POLITICA
Dólar blue: la Justicia estimó que el perjuicio al Estado fue de US$607 millones en efectivo y cuestionó el rol del Banco Central
La Justicia le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones.
El cálculo se basa en un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que estimó ese monto en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.
Además de estimar cuál fue el presunto perjuicio al Estado, una de las novedades del fallo firmado este martes por la jueza María Romilda Servini es la referencia a funcionarios del Banco Central que tenían el deber de supervisión de las casas de cambio. Sobre su accionar, Servini señaló: “habría resultado funcional al esquema y permitido que los mecanismos de control institucional no interrumpieran la operatoria”.
El fallo de la jueza concluyó con un embargo preventivo a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”, y más de cien casas de cambio y financistas por 859 mil millones de pesos. Dentro de la nómina también se encuentra el exsocio del financista, Martín Migueles, cuyo celular en manos de la Justicia aportó los audios sobre el presunto “circuito paralelo” del SIRA.
“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza Servini.
La cifra se acerca a lo que con anterioridad había empezado a investigar el Banco Central a través de sus sumarios financieros. Según esos documentos, el monto de las ventas de casas de cambio se eleva a US$900 millones, al sumar las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, cuyo accionista era el financista Piccirillo, Stema Cambios y Ars Cambios, que entre sus representantes tiene al financista Ariel Vallejo.
La principal diferencia entre el cálculo de la Justicia y lo relevado por el BCRA radica en el período de tiempo. La entidad monetaria incluyó ventas de dólares que se retrotraen hasta 2022, mientras que la investigación judicial utilizó para su base el período comprendido entre enero y septiembre de 2023, tal cual surge del fallo judicial.
En ese mismo escrito, la Justicia dispuso limitar la inhibición general de bienes a más de cien investigados, entre los que se encuentran casas de cambio y sus representantes. ¿A cuánto? El embargo preventivo llega hasta cubrir $859.516 millones. Es la cifra en pesos que la Dajudeco calculó para los US$607 millones como presunto perjuicio del circuito del dólar blue.
Hoy, la jueza Servini puso la mira sobre el accionar de las autoridades del Banco Central. Tiene a su cargo una de una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue. El fiscal de este caso es Carlos Stornelli.
Actualmente cinco funcionarios de la entidad son investigados por maniobras con el dólar blue, pero en otro expediente. Se trata de la causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Uno de los miembros del Central que debieron entregar sus celulares, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.
En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial de Lijo y Picardi.
En tanto, la jueza Servini describió en un fallo de 24 páginas la ruta del “dólar blue”. En todo circuito paralelo, el efectivo resulta primordial. Por eso, una de las preguntas que respondió es de dónde salieron esos US$607 millones. “El 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones (BST)”, especificó.
Esa es la primera etapa del pasamanos investigado en este circuito: la obtención de los dólares billete que llegaban a las casas de cambio. “El Banco de Servicios y Transacciones como entidad financiera habría omitido su deber de controlar el carácter genuino de las operaciones y su correcto encuadramiento en el concepto declarado”, se lee en el texto judicial. Pese a eso, el fallo de este martes no contiene ninguna medida en su contra.
consultó a representantes del BST, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios.
El circuito de los dólares, según la investigación judicial, continuaba a través de las casas de cambio. Accedían a la divisa a cotización oficial y las revendían a un valor mayor, según la investigación. Su ganancia habría sido tan amplia como la brecha cambiaria. Un indicio destacado por los investigadores es la falta de registro de operaciones de cambio: entidades que recibían pesos pero no dejaban registro de sus ventas de dólares.
La Justicia observó esta situación en al menos ocho casas de cambio que recibieron $140 mil millones “que provenían de 600 personas de existencia ideal y más de 2500 personas humanas, que no habrían sido informados en la base RIOC como operación de cambio”. Entre esas casas de cambio se encuentra Centenera Agencia de Cambio y Turismo SRL, que tuvo como presidente a un hombre de 61 años que se definió como “changarín” en sede judicial. Aseguró ser un colocador de aires acondicionados y vivir de eso.
“gente de arriba entongada”.,Ignacio Grimaldi,Conforme a
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de junio de 2026 mostró un aumento de 3,9% respecto de mayo, marcando el primer repunte del año tras varios meses en caída. El indicador, elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001, se ubicó en 2,07 puntos sobre una escala de cero a cinco, una cifra que, aunque supera los registros recientes, todavía implica una caída del 11,4% en la comparación interanual.
El dato inaugura un nuevo ciclo para la administración de Javier Milei. Aunque la confianza repunta levemente, la contracción acumulada desde fines del año pasado es del 16,1%. La serie de variaciones mensuales desde enero revela un clima de creciente escepticismo: las cifras mostraron bajas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (-1,6%), antes del actual rebote.
En el contexto histórico, el índice también compara mes a mes a Milei con sus predecesores. En efecto, luego de treinta meses de gestión, su nivel de confianza (2,07) está apenas por encima del valor que obtuvo Mauricio Macri (2,04; +1,3%) en el mismo momento de su mandato, aunque sigue por debajo del registrado bajo Néstor Kirchner (2,42; -14,6%). El valor del libertario supera ampliamente los registros de las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (1,70 y 1,61 en sus dos mandatos) y Alberto Fernández (1,40) en la misma instancia del mandato, lo que exhibe una brecha de hasta el 47,6% respecto de alguno de estos ciclos en el mes treinta de gestión.
El promedio del ICG en la era Milei, sin embargo, descendió a 2,40 puntos, su registro más bajo. En la comparación contra los tramos equivalentes, Mauricio Macri tuvo un promedio de 2,52 y Alberto Fernández, de 1,93. Este promedio se robustece especialmente cuando se contrastan las tendencias de largo plazo y la volatilidad de la confianza durante los diferentes gobiernos.
Desglose de los componentes y los matices del repunte
El rebote del ICG se debió a aumentos en tres de sus cinco componentes. Eficiencia lideró el crecimiento, con un salto del 12,8% respecto del mes anterior hasta alcanzar los 2,12 puntos, una variación que representa el mayor diferencial dentro del índice. Capacidad también se incrementó y llegó a 2,46 (+4,3%), al igual que la dimensión Preocupación por el interés general, que marcó 1,63 puntos (+3,8%). En contraste, Honestidad permaneció estable en 2,46 y la Evaluación general del gobierno cayó levemente a 1,68 puntos (-0,5%).
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Esta dinámica sugiere que, más allá de un repunte global, persisten dudas sobre la gestión a nivel agregado, al mismo tiempo que ciertos aspectos técnicos y de percepción pública mejoran tras medio año de deterioro sostenido.
Género, edad, territorio: dónde recuperó apoyo el Gobierno
Los datos revelan matices en la composición del repunte del ICG. La brecha de género se mantuvo estable en 0,68 puntos respecto del mes anterior, lo que describe una grieta persistente en la percepción de la gestión. El índice entre mujeres aumentó hasta 1,70 puntos (+5,6%), mientras que entre los hombres subió a 2,37 (+3,7%).
Por edad, el rebote se concentró en el grupo de mayores de 50 años, que alcanzó 2,23 puntos (+4,3%), pero también en los jóvenes de 18 a 29 años, donde el ICG trepó levemente a 2,18 puntos (+1,4%). El segmento intermedio (30 a 49 años) subió a 1,76 (+2,4%). Esta dispersión sugiere una recuperación distribuida, aunque con distintas intensidades según el grupo etario.
Desde el punto de vista geográfico, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,19 puntos; +0,9%). Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió a 2,03 (+6,3%), pero el mayor salto se dio en el Gran Buenos Aires, que trepó a 1,83 puntos (+11,1%).
Nivel educativo y victimización: sorpresas estadísticas del mes
El análisis por nivel de instrucción aporta uno de los datos únicos del informe. Si bien quienes tienen educación terciaria/universitaria sostienen la confianza más alta (2,20 puntos; +0,5%), el mayor incremento porcentual del mes fue para el segmento con primaria completa, que llegó a 1,72 puntos (+42,5%). Aquí se registra el rebote más inesperado, al retornar a valores similares a los de abril, tras haber mostrado ciertas fluctuaciones en los meses anteriores.
Otro dato singular surge de la variable victimización por delitos. Por primera vez en el año, el ICG fue superior entre quienes declararon haber sido víctimas de delitos (2,10; +14,6%) comparado con quienes no lo fueron (2,07; +1,6%), invirtiendo la lógica del ciclo previo y neutralizando la brecha que se había instaurado a lo largo de 2026.
Expectativas económicas: el factor determinante en la confianza
El componente más sensible aparece en la valoración sobre el futuro económico. Aquellos que confían en que la economía mejorará en un año registran un ICG de 4,08 puntos, aunque con una baja de 2,2%. El verdadero salto porcentual del mes vino de quienes creen que la situación se mantendrá igual, con una suba del 13,1% (2,45 puntos). Por el contrario, entre quienes esperan un empeoramiento, el ICG se estancó en 0,37, sin cambios respecto de mayo.
El dossier metodológico asegura que la encuesta —realizada por Poliarquía Consultores— abarcó 1.000 personas, mayores de 18 años en 39 ciudades de más de 10 mil habitantes, con un margen de error estándar de ±0,06 para el ICG total. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 11 de junio de 2026.
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POLITICA
Los libertarios ponen en pausa su agenda en Diputados para evitar que el caso Adorni llegue al recinto
El oficialismo comenzó a revisar su hoja de ruta en Diputados. Aunque tenía previsto sesionar el miércoles próximo para avanzar con dos proyectos clave de su agenda económica, el temor a que la crisis de Manuel Adorni monopolice el debate y acelere un intento opositor para desplazarlo de la Jefatura de Gabinete abrió una discusión interna sobre la conveniencia de abrir el recinto.
La planificación original de La Libertad Avanza contemplaba tratar el acuerdo para pagar US$171 millones a los holdouts Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los US$1000 millones. Pero la situación de Adorni alteró el escenario.
Después de la entrevista en la que el funcionario intentó explicar el crecimiento de su patrimonio a partir de dinero encontrado e inversiones en Bitcoin, la oposición convocó para el martes 23 una sesión especial destinada a debatir su interpelación y una eventual moción de censura. La convocaron para apenas 24 horas antes de la sesión que el oficialismo pretendía utilizar para impulsar sus propios proyectos.
El primer interrogante es si los bloques opositores lograrán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate. Por ahora, esos números no están garantizados. Buena parte de la definición depende de los aliados habituales del Gobierno, principalmente Pro y la UCR, que no quieren ser los que definan el futuro político del jefe de Gabinete.
La cautela de los aliados también responde a diferencias internas entre ambas cámaras. En el Senado, donde Mauricio Macri conserva una influencia directa a través de Martín Goerling, jefe del bloque Pro, el partido ya dio señales de que está dispuesto a avanzar con los pedidos de explicaciones a Adorni. En Diputados, en cambio, Cristian Ritondo evita convertirse en el dirigente que termine sellando la suerte del jefe de Gabinete y reserva las críticas más duras para Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente dentro del universo legislativo macrista.
Algo similar ocurre en la UCR. Mientras que en el Senado una mayoría de los radicales se inclina por acompañar el avance contra Adorni, en Diputados predominan posiciones más prudentes. Allí pesa especialmente la influencia del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, uno de los principales interlocutores del oficialismo entre los mandatarios provinciales. Esa diferencia ayuda a explicar por qué los votos que hoy necesita la oposición para alcanzar el quorum siguen siendo una incógnita.
La situación se volvió todavía más incómoda para los diputados aliados después de que el Senado resolviera postergar una semana la discusión sobre Adorni. En una reunión de jefes de bloque, la oposición acordó con la senadora Patricia Bullrich diferir el debate hasta la semana próxima y avanzar recién el jueves 25 con la aprobación de una interpelación para el 2 de julio.
Esa decisión volvió a colocar toda la presión sobre la Cámara baja. Por eso, entre los bloques dialoguistas crece la idea de evitar cualquier movimiento que los obligue a asumir el costo político de activar el proceso contra Adorni y dejar que sea el Senado quien tome la iniciativa.
A esa discusión política se suma otra, de carácter reglamentario, que preocupa especialmente al oficialismo. Algunos sectores de la oposición sostienen que la interpelación seguida de una eventual moción de censura no necesita atravesar el circuito habitual de comisiones ni requiere los dos tercios para ser tratada sobre tablas. Argumentan que el artículo 101 de la Constitución establece un procedimiento específico que solo exige la mayoría absoluta de cada Cámara.
La interpretación fue planteada en el Senado por el jefe del bloque peronista, José Mayans, y terminó siendo aceptada por el resto de las bancadas, incluido el oficialismo. “Si reúne una mayoría tendría una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura”, reconoció Bullrich al finalizar la reunión de labor parlamentaria.
Ese antecedente aumenta la presión sobre Martín Menem. Si la Cámara baja adopta el mismo criterio, la oposición podría impulsar una interpelación sin necesidad de atravesar el trámite legislativo habitual.
El diputado Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en explicitar esa estrategia. “La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura. No hace falta ni comisiones ni dictámenes”, sostuvo.
Para el oficialismo la prioridad inmediata es bloquear la sesión pedida por la oposición para el martes. Y si su estrategia prospera, son cada vez son más los que consideran inconveniente abrir el recinto al día siguiente para tratar el acuerdo con los holdouts y el “Súper RIGI”. Temen que cualquier sesión termine convirtiéndose en una oportunidad para que la oposición avance contra Adorni.
Por ahora, nadie quiere anticipar una definición. “Lo definirá la mesa política”, respondió a un referente libertario consultado sobre la posibilidad de mantener la sesión prevista para el miércoles. Mientras tanto, los dos proyectos que el Gobierno esperaba convertir en sus próximos triunfos legislativos quedaron en pausa, a la espera de que se despeje la crisis que atraviesa a su jefe de Gabinete.
June 18, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,“Ganar tiempo”. El Gobierno pactó con Pro y la UCR una tregua para salvar temporalmente a Adorni,,»Te queda bastante mal». Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados,,Diputados. Con apoyo de sus aliados, el oficialismo dejó listo para aprobar el «Súper RIGI» y un acuerdo con holdouts
El financista Francisco Hauque solicitó que Jesica Cirio declare como testigo en la causa por extorsión que investiga el fiscal federal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo.
En el escrito presentado, al que tuvo acceso TN, Hauque reclamó que la modelo y exconviviente de Elías Piccirillo sea citada para declarar sobre el estado emocional de su expareja al momento de los hechos investigados y sobre los “movimientos económicos observados”.
Además, pidió identificar al personal doméstico, custodios, choferes y empleados que trabajan en la casa que Piccirillo y Cirio compartían en El Yacht de Nordelta.
La presentación se inscribe en la disputa judicial que Hauque mantiene con Piccirillo. La causa se inició en enero de 2025, luego de una en el Palacio Duhau. El expediente investiga un supuesto préstamo de US$ 6 millones que derivó en el conflicto entre los financistas.
Hauque aclaró que estos acontecimientos no guardan relación directa con esa causa, pero consideró que podrían ser relevantes para evaluar si, durante el arresto domiciliario, Piccirillo desarrolló actividades incompatibles
En consecuencia, pidió que se incorpore el comunicado de Cirio como antecedente, que se libre oficio a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 para obtener información sobre la causa por extorsión, que se requiera información oficial sobre el allanamiento difundido públicamente y que se obtengan los registros completos de control del arresto domiciliario de Piccirillo, como el monitoreo electrónico, autorizaciones, visitas e incidencias.
Finalmente, que se cite a declarar como testigo a Cirio.
El 17 de enero de 2025, Hauque fue detenido en las inmediaciones del hotel junto a su pareja, con más de un kilogramo de cocaína y un arma en su camioneta. La Justicia determinó que se trató de una emboscada ordenada por Piccirillo, quién se encuentra cumpliendo una prisión domiciliaria.
En los últimos días se realizó una reconstrucción del hecho en Puerto Madero y en dos de las tres situaciones recreadas surgió la posibilidad de que Piccirillo pudo haber plantado la droga en el baúl de la camioneta.
Leé también: Manuel Adorni convocó a los senadores de La Libertad Avanza para una reunión en la previa de su posible interpelación
La causa por extorsión, que comenzó en el fuero penal ordinario, fue anexada al fuero federal y vinculada a las investigaciones sobre el “rulo financiero” y el sistema SIRA que tramitan en Comodoro Py. En ese marco, Hauque se ofreció como arrepentido en las causas vinculadas al dólar blue y al SIRA. El financista afirmó poseer “conocimiento directo sobre circunstancias, hechos, mecanismos operativos, y elementos probatorios cuya incorporación al proceso podría resultar de significativa utilidad”.
También aseguró que aportaría “información, documentación, datos y elementos de prueba de relevancia sustancial”.
Elías Piccirillo, Jesica Cirio, Justicia
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