POLITICA
Fernando De Andreis cuestionó a Adorni tras el duro comunicado del PRO: “Hoy, es un obstáculo para el cambio”
Luego de que el PRO emitiera un fuerte comunicado con críticas al Gobierno nacional, el secretario general del partido, Fernando De Andreis, redobló la apuesta al cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Hoy, es un obstáculo para el proceso de cambio”, aseguró.
En medio de la investigación judicial en contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el diputado manifestó que esperaba “que termine pronto el tema, porque le quita energía a todo el Gabinete”. Asimismo, remarcó que toda la situación sería contraproducente “en un momento tan sensible y difícil para el país”.
“El problema es que hoy Adorni parece más un obstáculo para el cambio que alguien que está colaborando”, planteó De Andreis, luego de que el PRO emitiera un manifiesto en el que hacía referencia a la polémica alrededor del patrimonio del funcionario público. “Hay que preguntarle al Gobierno qué hacer”, retrucó.
El domingo el partido, presidido por Mauricio Macri, publicó un fuerte comunicado en el que acusó al Gobierno de “no escuchar” el dolor de la gente y “no dar el ejemplo”.
“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, cuestionó el espacio.
Y sentenciaron: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera».
Tras ser consultado sobre el origen del manifiesto durante una entrevista con Radio Mitre, De Andreis explicó que “no es nada nuevo, no es nada que Mauricio Macri no haya dicho en los encuentros del partido, tanto en Parque Norte como en el Chaco y Corrientes”.
En este sentido, el dirigente consideró que “a veces, cuando uno lo ve escrito, tiene una contundencia un poco mayor, pero está enmarcado en la decisión de empezar a ponerle voz a lo que falta”. Además, sostuvo que esa es la manera “más leal de sostener el cambio”, ya que “cuando el PRO se queda callado, cuando Mauricio se queda callado, lo que más se escucha es la crítica kirchnerista y el populismo, esa música engañosa de creer que el Estado soluciona todo”.
Al ser consultado sobre el rol de Mauricio Macri, el secretario general del partido recalcó que “es el presidente del PRO”. Incluso, reconoció que existe un deseo en parte de la dirigencia y la militancia amarilla para que el titular del partido vuelva a ser candidato presidencial.
A pesar de esto, el legislador aclaró que hoy el ex mandatario se siente más cómodo presidiendo la fuerza política. “Para mí es la persona más idónea para la reconstrucción de la Argentina, pero tengo que respetar su decisión personal”, reafirmó.
Con respecto a la repercusión que tuvo el comunicado, De Andreis aprovechó la oportunidad para bromear al decir: “Bueno, es lindo ver que todavía estamos vigentes, ¿no? Muchos nos daban por muertos y acá estamos”. Y explicó que, si bien el espacio enfrenta desafíos internos y externos, en el encuentro realizado en Parque Norte se propuso “mirar para adelante, reconstruir el partido y renovarlo, con una mirada bien a futuro”.
Sin embargo, sobre la reconstrucción del PRO, el secretario general insistió en que no se trata de una tarea sencilla y que la coyuntura obliga a concentrarse en el presente del país. “Falta muchísimo. Hoy es un momento para acompañar al Gobierno y ponerle palabra a lo que falta. Lo más importante es que al Gobierno le vaya bien y que la Argentina despegue de una vez por todas”, aseguró.
El diputado también se refirió a la percepción que tiene el partido de la ex titular y candidata del PRO y ahora jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. En ese sentido, admitió que su salida “lastimó y molestó”, pero De Andreis planteó que hay que “poner los intereses de la Argentina por sobre las personas” y dar vuelta la página.
Así, aseguró que Macri valora el rol que desempeñó Bullrich durante la gestión de Juntos por el Cambio y durante el tiempo que formó parte del gabinete de Javier Milei. Tras esto, reafirmó el apoyo del PRO a la administración libertaria al destacar que el Presidente realizó una tarea “titánica” en sus primeros dos años de mandato.
Pese a las diferencias políticas con el oficialismo, De Andreis dejó en claro que la dirigencia del PRO está enfocada en sostener las reformas del Gobierno y en garantizar que el partido no sea funcional al kirchnerismo. Por esto, concluyó que el compromiso es “mirar hacia adelante” y trabajar para que el partido mantenga su capacidad de incidir en la transformación del país.
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Diputados: el Gobierno defendió la ampliación de la Inocencia Fiscal y la oposición denunció que beneficia a evasores
El Gobierno defendió este miércoles en Diputados dos proyectos del plan económico de Javier Milei: las reformas de la ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El oficialismo busca su media sanción el próximo 19 de agosto en el recinto.
La primera propuesta pretende ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al beneficio de formalizar ahorros fuera del sistema. La segunda apunta a direccionar el funcionamiento de la entidad monetaria a resguardar el valor de la moneda, prohibir tanto el financiamiento al Tesoro como la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.
Las discusiones se dieron en dos plenarios diferentes. El primero, compuesto por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, tuvo como protagonistas a funcionarios del Ministerio de Economía que explicaron los cambios propuestos y rechazaron que la reforma de la ley de Inocencia Fiscal implique un nuevo blanqueo o una flexibilización del régimen penal tributario. La oposición, en cambio, denunció que favorecerá a evasores y funcionarios públicos.
La defensa estuvo a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central, Martín Vauthier, quienes buscaron desmontar las principales críticas opositoras. El plenario fue encabezado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), y la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA).
Al abrir el debate, Rodríguez Machado sostuvo que el objetivo es que el Estado concentre sus recursos en “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”. También rechazó que el proyecto implique impunidad: “No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”.
La reforma quedó envuelta en polémica después de que, en plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Manuel Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo José Luis Espert, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.
La primera exposición técnica estuvo a cargo de Balestrini, quien insistió en que el proyecto no amplía los beneficios ya incorporados por la ley de Inocencia Fiscal.
Según explicó, el proyecto apunta exclusivamente a ampliar el acceso al régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las Ganancias. “La principal modificación es ampliar el universo de personas humanas que pueden realizar la adhesión”, dijo.
También rechazó que existan beneficios impositivos adicionales. “No hay ninguna exención adicional, no hay ningún tratamiento distintivo”, afirmó, y aclaró que quienes adhieran “van a liquidar su impuesto a las ganancias como lo liquida aquel que está en el régimen general”.
Luego, Imirizaldu explicó los cambios técnicos del proyecto. Señaló que el régimen seguirá alcanzando únicamente a personas humanas y sucesiones indivisas, pero eliminará las actuales restricciones de ingresos, patrimonio y condición frente a ARCA para acceder al régimen simplificado. También aclaró que los grandes contribuyentes podrán presentar la declaración bajo el formato simplificado, aunque “no van a gozar de ningún beneficio que tenga la norma”.
La defensa política estuvo a cargo de Vauthier, quien vinculó la iniciativa con la estrategia oficial para impulsar la inversión. Sostuvo que la Argentina creció apenas 1,9% anual en promedio durante los últimos cuarenta años porque invirtió menos que otros países y afirmó que “para que la inversión se pueda financiar hace falta ahorro”. En ese contexto, defendió la ampliación del régimen al señalar que “el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”. Según dijo, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de US$179.000 millones en billetes, un monto equivalente a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares.
Las críticas llegaron desde distintos bloques opositores. El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el proyecto beneficia a “los estudios contables más grandes de la Argentina” y cuestionó que funcionarios públicos puedan acogerse al régimen. “No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, afirmó, al tiempo que calificó la iniciativa como “un escándalo”.
Desde el Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola bautizó la iniciativa como la “ley Adorni-Espert” y sostuvo que constituye “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”. “En este país todos los gobiernos han premiado a los evasores”, afirmó.
En la misma línea, el socialista Esteban Paulón advirtió que este tipo de mecanismos son observados especialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que “una persona políticamente expuesta que adhiera a un régimen de este tipo es de alto riesgo para operaciones de lavado de dinero del narco, de la trata, del delito complejo transnacional, de la corrupción o de activos que circulen en criptomonedas”.
“Había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”, afirmó Victoria Tolosa Paz (UP). La diputada vinculó esa decisión con el caso Adorni y cuestionó la eficacia de los organismos de control. “Si ARCA cruza permanentemente la información patrimonial, ¿por qué no detectó ese caso?”, preguntó.
Ante las críticas de la oposición por la posibilidad de que funcionarios públicos adhieran al régimen, Balestrini negó que el proyecto constituya un nuevo blanqueo. “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, afirmó. Destacó que los funcionarios que opten por ese mecanismo seguirán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y sostuvo que “no se altera en absoluto” ese deber. También aseguró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y que “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.
Carta Orgánica del BCRA
Por la tarde siguió el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidido por los libertarios Santiago Pauli y Benegas Lynch. Allí se inició el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con las exposiciones del presidente de la entidad, Santiago Bausili, y del vicepresidente, Vladimir Werning.
Los funcionarios defendieron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y sostuvieron que los cambios buscan reforzar la independencia del organismo y evitar que vuelva a financiar el déficit fiscal. “Hace dos años y medio que operamos con estas restricciones. Hay evidencia empírica sobre el funcionamiento”, afirmó Bausili.
Bausili explicó que la iniciativa se apoya en cinco ejes: establecer como único mandato del Banco Central la preservación del valor de la moneda; eliminar el financiamiento monetario al Tesoro mediante los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos; restringir la distribución de utilidades a ganancias “líquidas y realizadas” destinadas únicamente a cancelar deuda; endurecer el régimen de remoción de las autoridades para fortalecer la independencia de la entidad; y cerrar el mecanismo de las letras intransferibles, que, según dijo, permitió financiar al Tesoro con reservas y llegó a acumular un stock de US$85.000 millones.
Werning, por su parte, sostuvo que la reforma apunta a impedir que el Banco Central “sea instrumento para transferir esta carga tributaria, en términos del impuesto inflacionario, a las familias argentinas”. Y afirmó: “Los perjudicados son las familias argentinas; quien fue responsable, el Banco Central; y a quien benefició, al Tesoro Nacional”.
La oposición concentró sus reparos en el esquema de gobernaza que propone el proyecto. Varios diputados cuestionaron que la remoción del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, al considerar que ese requisito podría volver prácticamente inamovibles a las autoridades avaladas por mayoría simple solo por el Senado.
“Hoy tenemos un presidente del Banco Central que es prácticamente un ministro más del gabinete”, afirmó Itaí Hagman (UP), al señalar una contradicción entre el “blindaje” institucional que impulsa el Gobierno y la coordinación que mantuvo el organismo con el Ministerio de Economía durante la actual gestión. También cuestionó que la reforma elimine herramientas del Banco Central para promover el crédito y el desarrollo económico, advirtió que podría encarecer el financiamiento para las pymes y presionar sobre las tasas de interés, y puso en duda el régimen de autonomía que propone el proyecto.
Parte de la oposición también pretende fijar un plazo máximo para que las designaciones “en comisión” no puedan extenderse indefinidamente, una cuestión que el proyecto no regula. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que “un plazo de seis meses es más que razonable” para que la Cámara Alta ratifique los nombramientos propuestos por el Poder Ejecutivo.
Bausili respondió además a una de las consultas que más se repitió durante el plenario: el destino de las reservas en oro del Banco Central. El funcionario aseguró que “están donde tienen que estar, que es en las reservas internacionales del BCRA” y evitó dar precisiones sobre su ubicación o administración. “Si los lingotes son físicos o si están en un sótano, o si están depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) eso ya es una función de la gerencia de reservas del BCRA. Argumentó que el organismo no divulga sus operaciones porque “se genera un incentivo para que el mercado tradee en contra”. En ese sentido, añadió que tampoco informa cómo administra sus posiciones en oro ni dónde se encuentran resguardadas.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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El hospital la provincia de Buenos Aires donde se pagan guardias que no existen: el presunto mecanismo para desviar hasta $50 millones por mes
El Dique, un emblemático hospital bonaerense especializado en rehabilitación, alberga una suerte de nuevo “caso Chocolate”. Se trata de un esquema que permite desviar hasta $50.000.000 por mes del presupuesto de Salud provincial mediante la simulación de guardias, según reveló un informe de Telenoche.
La maniobra es sencilla: todos los meses, la directora ejecutiva del hospital, María de las Nieves Yezzi Herrera, rinde planillas con cientos de guardias que, supuestamente, se realizaron el mes previo en este hospital ubicado en Ensenada, para que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires las liquide. Por mes, se informan alrededor de 130 guardias, o más. Esto equivale a entre $40 y $50 millones de pesos, porque la guardia se paga $303.000 (día hábil) o $364.000 (feriado). El problema es que, en este hospital, no existen las guardias: el Dique es un hospital de rehabilitación. Sólo atienden a pacientes en los consultorios o a quienes ya están internados.
La propia página web del hospital, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, informa que este nosocomio no cuenta con servicio de guardia. Además, Telenoche recorrió el hospital y lo confirmó: ante una pregunta para atención de guardias, los empleados de la oficina de Admisión respondieron que en El Dique no hay guardias. Sin embargo, se generan extensas planillas mensuales con registros de guardias. Estos documentos, a los que accedió Telenoche, contienen nombres y legajos de los profesionales, y las fechas de las guardias que supuestamente hicieron.
Por ejemplo, el 17 de junio pasado, Yezzi Herrera rindió un informe con las guardias de mayo, por un total de $45.477.032. Adjuntó un “listado respaldatorio” de 30 profesionales que supuestamente las hicieron. Según esa planilla, fueron 133 guardias en días hábiles y feriados de mayo. A esto se sumó un paquete de otros $10.452.454 informados en concepto de otras 36 guardias, atribuidas a otras nueve personas. Sumando ambos listados, el Estado bonaerense debió liquidar $55.929.486, en concepto de guardias hechas en un hospital donde no se hacen guardias.
Más documentos oficiales a los que accedió Telenoche revelan que el sistema de las falsas guardias es permanente. En abril, Yezzi Herrera informó al Ministerio de Salud 127 guardias realizadas por 40 personas, equivalentes a $42.620.527,50. En mayo, la rendición alcanzó los $41.500.067,50, en virtud de supuestas 123 guardias realizadas por 28 personas. Y en julio, el monto fue de $42.325.057,00, por 126 guardias teóricamente realizadas.
Las “guardias fantasma” son vox populi dentro de la institución. La gente existe: se trata de médicos, terapistas ocupacionales, bioquímicos u otros profesionales. Lo que no existe son las guardias en el hospital de rehabilitación.
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Pero el escándalo no termina acá. El directorio del hospital, compuesto por María de las Nieves Yezzi Herrera y los directores asociados Martín Guardia y Yamila Nicora, habría logrado que el Ministerio de Salud designe allí a 27 familiares y allegados, en distintos puestos, según surge de una suerte de árbol genealógico irónico armado por los trabajadores del hospital, que circula abiertamente en los grupos de Whatsapp internos. Supuestas parejas, hermanos, cuñados, tíos, primos, sobrinos y amigos figuran como asesores, camilleros, jefes de laboratorio o responsables de depósito en la sarcástica pieza gráfica.
Telenoche intentó consultar al directorio del hospital por los presuntos “acomodos” que denuncian los trabajadores, por el presunto fraude millonario con las guardias, y por lo más importante: ¿a dónde va el dinero? Nadie recibió a este medio.
Ensenada, hospital, guardias, Corrupción
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Milei, ante el peligro de la “rigidez tóxica”
Todos los gobiernos, aun los más exitosos, se encuentran con una encrucijada que los obliga a reinventarse. Es decir, a actualizar la lectura del contexto en el que operan. A recrear el compromiso con los ciudadanos, en especial con sus votantes, sobre la base de nuevas promesas. A renovar los argumentos con los que demanda ser apoyado. A diseñar nuevas estrategias de poder. Elaborar esa nueva mañana puede obligar, a veces, a modificar el equipo. La rigidez es tóxica. Sólo la inexistencia de una oposición competitiva puede disimular sus efectos corrosivos. Apenas aparece un adversario desafiante el deterioro se acelera hasta volverse peligroso.
A Javier Milei le ha llegado ese momento. Su gobierno emite señales de agotamiento en distintas dimensiones. Es un fenómeno cuyas causas no se limitan al desgaste de cualquier organización. En el caso de La Libertad Avanza (LLA) existe también un problema político. Se trata de un malentendido con el electorado. Al obtener una victoria significativa en las elecciones parlamentarias, deja la impresión de haber conquistado el poder para remover los principales problemas del país. Sin embargo, esos comicios no terminan de dotar al Poder Ejecutivo con las herramientas necesarias para despejar las piedras del camino. Ese desajuste entre el clima de triunfalismo y las limitaciones operativas agrava la frustración, en un momento en que la sociedad ya no imputa sus dificultades a la herencia de administraciones anteriores sino a la gestión del que está al mando del timón. Le pasó a Alfonsín en 1985. Le pasó a Macri en 2017.
La imagen de un gobierno agotado aparece, en principio, en las encuestas. Se fue Manuel Adorni, sigue bajando la inflación, pero la opinión pública insiste en alejarse de Milei. El Índice de Confianza en el Gobierno de julio, publicado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un bajón mensual de 6,5%. La caída acumulada desde finales de 2025 fue de 21,5%. Una antigua y misteriosa correlación establece que ese índice equivale a los votos que obtendría el oficialismo en el momento de su elaboración. En este caso, Milei sacaría 38,8% y estaría obligado a un balotaje. Por supuesto, es un escenario artificial con el que sólo se pretende poner en evidencia que el experimento de LLA tocó un piso.
Otros estudios convergen en el mismo diagnóstico. La consultora Poliarquía, que lidera Alejandro Catterberg, detectó en julio que el 66% de los consultados prefiere un cambio respecto de la situación actual, mientras que sólo 33% pide la continuidad. Hugo Haime descubre una situación parecida cuando pregunta si el modelo económico debe ser mantenido o modificado. Un 35% quiere que se mantenga y un 65% opina que sea abandonado. Cuando Haime indaga en el clima emocional advierte que 34% dice tener bronca y 39% confiesa estar triste. Sólo 20% se muestra esperanzado.
En la encuesta de Haime hay una novedad interesante. Por primera vez en muchos meses las limitaciones del poder adquisitivo del salario preocupan más que la corrupción. Un viejo axioma de la vida pública asegura que entre las enigmáticas motivaciones que orientan el voto la más importante es el tamaño del poder adquisitivo del salario. Es imposible no pensar que las restricciones salariales están detrás del malestar preponderante que consignan los estudios de opinión.
Otro dato importante: en la jerarquía de desvelos de los encuestados, hace rato que el principal problema del país dejó de ser la inflación. Ahora ocupa el séptimo renglón. Es más que una curiosidad. Es un mensaje frente al que Milei debería sentirse muy interpelado. La agenda pública ya no es la que regía cuando él llegó al poder. Cambió, entre otras razones, por su propia intervención en el proceso. Para sintetizar: hoy la gente habla de otras cosas. De que el sueldo queda corto, de que se comprime el consumo o cae la producción. Esta mutación pone a prueba la plasticidad del oficialismo para mantener el consenso social.
Sobre el cuadro general de estas demandas se recorta una situación particular cada vez más acuciante: el peso que tiene sobre las familias el pago de las deudas contraídas con entidades financieras más o menos formales. Como acaba de detallar Luciana Vázquez en , en la sociedad apareció una nueva categoría: la de los morosos.
Según la Central de Deudores del Banco Central, 20,9 millones de personas tiene algún tipo de deuda financiera. De ese universo, 5,8 millones registraban al menos una deuda con más de 90 días de atraso hacia mayo de este año. Es el 27,8% de todos los deudores. Entre mayo de 2025 y mayo pasado, los morosos aumentaron de 3,43 millones a 5,83 millones. Quiere decir que en un año aparecieron 2,39 millones nuevos.
Este fenómeno, que ha tomado el centro del debate sobre el impacto de la economía en la vida familiar, es un banco de pruebas muy revelador de las dificultades del Gobierno para sintonizar con sectores importantes de la sociedad. Sectores en los que, es muy probable, haya antiguos votantes de LLA. El Presidente les explicó que, si no pueden pagar sus deudas, están atrapados en un problema entre privados, en el que el Estado, es decir él, no va a involucrarse.
En principio, es una afirmación muy útil para advertir los límites de la dogma económico al que se abraza Milei. La suposición de que los agentes económicos toman decisiones libres, que se sostienen en una información perfecta. Para mirar el problema desde esas premisas hay que olvidar varias evidencias. Una de ellas es que ese mundo de deudores está compuesto por muchísimos individuos carentes de información, acuciados por necesidades perentorias, que tienen una relación muy rudimentaria con el sistema financiero. La morosidad se presenta, además, fuera del sistema bancario, en esa suerte de far west digital en el que las billeteras y aplicaciones operan al margen de cualquier regulación, aplicando tasas de usura y fomentando la toma de crédito de gente con poca o nula información en un contexto de baja transparencia y escasísima educación financiera.
Pero el discurso oficial no ignora sólo esas condiciones objetivas. También resulta ajeno a la responsabilidad del Gobierno en la bola de nieve que se formó. Porque muchos de los que se endeudaron lo hicieron obedeciendo a señales emitidas por la propia política económica. Es verdad que el Banco Central no fija en la Argentina la tasa de interés. Pero toma medidas que la determinan, como el establecimiento de la cantidad de moneda y el diseño de la política de encajes. El equipo económico de Milei provocó una baja de tasas espectacular para licuar los pasivos del Banco Central. Fue uno de sus objetivos principales en los primeros meses de ejercicio del poder. Un objetivo sacralizado por Milei. Era previsible que el sector público con esa política induciría al endeudamiento, con el afán adicional de producir una reactivación.
Esa estrategia fue revertida por la contraria: una inducción por vías indirectas a un aumento fenomenal de la tasa de interés para frenar la corrida cambiaria de mediados de 2025. Crisis que se obturó con el cheque de Scott Bessent, al que Milei ahora atribuye un papel secundario en la normalización cambiaria y crediticia.
Estas fluctuaciones son la consecuencia de políticas públicas que condicionan muchísimo los contratos entre privados. Sin mencionar otra variable siempre presente en los programas de estabilización: la decisión de los gobiernos de poner un tope a los aumentos de salarios. Es decir, a los ingresos de los deudores. Ingresos que se han ido ajustando por otra razón que tal vez explique la caída de popularidad del gobierno libertario: el peso creciente que ha ido adquiriendo el pago de los servicios en el salario formal. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios que lideran Alejandro Einstoss y Julián Rojo, en julio el pago de servicios públicos se lleva un 15% del salario formal promedio. Esa participación era del 6% a finales del gobierno de Alberto Fernández, donde el reparto de subsidios era generalizado, y fluctuó entre 10 y 14% entre 2024 y 2025. Cada vez más gente debe optar entre pagar la luz o el gas o cumplir con su deuda financiera. Es obvio que la gran mayoría elige lo primero.
Milei parece menospreciar el peso de sus decisiones económicas en el problema que se ha creado. Tal vez sea víctima de una restricción ideológica para leer el mapa completo. Esa obstinación conceptual le hace perder de vista también algunas de sus propias conductas. Por ejemplo: en el artículo 14 del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que envió al Congreso, se conserva un párrafo que adjudica a esa institucional la facultad de “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza”. En otras palabras: como reformador del Central Milei es mucho más sensato que como entrevistado televisivo. Entiende que es inconcebible reducir la actividad crediticia a una transacción en la que el sector público resulta por completo prescindente. La religión austríaca, en este tramo al menos, pistonea.
Luis “Toto” Caputo fue más allá. No sólo se mostró insensible al generalizado problema de los morosos. Se preguntó si las víctimas de esas fluctuaciones en la tasa crediticia, que terminan condenando a innumerables familias a la angustia de una deuda que no pueden pagar, no serían especuladores que apostaron en falso a una suba del dólar que después no se produjo.
Esta explicación de Caputo es inquietante no por razones técnicas sino políticas. Revela que el oficialismo carece de figuras que puedan conectar con las condiciones objetivas y la intimidad anímica de aquellos cuyo desasosiego hay que despejar o, por lo menos, contener con la explicación. Caputo podría informarse dentro del propio gabinete, con gente que está advirtiendo esta tormenta desde hace seis meses, que en el conurbano más pobre se han multiplicado los asesinatos de cobradores que golpean la puerta para reclamar pagos en nombre de “financistas” informales.
Conviene retirar el foco de las cuestiones particulares y mirar una deficiencia estructural. Milei puede pensar la vida material con categorías que no incluyen inconvenientes que se pueden ir transformando en dramas. Reniega de la teoría del derrame pero, cuando debe demostrar por qué su estrategia terminará reanimando la base productiva recurre, igual que su ministro Caputo, a la teoría del derrame. El núcleo de esa explicación es problemático: resuelta la macroeconomía, todo lo demás viene por añadidura. Esa lógica implica que, en poco tiempo, el oficialismo podría decir: “Misión cumplida. Ahora a esperar los brotes verdes”. Dicho de otro modo: es también por su propia concepción teórica que el Gobierno parece un gobierno agotado.
Pero esa percepción también se alimenta en el discurso. La respuesta a las inquietudes del público resulta cada vez más agresiva. No sólo en el tono. También en los argumentos. Llamó la atención, por ejemplo, que Milei haya sostenido en la última entrevista con Luis Majul que, cultivando supuestas teorías de Gamsci, Cristina Kirchner infiltró las universidades, la prensa y el mundo de los economistas de terroristas encubiertos. Es un terreno en el que el proyecto libertario tocó un límite. La agresividad verbal puede ser recomendable para llegar al poder. El Presidente lo demostró en su campaña contra la “casta”. Pero suele ser estéril, o contraproducente, cuando ese estilo se proyecta desde el poder.
La Casa Rosada carece hoy de un dirigente con habilidades para que las posturas oficiales obtengan consenso. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, consumió casi toda su energía en una pelea interminable con Karina Milei y los primos Menem. A Diego Santilli se lo comió la coyuntura en dos semanas. Él, que jamás se animó a pelear con nadie, quiso dar la primera trompada de su vida de la peor manera: pidiendo la renuncia de la vicepresidente Victoria Villarruel. Otra señal de un oficialismo que se devora a sí mismo. Milei no tiene una espada inteligente desde que se desprendió de Guillermo Francos. Tal vez sea la hora de recuperarlo.
Su propio estrecho de Ormuz
Una señal más de extenuación es la excentricidad regulatoria. Por ignorar que a los puertos argentinos se ingresa por canales y que, por lo tanto, los prácticos son imprescincibles, el Gobierno armó su propio estrecho de Ormuz bloqueando el comercio exterior un par de días. Otra ocurrencia extraña: promover una ley que facilite la extranjerización de tierra en medio de un brote nacionalista incentivado por el propio Presidente que denunció una campaña internacional contra la Argentina con motivo del Mundial. Volvé Francos, te perdonamos.
Hay otra síntoma típico de los líderes fatigados. La huida hacia la política internacional. Hacia ese universo mucho más abstracto y por eso más comprensivo de extranjeros que sí saben valorar lo que se está haciendo. Milei está involucrado en una de las jugadas que más interesa a Donald Trump: lograr que en Brasil se imponga un gobierno aliado que vuelva más verosímil la doctrina “Donroe”. Sin administraciones amigables en Canadá, México y Brasil, es imposible presentar al continente como una zona de influencia norteamericana en el conflicto global con China.
Milei se propuso prestar servicios a Trump en esa campaña. Es la razón por la cual se dirigió a San Pablo y, en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes, que tiene su propio entredicho con el presidente de los Estados Unidos. El gobierno brasileño expresó su disgusto llamando en consulta al embajador Julio Bitelli. El canciller Pablo Quirno intentó encauzar la pelea distinguiendo la relación bilateral entre Estados de los choques ideológicos entre partidos de gobierno. Pero su jefe insistió en insultar a Lula. Brasil anunció que Bitelli permanecería en su país por tiempo indeterminado. Y reclamó al representante de la Argentina, Guillermo Raimondi, que regrese a Buenos Aires.
Es la primera vez que la relación argentino-brasileña queda en el nivel de los encargados de negocios. El paso siguiente sería consolidar esa situación con el retiro definitivo del embajador. En los últimos tiempos la diplomacia brasileña sólo dispuso esa medida en Corea del Norte, cuando ese país amenazó con lanzar misiles nucleares, y en Sudáfrica, durante el apartheid.
Los ataques de Milei son un movimiento del ajedrez global. Ese ajedrez se juega en las elecciones brasileñas. Un indicio de esa dimensión es que el hierático Xi Jinping emitió una declaración a favor de Lula, su socio en el club Brics. Tuvo una respuesta oblícua de Peter Lamelas, el representante de Trump en Buenos Aires: anunció que se revocaba la visa para ingresar a su país a ejecutivos de una empresa neuquina que contrataron la tecnología de Huaweii para su operación en Vaca Muerta. Es posible que no sean las últimas visas que se cancelan.
Otra señal de que se está jugando una partida de gran alcance fue el cruce entre Washington y Brasilia por la designación del embajador norteamericano en Brasil. En lo que fue una sospechosa distracción, el Departamento de Estado hizo público el nombre de ese representante sin pedir el plácet correspondiente al gobierno brasileño. Lo hizo tarde. E Itamaraty, la cancillería de Brasil, todavía no contestó. Ese silencio está durando lo suficiente como para que se interprete que el embajador designado por Washington ha sido rechazado. Por eso el gobierno de los Estados Unidos retiró la visa a la embajadora de Brasil.
Es la segunda gran intervención de Trump en la política brasileña. El año pasado subió los aranceles al comercio en represalia a la penalización a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por haber intervenido en un intento de golpe de Estado. En aquel momento la imagen de Lula mejoró en las encuestas. Y la de los Bolsonaro se deterioró. Trump aspira a contar en octubre con un triunfo de la derecha de Brasil como insumo para sus propias elecciones de noviembre. Lula quiere que se repita el efecto del año pasado. Sueña reencarnar a un genio de la América latina populista. Sueña con repetir la campaña “Braden o Perón”.
Para el presidente de los Estados Unidos la encrucijada no es dramática. La elección brasileña es bastante pareja, con leve ventaja para Lula. Si el líder del PT reelige, habrá que reajustar el vínculo bilateral, como ya ocurrió a comienzos de año. Milei está en otra situación. Una victoria de Lula sería para él más complicada por una razón muy evidente: no cabe duda alguna de que por los próximos 10 millones de años la Argentina seguirá siendo vecina de Brasil.
Mientras se desliza hacia abajo en las encuestas, el Presidente cuenta con un activo inestimable. Una oposición desconcertada, liderada por un peronismo incapaz de aprovechar que la opinión pública realiza demandas familiares a su sensibilidad. El PJ está en una frecuencia extravagante, como se notó en su última cumbre, donde el gobernador de La Rioja prometió dar marcha atrás con todas las reglas que favorezcan la inversión. Se llama Ricardo Quintela. Le dicen “el Gitano”. Milei tal vez no tenga urgencia en reinventarse. En el rincón menos esperado encontró a su jefe de campaña.
Carlos Pagni,Conforme a
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