera a la construcción como el sector con más para ganar, dado que históricamente ronda entre el 50% y el 60% de empleo informal y es intensiva en mano de obra. “El abaratamiento de la registración tiene un impacto relativo mayor que en sectores más capital-intensivos”, más aún en un contexto impulsado por el crédito hipotecario UVA y la obra privada, agrega el economista.

Vargas resume: “Es más probable que el RIFL tenga más impacto en reducir costos laborales y formalizar trabajo ya existente que en generar empleo genuinamente nuevo. Su alcance va a depender del nivel de actividad económica y su evolución”.
El REM del BCRA respalda esa mirada escéptica con números concretos: la tasa desocupación se mantendría en 7,3% de la población económicamente activa en el tercer trimestre y subiría levemente a 7,4% en el cuarto.
En el plano internacional, Iván Cachanosky apunta a la guerra comercial entre Estados Unidos y China como el principal factor de incertidumbre. Una desaceleración de la demanda china -que concentra dos tercios de las importaciones globales de soja- o una caída en los precios del litio y el cobre afectaría directamente el ingreso de divisas y pondría presión sobre el programa económico.
José Vargas agrega el conflicto en Medio Oriente como otro vector de riesgo, por su impacto potencial en el precio del petróleo, las tasas de interés internacionales y el acceso al crédito externo.
En el plano doméstico, el riesgo político aparece con fuerza en el análisis de casi todos los consultados.
Osvaldo Giordano dijo a Infobae: “Es de decisiva importancia que los esfuerzos políticos no se dispersen y se concentren en sostener el proceso de reforma y que se reduzca el nivel de incertidumbre”.
Para que el escenario mejore de forma estructural se necesitaría una política económica que empiece a mirar no solo la inflación sino también la sostenibilidad social y productiva de este modelo (Kalos)
Iván Cachanosky lo complementa con la experiencia reciente: el segundo semestre de 2025 mostró con claridad cómo la incertidumbre política se traslada al tipo de cambio y de ahí a los precios.
José Vargas añadió el concepto de “riesgo social, si no se recuperan el consumo, el poder de compra y el empleo”.
Martín Kalos consideró: “Para que el escenario mejore de forma estructural se necesitaría una política económica que empiece a mirar no solo la inflación -que es la prioridad absoluta del Gobierno y donde han tenido éxitos nominales- sino también la sostenibilidad social y productiva de este modelo en el mediano plazo”.
ECONOMIA
Clima de negocios: de Vaca Muerta a las nuevas eléctricas, quién es quién entre los empresarios que controlan la energía argentina

Hay noticias alrededor de Vaca Muerta todos los días. Un nuevo pico de producción, un número récord de superávit comercial energético, un anuncio de inversión. Las perspectivas para la “joya argentina” son buenas y mejoran con las dudas que crecen en el mundo sobre el negocio y la provisión de petróleo y gas a partir de un contexto bélico que se extiende.
En medio del subibaja de los precios internacionales y de anuncios y perspectivas auspiciosas, el sector energético vive momentos de cambios en Argentina, con algunas empresas que se fueron y otras, en general locales, que ingresan o vuelven al sector. Un verdadero nuevo mapa del ecosistema energético local.
Así, a la tradicional guardia de petroleros argentinos, con YPF, la familia Bulgheroni (PAE), los Mindlin (Pampa Energía), el holding que comanda Eduardo Eurnekian (CGC) y Paolo Rocca (Tecpetrol-Techint) a la cabeza, se fueron sumando otros, ya con recorrido y éxitos en sus negocios. Por caso, Miguel Galuccio (Vista Energy), Jorge Brito (Genneia y Camuzzi) y José Luis Manzano (Edenor, Phoenix y Metrogas). También nóveles del sector, como los hermanos Juan y Francisco Neuss, que junto a Rubén Cherñajovsky, Luis Galli y los ex Citibank de Inverlat formaron Edison Energía, y los estancieros Uribelarrea, al frente de MSU Energy, entre otros.
Tampoco falta la categoría de “las que llegan”, un grupo del que el gobierno de Javier Milei espera mucho más aún. Luego de la salida de gigantes como Exxon y Petronas, desde Casa Rosada celebraron el desembarco de Continental Resources, una petrolera independiente de Texas, cuyo dueño, Harold Hamm, conocido como “el rey del fracking”, es muy amigo de Donald Trump. Semanas atrás se lo pudo ver a Hamm muy sonriente en el Consulado Argentino en Nueva York, en la Argentina Week.

Lo cierto es que, de la mano de la producción de Vaca Muerta, el sector se dio vuelta y pasó de rojo a verde. En los primeros tres meses del año, sumó un saldo positivo de USD 2.405 millones, el mayor resultado histórico para un período de enero a marzo, según el Indec.
La balanza del año pasado fue “verde” en USD 7.815 millones, la cifra más alta desde que hay registros, con exportaciones de combustibles y energía por USD 11.086 millones (+12,8%, también máximo histórico) e importaciones por USD 3.271 millones (-18%). Todo de parabienes.
“Argentina va a terminar exportando un millón de barriles de petróleo diarios en unos años”. La frase la dijo Horacio Marín, CEO de YPF, la locomotora del boom, días atrás en el Auditorio Ticmas de la Feria del Libro. Marín, un ex Techint que fue jugador de tenis y llegó al cargo sin conocer a Milei, ganó notoriedad en estos dos años gracias al rumbo que impuso a la petrolera de bandera, empresa que el Presidente había asegurado en la campaña de 2023 que privatizaría, aunque se desdijo rápido.
El plan “4×4” con el que asumió Marín propone cuadruplicar el valor de YPF en cuatro años (2024-2027). Pone foco en Vaca Muerta y GNL, en vender activos convencionales, sumar eficiencia y la meta de que el país exporte más de USD 30.000 millones para 2030. Por el momento tiene éxito, y se nota. Tanto que Mauricio Macri lo recomendó públicamente a Milei para reemplazar como jefe de Gabinete a Guillermo Francos. Finalmente, fue elegido Manuel Adorni.
Con el 32% de crudo y el 27% de gas, YPF es el principal productor de hidrocarburos no convencionales (shale) del país y uno de los principales del mundo fuera de EEUU, con unos 200.000 barriles diarios. Es una empresa integrada que opera el 50% del parque de refinación del país y tiene el 55% del mercado de combustibles con casi 1.700 estaciones de servicios.
La otra petrolera integrada del mercado local –con capital 100% privado– es Pan American Energy (PAE), la empresa de los Bulgheroni. Nació en 1997 luego de la fusión de Bridas, la histórica empresa de la familia, con Amoco, luego BP. Produce más de 240.000 barriles equivalentes de petróleo por día e invierte alrededor de USD 2.000 millones anuales. En upstream, tiene producción convencional de hidrocarburos a través de Cerro Dragón, uno de los yacimientos emblemáticos del país donde también avanza con un plan piloto de USD 250 millones para evaluar el potencial no convencional de la Cuenca del Golfo San Jorge.
Presidida por Alejandro Bulgheroni, y con su sobrino Marcos Bulgheroni como CEO –hijo de Carlos, quien co-lideró la compañía hasta su fallecimiento, en 2016–, la empresa también opera siete áreas en Vaca Muerta con foco en gas no convencional. En downstream, a través de Axion Energy, opera la refinería Campana y tiene una red de más de 600 estaciones de servicio que le compró a Esso en 2020. Participa del oleoducto VMOS y lidera el consorcio Southern Energy (SESA), el joint venture que promete posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de gas natural licuado a partir de 2027, con inversiones comprometidas por más de USD 15.000 millones en 20 años.

Entre las compañías más nuevas de la cuenca neuquina, aunque con un recorrido ya de 8 años, está Vista Energy, la empresa que fundó y preside Miguel Galuccio. Es la principal productora independiente de petróleo y el máximo exportador de crudo del país.
Desde que opera, invirtió más de 6.500 millones de dólares y la empresa hoy vale USD 7.000 millones. Produce 135.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d). “Entre 2026 y 2028 vamos a invertir más de 4.500 millones de dólares. Nuestro objetivo es alcanzar una producción de 180.000 boe/d para 2028 y tenemos una visión de superar 200.000 boe/d para 2030”, aseguran. Galuccio, referente del sector, comenzó en YPF, alcanzó altos puestos globales en Schlumberger, y regresó al país para presidir la petrolera de bandera en 2012. En 2017 creó Vista bajo el lema “Energy for tomorrow”.
Otra multirubro muy activa en los últimos años es Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin que el año pasado cumplió dos décadas de existencia. Es uno de los mayores productores privados de gas y en Vaca Muerta opera varios bloques. En uno de ellos, Rincón de Aranda está invirtiendo más de USD 1.500 millones y solicitó el RIGI para ampliar esa inversión a USD 4.500 millones. Participa en transporte de gas a través de Transportadora de Gas del Sur (TGS), está dentro de los dos grandes proyectos de exportación, VMOS y Southern Energy, y tiene la mitad de Transener, la mayor transportadora de electricidad. Generación es su otro negocio.
Otras dos con fuerte presencia en el sector están dentro de grupos comandados por otros grandes empresarios argentinos, Eduardo Eurnekian y Paolo Rocca. Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, tiene presencia en Neuquén pero, además, apunta su estrategia a la “otra” Vaca Muerta. Se trata de Palermo Aike, un yacimiento shale en Santa Cruz que está en estudio y promete mucho. Además, es socia en TGN con Techint, el holding de Rocca, cuya petrolera es Tecpetrol.
Tecpetrol, de Techint, por su parte, opera en las cuencas Neuquina y Noroeste. En 2023 superó los 24 MM M3/D de producción de gas en Fortín de Piedra, lo que se traduce en el 15% del total del país. En ese yacimiento lleva invertidos más de USD 1.300 millones en facilites y USD 3.000 millones en perforación. Perforó más de 192 pozos. Actualmente avanza en Los Toldos II Este, un desarrollo de shale oil ubicado en el hub norte de Vaca Muerta. El proyecto presenta un esquema de inversión escalonado, con una primera y segunda etapa hasta fines de 2028 y una inversión de USD 2.400 millones.

Las proyecciones de la industria indican que el país podría alcanzar exportaciones superiores a USD 41.000 millones anuales para 2035, si se cumplen una serie de condiciones vinculadas al aumento de inversiones, la estabilidad regulatoria y la competitividad internacional. Así lo detalló un informe reciente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que sostuvo que el repunte productivo experimentado tras años de déficit “podría consolidar a Argentina como un proveedor de energía a escala global, siempre y cuando se logre sostener una estrategia coordinada entre empresas, Estado y sindicatos”.
A la fecha, Argentina dispone de recursos petroleros suficientes para abastecer su demanda interna durante más de un siglo, y de reservas de gas natural capaces de cubrir el consumo local por más de dos. No obstante, la condición para explotar ese potencial y transformarse en un gran exportador reside en acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, expandir la infraestructura de licuefacción de gas natural licuado (GNL), aumentar la eficiencia operativa y atraer inversiones a gran escala.
“Hay un dato que resume bastante bien el momento del sector: en los últimos tres años la energía volvió a aportar dólares por los dos lados del balance cambiario del BCRA. No sólo por el lado comercial, con más exportaciones y menos importaciones, sino también por el lado financiero, con ingreso de capitales y financiamiento asociado a Vaca Muerta. De hecho, en 2025 el aporte neto total del sector llegó a USD 9.214 millones, el mayor valor de toda la serie, y en el primer trimestre de 2026 ya acumuló otros USD 2.674 millones”, resumió Santiago Capdevila, de la consultora Empiria.

Entre las otras “grandes” de Vaca Muerta se destacan Pluspetrol, la local que compró hace dos años los activos de la emigrada ExxonMobil. Su foco es el shale con los activos La Calera y Bajo del Choique–La Invernada. “En abril solicitamos adhesión al RIGI por una inversión de USD 12.000 millones para llegar a nuestra meta de los 100.000 barriles diarios en este activo, hito que se logrará mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, infraestructura de transporte y la perforación de más de 600 pozos en un plazo de 25 años”, dicen en la empresa.
También Phoenix. Con foco en shale oil y un RIGI presentado, pertenece a Mercuria Energy Group –tiene a José Luis Manzano como accionista minoritario–, lleva invertidos unos USD 1.000 millones y planea otros USD 6.000 millones hasta 2038.
Completan la lista de las principales la recién llegada Continental Resources, del magnate americano Hamm; el gigante Chevron, pionero en Vaca Muerta, del que el Gobierno adelantó en las últimas horas que pedirá un RIGI de USD 10.000 millones; la francesa TotalEnergies que concentró activos, ya es el la principal productora privada de gas y tiene además activos renovables; y la angloholandesa Shell, que produce unos 55.000 barriles por día y opera los bloques Sierras Blancas, Cruz de Lorena, Coirón Amargo Sur Oeste y Bajada de Añelo.
“El mercado energético es uno de los sectores dinámicos de la economía argentina. Está en amplio crecimiento y eso es igual a entrada y salidas de actores“, destacó destacó en diálogo con este medio Daniel Montamat, actual consultor y ex presidente de YPF y ex secretario de Energía.
“YPF, a través del plan Andes, decidió concentrarse en lo estratégico, Vaca Muerta, y desprenderse de áreas en declino, pero aún con algo de potencial, que fueron licitadas nuevamente. Ahí aparecieron una serie de empresas medianas, muchas del área de servicios petroleros, que se constituyeron como nuevas operadoras. Van a invertir en tecnología y personal. Es importante el retorno de empresas que estuvieron vinculadas al capital nacional en materia petrolera. El convencional vuelve a tener desarrollo y es muy interesante”, destacó el experto.

El proyecto Andes parte del plan “4×4” de Marín e incluyó la salida de la empresa de lo que se consideran campos maduros de hidrocarburos convencionales. Eso dio paso a un proceso de venta de activos en diferentes provincias.
Una de las que se quedó con esas áreas es Pecom, la histórica empresa de los Pérez Companc, que volvió a ser operadora en Chubut y, además, hizo un acuerdo con Pluspetrol por otras áreas en las cuencas Neuquina y Cuyana.
También se puede contar a Crown Point, de Pablo Peralta, presidente del holding financiero Grupo ST, quien se quedó con activos de YPF en Chubut; Bentia, cuya cabeza es el ex ministro de Energía de Macri, Javier Iguacel, e Ingeniería Sima (Diego Manfio), en Neuquén; Petroleros Sudamericanos (Pablo Alberto Miedvietzky), que invirtió en áreas en Neuquén y Mendoza; Quintana Energía (Carlos Gilardone) y TSB (Claudio Urcera), en Neuquén, Río Negro y Mendoza; y Roch (Ricardo Chacra), Clear (Cristóbal López) y Patagonia Resources, de Grupo Neuss, que se quedaron con áreas de la petrolera de bandera en Santa Cruz.

Varias de las nombradas también participan en los millonarios proyectos para evacuar los hidrocarburos de Vaca Muerta.
Son el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un consorcio con casi todas las empresas del mercado, con YPF a la cabeza, para exportar petróleo; y Southern Energy (SESA), comandado por PAE, que será la punta de lanza para vender GNL al mundo. En ambos, que estarán listos entre fines de este año y el próximo, y en los ductos que vengan, estará la clave del potencial exportador de Vaca Muerta.
SESA, con más de USD 15.000 millones, es el RIGI más alto que aprobó el Ministerio de Economía hasta hoy. De los 23 proyectos con visto bueno, por un total de casi 28.000 millones, cinco son energéticos.
En el segmento eléctrico es donde mayores movimientos hubo en los últimos meses, con nuevas licitaciones y compañías que debutan en el mercado.
Entre ellas se destaca Edison Energía, que en poco tiempo se quedó con varias empresas de distribución y transmisión en Tucumán, Jujuy y el Litoral y meses atrás con dos de las hidroeléctricas del Comahue que se volvieron a licitar: Cerros Colorados y Alicurá.
Es un conglomerado del que participan los hermanos Juan y Patricio Neuss; a título personal el dueño de Newsan, Rubén Cherñajovsky y también el CEO de la empresa, Luis Galli; e Inverlat, el diversificado grupo inversor (dueño de Havanna y otros negocios) que integran los ex Citibank Guillermo Stanley, Carlos Giovanelli, Damián Pozolli y Federico Salvai, ex funcionario de Cambiemos y yerno de Stanley. Los Neuss entraron al negocio eléctrico en 2011, cuando le compraron a Inverlat su participación en Edersa, la empresa de energía de Río Negro. El año pasado buscaron a Inverlat para volver a hacer negocios, esta vez como socios, y crecer con las distribuidoras del interior –que había sido de un fondo perteneciente a la familia Frávega– y un plan para sumar más negocios.

En Edison aseguran que crecieron rápido porque invirtieron mucho (unos USD 600 millones en total hasta el momento) y pagaron más en las licitaciones. Creen que si bien hay más gas disponible para generar energía eléctrica, el sector tiene un cuello de botella grande en transporte. Calculan que son necesarios unos USD 10.000 millones de inversión sólo en ese rubro y miran la licitación de tres nuevas líneas de transporte –por un total que supera los USD 2.000 millones– y la reprivatización de hidroeléctricas provinciales. No ocultan su alineamiento con el modelo que encarna el gobierno de Milei y están atentos a lo que pase en octubre del año que viene para tomar nuevas decisiones.
Además, Edison acaba de ganar la privatización de la mitad de Transener que estaba en manos del Estado. Lo hizo en asociación con Genneia, la empresa líder en energías renovables cuyo titular es Jorge Brito, presidente de Banco Macro y ex presidente de River Plate. Brito, también accionista de Camuzzi, es uno de los grandes empresarios de “otro rubro”, el financiero, que empezaron a pisar fuerte en energía en la última década. Los nuevos socios pagaron unos USD 356 millones por la mitad de la principal transportadora de energía eléctrica del país y se convirtieron en socios de Mindlin, histórico operador de Transener.

Mindlin comanda Pampa Energía, que, además de los negocios ya mencionados, es otro de los grandes generadores del país, con nueve centrales térmicas, cinco parques eólicos, tres hidroeléctricas y 5.472 MW de capacidad instalada. También es un jugador clave en midstream, transporte de gas, con TGS, que opera el gasoducto Perito Moreno (ex GPNK), tiene más de 9.200 kilómetros de ductos que atraviesan siete provincias y acaba de anunciar una inversión de USD 3.000 millones para un proyecto de procesamiento de líquidos del gas natural.
El otro gran jugador en transporte de gas es TGN, que controlan Techint y CGC, la petrolera de Corporación América, cuyo CEO es Hugo Eurnekian, sobrino del presidente del holding, Eduardo Eurnekian.
Siguiendo con las generadoras eléctricas, otra de las nuevas es MSU Energy, que tiene como cabeza a Manuel Santos Uribelarrea, integrante de una familia del agro (alguna vez se lo mencionó como “el príncipe de la soja”, en comparación con Gustavo Grobocopatel) que ahora controla tres centrales térmicas y acaba de quedarse con la operación de la hidroeléctrica El Chocón.
Se destacan en el rubro también Central Puerto, cuyos dueños son los Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany, accionista de Grupo Financiero Galicia, la estadounidense AES, con presencia local desde 1993 y una capacidad instalada de más de 3 GW; Grupo Albanesi, la empresa que comanda Armando “Tate” Loson, que por medio de Generación Mediterránea controla 10 centrales termoeléctricas; e YPF Luz, el brazo generador de la petrolera que ya produce el 10 % de la energía eléctrica del país.

Entre las empresas que distribuyen energía están Edenor, de Daniel Vila, Manzano y Mauricio Filiberti, con 3,4 millones de clientes en el AMBA, y el otro grande de la zona, Edesur, controlada por la italiana Enel, que en un momento amagó con salir del país, decisión que luego descartó. Si bien siempre hay rumores sobre venta, en el sector, y por lo bajo, destacan la mejora en los indicadores de gestión que alcanzó Edesur en los últimos meses.
Otro peso pesado del segmento es Grupo Desa, de Rogelio Pagano, que controla distribuidoras en Buenos Aires (La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y norte de la provincia) y Salta.
En distribución de gas se destacan Camuzzi, de Alejandro Macfarlane, Fabrizzio Garillo y Brito; la española Naturgy y Metrogas. El sector está pendiente con el futuro de la empresa que opera en AMBA y es la más grande del rubro. YPF venderá el 70% de las acciones que tiene de Metrogas y hay varios interesados, entre ellos Manzano, que ya es accionista minoritario de la compañía.
Por estas horas, Manzano –que como se dijo es accionista en Phoenix, Edenor y Metrogas– es uno de los mencionados para quedarse también, por medio de Integra Capitals y con su socio suizo Mercuria Energy, con las estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud (activos separados de las inversiones de Shell en Vaca Muerta). Se trata de un negocio en manos de Raizen, un consorcio entre la petrolera holandesa y la brasileña Cosán, cuyo valor de mercado ronda los USD 1.200 millones.
La venta de combustibles es un negocio que domina YPF, con el 60% del mercado, y donde también se destaca Axion Energy, de PAE. El otro surtidor entre los principales del segmento es Puma, de Trafigura.

Según Capdevila, de Empiria, fue una buena señal del Gobierno extender el RIGI a proyectos de petróleo y gas. “Pero para que eso no sea sólo una buena foto de coyuntura, también es importante no repetir errores del pasado. Si Argentina quiere que el petróleo y el gas sean una fuente sostenida de divisas, el precio interno tiene que estar razonablemente alineado con el export parity. Cada vez que se desacopla artificialmente para pisar precios en el corto plazo, se distorsionan los incentivos para invertir, producir y exportar. Y el costo después suele aparecer en menos producción, más importaciones o menor ingreso de dólares”, dijo el economista especializado en energía.
Los capitanes de la industria petrolera vernácula hacen cálculos y ven como los números ya demuestran que la promesa es una realidad para el sector, pero tienen un ojo y medio puesto en la coyuntura. Si bien están al frente de proyectos de muy largo plazo, como repiten a coro, que están sustentados por las reservas hidrocarburíferas y lo que prometen Vaca Muerta y otros yacimientos, lo que pasa en la Casa Rosada también pesa, aunque sean rencillas de vuelo corto.
Miran la macro y los incentivos para invertir que este Gobierno inauguró, amplió y ahora promete extender a otros sectores, con el anunciado súper RIGI. Exigen reglas claras y estabilidad, pero miran a la política muy atentos y no son ajenos al ruido que genera. La continuidad del rumbo es, hoy por hoy, el foco de las conversaciones entre los dueños de la energía argentina. De los “viejos”, los nuevos y los que vendrán.
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