La conflictividad laboral en Argentina registró una caída récord en julio pasado: los conflictos con paro de actividades disminuyeron un 27% respecto al mismo mes de 2025, mientras los conflictos sin paro sufrieron un retroceso del 43%, según el último relevamiento de la Dirección de Estudios y Estadísticas de Relaciones de Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La baja de los conflictos también quedó reflejada en la cantidad de participantes: 114 mil trabajadores adhirieron a huelgas, con una baja del 33% anual y del 70% en comparación con junio de 2026, sumando 225 mil jornadas individuales no trabajadas, lo que representa un descenso interanual del 24% y del 52% respecto al mes inmediato anterior.

Este descenso en todos los parámetros configuró la cifra más baja de huelguistas y jornadas de paro del último año e hizo visible un cambio de tendencia tras los picos que se habían registrado en la última parte de 2025 y los primeros meses de 2026. En total, se contabilizaron 123 conflictos laborales: 86 sin paro y 37 con paro. La comparación mensual refuerza este cuadro: los conflictos con paro cayeron también 5% frente a junio, y las jornadas perdidas bajaron a menos de la mitad.

Al desglosar los datos por empleador, el informe oficial identificó matices relevantes. En el sector estatal, la cantidad de conflictos con paro disminuyó 24% en doce meses, y la de huelguistas, 25%. Sin embargo, las jornadas de paro aumentaron 13%. Esto implica que, aunque hubo menos paros y menos huelguistas, creció la duración media de los conflictos estatales.

En contraparte, el ámbito privado mostró una reducción mucho más brusco de la conflictividad: se registró una baja del 28% en el número de conflictos con paro, una reducción del 70% en el número de huelguistas y una caída del 91% en la cantidad de jornadas no trabajadas. Así, el clima de conflictividad en el ámbito privado se retrajo de manera notoria, reforzando el peso relativo que asumió el sector público en la estadística general.

Este patrón quedó ilustrado en cifras específicas: en julio de 2026 sólo hubo 13 conflictos con paro en el sector privado y 25 en el estatal. Además, los conflictos estatales concentraron 104.503 huelguistas y 215.083 jornadas perdidas frente a apenas 9.358 huelguistas y 9.906 jornadas que hubo en el sector privado.

A la hora de analizar los motivos de los conflictos con paro, el informe reveló que 57% respondieron a reclamos por mejoras salariales, es decir, 21 de los 37 conflictos con paro registrados en julio. Esta proporción, si bien cae en números absolutos respecto a 2025, mantiene un peso predominante en el total. Los conflictos originados en pagos adeudados sumaron 7 casos (19%), manteniendo su participación en el universo de reclamos.

Los despidos o la renovación contractual se ubicaron en tercer lugar, aunque muy lejos (3 conflictos en julio de 2026), confirmando la centralidad de los reclamos por el poder adquisitivo en la agenda gremial. Las demás causas (condiciones de trabajo, seguridad, representación) quedaron reducidas a números marginales o nulos.

Donde la conflictividad mostró mayor concentración fue en la enseñanza (32% de los conflictos con paro de julio), seguida por la administración pública (27%) y el sector salud (17%). Estos tres rubros juntos reunieron el 76% de todos los conflictos con paro, reafirmando una tendencia estable que se repetía desde 2025.

En cambio, sectores como la industria manufacturera, el transporte y otros servicios empresariales participaron de forma limitada o marginal en el cuadro general de protestas, y no se registraron conflictos con paro en actividades como agro, pesca, hotelería o comercio.

La geografía de la protesta laboral también presentó un patrón definido, de acuerdo con el estudio de Trabajo. La provincia de Buenos Aires encabezó la lista, con 9 conflictos con paro, seguida por Córdoba (4). Sin embargo, tres conflictos atravesaron a todo el país, mostrando su carácter federal o multisectorial. No se registraron conflictos con paro en la Ciudad de Buenos Aires durante julio, aunque sí en meses anteriores.

La dispersión territorial incluyó casos aislados en provincias como Chubut, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, aunque siempre en niveles muy por debajo del centro neurálgico bonaerense y cordobés.

En el universo de conflictos sin paro, la contracción fue aún mayor: se reportaron 86 casos en julio, 43% menos que un año antes y 12% menos que en junio. Las acciones más frecuentes en estos conflictos resultaron ser la concentración (45% de los casos) y la declaración organizativa (21%). El informe señaló que la concentración callejera se mantuvo como la acción sindical más utilizada a lo largo de todo el período.

A su vez, cuando se cruza el tipo de acción con el motivo de los reclamos, surgen otros datos: los conflictos sin paro se debieron sobre todo a mejoras salariales (34 casos) y despidos (23). En los primeros, predominó la declaración organizativa, la concentración y la movilización; en los segundos fue la manifestación colectiva el eje de las protestas.

Un 59% de los conflictos sin paro recurrió como acción principal a la concentración y la movilización, confirmando la centralidad del repertorio de acciones directas en la estrategia gremial reciente.

Durante julio pasado, el repertorio de acciones registró también anuncios de futuras medidas de fuerza, quites de colaboración, bloqueos y hasta ocupaciones, aunque en proporciones muy reducidas, mientras que sólo un caso de ocupación fue registrado ese mes.

El dato final del informe refleja el fenómeno de descenso simultáneo de conflictividad, huelguistas y jornadas caídas, junto con la reconfiguración sectorial y territorial del conflicto laboral, además de un desplazamiento de la agenda reivindicativa hacia los reclamos salariales en el sector público y de servicios.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado reabrió este martes el tratamiento del proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo. El texto propone, en su artículo 30, sustituir por completo el Capítulo IV bis del Código Electoral Nacional, titulado “De la campaña electoral y el debate presidencial obligatorio”, por un capítulo referido únicamente a la campaña.

De aprobarse esa redacción, quedarían fuera del Código los artículos que regulan la obligatoriedad, la organización, la realización, la transmisión y la autoridad de aplicación de los debates presidenciales.

Este martes, las organizaciones Club Político Argentino, Constituya, Debate Argentino, Directorio Legislativo, Ser Fiscal, Fundación Avina y Poder Ciudadano, enviaron a los senadores de esa comisión una petición para que se preserven las normas del Debate Presidencial Obligatorio y se adecuen únicamente las cláusulas que hoy remiten a las PASO. Los firmantes aseguraron que la reforma puede modificar o eliminar las primarias, pero que ese cambio no debería producir, como efecto colateral, la desaparición de los debates.

La obligatoriedad de esos encuentros se incorporó al Código Electoral Nacional por la Ley 27.337, sancionada en 2016 con mayorías amplias en ambas Cámaras. Desde entonces, el debate dejó de depender de la voluntad de los candidatos y pasó a ser una regla permanente del proceso electoral.

La norma vigente obliga a participar a quienes superen el piso de votos de las PASO y prevé dos instancias, una de ellas en el interior del país, un debate adicional en caso de ballotage, transmisión pública y sanciones ante la incomparecencia.

En su presentación, las organizaciones sostuvieron que “la obligatoriedad del debate exige que los candidatos participen más allá de si lo consideran conveniente o no para su campaña electoral. Una ley consensuada protege el debate con independencia de quién gobierne, quién lidere las encuestas o qué fuerza política considere conveniente debatir”.

Además, profundizó el comunicado, el debate no es un derecho de los postulantes, sino de los ciudadanos porque “permite comparar propuestas en un mismo espacio, bajo reglas comunes y en condiciones de igualdad”.

También garantiza “una transmisión pública, gratuita, federal y accesible” y deja un registro de posiciones y compromisos que puede contrastarse después, durante el ejercicio del gobierno.

Por otro lado, las transmisiones alcanzan audiencias comparables a las de los partidos de la Selección en los mundiales, destacaron.

La reforma que busca el gobierno

La iniciativa del Ejecutivo, de 79 artículos, apunta a derogar las PASO, modificar el financiamiento partidario, introducir cambios en la Boleta Única de Papel e incorporar la Ficha Limpia.

El oficialismo retomó la discusión en comisión, presidida por el senador Agustín Coto, sin contar todavía con los 37 votos que exige la mayoría absoluta en el Senado.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que incluyó reglas para el ingreso, la carrera profesional, las promociones y las remuneraciones de los agentes. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, la norma dejó sin efecto el esquema que había sido aprobado en 2003 para la entonces Secretaría de Inteligencia y el personal civil de inteligencia de organismos de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las autoridades remarcaron la necesidad de modificar el reglamento, debido a las modificaciones que se dieron en los últimos años.

Así, quedó establecido un marco para los aspectos centrales de la relación laboral de sus agentes. De hecho, el Gobierno sostuvo que la ausencia de un régimen estable dificultaba la elaboración de una carrera profesional y la incorporación de personal especializado.

De esta manera, la normativa dispuso que la carrera deberá regirse por idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, capacitación permanente y fortalecimiento de competencias. También se determinó que los mecanismos de ingreso y ascenso deben responder a criterios técnicos, éticos y profesionales, con el objetivo de que el cuerpo de personal trascienda los cambios de coyuntura política.

Ahora, la capacitación ocupa un lugar central en el nuevo esquema. En este sentido, las autoridades destacaron que la actualización continua resulta necesaria para desarrollar las aptitudes de quienes integran el sistema y para consolidar una cultura institucional vinculada con las tareas de inteligencia, dentro del marco constitucional y legal.

El estatuto también apunta a establecer una relación proporcional entre los salarios, las responsabilidades, las capacidades técnicas y los grados jerárquicos. Por esto, indicaron que busca evitar diferencias discrecionales en las retribuciones de agentes con funciones, trayectorias y antigüedad equivalentes.

De la misma manera, se definió al personal del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) como servidores públicos especializados y sostiene que los recursos humanos son un componente decisivo para orientar los esfuerzos del área. Por esto, marcó como objetivo lograr un sistema profesional, transparente, autónomo y ágil.

Los derechos, obligaciones y prohibiciones que se impondrán a los agentes de inteligencia

El capítulo de derechos reconoce la estabilidad laboral una vez confirmada la incorporación a la planta permanente, además de la retribución según la categoría, licencias, jubilación, asistencia social y la posibilidad de presentar consultas y reclamos. También contempla cambios de cuadro, ascensos ordinarios, por méritos extraordinarios o póstumos, y distinciones para quienes se destaquen en sus tareas.

En línea con esto, el estatuto dispone que el personal debe recibir trato igualitario y oportunidades de movilidad en la carrera, sin diferenciaciones ajenas a su aptitud y conducta profesional. A la vez, habilita el rechazo de una orden que sea manifiestamente ilegal o que vulnere derechos humanos.

Entre los deberes, se establece la obligación de preservar la confidencialidad sobre datos, documentos y materiales conocidos durante el servicio. Ese deber de secreto se mantendrá aun después del cese de las funciones.

Por este motivo, los agentes deberán cumplir con la dedicación exclusiva, realizar las capacitaciones exigidas y someterse a pruebas de competencia, confiabilidad, idoneidad, contrainteligencia y aptitud psicofísica cuando sean requeridas.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

</html

En caso de renuncia, el personal deberá mantenerse en funciones durante 30 días corridos, salvo autorización para dejar el puesto antes de ese plazo. Además, se exigen declaraciones juradas sobre la situación patrimonial y los datos personales, la excusación ante eventuales conflictos de intereses y la denuncia de hechos que puedan perjudicar al organismo, configurar delitos o infringir las reglas internas.

Los agentes deberán pedir autorización anual para dar clases, cursar estudios, publicar artículos, participar como expositores en actividades académicas o desarrollar otras tareas externas, incluido el ejercicio profesional o comercial. También tendrán que informar los viajes a más de 200 kilómetros de la sede laboral con tres días de anticipación y solicitar permiso con al menos diez días de antelación para salir de Argentina.

En el caso de las prohibiciones, se incluyó el aprovechamiento de la información, documentos o recursos obtenidos en el cargo para beneficios propios o de terceros, así como divulgar cualquier antecedente conocido por la función, incluso si no cuenta con una clasificación de seguridad. La restricción también continuará tras la desvinculación de la SIDE.

El régimen impide recibir dádivas o ventajas vinculadas con el puesto y usar bienes patrimoniales para fines ajenos al servicio. Asimismo, prohíbe a los agentes contratar con administraciones públicas o prestar servicios a concesionarias, contratistas, proveedoras y firmas reguladas por ellas.

El personal tampoco podrá trabajar, de forma remunerada o ad honorem, para personas o entidades relacionadas con seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, información comercial, publicidad, periodismo, estudios de mercado, encuestas, vigilancia o investigaciones. También veda el porte y uso de armas de fuego durante el servicio, excepto para quienes tengan condición de legítimos usuarios conforme a la normativa vigente.

Los agentes deberán vivir a menos de 200 kilómetros de su lugar de trabajo

El estatuto también fija reglas sobre domicilios y comunicaciones oficiales. Por esto, el personal deberá constituir un domicilio físico dentro de un radio de 200 kilómetros del lugar donde presta servicios. Podrá establecerlo en otra localidad si garantiza el cumplimiento de sus obligaciones y se ajusta a las condiciones que defina la Secretaría en normas complementarias.

Además, cada agente tendrá que informar un domicilio electrónico especial externo, que consistirá en una dirección de correo electrónico destinada a recibir notificaciones de la SIDE. La Secretaría podrá exigir el uso de otras aplicaciones o sistemas con el mismo fin.

El ingreso a la SIDE incluirá un curso obligatorio y hasta un año de planta condicional

Según establece el nuevo estatuto, la Secretaría de Inteligencia de Estado realizará una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. Aprobar esa instancia será un requisito para incorporarse a la carrera profesional.

Entre los requisitos para inscribirse, se indicó que los aspirantes deberán ser argentinos, mayores de edad, acreditar al menos estudios secundarios, reunir las condiciones psicofísicas exigidas y superar los controles de contrainteligencia, incluido el examen socioambiental, además de los mecanismos de selección que fije el organismo.

En este sentido, se impide el ingreso de personas condenadas o con procesamiento firme por delitos incompatibles con la función pública, inhabilitadas para ejercer cargos estatales o que hayan sido destituidas de la administración pública, las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad. También excluye a quienes mantengan acciones judiciales, reclamos administrativos o litigios pendientes contra la SIDE mientras persista esa situación.

El recorrido previsto contempla tres etapas. La postulación no crea vínculo laboral; quienes sean admitidos al curso podrán pasar a la planta condicional si lo aprueban, con un contrato de hasta un año.

Al finalizar ese período, la Secretaría deberá resolver si mantiene o finaliza la relación. El acceso posterior a la planta permanente dependerá de una confirmación y de requisitos adicionales que se definirán por normas complementarias, sin que el cumplimiento de las condiciones otorgue un derecho automático.

La carrera dividirá al personal en tres cuadros y exigirá evaluaciones para ascender

Por otro lado, la carrera se organizará en los cuadros A, B y C, de acuerdo con la formación o antecedentes de cada agente. El cuadro A requerirá título universitario o superior, aunque también podrá incluir a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y a determinados integrantes retirados de fuerzas de seguridad.

Mientras que el B estará destinado a quienes cuenten con estudios terciarios o formación universitaria intermedia, así como a suboficiales retirados, señalaron que la categoría C solo exigirá secundario completo.

Los ascensos ordinarios dependerán del tiempo mínimo de permanencia en cada categoría, la aptitud psicofísica, la aprobación de la capacitación obligatoria y una calificación favorable de desempeño. Además, las evaluaciones serán anuales y alcanzarán, como mínimo, a quienes acumulen más de seis meses de antigüedad.

Sin embargo, destacaron que el estatuto prevé ascensos extraordinarios, incluso póstumos, para agentes que realicen actos de arrojo con riesgo real y consecuencias de relevancia durante funciones específicas.

En línea con esto, la Escuela Nacional de Inteligencia tendrá a su cargo la formación común obligatoria para todo el personal y las instancias específicas según las tareas de cada área. Podrá suscribir acuerdos con universidades e instituciones públicas o privadas. La capacitación y los títulos reconocidos podrán otorgar puntaje para anticipar los plazos de permanencia, aunque ese beneficio no implicará un ascenso ni una recategorización automática.

Además de la planta permanente y condicional, el régimen contempla personal de conducción jerárquica, de gabinete, en comisión, en adscripción y para proyectos especiales. Esta última modalidad, destinada a contrataciones autónomas vinculadas con programas o proyectos del organismo, tendrá un límite de 5% de la planta de personal. El estatuto también habilita la incorporación de retirados del sistema de inteligencia, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, y fija condiciones para las reincorporaciones.

Las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Antes de esa fecha, la SIDE deberá aprobar un régimen de transición para computar los servicios previos, reconocer antecedentes de formación y resolver las situaciones de los agentes que tengan trámites de ingreso, confirmación, ascenso o cambio de cuadro en curso.