El presidente Javier Milei publicó en las últimas horas una columna de opinión en el prestigioso diario británico Financial Times, en la que abogó por la creación de un régimen jurídico sin regulación previa para el despliegue de la inteligencia artificial (IA), y defendió el proyecto de ley que su gobierno envió al Congreso la semana pasada para modificar la ley de Sociedades.

El texto, firmado también por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, traza un paralelo entre la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 y el momento actual de la IA. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió el Jefe de Estado. Con esa imagen histórica, argumentó que la responsabilidad limitada fue el instrumento jurídico que permitió la revolución industrial, y que hoy se necesita un equivalente para los agentes de IA.

El proyecto de ley se apoya en tres pilares. El primero, según escribió Milei, es “un compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. El segundo es la creación de una nueva categoría en el derecho societario argentino: la corporación no humana, es decir, entidades operadas por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. Los accionistas humanos podrán participar, pero no serán un requisito. El tercero es un entorno fiscal competitivo, con una baja tasa de impuesto corporativo y libertad para elegir la ley de gobierno corporativo aplicable.

La reforma, elaborada en conjunto por el Ministerio de Desregulación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, también reconoce las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras gobernadas por código en una cadena de bloques (blockchain), y les otorga personería jurídica y responsabilidad limitada.

La columna de Milei llega en un momento de intensa actividad legislativa del Gobierno en materia tecnológica. Días antes del envío de este proyecto, el Ejecutivo remitió al Congreso el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos para atraer inversiones en infraestructura tecnológica, centros de datos e inteligencia artificial. Sturzenegger había anticipado la reforma societaria en abril, durante la Expo EFI, donde planteó que “en diez años, el PBI va a estar conformado por agentes de IA” y que Argentina podría albergar 50 millones de agentes autónomos que produzcan para el mundo y tributen en el país.

El artículo del Financial Times también funciona como una convocatoria a empresas tecnológicas globales. Milei recordó que el país avanzó 20 posiciones en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage en 2024 y 2025, el mayor progreso de cualquier nación en ambos años, y que las inversiones fluyen hacia sus recursos energéticos y mineros. “Que Buenos Aires sea para la IA lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación a vela“, escribió el presidente, en referencia al papel que la capital holandesa tuvo como centro financiero del siglo XVII.

La iniciativa de reforma societaria generó debate en Argentina. Peter Thiel, cofundador de PayPal y de Palantir Technologies —empresa de análisis de datos valuada en más de 300.000 millones de dólares que trabaja con agencias de inteligencia y defensa de Estados Unidos— estuvo en Buenos Aires varias semanas en abril y mayo. Durante esa estadía se reunió con Milei en la Casa Rosada y cenó con Sturzenegger días antes de que el ministro enviara el proyecto al Congreso.

Las estructuras DAO que el texto reconoce y dota de personería jurídica son el tipo de entidades que Thiel financió durante años a través de sus fondos de inversión. La oposición señaló esa coincidencia y cuestionó si el empresario tuvo participación en la redacción del proyecto.

En otro pasaje del artículo, Milei sostuvo que la “Argentina se ha transformado en los últimos dos años”. “La inflación, antes una amenaza existencial, ha sido controlada —aunque la tarea no ha terminado—. Un superávit fiscal, combinado con el programa de desregulación más ambicioso del mundo, ha devuelto la economía a una trayectoria de crecimiento tras 15 años de estancamiento. Las inversiones fluyen hacia nuestros recursos energéticos y mineros de clase mundial, en una región de estabilidad geopolítica, algo cada vez más escaso», remarcó.

La columna también generó reacciones entre funcionarios argentinos. Alec Oxenford, embajador de Argentina en Estados Unidos, celebró el artículo en su cuenta de X. “¿Quién hubiera dicho que Argentina estaría alguna vez a la vanguardia mundial en materia de ideas institucionales y jurídicas?”, escribió. Oxenford señaló que el país “se anima a abrazar el futuro” con una propuesta que, a su juicio, va más allá de la competencia fiscal: “No solo competir con impuestos más bajos, sino también con mejores ideas”.

Una postura opuesta planteó también en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó el martes, una orden ejecutiva titulada “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”. La medida pide a las empresas de IA someter voluntariamente sus modelos más avanzados a una revisión gubernamental de hasta 30 días antes de su lanzamiento público, con foco en riesgos de ciberseguridad y seguridad nacional.

El texto de la Casa Blanca aclara que la medida no crea un sistema de licencias obligatorias, pero establece un mecanismo de supervisión federal que el gobierno argentino descarta por completo. Esta posición tiene lugar, además, en una discusión global sobre los mecanismos de regulación a las empresas de inteligencia artificial.

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Lo que comenzó como la investigación de un robo en un galpón terminó destapando una trama de corrupción que involucra a exfuncionarios de ARSAT, con contratos inflados artificialmente.

El fiscal Fernando Domínguez, de San Isidro, lleva adelante la causa. Y los chats entre los integrantes de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) son, según la Justicia, una prueba clave de la maniobra.

En una conversación entre Diego Padilla y Fernando Paredes, dos integrantes de ALS, queda expuesta la naturaleza de la relación con ARSAT: “Cerrado tema depósito. Avancemos a full. Tendríamos que hacer un contrato entre ALS y ARSAT, ¿no? Se lo tendrías que pedir”.

Pero el mensaje más revelador es otro, donde queda claro cómo los responsables de la empresa incorporaban en los contratos servicios que no prestaban, con el único objetivo de cobrarle más dinero a ARSAT: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas”.

En otro mensaje, Sofía Varela Vizgarra, directiva de ALS, le envía a Diego Maximiliano Enrique Padilla dos recibos electrónicos de pasajes aéreos, uno a nombre del propio Padilla y otro a nombre del funcionario Pablo Gastón Pagani, lo que lleva a inferir que gestionó o costeó los boletos con fondos de la empresa.

La Fiscalía fue contundente en su interpretación: “No se habla aquí de ajustar el contrato a una prestación real, sino de agregar ítems inventados, como los viajes de vuelta sin carga o el uso de grúas, con el único fin de elevar artificialmente el monto a facturar. Y va más allá: Pando insta a ‘apretarlo a Gerardo’, en referencia a Gerardo Boschin, funcionario de ARSAT, para que efectivamente incluya esos ítems inflados en el contrato definitivo”.

La investigación apunta a tres hechos centrales. Primero: los funcionarios diseñaron la contratación para favorecer a ALS. Segundo: no había una necesidad real de contratar a esa empresa, se pagó de más y el contrato fue direccionado. Tercero: los funcionarios cobraron coimas a cambio del contrato, en efectivo, pasajes y otras formas.

El robo que destapó todo

La historia arrancó con un robo. ARSAT alquilaba un predio en San Fernando, provincia de Buenos Aires, para guardar equipos tecnológicos. Quien le ofreció ese predio fue la propia empresa Argentina Logistic Services, la misma que había contratado para custodiar sus bienes. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, entraron al predio y robaron tecnología de alto valor, equipos para la red de fibra óptica y cobre. Las pérdidas totales ascendieron a 150.000 dólares.

Cuando la Justicia empezó a investigar el robo, descubrió que ALS había prestado todo menos servicios de seguridad: el cerco perimetral estaba desconectado, los domos de seguridad no funcionaban, las cámaras estaban fuera de servicio y no captaron el momento del robo, y la empresa no tenía control sobre todos los portones del predio. Lo único que ofrecía era un vigilador y un predio alambrado.

Cómo se armó la maniobra

La trama, según la investigación, comenzó en junio de 2021, cuando Juan Andrés Navarro firmó un memorándum para “cambiar el depósito de bienes de ARSAT” sin una necesidad clara. El mismo documento señalaba que ALS era la empresa “indicada” para el trabajo y solicitaba avanzar con una contratación directa, una modalidad que solo se justifica en casos de urgencia.

En septiembre de 2021, ARSAT llamó a cotizar. El 10 de ese mes se presentaron tres ofertas: la de ALS llegó a las 14:41, la de Transporte Padilla —empresa vinculada a Diego Padilla, vicepresidente de ALS— a las 15:09, y la de Tradelog a las 15:24. Todas el mismo día y casi a la misma hora.

La Justicia siempre desconfió de esa cercanía. Con el tiempo confirmó que las tres ofertas eran falsas. ARSAT terminó eligiendo a ALS y le pagó en total 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos en una contratación directa.

Un dato que refuerza la hipótesis de que todo estaba armado de antemano: en mayo de 2021, es decir, meses antes de que ARSAT llamara a cotizar, ALS ya había firmado el contrato de alquiler del predio de San Fernando. Como si supiera de antemano que iba a ser contratada.

Todos los exfuncionarios de ARSAT que están bajo la lupa de la Justicia son de origen mendocino:

• Facundo Leal, expresidente de ARSAT
• Gerardo Boschin, exgerente de Compras de ARSAT
• Juan Andrés Navarro, exgerente de Administración y Finanzas
• Pablo Pagani, exgerente de Finanzas de ARSAT

Leal es el nombre más resonante. Fue presidente de ARSAT tanto durante la gestión de Alberto Fernández como en los primeros tramos del gobierno de Milei, entre 2022 y 2024, y luego ocupó un cargo en ORSNA en 2025. Fue detenido en los últimos días.

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En los allanamientos a los exfuncionarios, la sorpresa fue mayúscula. En el departamento de Palermo y en la casa de Mendoza de Facundo Leal, el expresidente de ARSAT, se secuestraron en total 2,4 millones de dólares en efectivo, más pesos argentinos, pesos uruguayos, mexicanos y colombianos, reales, euros y chelines tanzanos.

También encontraron drogas: 300 gramos de ketamina, cristal MDMA, 70 pastillas de MDMA, cocaína, drogas sintéticas y una balanza.

ARSAT, Aura