POLITICA
Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes” con críticas al Gobierno: “El riesgo que hay en la Argentina no es el kuka, es Milei”
En un terreno en el que se siente cómodo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en la tarde noche de este sábado su libro “De Smith a Keynes”, editado por Siglo XXI. Fue en el marco de la Feria del Libro, ante una sala repleta, aunque de medianas dimensiones. Igualmente hubo gente que quedó afuera. En una hora, Kicillof, junto al periodista Alejandro Bercovich y el economista, Diego Giacomini, repasaron conceptos del libro y lo pusieron en debate con la política económica del gobierno nacional. Moderado por la también economista Candelaria Botto, el resultado fue el esperable: una visión crítica a la gestión económica del gobierno. De hecho, Kicillof, planteó que los empresarios “no invierten” porque el riesgo es Milei.
En su disertación, Kicillof remarcó, que “la economía no es una ciencia exacta”, sino un campo donde se confrontan intereses sociales y distintas escuelas de pensamiento. Enfatizó que en la Argentina actual, los bajos salarios y el desempleo no encuentran solución en la ortodoxia —es decir, en la doctrina económica tradicional que privilegia los mecanismos de mercado y la mínima intervención estatal— sino en la apertura del debate académico y una presencia activa del Estado.
La charla de este sábado llegó luego de la recorrida que Kicillof llevó adelante por la provincia de Córdoba. Antes de adentrarse en el análisis económico, aclaró que la charla no era “de barricada” ni un acto político y pidió sostener ese contexto. Al finalizar, se esforzó en sostener el tono. Sin embargo, la gente coreó su candidatura.
La reedición de De Smith a Keynes aparece en un contexto de caída de la inversión y aumento del desempleo. Según Kicillof, la hegemonía teórica —tanto en el ámbito académico como en la política— tiende a responsabilizar a trabajadores y sindicatos por la desocupación, postulando que los salarios “demasiado altos” desalientan la contratación.
Sostuvo, sobre la actual administración, que ese enfoque queda claro en las propuestas de reforma laboral: “Lo que hay que hacer es una ley de reforma laboral que permita que los salarios bajen todo lo que tengan que bajar hasta alcanzar la plena ocupación”, parafraseó y recuperó el análisis de John Maynard Keynes que, según él, hubiera planteado: “Si decimos eso, nos matan, porque las víctimas de la desocupación vendrían a ser los culpables de la desocupación”.
El gobernador vinculó la actual crisis argentina con la Gran Depresión de la década de 1930 y dirigió sus críticas a figuras como el ministro de Economía Luis Caputo y al presidente Javier Milei, referentes de la ortodoxia. Según Kicillof, a pesar de los incentivos otorgados al empresariado, la inversión privada permanece ausente debido a la inestabilidad: “¿Cuánto más nos vamos a bajar?”, se preguntó en referencia a las distintas políticas de flexibilidad impositiva para fomentar las grandes inversiones como, por ejemplo, el RIGI.
“No invierten porque no saben lo que va a pasar. El riesgo que hay en la Argentina no es el riesgo kuka, es el riesgo Milei, que siga haciendo las pavadas que está haciendo”.
Apelando a la matriz keynesiana, defendió que el Estado debe intervenir a través de obra pública y otros instrumentos cuando la inversión privada no genera suficiente demanda: “Cuando hay estancamiento prolongado que no se soluciona, entonces aparezca el Estado y ponga a funcionar la economía que está parada”, sostuvo el gobernador durante la ponencia, que a diferencia de su gira por Córdoba esta vez no contó con la presencia de ministros provinciales, aunque sí estuvo entre el público el concejal rosarino Juan Monteverde, que una vez terminada la charla se saludó con el mandatario provincial. Tras ganar las elecciones del 2025, Monteverde trabaja en su construcción para la intendencia de Rosario, con un armado progresista.
En la charla, tanto Kicillof como Bercovich y Giacomini cuestionaron parte de la formación académica con la que transitaron sus años de estudiantes. Allí, Kicillof afirmó que la economía “no es una ciencia natural”, sino un área signada por el conflicto de intereses y la multiplicidad teórica. Fue cuando denunció el predominio de una única mirada en las universidades y los manuales, habitualmente vinculada a los sectores concentrados: “La economía dominante es la que representa los intereses de la clase dominante, de las corporaciones, de determinados grupos poderosos y por eso también se enseña con manuales”.
Por eso, el mandatario llamó a resguardar el pluralismo académico y a rechazar el dogmatismo en la enseñanza de la economía. Reafirmó que “no se puede enseñar economía en base a una sola escuela” y que cada corriente recoge “perspectivas e intereses distintos”, lo que motivó el trabajo colectivo que dio origen a De Smith a Keynes.
En relación con la coyuntura, Kicillof subrayó que en Argentina la corriente que prioriza el empleo y el salario se traduce en el peronismo: “En Argentina, si me permiten, se llama peronismo eso”. Allí fue cuando aparecieron los primeros aplausos del auditorio.
El acto finalizó con una enumeración del gobernador sobre los derechos básicos y la función pública, acaso en clave electoral. Dijo que hay que “cuidar el trabajo, cuidar el salario, cuidar a los jubilados, cuidar a quienes tienen discapacidad, garantizar la educación, la salud”, planteando que “la teoría económica sirve mucho, pero alcanza con sentir que te importa el que está al lado”. Luego de la charla, se trasladó al firmómetro y la gente se acercó con su ejemplar del libro.
POLITICA
LLA quiere sesionar en Diputados y superar la parálisis que provocó el caso Adorni: la agenda en carpeta
El oficialismo busca mostrarse activo en la Cámara de Diputados para contrarrestar los movimientos de la oposición, que por estos días intenta conseguir los votos para avanzar con una interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Mientras que la oposición ya convocó a una sesión el próximo jueves 14 de mayo, que será apenas un primer paso dado que deberá emplazar a las comisiones que controlan los libertarios para obligarlos a tratar los proyectos de interpelación, el oficialismo planea hacer lo propio el miércoles 20 con un temario que incluirá la adhesión Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) -en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos-, la denominada Ley Hojarasca y la reducción de subsidios por zonas frías.
Durante el último mes la actividad parlamentaria estuvo casi paralizada por el escándalo de Adorni. El jefe de Gabinete brindó su informe de gestión el miércoles pasado y allí aseguró que puede explicar su patrimonio y adelantó que brindará todos los detalles necesarios a la Justicia.
Los libertarios esperaban que su presentación en Diputados pusiera punto final a la discusión pero las recientes revelaciones de la Justicia, por ejemplo las refacciones por USD 245 mil que habría hecho en su casa del country Indio Cuá, le suministraron a la oposición el combustible necesario para mantener el tema en el centro de la agenda.
Hasta el momento sólo el proyecto de ley Hojarasca tiene dictamen de mayoría y está listo para ir al recinto. Esta iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, tiene como objetivo eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.
Para llegar a un consenso, los libertarios decidieron dejar afuera del proyecto los puntos más resistidos por la oposición como la derogación de exenciones fiscales para cooperativas, la eliminación de la credencial de libre circulación para legisladores nacionales y los recortes del aporte estatal para la Federación Argentina de Municipios.
Por otro lado, fuentes oficiales adelantaron a Infobae que este martes intentarán llevarse el dictamen del Tratado de Patentes para dejar el proyecto listo para el recinto. Funcionarios del Ministerio de Desregulación irán a evacuar dudas de los aliados al plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General.
El Gobierno había intentado avanzar hace un mes con el Tratado de Patentes pero terminó suspendiendo una reunión de comisión por presión de los laboratorios. Este sector, con fuerte poder de lobby, reclamaba que se deje “en reserva” el capítulo 2 del tratado porque significa que una patente registrada tiene vigencia por 20 años en todos los países miembros.
Actualmente, producir medicamentos genéricos o biosimilares permite reducir drásticamente los costos. Por otro lado, los laboratorios extranjeros plantean que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar.
La diagonal para destrabar la negociación será efectivamente dejar en reserva el capítulo 2 pero este cambio extenderá el trámite legislativo, ya que el texto tendrá que volver a pasar por el Senado.
Por último, el Gobierno envió a Diputados un proyecto para modificar el régimen de zonas frías para reducir los subsidios al gas. A partir de la nueva iniciativa sólo mantendría la bonificación del 50% los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna.
En cambio, quedarán excluidas las zonas que se sumaron en 2022. Este cambio impactará en 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán. En estas localidades sólo podrán acceder al beneficio aquellos consumidores -se toma por medidor- que tengan como ingresos menos de tres canastas básicas.
El oficialismo deberá encarar una negociación complicada con aliados eventuales, como los gobernadores de Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que aprobarán aumentos de tarifas en sus territorios. La medida es especialmente antipática dado que está comenzando el invierno.
Si logra avanzar con la sesión del 20, el oficialismo no solo podrá retomar la iniciativa sino también mostrar a la oposición que tiene los votos para bloquear una eventual interpelación de Adorni.
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En lo que va de la gestión de Javier Milei, el Estado concesionó 12 inmuebles que pagan un canon mensual, en conjunto, de casi $189 millones. Van desde predios para logística, hasta espacios de gastronomía, estacionamientos, una estación de servicio y columnas publicitarias de edificios públicos. Así surge del relevamiento que hizo Infobae del sitio de Concesiones Bienes Inmuebles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mencionado en tres respuestas a legisladores sobre el tema, en el informe escrito que envió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 29 de abril a la Cámara de Diputados.
La docena de concesiones fueron otorgadas por la AABE entre enero de 2024 y lo que va de 2026. Sumadas, le reportan al Ejecutivo una recaudación de $188.803.000 en total, que pagan los adjudicatarios mensualmente. Se adjudicaron luego de un proceso público que requiere la inscripción de los particulares como proveedores del Estado en el portal oficial ComprAr, y luego la presentación de una oferta en una licitación pública cuyos pliegos y resultados pueden consultarse en ese sitio y en el de la AABE.
El domingo pasado, Infobae había revelado que, en la gestión libertaria, ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones. El dato fue el resultado de cruzar respuestas del informe del Jefe de Gabinete con esos dos sitios, el de la AABE y el portal de compras y contrataciones públicas.
La AABE funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y está a cargo, desde diciembre pasado, de Tania Alejandra Yedro, tras haber sido directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios de la Agencia.
Bajo el Gobierno de La Libertad Avanza, la principal concesión otorgada de un inmueble en poder de la AABE, es la explotación comercial del Complejo Ferroautomotor en Alvear, en el departamento de Rosario, Santa Fe, otorgada por 30 años el último 25 de marzo.
Explica el 76% del monto total que se estima recaudar en todos estos procesos. Se trata de un predio de 631.000 m², con acceso directo a la Hidrovía que quedó en manos de la multinacional de la agroindustria Cargill. El canon base fijado por la AABE fue de $124,1 millones por mes, con un valor para el total de la concesión de 36.286.648 UVAs, unos $65.250 millones, según la conversión hecha por Infobae al momento de la adjudicación.
Las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) son la unidad de medida que se utiliza para indexar o actualizar el valor del canon que el concesionario debe pagar al Estado. Para la conversión, según le precisaron a Infobae desde la AABE, se debe calcular al último día hábil del mes anterior a la fecha de adjudicación.
Este medio contabilizó los montos totales de las concesiones otorgadas expresadas en el número de UVAs que aparecen en cada dictamen de adjudicación, al valor del fecha de ese momento. Suman en total $85.443 millones. Aunque esta cifra se va actualizando desde el momento en que entra en vigencia la concesión y será mayor cuando termine el plazo de todas las concretadas hasta ahora.
Referida al rubro logística, hay otra concesión adjudicada en octubre pasado: la ex playa ferroviaria de Campana de la Línea Mitre, en esa localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. De 36.210 m², fue concesionada por 20 años, con un canon base de $15,2 millones por mes para la explotación comercial con destino exclusivo de un centro logístico. El monto total de la concesión se valuó en 2.601.120 UVAs, unos $4.160 millones al momento de la adjudicación. Se lo quedó el Complejo Portuario EuroAméricaSA.
También en Campana, la AABE concesionó otro predio, pero en la costa del Río Paraná de Las Palmas, entre la Av Coronel de Valle Laburre y Reino de Noruega. Fue un año antes, en agosto de 2024. Con una superficie de 180.000 m2, está destinado a la explotación comercial con destino a la ejecución de obras de ingeniería de infraestructura portuaria. Fue adjudicado por 20 años a Pobater SA, con un canon mensual base de $7.060.000. El monto total de la adjudicación se estimó en $1.694 millones, según consta en la Resolución de adjudicación.
Otro de los predios concesionados está ubicado sobre la Av Salguero 3651, casi Costanera, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una superficie de 4.753 m2. Fue adjudicado el 30 de marzo último por 20 años a El Pibe Dorrego SA por un canon mensual base de $7.600.000. Su destino es la explotación comercial de un complejo para uso deportivo, social y gastronómico. Al momento de la adjudicación, el valor total de la concesión rondaba $2.748 millones (1.528.699 UVAs).
Entre las concesiones hay cuatro destinadas a la explotación gastronómica. Una comprende 4 espacios dentro del edificio del Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK), sobre la Av Corrientes y Av Leandro Alem, en el centro porteño. En total suman 1.385 m2 y salió a licitación con un canon mensual de $7.800.000 Fue adjudicado el 17 de marzo de 2025, por 5 años, a Gastro Eventos SA. Valuada en 627.610 UVAs, al momento de la adjudicación un año atrás, la concesión implicaba un ingreso de total de $856 millones.
Otra en el Museo Evita, en Lafinur 2988, en el barrio de Palermo para explotar el servicio de restaurante y bar por 5 años, por un canon mensual de $1.900.000. Fue otorgada en noviembre de 2024 a la empresa 1940 SRL.
Otra es en el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, para la concesión del bar y restaurante por el mismo plazo con un canon mensual base de $3 millones. Fue adjudicada en septiembre de 2025 a Servicios Xantar SA.
La cuarta se trató de la concesión para la prestación del servicio de elaboración, envasado y despacho de comidas para el personal, funcionarios y terceros del Ministerio de Economía. Fue adjudicada en febrero de este año a Teylem SA por 2 años por un valor total de $171 millones ($7.125.000 por mes).
En los dos primeros años y tres meses de la gestión libertaria, también se dieron a concesión dos estacionamientos que estaban en poder de la AABE. Uno ubicado en Uruguay 147/163, en la Ciudad de Buenos Aires, de 4.170 m2, otorgado en enero de 2025 por tres años a la empresa Early Bird SA con un canon base mensual de $4,2 millones. La adjudicación total es por 319.573 UVAs, equivalentes a unos $415,7 millones al momento de la adjudicación.
El otro es un predio de 26.462 m2 ubicado en Av. Circunvalación entre Moreno y Boulevard Oroño, en la ciudad santafesina de Rosario. Fue otorgado en enero de 2025 por 10 años al Casino de Rosario SA, con un canon mensual base de $2.276.000. La adjudicación total fue valuada en 474.000 UVAs, que en enero de 2025 representaban $616,6 millones.
El Gobierno también concesionó la explotación comercial en monocolumnas de cuatro espacios publicitarios en un predio del Ministerio de Defensa destinado al Servicio Metereológico Nacional, y otros dos del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, ubicados en Av Dorrego 4010 y en Av Belisario Roldán 4151, en Palermo. Los seis fueron adjudicados en febrero de 2025, por 10 años, a New Vial SA, con un canon mensual de $3.542.000. El total de la adjudicación es de 5.521.200 UVAs, equivalentes a $7.365 millones cuando se otorga la concesión.
Por último, la AABE concesionó en junio de 2024 un predio de 5.500 m2 en el km 10,5 de la Autopista Buenos Aires – La Plata destinado a una estación de servicio por 20 años. Con un canon mensual base de $5 millones, fue adjudicado a Lauclamar SA por $1.200 millones.
A su vez, según el relevamiento de Infobae, hay otras 7 concesiones finalizadas pero aún no resueltas, de las cuales 3 fueron dejadas sin efecto, una se declaró desierta, y de otras tres, la resolución de adjudicación no fue aún publicada en la web de la AABE.
Visualizaciones: Daniela Czibener
Minería y chequeo de datos: Desiré Santander
Administración de Bienes del Estado,AABE,Concesión de inmuebles del Estado,Infobae Data
POLITICA
Del dólar blue al SIRA. La Justicia rastrea la conexión con exfuncionarios del gobierno de Massa y Fernández
Comenzó con una pelea entre ”cueveros» y se transformó en una investigación clave que tiene en vilo a la política. La Justicia analiza una serie de maniobras para obtener dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo, durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa en sus comienzos indagaba la posible vinculación entre financistas y funcionarios del Banco Central. Luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones, conocido como Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios en poder de los investigadores judiciales reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
Alrededor de Martín Migueles, un joven que comenzó como ladero de Elías Piccirillo, el financista conocido como el “rey del blue”, aparecen “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato”, los sobrenombres que usan en los chats para identificar a los cómplices que conseguían dólares baratos o facilitaban importaciones.
Con diferentes roles, “la vieja del Central”, “la señora” y “Pato” permitían acelerar los trámites a cambio de un sistema aceitado de coimas. ¿Quiénes son lo máximos responsables? Antes de que se levante el secreto de sumario, la Justicia pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente.
“Deberá aportarse un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes”, se lee en los oficios enviados a los tres organismos.
“Contestaron parcialmente, dijeron que la autorización final era de la Secretaría de Comercio, pero faltan los nombres”, dijo anoche una fuente de la investigación.
Concretamente, se pidió información sobre los trámites realizados por tres empresas: Nemes Fuentes N. y Mazzarini S. S.H, Técnicas Ferroviarias Argentina (TEFASA), propiedad de Miguel Ángel Jiménez (vicepresidente de Racing durante la gestión de Víctor Blanco), y Fizika S.R.L.
Con esto, la fiscalía a cargo de Franco Picardi busca subir en la escala de responsabilidades del presunto “circuito paralelo”.
Las pruebas surgieron de la extracción del teléfono de un exsocio del financista Elías Piccirillo, Martín Migueles.
El expediente expone una trama con personas que tenían llegada a filiales gubernamentales. Ejemplo de ello es “la señora”, quien “presumiblemente tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de dichas solicitudes” en la Secretaría de Comercio y otros organismos que participaban en el circuito administrativo del sistema SIRA.
El 2 de marzo de 2023, una persona identificada como “Ariel Saponara” le escribió a Migueles: “Che tenés algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay algunos por unos puntos menos. Son auto elevadores y repuestos de las mismas máquinas”. El exsocio de Piccirillo le respondió: “La sira?”. Luego le envió un audio: “Si, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”.
Saponora es un abogado que trabajó en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y tiene vínculos con el mundo policial. Llamativamente, en su sitio de Linkedin figuraba como personal de Presidencia de la Nación, pero en los registros oficiales no tiene ingresos a la Casa Rosada. El viernes, luego de la difusión de su nombre, decidió cerrar esa página.
Tras recibir el encargo de Saponora, Migueles se contactó con “el Pipo”, a quien la Justicia identificó como Héctor Ezequiel Caputto. “Escúchame tengo esto, a ver si lo podemos armar. Ahí te copio y te pego y avísame”, le avisó a través de un audio. Y le copió un mensaje en el que detallaba que se trataba de importación de maquinaria.
“Escúchame, dale, perfecto entonces. Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así“, se lee en una de las respuestas atribuidas a Caputto. Según la investigación, ese hombre se encargaba de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”.
Los clientes brotaban. En una conversación del 30 de marzo de 2023, Migueles habla con Caputto de otro cliente. “Es un pingazo el chabón, boludo, es muy amigo del manco”, dice. Unos días después, vuelve sobre el mismo tema y alude directamente a Daniel Scioli. “Pipo, ahí me dieron el ok de esas 152 lucas, metele pata boludo, metele pata que entramos derecho ahí con Scioli papá, metele pata, ¿cómo podemos hacer con eso?”. Fuentes judiciales explicaron que el funcionario no forma parte de los investigados en la causa.
¿Cómo calculaban su presunta ganancia? En un trámite de autorización del SIRA presuntamente gestionado por Caputto y Migueles, se detalla que la mercadería a importar costaba $54.600. Una vez que avanzó, Caputto le explicó al financista: “Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos. Avísame vos como queres hacer con…no sé si hablaste algo con Pato, no sé si hablaste con él (…)”.
Los investigadores todavía intentan identificar a “la señora” y “Pato” como parte del grupo que trabajaba con Migueles. Todos ellos hacían las gestiones en los tres organismos por donde pasaba el SIRA.
procuró contactar al exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, y al exjefe de AFIP, Carlos Castagneto, pero no tuvo éxito. Otra fuente del caso señaló que “no existían en el ámbito de la AFIP usuarios habilitados para operar con el sistema automatizados”. Asimismo, allegados a la gestión de Pesce en el BCRA negaron la existencia de un “circuito paralelo”. Sin embargo, en el expediente hay cinco funcionarios de ese organismo investigados por el mercado del blue. Uno de ellos, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.
En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial.
Según sumarios del BCRA, el circuito del blue movió al menos US$900 millones. La ganancia era tan amplia como la brecha cambiaria. ¿Había connivencia entre los funcionarios y los financistas? “La vieja del central, se llevó una fortuna, y exige exige, si gana plata igual”, le escribió Francisco Hauque a Migueles el 7 de mayo de 2021.
La auditora clave
Los chats encontrados en el teléfono de Migueles llegan hasta mediados de marzo, justo después de la detención de Elías Piccirillo por el operativo ilegal en las inmediaciones del Palacio Duhau. El 28 de ese mes, Migueles habla con Francisco Hauque, el financista emboscado por Piccirillo. “Hay que prender el ventilador. Ya está amigo. Vallejos Fernández. Todos unas mierdas. Que vayan todos presos. Me cansé”, se queja Hauque. Y agrega: “Me dejaron en bola. Acá nadie va a disfrutar nada”.
“Vallejos” en realidad se trataría de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, otro de los financistas investigados por la maniobra del rulo financiero. Y “Fernández” alude a Valeria Fernández, una contadora que firmó los estados contables de unas 10 casas de cambio sospechadas. Para el fiscal Picardi, esa mujer podría ser un eslabón clave de la maniobra del blue. Por eso pidió allanarla y le secuestró algunos dispositivos que van a ser peritados.
La contadora, vinculada a Juan Manuel Agra, un financista que decía tener llegada a la política, también está siendo investigada en otro expediente que llevan adelante la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Este viernes, en simultáneo con el levantamiento del secreto, el juez Ariel Lijo le pidió a Servini que se inhiba de seguir avanzando. Hay un tercer expediente por la maniobra del dólar blue en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, que también pidió quedar con todas la causa. La disputa promete escalar hasta la Cámara de Casación. Hay muchos intereses en juego.
El diálogo entre Migueles y Hauque involucra a otros protagonistas de la trama. “Mira como terminé, me robaron la fórmula. Para llenarse todos de guita. A Cirio la quiero bien presa”, se descargó Hauque. Cirio era la mujer de Piccirillo cuando ocurrió el episodio del Palacio Duhau. Esa noche, el financista se reunió con el ex policía “El “Lobo” Smith, acusado de la maniobra, en la casa que le alquilaba a Migueles, en el lote 192 del barrio “El Yacht”.
El funcionario de Tigre que gestionaba los trámites
Del análisis del celular de Migueles también surge una gestión para habilitar una agencia. Se presume que se trata de ARG Exchange, donde convivieron Piccirillo, Migueles y Matías Bocca. Según un sumario del BCRA, esa agencia vendió, en pleno auge del cepo, US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.
Según el expediente, la gestión habría estado a cargo de Daniel Chiliutti, un histórico funcionario de la Municipalidad de Tigre. “Sigue como director en la Secretaría de Gobierno”, confirmaron desde el Municipio ante una consulta de . Los mensajes son del 2022. “Me podés venir a ver mañana a la Secretaría de Gobierno a partir de las 10 de la mañana. Así hablamos un cachito porque no sé qué tenés, qué no tenés, a ver qué podemos hacer”, se escucha en un audio atribuido al funcionario.
contactó a Chilliutti, quien dijo no tener conocimiento de qué se trata.
“Los intercambios analizados permiten advertir la existencia de un canal de comunicación directo y personalizado para la tramitación de un procedimiento administrativo que, en principio, debería sustanciarse a través de los mecanismos institucionales ordinarios”, sostuvo Picardi al pedir los allanamientos de marzo.
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