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POLITICA

Tras la marcha universitaria, Amnistía Internacional alertó por el ajuste del Gobierno en “áreas sensibles”

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Amnistía Internacional alertó este miércoles que la resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada a fines de abril, resulta “relevante” en el país después de la multitudinaria marcha universitaria del martes último, dado que, recordó, aquel organismo ya advertía que las decisiones del Gobierno sobre impuestos, presupuesto, gasto público y deuda deben evaluarse bajo estándares de “derechos humanos”.

“La Resolución 2/26 resulta especialmente relevante para Argentina, en un contexto de ajuste fiscal sostenido y profundización de los recortes sobre áreas sensibles”, señaló Amnistía a través de un comunicado difundido este miércoles.

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Y añadió que “la masiva Marcha Federal Universitaria volvió a poner en evidencia las consecuencias concretas de esa política: estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales se movilizaron en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la garantía de recursos suficientes para sostener la educación pública”.

Córdoba. Cuarta marcha universitaria federalLa Voz Gentileza

A su vez, indicó Amnistía, las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) muestran “cómo el eventual desvío o uso ineficiente de recursos públicos puede afectar directamente a personas que dependen de prestaciones estatales para su autonomía e inclusión”.

“La resolución de la CIDH vuelve a confirmar una idea urgente y obvia: sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible. No es un documento abstracto. Interpela directamente las decisiones que se toman hoy en Argentina. Cada recorte en niñez, educación o protección social debe poder justificarse bajo estándares de derechos humanos”, destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

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La Resolución 2/26 fue impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a cargo del relator Javier Palummo Lantes, y es la primera resolución específica que fija estándares jurídicos sobre la relación entre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano.

Esa resolución establece que los Estados deben “diseñar, ejecutar y evaluar sus políticas fiscales de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

¿Qué implica? Que “las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y medidas de ajuste no pueden adoptarse como decisiones meramente económicas, sino que deben analizarse según su impacto en la garantía de derechos”, indicó Amnistía en un cmunicado.

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Entre sus principales estándares, exige que “cualquier retroceso en derechos sea excepcional, temporal, necesario, proporcional y no discriminatorio. También obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles —incluyendo el combate a la evasión, la revisión de beneficios fiscales injustificados y la prevención de la corrupción— antes de recortar servicios esenciales”, añadió.

Y señaló que la corrupción “puede constituir una violación de derechos humanos, especialmente cuando desvía recursos destinados a personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.

Estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales participaron de la cuarta Marcha Federal Universitaria en la ciudad de MendozaMarcelo Aguilar – La Nación

A ese contexto se suma la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo, que dispuso nuevas reducciones presupuestarias en áreas clave del Ministerio de Capital Humano.

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Entre ellas, se recortaron “$55.465 millones en programas de niñez, adolescencia y familia, y $78.711 millones en educación, incluyendo fondos para alfabetización y compensación salarial docente”, consignó Amnistía.

El lunes último, mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.

El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto, y los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, la poda también se dio en el presupuesto educativo.

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Javier y Karina MileiNatacha Pisarenko – AP

El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.




la multitudinaria marcha universitaria del martes último,modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades,marcha,Conforme a,,Galleguito Álvarez. El peronista que se volvió “karinista” y que está al frente del recorte a las universidades,,Argentina: El gobierno de Milei cuestionó la marcha federal universitaria,,Pasa a la semana próxima. Sin apoyo de los gobernadores, el intento opositor por interpelar a Adorni se postergó en Diputados,Marcha,,»La situación es crítica». Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario,,Tras la multitudinaria marcha. El urgente pedido de la UBA a la Corte Suprema por la ley de financiamiento universitario,,De Jujuy a Tierra del Fuego. La marcha universitaria se replicó en todo el país con protestas en más de diez provincias

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Provincia: la Junta Electoral propuso modificar la ley que rige las elecciones y empieza el debate por el desacople con las presidenciales

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LA PLATA.- La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires propuso modificar las leyes electorales que rigen las primarias y los comicios generales. De este modo, aceleró un debate que ya tiene lugar sobre la suspensión de las PASO y el posible desdoblamiento de los comicios bonaerenses de los nacionales para 2027.

El anteproyecto redactado por la Junta Electoral está destinado a ampliar los plazos para dar previsibilidad a todo el proceso, luego de la experiencia del año pasado, cuando en un mismo período electoral se suspendieron las PASO y se desdoblaron los comicios provinciales.

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El gobierno de Axel Kicillof dijo la experiencia de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales resultó positiva. Y todo indica que se inclinará por la misma fórmula para el año próximo. Esta es una facultad que tiene el gobernador, quien firma el decreto de llamado a elecciones.

Kicllof no tiene reelección en Buenos Aires, ya que cursa su segundo mandato consecutivo como gobernador. Todo indica que buscará anticipar los comicios en la provincia para apalancar con un triunfo peronista su eventual candidatura a presidente de la Nación.

Un eventual anticipo quitaría tiempo a la oposición, que en este territorio se muestra fragmentada en múltiples facciones: La Libertad Avanza aumentó su poder en la Legislatura, pero aún es minoría y tiene más de tres candidatos a gobernador. Además, los intendentes del PJ reclaman el desdoblamiento.

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Kicillof y algunos intendentes del PJ que apoyan su proyecto presidencialPrensa PBA

A su vez, el radicalismo no resolvió si se posicionará en la oferta electoral de manera autónoma o buscará alianzas, de modo tal de reflotar el sello de Juntos por el Cambio que propició el gobierno de María Eugenia Vidal. Y Pro cada vez da más señales de diferenciarse de La Libertad Avanza, con la que participó en unidad en los últimos comicios en este territorio.

En suma: anticipar elecciones sólo podría favorecer al partido en el gobierno desde la perspectiva actual de Kicillof. Previo a esta decisión, el gobierno provincial deberá resolver si propone suspender otra vez las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que no están eliminadas. Esta es una facultad del Poder Legislativo.

En este punto, la Junta Electoral busca dar previsibilidad a los procesos. En concreto, ampliar los plazos entre la presentación de alianzas transitorias, la presentación de candidatos y la boletas partidarias. Más los plazos de comienzo y finalización de las campañas.

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Esta modificación supone que las alianzas deben presentarse 80 días antes de la elección -en lugar de 60-, lo que dará lugar a anticipar todo el calendario. Es decir que en lugar de junio, posiblemente las alianzas deberían cerrarse en mayo, ante una eventual PASO en agosto.

Además, la iniciativa propone ampliar de 50 a 60 días el espacio entre la presentación de candidatos y los comicios. La Junta Electoral bonaerense propuso al Poder Ejecutivo modificar la ley 5109 para las elecciones generales. Y la ley 14.086 para los comicios primarios.

Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, los tres integrantes de la Suprema Corte bonaerenseSCBA

Este cuerpo, que estuvo presidido por Hilda Kogan a la hora de redactar la reforma elevada al Poder Ejecutivo, recordó que el año pasado ya advirtió sobre las dificultades de desdoblar sin modificar los plazos y que entonces hubo una reforma de urgencia. Ahora busca ampliar aún más esos términos para “asegurar que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable pone en jaque el debido proceso electoral”.

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Acompaña con su firma Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia y hombre de confianza de Kicillof.

Axel Kicillof con Federico Thea.Internet

El Gobernador vería con agrado este esquema que supone, por un lado, que la Legislatura amplíe los plazos a pedido de la Junta Electoral, lo que en términos prácticos apuraría una definición de alianzas. Y por otro lado, una vez instalado ese debate, introducir la posibilidad de volver a suspender las PASO para ordenar la oferta detrás de la candidatura presidencial de Kicillof, como instancia previa a un desacople de los comicios nacionales.

La propuesta de la Junta Electoral fue remitida al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya que no tiene facultades para impulsar proyectos en la Legislatura.

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El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

La estrategia kiciloffista se acelera pero tendrá una discusión crucial en la Legislatura, donde aún tiene mayoría el espacio peronista aliado a La Cámpora y sectores del peronismo que no ven en Kicillof un jefe político, sino un jugador más que llegó a tener poder como resultado de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner.

Kicillof aún tiene cartas para negociar los próximos pasos, como el reparto de fondos a intendentes que en definitiva son jefes políticos de legisladores y que juegan en tándem a la hora de votar leyes. Y darles aval para que eventualmente ellos puedan ir por la reelección, una posibilidad limitada a dos mandatos.

La oposición, por su parte, intentará introducir otro debate: la Boleta Única Papel como alternativa a la lista sábana que aún rige en este territorio.

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El debate también tiene el apoyo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien tras el último proceso electoral donde se utilizaron dos instrumentos distintos de votación, llamó a unificar criterios y dar previsibilidad al próximo proceso electoral en la Provincia.




María José Lucesole,Conforme a

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El reclamo del gobernador de Misiones por el recorte de fondos al Parque Nacional Iguazú: “Les ruego que revean esta medida”

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, envió notas formales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar la revisión de los recortes presupuestarios aplicados al Parque Nacional Iguazú y a la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan. El mandatario advirtió que la medida compromete la conservación de 70 mil hectáreas de selva pura y el equilibrio ambiental que sostiene la vida productiva de numerosos municipios misioneros.

La reducción surge de la Decisión Administrativa N° 20/2026, que modifica el presupuesto establecido por la Ley N° 27.798. Según detalló Passalacqua en ambas misivas, los ajustes alcanzan 41.715.920 pesos destinados al Parque Nacional Iguazú y 12.123.088 pesos correspondientes a Campo San Juan. Las cartas expresan, en sus propios términos, “profunda preocupación” por el efecto de esa norma sobre las tareas de conservación, seguridad y vigilancia de las áreas protegidas.

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El reclamo del gobernador no se limita al impacto turístico. Passalacqua advirtió que el conjunto de áreas naturales protegidas de Misiones resguarda el remanente más extenso y mejor conservado de la Selva Paranaense, zona que concentra el 52% de la biodiversidad de la Argentina. En ese marco, el ajuste no afecta únicamente a las Cataratas del Iguazú como destino internacional, sino al andamiaje ecológico que sustenta actividades productivas y económicas en toda la provincia.

Durante el acto realizado en la provincia, el mandatario misionero amplió su posición con términos contundentes. “El recorte que hicieron en el parque nacional asciende a decenas de millones y afecta de manera muy grave su sostenimiento. Me duele profundamente, porque rompe el ecosistema. Es grave, muy grave”, señaló, según la gacetilla oficial del Gobierno de Misiones. La frase sintetiza una preocupación que Passalacqua ya había volcado en sus redes sociales: “Somos monte, esto es algo muy malo”.

Las imponentes Cataratas. El Parque Nacional Iguazú actúa como motor económico regional y sustenta financieramente a otros parques nacionales de Argentina

El gobernador también introdujo un argumento de orden financiero para reforzar su posición. Sostuvo que “el Parque Nacional Iguazú con su ticket solventa todos los demás parques nacionales”, lo que convierte al área misionera en un engranaje que financia la red de espacios protegidos a escala nacional. Bajo esa lógica, el recorte no solo debilita la gestión local, sino que repercute sobre el sistema federal de parques en su conjunto.

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En las notas dirigidas a Adorni y Caputo, Passalacqua subrayó que el Parque Nacional Iguazú “constituye un motor económico de la región” y que, junto a Campo San Juan, forma parte del Sistema de áreas Naturales Protegidas de Misiones. Ese sistema, según describió el mandatario, alberga el 52% de la biodiversidad del país y actúa como ecosistema de transición entre distintas zonas productivas de la provincia.

El gobernador precisó, además, que el ajuste “afecta de manera grave y directa a la sostenibilidad de los trabajos de conservación, seguridad y vigilancia del manejo de estas áreas, en un contexto donde la protección de la biodiversidad debe ser una prioridad estratégica”, de acuerdo con el texto de las misivas reproducido por la gacetilla oficial. La mención explícita a la seguridad y la vigilancia apunta a las consecuencias operativas inmediatas de la reducción de fondos.

En su publicación en redes sociales, Passalacqua amplió el alcance territorial del problema. Describió las 70 mil hectáreas como “orgullo nacional y sostén ambiental de muchísimos municipios misioneros” y advirtió que, si el parque se debilita, “se resiente todo el equilibrio ambiental que sostiene vida, producción y trabajo” en esas localidades. El planteo conecta la conservación ecológica con la viabilidad económica de comunidades que dependen del entorno selvático.

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El mandatario cerró su intervención pública con una solicitud directa al Gobierno nacional: que se revise la medida. “Les ruego que revean esta medida. Cuidar la selva misionera debe seguir siendo una prioridad de todos”, escribió en su cuenta oficial, según el tuit reproducido como fuente de esta nota.

Posadas,Misiones,Puerto,Privatización,Logística,Argentina,Comercio,Inversión,Economía,Portuario

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Lilia Lemoine fue citada a indagatoria en una causa correccional por sus agresiones a Ian Moche

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La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) fue citada a prestar declaración indagatoria en una causa correccional en la que se investigan sus agresiones al activista Ian Moche, un chico de 12 años padece un trastorno del espectro autista y criticó los recortes del Gobierno en el área de discapacidad.

Lemoine, una persona de confianza de Milei, deberá comparecer el próximo 28 de mayo, según dispuso el fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino. El caso se abrió a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza.

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La excosplayer y titular de la comisión permanente de Juicio Político en la Cámara baja podrá asistir a la audiencia acompañada por su abogado.

En este expediente se intenta determinar si Lemoine cometió una contravención cuando sostuvo que a Ian Moche lo hacían “actuar de autista”. Y apuntó contra su madre, Marlene Spesso.

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza”, había dicho Lemoine en La Nación +.

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Pagano pidió investigar esos dichos y las expresiones que vertió la diputada de LLA en un posteo que publicó en su red social de “X”, cuando dijo que Marlene Spesso usaba a su “hijito para figurar” y “ganar plata”. Además, la tildó de “cobarde”.

Lilia Lemoine y IAN MOCHE

En este expediente se investiga si la diputada de LLA cometió la infracción de “maltratar” prevista en el artículo 55° del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Ese apartado apunta a “quien ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad, siempre que el hecho no constituya delito”.

En el supuesto de una condena, es una infracción que prevé como posible sanción de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, una multa o hasta cinco días de arresto. La pena de la detención no aplicaría para el caso de Lemoine, ya que cuenta con fueros legislativos. Sí podría caberle un agravante, previsto en el artículo 56° del código contravencional, ya que Ian Moche es menor de edad.

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El joven activista e influencer ya había sido blanco de las críticas de Milei. En junio de 2025, el Presidente replicó una publicación de un troll libertario en redes sociales, en la que se acusaba a Moche y a su madre de ser kirchneristas y “operar en contra del Gobierno”.

Tiempo antes, Ian y su madre habían quedado envueltos en una controversia con Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, les respondió Spagnuolo a Moche y su madre, durante un encuentro en marzo de 2024. El exfuncionario -que fue eyectado por la denuncia sobre el supuesto pago de coimas en su área- lo negó.

Durante un debate en La Nación +, Lemoine reiteró más de una vez que Moche era “supuestamente autista” y sostuvo que su madre no estaba “bien de la cabeza”.

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Luego de que un grupo de diputados impulsara un proyecto de resolución para expresar un repudio sobre las expresiones de la libertaria, la libertaria ratificó su postura. “Yo jamás dije nada de Ian Moche, solo que la madre lo está utilizando para actuar de autista”, se defendió.

En ese momento, el abogado constitucionalista y defensor de Moche y su madre, Andrés Gil Domínguez, brindó datos sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) obtenido por el activista en 2020. “La Andis le otorgó el CUD mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030″, señaló.

A través de Gil Domínguez, Moche denunció a Lemoine por “inhabilidad moral” con el fin de que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo.

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