POLITICA
Dólar blue: la Justicia estimó que el perjuicio al Estado fue de US$607 millones en efectivo y cuestionó el rol del Banco Central

La Justicia le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones.
El cálculo se basa en un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que estimó ese monto en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.
Además de estimar cuál fue el presunto perjuicio al Estado, una de las novedades del fallo firmado este martes por la jueza María Romilda Servini es la referencia a funcionarios del Banco Central que tenían el deber de supervisión de las casas de cambio. Sobre su accionar, Servini señaló: “habría resultado funcional al esquema y permitido que los mecanismos de control institucional no interrumpieran la operatoria”.
El fallo de la jueza concluyó con un embargo preventivo a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”, y más de cien casas de cambio y financistas por 859 mil millones de pesos. Dentro de la nómina también se encuentra el exsocio del financista, Martín Migueles, cuyo celular en manos de la Justicia aportó los audios sobre el presunto “circuito paralelo” del SIRA.
“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza Servini.
La cifra se acerca a lo que con anterioridad había empezado a investigar el Banco Central a través de sus sumarios financieros. Según esos documentos, el monto de las ventas de casas de cambio se eleva a US$900 millones, al sumar las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, cuyo accionista era el financista Piccirillo, Stema Cambios y Ars Cambios, que entre sus representantes tiene al financista Ariel Vallejo.
La principal diferencia entre el cálculo de la Justicia y lo relevado por el BCRA radica en el período de tiempo. La entidad monetaria incluyó ventas de dólares que se retrotraen hasta 2022, mientras que la investigación judicial utilizó para su base el período comprendido entre enero y septiembre de 2023, tal cual surge del fallo judicial.
En ese mismo escrito, la Justicia dispuso limitar la inhibición general de bienes a más de cien investigados, entre los que se encuentran casas de cambio y sus representantes. ¿A cuánto? El embargo preventivo llega hasta cubrir $859.516 millones. Es la cifra en pesos que la Dajudeco calculó para los US$607 millones como presunto perjuicio del circuito del dólar blue.
Hoy, la jueza Servini puso la mira sobre el accionar de las autoridades del Banco Central. Tiene a su cargo una de una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue. El fiscal de este caso es Carlos Stornelli.
Actualmente cinco funcionarios de la entidad son investigados por maniobras con el dólar blue, pero en otro expediente. Se trata de la causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Uno de los miembros del Central que debieron entregar sus celulares, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.
En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial de Lijo y Picardi.
En tanto, la jueza Servini describió en un fallo de 24 páginas la ruta del “dólar blue”. En todo circuito paralelo, el efectivo resulta primordial. Por eso, una de las preguntas que respondió es de dónde salieron esos US$607 millones. “El 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones (BST)”, especificó.
Esa es la primera etapa del pasamanos investigado en este circuito: la obtención de los dólares billete que llegaban a las casas de cambio. “El Banco de Servicios y Transacciones como entidad financiera habría omitido su deber de controlar el carácter genuino de las operaciones y su correcto encuadramiento en el concepto declarado”, se lee en el texto judicial. Pese a eso, el fallo de este martes no contiene ninguna medida en su contra.
consultó a representantes del BST, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios.
El circuito de los dólares, según la investigación judicial, continuaba a través de las casas de cambio. Accedían a la divisa a cotización oficial y las revendían a un valor mayor, según la investigación. Su ganancia habría sido tan amplia como la brecha cambiaria. Un indicio destacado por los investigadores es la falta de registro de operaciones de cambio: entidades que recibían pesos pero no dejaban registro de sus ventas de dólares.
La Justicia observó esta situación en al menos ocho casas de cambio que recibieron $140 mil millones “que provenían de 600 personas de existencia ideal y más de 2500 personas humanas, que no habrían sido informados en la base RIOC como operación de cambio”. Entre esas casas de cambio se encuentra Centenera Agencia de Cambio y Turismo SRL, que tuvo como presidente a un hombre de 61 años que se definió como “changarín” en sede judicial. Aseguró ser un colocador de aires acondicionados y vivir de eso.
“gente de arriba entongada”.,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
En plena interna con CFK, Kicillof ultima detalles del acto del sábado: quiere reunir a todas las provincias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, usará el acto de este sábado en Avellaneda para exhibir un discurso de matiz federal, al que sumará algunas presencias de dirigentes por fuera del territorio bonaerense, luego de las distintas recorridas que hizo en otras provincias en lo que va de este año. Más allá del ya conocido y utilizado aparato que aportarán los intendentes del conurbano, el sindicalismo o las organizaciones sociales que hoy forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), hasta Avellaneda llegarán, en pequeñas comitivas, referentes de otras provincias.
La expectativa de reunir delegados de las 24 jurisdicciones tendrá como antecedente una serie de seis recorridas que Axel Kicillof realizó fuera de Buenos Aires desde abril. El gobernador busca que el acto de este sábado 19 de septiembre, previsto en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, exhiba una estructura federal para el Movimiento Derecho al Futuro y consolide vínculos que empezó a tejer con dirigentes territoriales, gobernadores y sectores sindicales. Desde la organización avisaron que para el encuentro del sábado se registraron hasta el momento 7.300 personas para participar de las diferentes mesas temáticas divididas en Comunidad y Organización, Educación Pública, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat, y Cultura y Deportes. Luego habrá un documento final.
Todo se da en medio de la discusión interna que atraviesa el peronismo y que en la última semana, en la provincia de Buenos Aires, volvió a asomar. Hubo fuertes declaraciones de la intendenta interina de Quilmes y diputada provincial por la Tercera sección electoral. La dirigente que responde a Crisitina Kirchner habló de deslealtad y desagradecimiento de aquellas personas que hoy se mostraban lejos del esquema de CFK, sobre todo mientras la expresidenta se encuentra detenida en el marco de la causa Vialidad. Mendoza también planteó que con la conformación del MDF, Kicillof decidió “dividir al peronismo”.
En lo que va del año, Kicillof se movió fronteras afuera del territorio bonaerense. La primera escala fue Tierra del Fuego, el 1 y 2 de abril, cuando participó de la vigilia y los actos por Malvinas junto al gobernador Gustavo Melella y al mandatario riojano Ricardo Quintela. Luego viajó a Córdoba, el 8 de mayo, donde se reunió con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, y participó de una actividad sindical con Héctor Daer. No hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora. Esta semana, sin embargo, se mostró con el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, uno de los referentes del llamado cordobesismo. El jefe comunal no dio indicios de un respaldo electoral público hacia Kicillof aunque sí se mostró crítico con la gestión de Javier Milei y habló de convocar a distintos sectores en vistas al año que viene.
El 3 de junio, el mandatario bonaerense estuvo en Corrientes con el gobernador radical Juan Pablo Valdés, con quien firmó convenios de cooperación. El 19 de agosto llegó a Chaco para una jornada de actividades políticas y gremiales que compartió con el senador y exgobernador Jorge Capitanich y con el secretario de Interior de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer. En ambos casos, Kicillof combinó la agenda institucional con reuniones junto a dirigentes locales y presentaciones de su libro. De hecho, para este sábado se estaba preparando “una gran movilización” desde Chaco según marcaban armadores del espacio. A Avellaneda irán intendentes, legisladores provinciales, militantes y referentes. Una de ellas será la diputada provincial Analía Flores, que participará de la comisión de Educación del encuentro. Tras esta movida, la próxima semana habrá un acto de lanzamiento formal del MDF Chaco. Flores será una de las protagonistas.
Desde Corrientes también partirá una comitiva rumbo a Avellaneda. En la provincia del payé, el axelismo tiene dos vertientes. En una está el ex Cámpora José “Pitín” Aragón y en la otra el ex senador provincial Martín Barrionuevo. En La Plata avalan a los dos, pese a que el PJ Correntino (controlado por la cristinista Ana Almirón) quiere echar a Barrionuevo por haber sido candidato a vicegobernador del ex gobernador Ricardo Colombi el año pasado.
Este jueves la Jefa de Asesores del mandatario bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, estuvo en Corrientes con algunos referentes del MDF de esa provincia para inaugurar la “Casa Peronismo con Axel-MDF Corrientes”. Por estos días, la funcionaria que es una de las armadoras políticas del gobernador también estuvo en Chaco y compartió una actividad con el ex diputado nacional, Juan Manuel Pedrini. “Acá y en todo el país, con Kicillof estamos construyendo una alternativa federal, inclusiva y de abajo hacia arriba, que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y una vida digna para nuestro pueblo”, dijo en su paso por las provincias del nordeste.

El recorrido de Kicillof por fuera de Buenos Aires, continuó el 31 de agosto en La Pampa, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto, aunque sin mayores movimientos de carácter político o con tintes electorales. Algo que sí sucedió el 9 de septiembre en Misiones, cuando se reunió con su par Hugo Passalacqua.
En Posadas también tuvo contactos con autoridades del Partido Justicialista (PJ) provincial, intendentes y referentes peronistas y brindó un discurso con contenido electoral: “Cuento con ustedes, cuenten conmigo”, cerró su alocución. Un posicionamiento que podría repetirse este sábado. En Misiones, según supo Infobae, el presidente del PJ misionero, Christian Humada, organizó una comitiva de personas para que saliera del partido. También hay grupos de misioneros que irán en autos particulares.
Además de lo que buscó “sembrar” Kicillof en las provincias que recorrió, ministros y dirigentes también intentarán aportar el resultado de sus recorridas por otras provincias.
En Entre Ríos, por ejemplo, hay un grupo de intendentes que llegarán este sábado a Avellaneda. El armado contó con el ok del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien tiempo atrás encabezó un encuentro en la localidad de San José, contra la costa del río Uruguay. El intendente de ese municipio, Gustavo Bastián, confirmó presencia. Forma parte de un grupo llamado “intendentes jóvenes”, que rondan los cuarenta años. También están allí Damián Arévalo, (San José de Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo). Los tres merodean el MDF.
De la región oeste también se espera presencia. Tiempo atrás el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto al intendente en uso de licencia de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estuvieron en la provincia de Mendoza. El armador allí es el diputado nacional Martín Aveiro. Además, estará la intendenta del Departamento de Santa Rosa, Flor Destéfanis.
Otros intendentes que estarán son Martín Pérez, Río Grande (Ushuaia); Pablo Graso, Río Gallegos (Santa Cruz); Karina Paniagua, Humahuaca (Jujuy); Pablo Corsalini, Pérez (Santa Fe).
POLITICA
Javier Milei y Diego Santilli llegan a Bahía Blanca para activar la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El presidente Javier Milei protagonizará este viernes una recorrida por Bahía Blanca junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una jornada que servirá como puntapié para la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.
En un principio, también estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien finalmente debió cancelar por temas de agenda. En cambio, para reforzar el tono electoral de la visita, sí estará el diputado nacional y principal armador de Karina Milei en el distrito, Sebastián Pareja.
La visita del jefe de Estado comenzará a las 11 horas con una recorrida por la planta de Compañía Mega —un consorcio integrado por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras—, que viene de adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar su complejo de procesamiento de gas.
La iniciativa comprende una inversión de US$365 millones y prevé la creación de 800 puestos de trabajo, uno de los elementos que buscará destacar el mandatario como un resultado de la iniciativa que impulsó su gestión para atraer ese tipo de capitales privados al país.
Con esa misma lógica, la comitiva se trasladará luego, alrededor de las 12.20, a las instalaciones del gigante agroindustrial francés Louis Dreyfus Company, que anunció una inversión de US$400 millones para construir en la ciudad una planta de procesamiento de girasol y soja que, según sus propias proyecciones, estará entre las más grandes del mundo.
Ya por la tarde, la visita de Milei tomará por completo un tinte electoral cuando se reúna con militantes en el centro de Bahía Blanca, en una búsqueda del oficialismo de retomar las viejas recorridas del Presidente por el territorio como las que encabezó en 2023 y 2025.
En ese sentido, el mandatario ya tuvo encuentros similares con sus seguidores recientemente en Rosario y Misiones, aunque esta será la primera en Buenos Aires desde enero, cuando recorrió Mar del Plata en una camioneta como parte de su llamado “Tour de la Gratitud”. El proyecto, que implicaba múltiples visitas a las provincias, se vio frustrado al poco tiempo por el estallido del escándalo alrededor del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A su vez, es la primera vez que el Presidente pisa Bahía Blanca desde las inundaciones que golpearon la ciudad en marzo de 2025, cuando recorrió las zonas afectadas y supervisó las tareas de asistencia a los damnificados. La elección del destino no es casual: con su visita a las plantas industriales, busca marcar aún más su distancia con la gestión de Axel Kicillof, que nunca adhirió al RIGI. Además, es una de las ciudades donde el sello libertario mide con más fuerza en la Provincia: el año pasado se impuso tanto en las provinciales de septiembre como en las nacionales de octubre (en esa ocasión, con el 54% de los votos).
POLITICA
El Gobierno formalizó la adhesión a un tratado de extradición con Chile y otro de cooperación judicial digital internacional

El Gobierno nacional promulgó este viernes dos leyes que aprobaron dos tratados de cooperación jurídica internacional. Uno de ellos estaba destinado a actualizar la extradición entre Argentina y Chile, mientras que el otro fue orientado a digitalizar el envío de pedidos entre autoridades centrales de distintos países.
De acuerdo con el Boletín Oficial, las normas, registradas como las leyes 27.824 y 27.825, habían sido sancionadas por el Congreso de la Nación el 27 de agosto. No obstante, el presidente Javier Milei las promulgó mediante los decretos N° 1032/2026 y 1033/2026.
En el caso de la Ley N° 27.824, esta contiene el Tratado de Extradición con Chile suscripto por ambos países el 5 de diciembre de 2023 en Santiago. El acuerdo está compuesto por 23 artículos y reemplaza el marco bilateral para tramitar solicitudes de entrega de personas requeridas por la Justicia de uno de los dos Estados.
De esta manera, el convenio regula los mecanismos de cooperación judicial entre la República Argentina y la República de Chile en causas penales. De esta manera, las autoridades destacaron que se trató de una iniciativa para reafirmar el “compromiso de luchas de forma coordinada contra la delincuencia internacional organizada”.

Según lo acordado, ambas naciones deberán permitir la extradición de personas que deban ser sometidas a proceso o juzgadas por delitos que representen una pena de un año o superior. También se incluirá a las personas que debieran cumplir una prisión preventiva pendiente de cumplimiento de un mínimo de seis meses.
En este sentido, aclararon que “un delito será extraditable independientemente de si las leyes de ambas partes lo tipifican dentro de la misma categoría o lo denominan con la misma terminología”. Asimismo, entrarán dentro del régimen los delitos vinculados a “tasas e impuestos, aduanas, aranceles y de cambio, o de cualquier otra disposición de carácter impositivo”.
Por otro lado, no se permitirá la extradición de personas que fueran enjuiciadas por su “raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, idioma, edad, capacidad mental, género u orientación sexual” y cuya sentencia hubiera sido dictada en ausencia o previera una pena de muerte.
Tampoco se incluirán los delitos que fueran considerados por la legislación militar, personas que hubieran sido indultadas o que la pena fuera considerada prescrita. Asimismo, no se tendrán en cuenta delitos políticos como, por ejemplo, atentados contra la vida o la integridad física de un jefe de Estado, personal diplomático o personas internacionalmente protegidas.
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En la lista de delitos políticos no extraditables figuraron causas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Además, se protegerá a aquellas personas que pudieran ser sometidas a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En tanto, la Ley N° 27.825 incorpora el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales. El convenio fue celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019.
La iniciativa busca establecer canales electrónicos para que las autoridades centrales de los Estados parte remitan y reciban solicitudes de cooperación jurídica internacional. Entre otros trámites, este tipo de mecanismos puede abarcar requerimientos de asistencia judicial que necesitan coordinación entre jurisdicciones de diferentes países.
De esta manera, se habilitó el acceso y utilización de la plataforma “Iber@”, que será implementada para transmitir las solicitudes realizadas en el marco de la cooperación jurídica internacional. Asimismo, indicaron que “la transmisión de solicitudes y su documentación por Iber@ no requerirá envíos físicos adicionales”.
A raíz de esto, se deberá designar al personal técnico idóneo para administrar la plataforma. Al mismo tiempo que se deberá acreditar a los usuarios que tendrán acceso, tendrán que establecerse los parámetros, especificaciones y requisitos técnicos a cumplir.
En línea con esto, aclararon que la financiación de Iber@ “para el desarrollo, la gestión, la administración y el mantenimiento” corresponderá a cada uno de los Estados que forman parte del tratado de cooperación. Los demás países suscriptos son Brasil, Chile, España, Paraguay, Portugal, Uruguay, Colombia.
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