ECONOMIA
Ante la mayor mora en los colegios privados crece el uso de seguros para blindar la matrícula
El primer semestre del ciclo lectivo expuso con crudeza la tensión entre el presupuesto de las familias de clase media y las cuotas de los colegios de gestión privada. En un contexto económico donde los ingresos no logran emparejar el ritmo de las tarifas y la inflación de servicios, la morosidad en los colegios privados bonaerenses y porteños muestra una preocupante tendencia al alza.
Según estimaciones sectoriales, la mora promedio ya ronda entre el 15% y el 25% según la zona y el nivel de subvención estatal de cada institución. En los colegios de cuota «plena» (sin subsidios), el desfasaje es todavía más marcado, obligando a las administraciones a buscar herramientas financieras para no desfinanciar el pago de salarios docentes y el mantenimiento edilicio.
En este escenario de asfixia cruzada, donde los colegios no pueden por ley cortar el servicio educativo a mitad de año y las familias agotan las tarjetas de crédito, los seguros de continuidad escolar y de desempleo se han transformado en la última línea de defensa para garantizar que los chicos sigan en las aulas.
Detrás de las frías planillas de Excel que manejan los representantes legales de los colegios, la realidad de las familias evidencia una ingeniería financiera mensual al límite. Del otro lado, es decir desde la gestión institucional, la situación no es más sencilla. Los colegios privados enfrentan aumentos paritarios docentes constantes que deben trasladar inmediatamente a los aranceles, bajo la amenaza de comprometer su propia viabilidad económica.
«La morosidad no se traduce necesariamente en que la gente se va del colegio, sino en que se estiran los plazos de pago», explica Martín Ortiz, contador y asesor de tres colegios privados en el Gran Buenos Aires. «Históricamente la mora técnica a mitad de mes era del 8% o 9%. Hoy supera cómodamente el 20%. Los padres vienen a pedir planes de pago, piden pagar en tres cuotas la matrícula o directamente se atrasan dos meses y compensan cuando cobran el aguinaldo. Para un colegio, que tiene el 80% de su estructura de costos en salarios, esto es una bomba de tiempo».
El escudo financiero: cómo funcionan los seguros en las escuelas
Frente a este ecosistema de incertidumbre, los colegios y las familias comenzaron a demandar coberturas específicas de compañías aseguradoras para blindar el pago de los aranceles frente a imprevistos severos. Básicamente, existen dos grandes esquemas que conviven hoy en el mercado local:
1. El Seguro de Continuidad Escolar (o de Vida Colectivo)
Es el más difundido a nivel institucional y, en muchos colegios de cuotas medias y altas, ya se incluye de forma obligatoria o sugerida dentro de la propia matrícula anual. Garantiza el pago del remanente de las cuotas del alumno hasta la finalización de sus estudios (ya sea el ciclo primario o secundario completo) en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente del padre, madre o tutor responsable del pago de los aranceles.
Se contrata como una póliza colectiva. El costo se prorratea mensualmente entre toda la masa de alumnos (suele representar un porcentaje marginal sobre el valor de la cuota, habitualmente menos del 1,5%), lo que lo hace muy accesible en comparación con una póliza de vida individual.
2. Seguro de Desempleo e Interrupción de Ingresos
Es un formato que ha ganado terreno de manera individual por parte de los padres trabajadores en relación de dependencia o autónomos.
En caso de despido involuntario (para empleados en relación de dependencia) o de incapacidad temporal por accidente o enfermedad (frecuente para profesionales independientes o monotributistas), la aseguradora cubre el pago de la cuota escolar por un período determinado, que suele oscilar entre 3, 6 o hasta 12 meses.
Estas pólizas exigen por lo general una antigüedad laboral mínima (usualmente de 12 meses continuos en el mismo empleo) y un «período de carencia» o franquicia temporal (por ejemplo, el seguro se activa a partir de los 30 días de ocurrido el despido y no cubre indemnizaciones por renuncia voluntaria o despidos con justa causa).
Para los analistas de consumo y educación, la tendencia de sumar seguros para amortiguar la mora llegó para quedarse. Las instituciones educativas buscan activamente transferir el riesgo de incobrabilidad para no verse obligadas a judicializar las deudas o a tener que negar la rematriculación para el año siguiente, una decisión que suele tensionar la relación con la comunidad escolar.
Por su parte, las familias asumen estos micro-costos mensuales dentro de la cuota como una «garantía de paz mental». En una economía propensa a los shocks, saber que ante una desgracia familiar o la pérdida del empleo el hijo no sufrirá el desarraigo de perder a sus compañeros y su escuela, es un valor que la clase media argentina busca preservar a toda costa.
Seguro de Continuidad Escolar (o Seguro Educativo)
Las principales compañías que ofrecen este producto:
- Federación Patronal: Cuenta con uno de los productos de Continuidad de Estudios más estructurados del mercado. Su gran diferencial es que, ante un siniestro, paga directamente al establecimiento educativo para evitar que los fondos se desvíen. Además, permite que el costo de la póliza sea debitado de forma individual a cada padre, quitándole al colegio la carga de recaudarlo
- Orígenes Seguros: Es una de las firmas referentes en seguros de personas y ofrece coberturas diseñadas para la continuidad escolar, comercializadas tanto a nivel corporativo/institucional con los colegios como a través de brokers
- Sancor Seguros: A través de sus ramas de seguros de personas y vida colectivo, provee a instituciones educativas y mutuales de coberturas ante invalidez o fallecimiento del tutor, garantizando que el fondo cubra los aranceles pendientes del alumno
- SMG LIFE (Swiss Medical Group): Ofrece seguros educativos orientados tanto a la continuidad ante imprevistos graves del tutor, como a planes de ahorro garantizado para la educación futura de los hijos
- MGS Seguros: Cuenta con planes específicos bajo el nombre de «Educación Asegurada» orientados a resguardar los costos escolares familiares ante imprevistos de ingresos de los padres
Seguro de Desempleo y Pérdida de Ingresos
- Galicia Seguros: Ofrece seguros de desempleo directo para trabajadores en relación de dependencia. Al activarse tras un despido involuntario, entrega un respaldo económico mensual (con topes de 3 a 6 meses de cuotas) que las familias destinan al pago de sus obligaciones corrientes, entre ellas, el colegio
- Banco Macro (Seguro Educación): Ofrece un producto denominado «Seguro Educación» orientado específicamente a resguardar económicamente los proyectos escolares de los hijos ante eventos inesperados (accidentes, invalidez o fallecimiento), brindando liquidez directa para sostener la cuota
- BBVA Seguros (en alianza con Assurant): Cuenta con pólizas de desempleo dirigidas tanto a empleados en relación de dependencia como a autónomos/monotributistas (cubriendo incapacidad temporal para estos últimos). La indemnización es de libre disponibilidad y permite mantener al día las cuentas del hogar, incluyendo los aranceles escolares
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ECONOMIA
Mejora el clima internacional y hay récord de reservas: ¿por qué el riesgo país no logra perforar los 400 puntos?
- La suba de los bonos dolarizados ya fue significativa en lo que va del año, cercana al 10 por ciento. Ahora los rendimientos promedios de los bonos se ubican en niveles cercanos de 9% anual en dólares. Por lo tanto, ya dejaron de ser tan atractivos para fondos especulativos y pasan a ser más buscados por inversores de largo plazo. El “premio” esperado ahora por invertir en estos títulos ya no luce tan atractivo como antes, por lo que la apreciación es mucho más lenta.
- Hay un espacio para la compresión de rendimientos en relación a otros países que tienen la misma calificación de Argentina, pero ya no es tan significativa. Los países que tienen nota “B”, similar a la que las agencias le pusieron recientemente a la deuda local, presentan un rendimiento que oscila entre los 350 y los 370 puntos básicos. En ese sentido, quedaría un margen pero no demasiado significativo para esperar una mejora adicional.
- El riesgo electoral está presente, en particular para los tenedores de bonos. Todo el mercado espera que el año que viene sea mucho más turbulento, ante la incertidumbre relacionada con las próximas elecciones presidenciales. En ese escenario, es esperable no solo mayor volatilidad cambiaria, sino también en el mercado de bonos. En tal sentido, quedarse invertido en deuda argentina también implica asumir un riesgo adicional, que no todos los tenedores actuales estarán dispuestos a afrontar. Posiblemente ésta sea la causa principal detrás de la resistencia de los bonos para seguir subiendo.
- Las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen altas. El aumento de la inflación norteamericana producto de la suba de los combustibles mantiene en alerta a la Reserva Federal. Los índices arrojaron niveles superiores al 4% anual a mediados de año, lo que incluso llevó a especulaciones sobre posibles aumentos de los rendimientos. Sin embargo, el nuevo titular de la FED, Kevin Warsh, decidió esperar y hasta ahora no se han definido cambios. Por ahora, los rendimientos de los bonos a diez años se mantienen muy altos y representan una traba para una mejora adicional de la deuda argentina.
- Falta de acceso a los mercados internacionales. Muchos inversores observan con impaciencia la decisión del Gobierno de no salir a financiarse fuera del mercado local para no pagar tasas excesivas. Pero a su vez esto genera dudas sobre la capacidad del Gobierno de juntar los dólares necesarios para repagar la deuda a futuro. Para compensar estas criticas, el equipo económico presentó el plan financiero 2026-2027 para demostrar que tiene los recursos que precisa para repagar la deuda sin necesidad de salir al mercado internacional.
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ECONOMIA
Javier Milei: “Las reformas apuntan al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años”
“Lo que ha significado ese paquete de reformas es atacar el corazón de la decadencia argentina”, afirmó el presidente Javier Milei, al explicar el alcance del conjunto de cuatro reformas estructurales que presentó la semana pasada en cadena nacional. Además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el paquete incluye una reforma del grillete fiscal, una del mercado de capitales y otra del mercado de seguros, con las que el mandatario busca transformar el andamiaje de la estructura financiera de la economía argentina.
Para respaldar ese diagnóstico, en una entrevista con Luis Majul en La Nación+, Milei recurrió a un dato histórico: desde 1901 hasta la fecha, la Argentina acumuló 22 crisis económicas, de las cuales 20 tuvieron origen fiscal. Según describió, ese patrón se repitió con una secuencia casi invariable: déficit fiscal, endeudamiento, default, emisión monetaria, inflación y suba de impuestos. Ese ciclo, sostuvo, convirtió al país en uno de los que más tiempo pasó en recesión durante los últimos 50 años y lo llevó de ser una de las economías más ricas del mundo a ubicarse por debajo de la mitad de la tabla global.
“Entiendo que es una cuestion técnica y que puede parecer lejana, pero es terminar con la terminar la estafa de la política con los argentinos. Es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina. No va a ser instantáneo”, dijo el primer mandatario respecto a que la medida impactará en la cotidianeidad de los argentinos. Y continuó: “No se va a poder falsificar más dinero. Cuando emite para financiar al fisco, es una falsificación de dinero. Además, es un delito penal”.
Al explicar los efectos de terminar con la inflación, Milei subrayó que sus beneficios recaen principalmente sobre los sectores más vulnerables. “Es la política más pro pobre que existe”, afirmó, y agregó que la estabilidad de precios también reduce la volatilidad de los precios relativos y, con ello, habilita mayor crecimiento económico.
En materia de crecimiento, Milei sostuvo que la economía argentina creció 6% en 2024 respecto a 2023, y estimó un alza de entre 3% y 4% en 2025. “En promedio hemos crecido 5%, es decir, cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia”, señaló el mandatario.
Ante la objeción de que ese crecimiento no llega a todos los sectores por igual, Milei respondió: “Eso es falso” y rechazó la noción de “teoría del derrame”, que consideró una “falacia” utilizada por el socialismo para atacar al liberalismo. En su lugar, planteó que cuando un sector prospera, el dinero generado puede reinvertirse —lo que produce más empleo, más producción y mejores precios— o volcarse a otros sectores de la economía. “Si hay derrame, hay derrame para los dos, porque si vamos a hacer una transacción, usted gana con la transacción y gano yo”, graficó. Como ejemplo, señaló el desarrollo que el auge petrolero y gasífero está generando en Neuquén y Río Negro.
Sobre los altos niveles de morosidad, Milei planteó que, si dos privados firman un acuerdo y uno no puede cumplirlo, “el Estado no debe hacerse cargo de esa deuda. Pasarle la cuenta a todos los demás me parece que no está bien”, afirmó, aunque aclaró que el gobierno fomenta activamente la refinanciación entre privados y que los bancos que renegocian deudas actúan de forma correcta. “Es un problema entre privados”, subrayó.
En ese contexto, el mandatario aportó datos sobre la mejora del perfil crediticio del país. Tres calificadoras de riesgo elevaron la nota de la Argentina, lo que se traduce en menor riesgo país, menores tasas de interés y plazos más largos para refinanciar deudas. Milei situó el riesgo país en 420 puntos tras las elecciones de 2025 y señaló que con un riesgo país de 500 puntos la economía argentina puede crecer entre 7% y 8%. “Mirá qué cosa linda viene para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, expresó.
Entrevista patagónica
Además, en una entrevista publicada este domingo por el Diario Río Negro, Javier Milei señaló que la economía argentina evolucionó en línea con lo proyectado al inicio de su gestión y en algunos aspectos superó las expectativas. Enumeró como logros el superávit fiscal sostenido, la baja de la inflación, la eliminación del cepo cambiario y la recomposición de reservas. “La actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años”, afirmó, aunque reconoció que muchos argentinos aún no perciben esa mejora en su vida cotidiana.
En materia impositiva, Milei destacó que desde el inicio de su mandato el gobierno redujo o eliminó más de veinte impuestos por un equivalente a 2,5 puntos del PBI. La reducción del gasto público —explicó- devolvió miles de millones de dólares para que el sector privado invierta de forma voluntaria. Reiteró que las retenciones son una “injusticia” que el campo carga desde hace tiempo y que su eliminación definitiva es un objetivo a alcanzar a medida que crezcan el superávit y la economía.
En cuanto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el presidente informó que las inversiones aprobadas ya superan los USD 46.000 millones, con compromisos por más de USD 100.000 millones en etapa de evaluación. “Si sumamos las inversiones anunciadas, estamos hablando de más de USD 150.000 millones”, señaló, y subrayó que ese volumen se alcanzó en una economía que, hasta tres años atrás, ahuyentaba a los inversores. Destacó que los sectores de energía y minería ya generan un impacto positivo en la balanza comercial y anticipó un fuerte crecimiento de las exportaciones mineras en el corto plazo.
Respecto a la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, Milei indicó que, por primera vez, las misiones del organismo llegan al país no para exigir condiciones a un gobierno incumplidor, sino para respaldar un programa que sobrecumple todas las metas pactadas. Atribuyó a ese acuerdo la recapitalización del BCRA, que consideró indispensable para estabilizar la economía y sentar las bases del crecimiento.
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ECONOMIA
Las transferencias de la Nación a las provincias cayeron más de 80% con respecto a 2023
Las transferencias no automáticas desde la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires continúan muy por debajo de los niveles registrados en el gobierno anterior. En el acumulado de enero a julio de 2026, estos envíos se ubicaron 83,2% por debajo, en términos reales, del mismo período de 2023.
La contracción alcanza a la totalidad de las jurisdicciones, aunque con diferencias significativas. La Pampa es la provincia que presenta la menor caída, con un retroceso del 36,2%, y es la única cuyo descenso es inferior al 50%, según detalló Politikon Chaco.
En el otro extremo, siete provincias registran desplomes superiores al 90% respecto de igual período de 2023. El caso más pronunciado es el de La Rioja, donde las transferencias no automáticas se redujeron 99% en términos reales.
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También figuran entre las jurisdicciones con mayores recortes Santiago del Estero (-95,4%), Formosa (-94,6%), Río Negro (-94,1%), Santa Cruz (-92,7%), Buenos Aires (-92,4%) y Tierra del Fuego (-90,8%).
Por debajo del promedio nacional, se ubicaron Salta (-82,3%), San Luis (-81,3%), Santa Fe (-78,9%), Neuquén (-73,1%), Mendoza (-71,1%), San Juan (-70,6%), Córdoba (-69,9%), Corrientes (-68%), Entre Ríos (-62,6%), Misiones (-59,9%), Chubut (-56,1%), CABA (-54,9%), Jujuy (-54,8%) y Catamarca (-54,6%).
En tanto, en los primeros 7 meses de 2026 las transferencias no automáticas totalizaron $738.201 millones, presentando una baja real interanual del 62,8% contra igual período del 2025. De este modo, se trata del peor período enero-julio peor desde, por lo menos, el año 2005.
“Del total distribuido, Buenos Aires (20,1%), CABA (12,7%), Entre Ríos (8,0%), Córdoba (7,1%) y Santa Fe (6,2%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Río Negro y La Rioja son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,7% del total entre ambos)“, indicó Politikon.
Las partidas se concentraron principalmente en tres conceptos. El primero fue Universalización de Jornada Extendida, que representó el 26% del total, con $194.699 millones distribuidos entre 19 distritos. Le siguieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que explicaron el 20% de los envíos, con $151.000 millones destinados a 14 provincias, y las transferencias a cajas previsionales provinciales, que concentraron el 18% del total, con $133.167 millones para ocho provincias. El 35% restante, equivalente a $259.335 millones, correspondió a otras actividades.
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En cuanto a los ATN puntualmente, estos mostraron un alza del 12,1% real contra igual periodo del 2025. El Fondo ATN recaudó $690.851 millones, de los cuales se distribuyó el 21,9%, una proporción levemente superior a la registrada en igual lapso de 2025 (19,1%).
No obstante, el nivel de ejecución sigue por debajo del observado en 2022, cuando había alcanzado el 33,5%, el porcentaje más alto para este período en los últimos años. De esta manera, el saldo sin distribuir asciende a $539.851 millones.
Entre las provincias que recibieron mayores aportes, Misiones encabezó el ranking con $20.000 millones. Le siguieron Entre Ríos ($15.000 millones); Corrientes y Mendoza, con $14.000 millones cada una; Neuquén ($12.000 millones); Catamarca ($11.500 millones); Salta ($11.000 millones); Jujuy, San Juan y Chaco, con $10.000 millones cada una; Santa Fe ($8.000 millones); Chubut ($6.500 millones); Córdoba ($5.000 millones); y Santa Cruz, que cerró la lista con $4.000 millones.
Es importante mencionar también en este contexto que entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, las provincias ajustaron su gasto, principalmente en 2024, con una caída real del 24%, seguida de una recuperación moderada en 2025 y 2026.
Según un informe del IERAL, el 38% de este ajuste fiscal se debió a recortes del Gobierno nacional en transferencias discrecionales, que disminuyeron un 66%, mientras que el 62% restante respondió a decisiones provinciales, especialmente en gasto corriente (51%) y de inversión (74%). En total, el gasto provincial cayó un 10% real, frente a una reducción del 32% en el gasto nacional.
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