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Dólar blue: la Justicia estimó que el perjuicio al Estado fue de US$607 millones en efectivo y cuestionó el rol del Banco Central

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La Justicia le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones.

El cálculo se basa en un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que estimó ese monto en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.

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Además de estimar cuál fue el presunto perjuicio al Estado, una de las novedades del fallo firmado este martes por la jueza María Romilda Servini es la referencia a funcionarios del Banco Central que tenían el deber de supervisión de las casas de cambio. Sobre su accionar, Servini señaló: “habría resultado funcional al esquema y permitido que los mecanismos de control institucional no interrumpieran la operatoria”.

El fallo de la jueza concluyó con un embargo preventivo a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”, y más de cien casas de cambio y financistas por 859 mil millones de pesos. Dentro de la nómina también se encuentra el exsocio del financista, Martín Migueles, cuyo celular en manos de la Justicia aportó los audios sobre el presunto “circuito paralelo” del SIRA.

La jueza Servini apuntó contra las autoridades del Banco CentralTWITTER / MARIANAKBOOM – TWITTER / MARIANAKBOOM

“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza Servini.

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La cifra se acerca a lo que con anterioridad había empezado a investigar el Banco Central a través de sus sumarios financieros. Según esos documentos, el monto de las ventas de casas de cambio se eleva a US$900 millones, al sumar las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, cuyo accionista era el financista Piccirillo, Stema Cambios y Ars Cambios, que entre sus representantes tiene al financista Ariel Vallejo.

El financista Elías Piccirillo, también conocido como «el rey del blue»AF

La principal diferencia entre el cálculo de la Justicia y lo relevado por el BCRA radica en el período de tiempo. La entidad monetaria incluyó ventas de dólares que se retrotraen hasta 2022, mientras que la investigación judicial utilizó para su base el período comprendido entre enero y septiembre de 2023, tal cual surge del fallo judicial.

En ese mismo escrito, la Justicia dispuso limitar la inhibición general de bienes a más de cien investigados, entre los que se encuentran casas de cambio y sus representantes. ¿A cuánto? El embargo preventivo llega hasta cubrir $859.516 millones. Es la cifra en pesos que la Dajudeco calculó para los US$607 millones como presunto perjuicio del circuito del dólar blue.

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Una de las funcionarias del BCRA que están siendo investigadas, Romina García

Hoy, la jueza Servini puso la mira sobre el accionar de las autoridades del Banco Central. Tiene a su cargo una de una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue. El fiscal de este caso es Carlos Stornelli.

Actualmente cinco funcionarios de la entidad son investigados por maniobras con el dólar blue, pero en otro expediente. Se trata de la causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Uno de los miembros del Central que debieron entregar sus celulares, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.

En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial de Lijo y Picardi.

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En tanto, la jueza Servini describió en un fallo de 24 páginas la ruta del “dólar blue”. En todo circuito paralelo, el efectivo resulta primordial. Por eso, una de las preguntas que respondió es de dónde salieron esos US$607 millones. “El 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones (BST)”, especificó.

Esa es la primera etapa del pasamanos investigado en este circuito: la obtención de los dólares billete que llegaban a las casas de cambio. “El Banco de Servicios y Transacciones como entidad financiera habría omitido su deber de controlar el carácter genuino de las operaciones y su correcto encuadramiento en el concepto declarado”, se lee en el texto judicial. Pese a eso, el fallo de este martes no contiene ninguna medida en su contra.

consultó a representantes del BST, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios.

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El circuito de los dólares, según la investigación judicial, continuaba a través de las casas de cambio. Accedían a la divisa a cotización oficial y las revendían a un valor mayor, según la investigación. Su ganancia habría sido tan amplia como la brecha cambiaria. Un indicio destacado por los investigadores es la falta de registro de operaciones de cambio: entidades que recibían pesos pero no dejaban registro de sus ventas de dólares.

La Justicia observó esta situación en al menos ocho casas de cambio que recibieron $140 mil millones “que provenían de 600 personas de existencia ideal y más de 2500 personas humanas, que no habrían sido informados en la base RIOC como operación de cambio”. Entre esas casas de cambio se encuentra Centenera Agencia de Cambio y Turismo SRL, que tuvo como presidente a un hombre de 61 años que se definió como “changarín” en sede judicial. Aseguró ser un colocador de aires acondicionados y vivir de eso.




“gente de arriba entongada”.,Ignacio Grimaldi,Conforme a

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POLITICA

Diputados: el Gobierno defendió la ampliación de la Inocencia Fiscal y la oposición denunció que beneficia a evasores

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El Gobierno defendió este miércoles en Diputados dos proyectos del plan económico de Javier Milei: las reformas de la ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El oficialismo busca su media sanción el próximo 19 de agosto en el recinto.

La primera propuesta pretende ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al beneficio de formalizar ahorros fuera del sistema. La segunda apunta a direccionar el funcionamiento de la entidad monetaria a resguardar el valor de la moneda, prohibir tanto el financiamiento al Tesoro como la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.

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Las discusiones se dieron en dos plenarios diferentes. El primero, compuesto por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, tuvo como protagonistas a funcionarios del Ministerio de Economía que explicaron los cambios propuestos y rechazaron que la reforma de la ley de Inocencia Fiscal implique un nuevo blanqueo o una flexibilización del régimen penal tributario. La oposición, en cambio, denunció que favorecerá a evasores y funcionarios públicos.

La defensa estuvo a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central, Martín Vauthier, quienes buscaron desmontar las principales críticas opositoras. El plenario fue encabezado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), y la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA).

El director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, y el director del Banco Central, Martín VauthierSoledad Aznarez

Al abrir el debate, Rodríguez Machado sostuvo que el objetivo es que el Estado concentre sus recursos en “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”. También rechazó que el proyecto implique impunidad: “No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”.

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La reforma quedó envuelta en polémica después de que, en plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Manuel Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo José Luis Espert, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.

La primera exposición técnica estuvo a cargo de Balestrini, quien insistió en que el proyecto no amplía los beneficios ya incorporados por la ley de Inocencia Fiscal.

Según explicó, el proyecto apunta exclusivamente a ampliar el acceso al régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias. “La principal modificación es ampliar el universo de personas humanas que pueden realizar la adhesión”, dijo.

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«No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros», dijo Agustín Rossi Soledad Aznarez

También rechazó que existan beneficios impositivos adicionales. “No hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo”, afirmó, y aclaró que quienes adhieran “van a liquidar su impuesto a las ganancias como lo liquida aquel que está en el régimen general”.

Luego, Imirizaldu explicó los cambios técnicos del proyecto. Señaló que el régimen seguirá alcanzando únicamente a personas humanas y sucesiones indivisas, pero eliminará las actuales restricciones de ingresos, patrimonio y condición frente a ARCA para acceder al régimen simplificado. También aclaró que los grandes contribuyentes podrán presentar la declaración bajo el formato simplificado, aunque “no van a gozar de ningún beneficio que tenga la norma”.

La defensa política estuvo a cargo de Vauthier, quien vinculó la iniciativa con la estrategia oficial para impulsar la inversión. Sostuvo que la Argentina creció apenas 1,9% anual en promedio durante los últimos cuarenta años porque invirtió menos que otros países y afirmó que “para que la inversión se pueda financiar hace falta ahorro”. En ese contexto, defendió la ampliación del régimen al señalar que “el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”. Según dijo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de US$179.000 millones en billetes, un monto equivalente a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares.

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Bertie Benegas Lynch, presidente del plenario de comisionesSoledad Aznarez

Las críticas llegaron desde distintos bloques opositores. El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el proyecto beneficia a “los estudios contables más grandes de la Argentina” y cuestionó que funcionarios públicos puedan acogerse al régimen. “No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, afirmó, al tiempo que calificó la iniciativa como “un escándalo”.

Desde el Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola bautizó la iniciativa como la “ley Adorni-Espert” y sostuvo que constituye “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”. “En este país todos los gobiernos han premiado a los evasores”, afirmó.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón advirtió que este tipo de mecanismos son observados especialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que “una persona políticamente expuesta que adhiera a un régimen de este tipo es de alto riesgo para operaciones de lavado de dinero del narco, de la trata, del delito complejo transnacional, de la corrupción o de activos que circulen en criptomonedas”.

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“Había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”, afirmó Victoria Tolosa Paz (UP). La diputada vinculó esa decisión con el caso Adorni y cuestionó la eficacia de los organismos de control. “Si ARCA cruza permanentemente la información patrimonial, ¿por qué no detectó ese caso?”, preguntó.

Ante las críticas de la oposición por la posibilidad de que funcionarios públicos adhieran al régimen, Balestrini negó que el proyecto constituya un nuevo blanqueo. “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, afirmó. Destacó que los funcionarios que opten por ese mecanismo seguirán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y sostuvo que “no se altera en absoluto” ese deber. También aseguró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y que “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.

Carta Orgánica del BCRA

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Por la tarde siguió el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidido por los libertarios Santiago Pauli y Benegas Lynch. Allí se inició el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con las exposiciones del presidente de la entidad, Santiago Bausili, y del vicepresidente, Vladimir Werning.

Los funcionarios defendieron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y sostuvieron que los cambios buscan reforzar la independencia del organismo y evitar que vuelva a financiar el déficit fiscal. “Hace dos años y medio que operamos con estas restricciones. Hay evidencia empírica sobre el funcionamiento”, afirmó Bausili.

Bausili explicó que la iniciativa se apoya en cinco ejes: establecer como único mandato del Banco Central la preservación del valor de la moneda; eliminar el financiamiento monetario al Tesoro mediante los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos; restringir la distribución de utilidades a ganancias “líquidas y realizadas” destinadas únicamente a cancelar deuda; endurecer el régimen de remoción de las autoridades para fortalecer la independencia de la entidad; y cerrar el mecanismo de las letras intransferibles, que, según dijo, permitió financiar al Tesoro con reservas y llegó a acumular un stock de US$85.000 millones.

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Werning, por su parte, sostuvo que la reforma apunta a impedir que el Banco Central “sea instrumento para transferir esta carga tributaria, en términos del impuesto inflacionario, a las familias argentinas”. Y afirmó: “Los perjudicados son las familias argentinas; quien fue responsable, el Banco Central; y a quien benefició, al Tesoro Nacional”.

La oposición concentró sus reparos en el esquema de gobernaza que propone el proyecto. Varios diputados cuestionaron que la remoción del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, al considerar que ese requisito podría volver prácticamente inamovibles a las autoridades avaladas por mayoría simple solo por el Senado.

“Hoy tenemos un presidente del Banco Central que es prácticamente un ministro más del gabinete”, afirmó Itaí Hagman (UP), al señalar una contradicción entre el “blindaje” institucional que impulsa el Gobierno y la coordinación que mantuvo el organismo con el Ministerio de Economía durante la actual gestión. También cuestionó que la reforma elimine herramientas del Banco Central para promover el crédito y el desarrollo económico, advirtió que podría encarecer el financiamiento para las pymes y presionar sobre las tasas de interés, y puso en duda el régimen de autonomía que propone el proyecto.

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Parte de la oposición también pretende fijar un plazo máximo para que las designaciones “en comisión” no puedan extenderse indefinidamente, una cuestión que el proyecto no regula. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que “un plazo de seis meses es más que razonable” para que la Cámara Alta ratifique los nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Bausili respondió además a una de las consultas que más se repitió durante el plenario: el destino de las reservas en oro del Banco Central. El funcionario aseguró que “están donde tienen que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA” y evitó dar precisiones sobre su ubicación o administración. “Si los lingotes son físicos o si están en un sótano, o si están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Argumentó que el organismo no divulga sus operaciones porque “se genera un incentivo para que el mercado tradee en contra”. En ese sentido, añadió que tampoco informa cómo administra sus posiciones en oro ni dónde se encuentran resguardadas.




Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a

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El hospital la provincia de Buenos Aires donde se pagan guardias que no existen: el presunto mecanismo para desviar hasta $50 millones por mes

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El Dique, un emblemático hospital bonaerense especializado en rehabilitación, alberga una suerte de nuevo “caso Chocolate”. Se trata de un esquema que permite desviar hasta $50.000.000 por mes del presupuesto de Salud provincial mediante la simulación de guardias, según reveló un informe de Telenoche.

La maniobra es sencilla: todos los meses, la directora ejecutiva del hospital, María de las Nieves Yezzi Herrera, rinde planillas con cientos de guardias que, supuestamente, se realizaron el mes previo en este hospital ubicado en Ensenada, para que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires las liquide. Por mes, se informan alrededor de 130 guardias, o más. Esto equivale a entre $40 y $50 millones de pesos, porque la guardia se paga $303.000 (día hábil) o $364.000 (feriado). El problema es que, en este hospital, no existen las guardias: el Dique es un hospital de rehabilitación. Sólo atienden a pacientes en los consultorios o a quienes ya están internados.

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La propia página web del hospital, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, informa que este nosocomio no cuenta con servicio de guardia. Además, Telenoche recorrió el hospital y lo confirmó: ante una pregunta para atención de guardias, los empleados de la oficina de Admisión respondieron que en El Dique no hay guardias. Sin embargo, se generan extensas planillas mensuales con registros de guardias. Estos documentos, a los que accedió Telenoche, contienen nombres y legajos de los profesionales, y las fechas de las guardias que supuestamente hicieron.

Por mes, se informan alrededor de 130 guardias o más. Esto equivale a entre $40 y $50 millones de pesos. (Foto: captura de Eltrece.)

Por ejemplo, el 17 de junio pasado, Yezzi Herrera rindió un informe con las guardias de mayo, por un total de $45.477.032. Adjuntó un “listado respaldatorio” de 30 profesionales que supuestamente las hicieron. Según esa planilla, fueron 133 guardias en días hábiles y feriados de mayo. A esto se sumó un paquete de otros $10.452.454 informados en concepto de otras 36 guardias, atribuidas a otras nueve personas. Sumando ambos listados, el Estado bonaerense debió liquidar $55.929.486, en concepto de guardias hechas en un hospital donde no se hacen guardias.

Más documentos oficiales a los que accedió Telenoche revelan que el sistema de las falsas guardias es permanente. En abril, Yezzi Herrera informó al Ministerio de Salud 127 guardias realizadas por 40 personas, equivalentes a $42.620.527,50. En mayo, la rendición alcanzó los $41.500.067,50, en virtud de supuestas 123 guardias realizadas por 28 personas. Y en julio, el monto fue de $42.325.057,00, por 126 guardias teóricamente realizadas.

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Las “guardias fantasma” son vox populi dentro de la institución. La gente existe: se trata de médicos, terapistas ocupacionales, bioquímicos u otros profesionales. Lo que no existe son las guardias en el hospital de rehabilitación.

Leé también: Sillas de ruedas al precio de un auto 0km: polémica por sobreprecios de hasta un 290% en la obra social IOMA

Pero el escándalo no termina acá. El directorio del hospital, compuesto por María de las Nieves Yezzi Herrera y los directores asociados Martín Guardia y Yamila Nicora, habría logrado que el Ministerio de Salud designe allí a 27 familiares y allegados, en distintos puestos, según surge de una suerte de árbol genealógico irónico armado por los trabajadores del hospital, que circula abiertamente en los grupos de Whatsapp internos. Supuestas parejas, hermanos, cuñados, tíos, primos, sobrinos y amigos figuran como asesores, camilleros, jefes de laboratorio o responsables de depósito en la sarcástica pieza gráfica.

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Telenoche intentó consultar al directorio del hospital por los presuntos “acomodos” que denuncian los trabajadores, por el presunto fraude millonario con las guardias, y por lo más importante: ¿a dónde va el dinero? Nadie recibió a este medio.

Ensenada, hospital, guardias, Corrupción

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Milei, ante el peligro de la “rigidez tóxica”

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Todos los gobiernos, aun los más exitosos, se encuentran con una encrucijada que los obliga a reinventarse. Es decir, a actualizar la lectura del contexto en el que operan. A recrear el compromiso con los ciudadanos, en especial con sus votantes, sobre la base de nuevas promesas. A renovar los argumentos con los que demanda ser apoyado. A diseñar nuevas estrategias de poder. Elaborar esa nueva mañana puede obligar, a veces, a modificar el equipo. La rigidez es tóxica. Sólo la inexistencia de una oposición competitiva puede disimular sus efectos corrosivos. Apenas aparece un adversario desafiante el deterioro se acelera hasta volverse peligroso.

A Javier Milei le ha llegado ese momento. Su gobierno emite señales de agotamiento en distintas dimensiones. Es un fenómeno cuyas causas no se limitan al desgaste de cualquier organización. En el caso de La Libertad Avanza (LLA) existe también un problema político. Se trata de un malentendido con el electorado. Al obtener una victoria significativa en las elecciones parlamentarias, deja la impresión de haber conquistado el poder para remover los principales problemas del país. Sin embargo, esos comicios no terminan de dotar al Poder Ejecutivo con las herramientas necesarias para despejar las piedras del camino. Ese desajuste entre el clima de triunfalismo y las limitaciones operativas agrava la frustración, en un momento en que la sociedad ya no imputa sus dificultades a la herencia de administraciones anteriores sino a la gestión del que está al mando del timón. Le pasó a Alfonsín en 1985. Le pasó a Macri en 2017.

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La imagen de un gobierno agotado aparece, en principio, en las encuestas. Se fue Manuel Adorni, sigue bajando la inflación, pero la opinión pública insiste en alejarse de Milei. El Índice de Confianza en el Gobierno de julio, publicado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un bajón mensual de 6,5%. La caída acumulada desde finales de 2025 fue de 21,5%. Una antigua y misteriosa correlación establece que ese índice equivale a los votos que obtendría el oficialismo en el momento de su elaboración. En este caso, Milei sacaría 38,8% y estaría obligado a un balotaje. Por supuesto, es un escenario artificial con el que sólo se pretende poner en evidencia que el experimento de LLA tocó un piso.

Otros estudios convergen en el mismo diagnóstico. La consultora Poliarquía, que lidera Alejandro Catterberg, detectó en julio que el 66% de los consultados prefiere un cambio respecto de la situación actual, mientras que sólo 33% pide la continuidad. Hugo Haime descubre una situación parecida cuando pregunta si el modelo económico debe ser mantenido o modificado. Un 35% quiere que se mantenga y un 65% opina que sea abandonado. Cuando Haime indaga en el clima emocional advierte que 34% dice tener bronca y 39% confiesa estar triste. Sólo 20% se muestra esperanzado.

En la encuesta de Haime hay una novedad interesante. Por primera vez en muchos meses las limitaciones del poder adquisitivo del salario preocupan más que la corrupción. Un viejo axioma de la vida pública asegura que entre las enigmáticas motivaciones que orientan el voto la más importante es el tamaño del poder adquisitivo del salario. Es imposible no pensar que las restricciones salariales están detrás del malestar preponderante que consignan los estudios de opinión.

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Otro dato importante: en la jerarquía de desvelos de los encuestados, hace rato que el principal problema del país dejó de ser la inflación. Ahora ocupa el séptimo renglón. Es más que una curiosidad. Es un mensaje frente al que Milei debería sentirse muy interpelado. La agenda pública ya no es la que regía cuando él llegó al poder. Cambió, entre otras razones, por su propia intervención en el proceso. Para sintetizar: hoy la gente habla de otras cosas. De que el sueldo queda corto, de que se comprime el consumo o cae la producción. Esta mutación pone a prueba la plasticidad del oficialismo para mantener el consenso social.

Sobre el cuadro general de estas demandas se recorta una situación particular cada vez más acuciante: el peso que tiene sobre las familias el pago de las deudas contraídas con entidades financieras más o menos formales. Como acaba de detallar Luciana Vázquez en , en la sociedad apareció una nueva categoría: la de los morosos.

Según la Central de Deudores del Banco Central, 20,9 millones de personas tiene algún tipo de deuda financiera. De ese universo, 5,8 millones registraban al menos una deuda con más de 90 días de atraso hacia mayo de este año. Es el 27,8% de todos los deudores. Entre mayo de 2025 y mayo pasado, los morosos aumentaron de 3,43 millones a 5,83 millones. Quiere decir que en un año aparecieron 2,39 millones nuevos.

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Este fenómeno, que ha tomado el centro del debate sobre el impacto de la economía en la vida familiar, es un banco de pruebas muy revelador de las dificultades del Gobierno para sintonizar con sectores importantes de la sociedad. Sectores en los que, es muy probable, haya antiguos votantes de LLA. El Presidente les explicó que, si no pueden pagar sus deudas, están atrapados en un problema entre privados, en el que el Estado, es decir él, no va a involucrarse.

En principio, es una afirmación muy útil para advertir los límites de la dogma económico al que se abraza Milei. La suposición de que los agentes económicos toman decisiones libres, que se sostienen en una información perfecta. Para mirar el problema desde esas premisas hay que olvidar varias evidencias. Una de ellas es que ese mundo de deudores está compuesto por muchísimos individuos carentes de información, acuciados por necesidades perentorias, que tienen una relación muy rudimentaria con el sistema financiero. La morosidad se presenta, además, fuera del sistema bancario, en esa suerte de far west digital en el que las billeteras y aplicaciones operan al margen de cualquier regulación, aplicando tasas de usura y fomentando la toma de crédito de gente con poca o nula información en un contexto de baja transparencia y escasísima educación financiera.

Pero el discurso oficial no ignora sólo esas condiciones objetivas. También resulta ajeno a la responsabilidad del Gobierno en la bola de nieve que se formó. Porque muchos de los que se endeudaron lo hicieron obedeciendo a señales emitidas por la propia política económica. Es verdad que el Banco Central no fija en la Argentina la tasa de interés. Pero toma medidas que la determinan, como el establecimiento de la cantidad de moneda y el diseño de la política de encajes. El equipo económico de Milei provocó una baja de tasas espectacular para licuar los pasivos del Banco Central. Fue uno de sus objetivos principales en los primeros meses de ejercicio del poder. Un objetivo sacralizado por Milei. Era previsible que el sector público con esa política induciría al endeudamiento, con el afán adicional de producir una reactivación.

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Esa estrategia fue revertida por la contraria: una inducción por vías indirectas a un aumento fenomenal de la tasa de interés para frenar la corrida cambiaria de mediados de 2025. Crisis que se obturó con el cheque de Scott Bessent, al que Milei ahora atribuye un papel secundario en la normalización cambiaria y crediticia.

Estas fluctuaciones son la consecuencia de políticas públicas que condicionan muchísimo los contratos entre privados. Sin mencionar otra variable siempre presente en los programas de estabilización: la decisión de los gobiernos de poner un tope a los aumentos de salarios. Es decir, a los ingresos de los deudores. Ingresos que se han ido ajustando por otra razón que tal vez explique la caída de popularidad del gobierno libertario: el peso creciente que ha ido adquiriendo el pago de los servicios en el salario formal. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios que lideran Alejandro Einstoss y Julián Rojo, en julio el pago de servicios públicos se lleva un 15% del salario formal promedio. Esa participación era del 6% a finales del gobierno de Alberto Fernández, donde el reparto de subsidios era generalizado, y fluctuó entre 10 y 14% entre 2024 y 2025. Cada vez más gente debe optar entre pagar la luz o el gas o cumplir con su deuda financiera. Es obvio que la gran mayoría elige lo primero.

Milei parece menospreciar el peso de sus decisiones económicas en el problema que se ha creado. Tal vez sea víctima de una restricción ideológica para leer el mapa completo. Esa obstinación conceptual le hace perder de vista también algunas de sus propias conductas. Por ejemplo: en el artículo 14 del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que envió al Congreso, se conserva un párrafo que adjudica a esa institucional la facultad de “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza”. En otras palabras: como reformador del Central Milei es mucho más sensato que como entrevistado televisivo. Entiende que es inconcebible reducir la actividad crediticia a una transacción en la que el sector público resulta por completo prescindente. La religión austríaca, en este tramo al menos, pistonea.

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Luis “Toto” Caputo fue más allá. No sólo se mostró insensible al generalizado problema de los morosos. Se preguntó si las víctimas de esas fluctuaciones en la tasa crediticia, que terminan condenando a innumerables familias a la angustia de una deuda que no pueden pagar, no serían especuladores que apostaron en falso a una suba del dólar que después no se produjo.

Esta explicación de Caputo es inquietante no por razones técnicas sino políticas. Revela que el oficialismo carece de figuras que puedan conectar con las condiciones objetivas y la intimidad anímica de aquellos cuyo desasosiego hay que despejar o, por lo menos, contener con la explicación. Caputo podría informarse dentro del propio gabinete, con gente que está advirtiendo esta tormenta desde hace seis meses, que en el conurbano más pobre se han multiplicado los asesinatos de cobradores que golpean la puerta para reclamar pagos en nombre de “financistas” informales.

Conviene retirar el foco de las cuestiones particulares y mirar una deficiencia estructural. Milei puede pensar la vida material con categorías que no incluyen inconvenientes que se pueden ir transformando en dramas. Reniega de la teoría del derrame pero, cuando debe demostrar por qué su estrategia terminará reanimando la base productiva recurre, igual que su ministro Caputo, a la teoría del derrame. El núcleo de esa explicación es problemático: resuelta la macroeconomía, todo lo demás viene por añadidura. Esa lógica implica que, en poco tiempo, el oficialismo podría decir: “Misión cumplida. Ahora a esperar los brotes verdes”. Dicho de otro modo: es también por su propia concepción teórica que el Gobierno parece un gobierno agotado.

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Pero esa percepción también se alimenta en el discurso. La respuesta a las inquietudes del público resulta cada vez más agresiva. No sólo en el tono. También en los argumentos. Llamó la atención, por ejemplo, que Milei haya sostenido en la última entrevista con Luis Majul que, cultivando supuestas teorías de Gamsci, Cristina Kirchner infiltró las universidades, la prensa y el mundo de los economistas de terroristas encubiertos. Es un terreno en el que el proyecto libertario tocó un límite. La agresividad verbal puede ser recomendable para llegar al poder. El Presidente lo demostró en su campaña contra la “casta”. Pero suele ser estéril, o contraproducente, cuando ese estilo se proyecta desde el poder.

La Casa Rosada carece hoy de un dirigente con habilidades para que las posturas oficiales obtengan consenso. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, consumió casi toda su energía en una pelea interminable con Karina Milei y los primos Menem. A Diego Santilli se lo comió la coyuntura en dos semanas. Él, que jamás se animó a pelear con nadie, quiso dar la primera trompada de su vida de la peor manera: pidiendo la renuncia de la vicepresidente Victoria Villarruel. Otra señal de un oficialismo que se devora a sí mismo. Milei no tiene una espada inteligente desde que se desprendió de Guillermo Francos. Tal vez sea la hora de recuperarlo.

Su propio estrecho de Ormuz

Una señal más de extenuación es la excentricidad regulatoria. Por ignorar que a los puertos argentinos se ingresa por canales y que, por lo tanto, los prácticos son imprescincibles, el Gobierno armó su propio estrecho de Ormuz bloqueando el comercio exterior un par de días. Otra ocurrencia extraña: promover una ley que facilite la extranjerización de tierra en medio de un brote nacionalista incentivado por el propio Presidente que denunció una campaña internacional contra la Argentina con motivo del Mundial. Volvé Francos, te perdonamos.

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Hay otra síntoma típico de los líderes fatigados. La huida hacia la política internacional. Hacia ese universo mucho más abstracto y por eso más comprensivo de extranjeros que sí saben valorar lo que se está haciendo. Milei está involucrado en una de las jugadas que más interesa a Donald Trump: lograr que en Brasil se imponga un gobierno aliado que vuelva más verosímil la doctrina “Donroe”. Sin administraciones amigables en Canadá, México y Brasil, es imposible presentar al continente como una zona de influencia norteamericana en el conflicto global con China.

Milei se propuso prestar servicios a Trump en esa campaña. Es la razón por la cual se dirigió a San Pablo y, en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, que tiene su propio entredicho con el presidente de los Estados Unidos. El gobierno brasileño expresó su disgusto llamando en consulta al embajador Julio Bitelli. El canciller Pablo Quirno intentó encauzar la pelea distinguiendo la relación bilateral entre Estados de los choques ideológicos entre partidos de gobierno. Pero su jefe insistió en insultar a Lula. Brasil anunció que Bitelli permanecería en su país por tiempo indeterminado. Y reclamó al representante de la Argentina, Guillermo Raimondi, que regrese a Buenos Aires.

Es la primera vez que la relación argentino-brasileña queda en el nivel de los encargados de negocios. El paso siguiente sería consolidar esa situación con el retiro definitivo del embajador. En los últimos tiempos la diplomacia brasileña sólo dispuso esa medida en Corea del Norte, cuando ese país amenazó con lanzar misiles nucleares, y en Sudáfrica, durante el apartheid.

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Los ataques de Milei son un movimiento del ajedrez global. Ese ajedrez se juega en las elecciones brasileñas. Un indicio de esa dimensión es que el hierático Xi Jinping emitió una declaración a favor de Lula, su socio en el club Brics. Tuvo una respuesta oblícua de Peter Lamelas, el representante de Trump en Buenos Aires: anunció que se revocaba la visa para ingresar a su país a ejecutivos de una empresa neuquina que contrataron la tecnología de Huaweii para su operación en Vaca Muerta. Es posible que no sean las últimas visas que se cancelan.

Otra señal de que se está jugando una partida de gran alcance fue el cruce entre Washington y Brasilia por la designación del embajador norteamericano en Brasil. En lo que fue una sospechosa distracción, el Departamento de Estado hizo público el nombre de ese representante sin pedir el plácet correspondiente al gobierno brasileño. Lo hizo tarde. E Itamaraty, la cancillería de Brasil, todavía no contestó. Ese silencio está durando lo suficiente como para que se interprete que el embajador designado por Washington ha sido rechazado. Por eso el gobierno de los Estados Unidos retiró la visa a la embajadora de Brasil.

Es la segunda gran intervención de Trump en la política brasileña. El año pasado subió los aranceles al comercio en represalia a la penalización a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por haber intervenido en un intento de golpe de Estado. En aquel momento la imagen de Lula mejoró en las encuestas. Y la de los Bolsonaro se deterioró. Trump aspira a contar en octubre con un triunfo de la derecha de Brasil como insumo para sus propias elecciones de noviembre. Lula quiere que se repita el efecto del año pasado. Sueña reencarnar a un genio de la América latina populista. Sueña con repetir la campaña “Braden o Perón”.

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Para el presidente de los Estados Unidos la encrucijada no es dramática. La elección brasileña es bastante pareja, con leve ventaja para Lula. Si el líder del PT reelige, habrá que reajustar el vínculo bilateral, como ya ocurrió a comienzos de año. Milei está en otra situación. Una victoria de Lula sería para él más complicada por una razón muy evidente: no cabe duda alguna de que por los próximos 10 millones de años la Argentina seguirá siendo vecina de Brasil.

Mientras se desliza hacia abajo en las encuestas, el Presidente cuenta con un activo inestimable. Una oposición desconcertada, liderada por un peronismo incapaz de aprovechar que la opinión pública realiza demandas familiares a su sensibilidad. El PJ está en una frecuencia extravagante, como se notó en su última cumbre, donde el gobernador de La Rioja prometió dar marcha atrás con todas las reglas que favorezcan la inversión. Se llama Ricardo Quintela. Le dicen “el Gitano”. Milei tal vez no tenga urgencia en reinventarse. En el rincón menos esperado encontró a su jefe de campaña.

Carlos Pagni,Conforme a

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