La semana política que empieza volverá a girar en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque el funcionario ya tendría que haber presentado su declaración jurada de bienes para hacer aclaraciones sobre su patrimonio, todavía no lo hizo y dijo que lo concretará en las próximas semanas.

Justamente, en tiempos judiciales, será dentro de las próximas semanas, en junio o julio, que la Justicia le pedirá al funcionario que justifique sus bienes. En las causas por enriquecimiento ilícito, delito por el que se lo investiga, los jueces les piden esta medida a los investigados, previo a decidir su futuro en el expediente.

A partir de la presentación de esta documentación, que se compara con los datos obtenidos previamente, en el caso de que Adorni pueda justificar su patrimonio se lo sobreseerá y se cerrará la causa. Caso contrario, se pasará a la siguiente etapa: la indagatoria.

Javier Milei redobló la defensa a Manuel Adorni

En la reunión de gabinete del viernes pasado en Casa Rosada, el presidente Javier Milei confirmó su respaldo al funcionario, del que dejó en claro que no le va a soltar la mano, al atarlo al gabinete y atarse él a Adorni, al plantear que antes prefiere “perder una elección”.

En un fuerte mensaje a los funcionarios, les advirtió que quien no estuviera de acuerdo, que se fuera. Luego se retiró y fue el jefe de Gabinete el que tomó la palabra, empoderado nuevamente nada menos que por el propio Milei.

El Congreso, entre las necesidades del oficialismo y el plan de la oposición para impulsar el desplazamiento de Adorni

En paralelo, en el Congreso, el oficialismo necesita sesiones en Diputados y en el Senado para avanzar con la agenda legislativa, como la “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para derogar normas que quedaron en desuso.

El Ejecutivo también busca conseguir en el Senado la derogación de las PASO, lo que genera condicionamientos de las oposición, que reclama separar Ficha Limpia del tratamiento de esta iniciativa. La jefa de bloque del oficialismo en Senadores, Patricia Bullrich, habilitó las negociaciones por esta posibilidad, que es rechazada por la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

A su vez, parte de la oposición, como Encuentro Federal y la izquierda, aunque no el kirchnerismo, pidió una sesión para el próximo jueves en la Cámara Baja para discutir la interpelación del jefe de Gabinete por su situación judicial, con posible moción de censura, desplazamiento del funcionario.

La sesión pedida por parte de la oposición es para votar el emplazamiento, una convocatoria a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamentos de Diputados para discutir los proyectos que buscan llevar a Adorni a dar explicaciones al recinto. Primero se necesita conseguir dictamen y luego llevarlo al recinto y aprobarlo, un proceso extenso.

Aunque por el momento la oposición no tiene los votos para avanzar con su objetivo, en caso de que lograra hacerlo podría lograr la interpelación y moción de censura, y por ende la destitución del funcionario, lo que de concretarse sería interpretado por el Presidente como un ataque directo hacia él.

Es muy difícil igualmente que la maniobra de la oposición vaya a prosperar porque los gobernadores aliados, incluso los vinculados al peronismo, no la respaldarán, a través de los legisladores que les responden.

Los jefes provinciales tienen sus propias necesidades, en un momento difícil que atraviesan por la caída de recaudación y coparticipación, con necesidades de fondos, sumado a las elecciones provinciales, en las que muchos de ellos irán por un nuevo período en el cargo.

Manuel Adorni, Javier Milei

Los efectivos de la Policía de Río Negro podrían utilizar en un futuro cercano armas no letales como herramienta de intervención, luego de la aprobación en primera vuelta de la iniciativa que les otorga facultades a los uniformados para poder utilizarlas.

El proyecto debe sortear la segunda vuelta de votación en el parlamento rionegrino. En la primera, el peronismo se opuso a la iniciativa, argumentando que “existen otros métodos para prevenir el delito”.

El proyecto surgió del partido provincial Primero Río Negro, que comulga con las ideas libertarias y respalda la gestión del presidente Javier Milei.

El objetivo del proyecto es autorizar a la fuerza para el uso de armamento tipo Taser y otros mecanismos no letales para “prevenir, detectar y neutralizar situaciones delictivas sin tener que recurrir al uso de armas de fuego”.

En la primera sesión ordinaria de 2026, el proyecto cosechó 28 votos positivos y 9 negativos, entre los que figuran los del PJ y los de la bancada de Vamos con Todos, también vinculada al justicialismo y otras estructuras aliadas.

La normativa autoriza a los efectivos de la Policía provincial al uso de dispositivos como pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado como balas de goma, y sistemas de disuasión acústica y luminosa.

La autora del proyecto, Yolanda Mansilla, aseguró que la iniciativa busca actualizar el marco legal y adecuarlo a estándares internacionales que promueven el uso progresivo de la fuerza. Señaló que en muchos casos el uso de armas letales resulta desproporcionado y que estas alternativas permiten intervenir sin generar consecuencias irreversibles.

La ley fija condiciones estrictas. Solo podrán utilizarlas efectivos con capacitación certificada y cada intervención deberá ser registrada en audio y video. Además, se establece que su uso estará limitado a situaciones de peligro inminente, defensa propia o de terceros, o para impedir delitos cuando otros medios resulten insuficientes.

El proyecto tuvo la aprobación de los legisladores del PRO y del partido del que forma parte el gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro.

El proyecto aprobado establece que se consideran armas no letales a aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o muerte.

Entre los ejes centrales del proyecto, se establecen dos artículos regulatorios orientados a las limitaciones de las fuerzas policiales. Por un lado, se exige la capacitación específica de los miembros conforme a protocolos de entrenamiento técnico y operativo, los cuales además deberán quedar asentados en un registro actualizado del personal habilitado, consignando instructor y fecha de certificación.

Otro artículo obliga a los oficiales a dejar constancia de todo el procedimiento mediante audio y video con el fin de transparentar la legalidad del procedimiento. “Siempre se ha discutido si hubo un exceso de la policía o no, pero de esta forma, con un video, audio, filmación, vamos a poder controlarlo administrativa o judicialmente”, explicó la autora.

El armamento podría ser entregado a efectivos que cumplen labores en la Brigada Motorizada o en el COER, la fuerza de choque que posee la fuerza rionegrina.

En ambas cámaras legislativas, La Libertad Avanza necesita alcanzar acuerdos con la denominada oposición dialoguista. En Diputados, el objetivo es evitar que avance un pedido de interpelación, con posible moción de censura, contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el Senado, en tanto, ya están en discusión el proyecto de Reforma Electoral y los pliegos para nombramientos de jueces y fiscales en la Justicia federal.

Sesión especial en Diputados

La oposición le solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una sesión especial para el jueves 14 de mayo con el objetivo de tratar los pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El pedido se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede solicitar la interpelación del ministro coordinador. Esa instancia incluso podría derivar en una moción de censura y, en caso de aprobarse, en la remoción del funcionario.

La solicitud lleva las firmas de Esteban Paulón, de Provincias Unidas; de los integrantes de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; de los radicales críticos Pablo Juliano, María Inés Zigarán y Mariela Coletta; y de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda.

Aunque el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, no firmó el pedido, en la oposición descuentan que el peronismo bajará al recinto el jueves para intentar alcanzar los 129 diputados necesarios para el quórum.

Según trascendió, Unión por la Patria pretendía una sesión con un temario más amplio, que incluyera proyectos de impacto social impulsados por distintos sectores del peronismo.

Los impulsores de la interpelación saben que los pedidos contra Adorni no tienen dictamen de comisión y que, por lo tanto, necesitarían del apoyo de sectores aliados al Gobierno para reunir las mayorías necesarias.

Como consideran difícil conseguir esos respaldos, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, respectivamente. La intención es fijarles fecha y hora para convocar a las reuniones y avanzar luego con los dictámenes.

El Senado, entre la reforma electoral y los pliegos judiciales

El Senado atraviesa un intenso debate entre los cambios electorales y la designación de cargos vacantes en la Justicia federal. Aunque se trata de temas distintos, ambos están atravesados por la necesidad de construir consensos y mayorías para avanzar con las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La relación entre el oficialismo y sus aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales —como las representadas por Julieta Corroza, de Neuquén; Carlos Arce, de Misiones; y Flavia Royón, de Salta— continúa en desarrollo. Existen diferencias y coincidencias, y aunque generan presiones sobre la senadora Patricia Bullrich, el diálogo legislativo no se rompió.

Mientras tanto, el bloque justicialista que conduce José Mayans observa el escenario y cuestiona la conformación de las comisiones parlamentarias.

La semana pasada hubo una extensa reunión entre Patricia Bullrich, presidenta de la bancada libertaria, y sectores dialoguistas en las oficinas radicales del segundo piso del Senado. Allí, Eduardo Vischi y Martín Goerling Lara adelantaron que impulsarían el tratamiento por separado del proyecto de Ficha Limpia, que el Gobierno pretende incluir dentro de la Reforma Electoral.

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Esa jugada alteraría la estrategia de la Casa Rosada, que incorporó Ficha Limpia como incentivo para sumar apoyos a la eliminación de las PASO, al recorte del financiamiento partidario y de las campañas electorales, y a las modificaciones en la Ley de Boleta Única de Papel.

La situación generó sorpresa tanto en la mesa política del oficialismo, encabezada por Manuel Adorni, como en el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, que preside Gabriel Bornoroni.

Bornoroni, junto a Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, se enteró de esa posibilidad minutos antes de una reunión con Bullrich y descartó avanzar en ese sentido. Por ahora, el oficialismo no tiene una postura unificada sobre cómo encarar el debate y, por ese motivo, el senador libertario Agustín Coto todavía no recibió autorización para convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales e iniciar la discusión.

En paralelo, los senadores del PRO y Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad —la fuerza política del gobernador Rolando Figueroa— presentaron proyectos propios de Ficha Limpia. Los radicales de Eduardo Vischi hicieron lo mismo con la Reforma Electoral, aunque sostienen las PASO y proponen que sean optativas en lugar de obligatorias.

Estas diferencias complican al oficialismo en la construcción de mayorías para aprobar los cambios electorales, ya que la Constitución exige mayorías absolutas: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Votos para el oficialismo

La Libertad Avanza comenzará la semana con una noticia favorable. En Misiones, el líder político local Carlos Rovira, de Encuentro Federal Misionero, ordenó a sus legisladores acompañar la eliminación de las PASO impulsada por el Gobierno nacional.

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De esta manera, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a los diputados Daniel Vancsik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, votarían a favor de la reforma.

También los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, comprometieron el apoyo de sus diputados al proyecto de Reforma Electoral.

Los nombramientos en la Justicia

Otro foco de diferencias entre La Libertad Avanza y sus aliados está en los nombramientos judiciales. En la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista riojano Juan Carlos Pagotto, avanzan las discusiones, aunque los dictámenes todavía no reúnen las firmas necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto, algo que Patricia Bullrich busca concretar este jueves.

La semana pasada, 47 postulantes a jueces y fiscales defendieron sus pliegos ante el Senado. Por ahora, solo firmaron los integrantes libertarios de la comisión, la radical Mariana Juri y la misionera Sonia Rojas Decut.

El resto de los dialoguistas todavía no acompañó los dictámenes. Sin embargo, no descartan hacerlo una vez concluidas las audiencias para cubrir vacantes en tribunales del interior del país y no solo en cargos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, una situación que motivó cuestionamientos de varios senadores.

El único postulante que ya tiene condiciones de llegar al recinto es Carlos Alberto Mahiques. El 16 de abril defendió su pliego para obtener una prórroga de cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal y consiguió las firmas necesarias. Mahiques es padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Lo que viene

Para el próximo miércoles y jueves se esperan nuevas audiencias con postulantes de alto perfil. Entre ellos aparecen Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi —a cargo de la causa $LIBRA—, propuesta para el Juzgado de Primera Instancia de Hurlingham; Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, candidato a juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; y Pablo Matkovic, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén.

Matkovic presentó en 2017 un hábeas corpus contra Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, por un allanamiento en una comunidad mapuche.

También se espera la exposición de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal y vinculado a la agrupación Justicia Legítima.

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