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Qué le pidieron a Santiago Caputo en EEUU, el informe que complica a Adorni y el dato que preocupa a Milei

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Manuel Adorni llegó al Parque Solar El Quemado arriba de una van que compartió durante los 48 kilómetros de viaje desde Mendoza capital, con el gobernador, Alfredo Cornejo, el presidente de YPF, Horacio Marin y las dos funcionarias que lo acompañaron desde Buenos Aires, María Ibarzabal -la secretaria de Legal y Técnica- y María Tettamanti, secretaria de Energía. Era la primera vez que encabezaba un acto -desde hace 75 días cuando empezó el escándalo sobre su patrimonio- sin estar rodeado del Presidente, de Karina o de ministros de alto rango del Gabinete para mostrar apoyo en una aparición pública.

Durante el viaje de casi una hora, a nadie se le ocurrió mencionar su situación política pero apenas bajó de la camioneta, esa condición se vio por todos lados. Se movió en cápsula alejado de los medios y del público, habló y se fue sin acercarse ni un segundo a los periodistas que cubrían un evento muy relevante para Mendoza y para el Gobierno: la inauguración del primer proyecto presentado al RIGI y a la vez el primero en ser terminado e inaugurado. Es un desarrollo de YPF Luz con la empresa mendocina de energía. Pero al acto no fue ni la vicegobernadora ni el intendente de las Heras donde está el parque, que habían hecho declaraciones contra el Jefe de Gabinete. Cornejo también se retiró sin hablar. Apenas Marin se quedó a conversar con los medios tratando de poner el foco en el proyecto inaugurado. La decisión de retomar rutinas y actos protocolares empieza a convertirse en una trampa complicada para el Gobierno. Anoche, un funcionario se lamentaba: “El problema es que al final no se pudo tomar magnitud de la buena noticia que era esa inauguración porque sólo se hablaba de Adorni”.

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Encima, el derrotero judicial que esta semana fue más amable que la anterior, parece apuntar a que, a diferencia de lo que esperaban en la Rosada, el expediente no detenga su ritmo. Más allá de las declaraciones testimoniales, los informes oficiales sobre movimientos con moneda cripto complejizan cada vez más las cuentas del jefe de Gabinete y se acerca el momento en que tendrá que presentar su justificación patrimonial, la clave de este caso, donde finalmente expondrá los números que dice tener pero no presentó todavía.

La trama de Adorni convive con un momento en el que la mesa política intenta reconducir las prioridades en el Congreso porque no es sólo que el segundo semestre quedará totalmente intervenido por la previa a un año electoral donde cada interés -sobre todo de los Gobernadores- empezará a tener una dimensión no sólo económica sino sobre todo electoral. Además el mundial está a tres semanas de distancia y nadie espera mucha actividad legislativa en ese período.

Manuel Adorni, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el titular de YPF, Horacio Marín, en la inauguración del parque solar de El Quemado, en Las Heras. (Foto: Presidencia)

En la reunión de la mesa política, no estuvo Santiago Caputo y hubo quien pensó en la interna pero en realidad el asesor estaba en un vuelo a Estados Unidos con su mano derecha, Manuel Vidal, para seguir una de las agendas que más le interesan y que más lo diferencia en su interna con la hermana presidencial. En el mismo momento de la mesa política en Casa Rosada, Caputo, Vidal y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, entraban al Capitolio a encontrarse con Brian Mast, el presidente del comité de Asuntos Exteriores, republicano trumpista y excombatiente al que le faltan las dos piernas por el impacto de una bomba en la guerra, con el que tuvieron una larga reunión de la que salieron con un vínculo que promete futuro. A esa reunión y a las que siguieron los escoltó el lobbista Barry Bennet, una pieza clave del canal blue de diplomacia que construyó el asesor con Estados Unidos. El miércoles vieron a Michael Jensen, el asesor para Hemisferio Occidental de Trump y una visita al departamento de Estado. Con Jensen y Mast la conversación fue, como es de esperar, por la agenda de infraestructura crítica, minerales, energía, telecomunicaciones y hubo, sobre todo con Jensen, un momento dedicado a una licitación trascendental que antes del martes tendrá un paso fundamental en Argentina: la compulsa por quién administrará en los próximos 25 años la Hidrovía, un cauce que como toda la infraestructura del país, no sólo promete un negocio estratégico a quién gane sino que implica ocho años de inversiones para acondicionar el estado de esta vía en dragado, profundidad y actualización tecnológica.

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Es una licitación que tiene a un funcionario de Caputo a cargo y que en los inicios del Gobierno fue anulada después de una denuncia de la PIA y vuelta a lanzar después de conversaciones con todos los actores involucrados en el rubro. Ahora está por abrirse el tercer y último sobre de ofertas, que es el económico, y el que definirá un ganador entre Jan de Nul y una empresa argentina de la familia Román y otro consorcio entre Deme y dos compañías americanas. De eso les habló Jensen.

Los belgas son los dos jugadores globales más grandes del sector. Quién se quede con la hidrovía representará superar al otro en términos de volumen. De los 3400 kilómetros de la Hidrovía Paraná-Paraguay, 1600 km son en territorio argentino y por ese cauce navega casi la total de nuestro mercado agroindustrial sumado al de Paraguay. Es una película para mirar con muchísimo detalle y la definición está sucediendo ahora mismo.

Caputo tuvo además, otros encuentros bastante más secretos, y de los que se sabe muy poco. ¿Es cierto que visitó la base de la CIA en Langley, Virginia? Hay información que asegura que sí. Si se lee solo en clave de rosca, el asesor maneja la SIDE a través de un funcionario de su confianza y a pesar de que Karina Milei mostró disposición a quitarle ese área, es una pelea que parece sin final claro. Ella esta semana logró consolidar a Sebastián Pareja al frente de la comisión Bicameral de seguimiento de las tareas de inteligencia. Es una guerra de guerrillas.

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El dato de la inflación

En Buenos Aires, después de la marcha universitaria, toda la atención oficial estaba puesta en que el índice de inflación de abril les diera buenas noticias y así fue. Rompió la curva ascendente por primera vez en diez meses, y logró bajar a un número de noviembre. Sin embargo, en su acumulado del año, ya superó la expectativa para 2026 planteada en el Presupuesto que era de 10.1 %.

Javier Milei dio una entrevista en Carajo. (Foto: captura Carajo)
Javier Milei dio una entrevista en Carajo. (Foto: captura Carajo)

Es, sin dudas, la principal obsesión del Presidente que le dedicó dos horas y media a un programa de economía financiera en Neura adonde volvió sobre la idea de que es él mismo quién sacrificó sus ingresos por encima del resto de los argentinos: “El tipo al que peor le va en términos de salario en la Argentina, ¿quién es? Soy yo. Le ajusté cero. Y lo otro son los no registrados. Bueno, por algo hicimos la ley de modernización laboral”, dijo. Reconoció que los salarios están perdiendo frente a la inflación y aunque no se notó en el tono, intentó volver a usar palabras que muestren empatía con el sufrimiento económico de los argentinos, el dato de las encuestas que más lo enoja. Dijo Milei: “La tasa de inflación, además, como saltó el nivel de precios, se aceleró. Y como vos no tenías contraparte de que se te dinamizara el mercado laboral, los salarios, en términos reales, empezaron a caer. Y bueno, sí, claro, la sensación de frustración estaba”. Trató, en todo momento, de mostrar ese escenario como un estado de situación que se está terminando. Que empieza a girar positivamente. Por ahora, la realidad no parece coincidir.

En el último día de hot sale, los números reflejaron lo que ya se sabe sobre el consumo. El evento de descuentos que es un termómetro en las compras de los argentinos, funciona también como un ejemplo relevante de una coyuntura. Y si a esta hora en Economía leen los resultados, se encontrarán con datos preocupantes: los números de una de las empresas más grandes de retail en tecnología muestran que facturaron un 50 % menos de celulares que el año anterior, que el porcentaje de venta de productos menos imprescindibles como equipos de audio o monitores fue casi nulo y que sólo los televisores treparon en el ranking de compras por el estímulo imponente que produce la llegada del Mundial.

Leé también: Con su odio a las universidades públicas, Milei las convirtió en una corporación casi intocable y conservadora

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Una de las cadenas de ventas de tecnología y electrodomésticos más grande del país cerraba con información alarmante: en cantidad de unidades vendidas el primer día, bajaron el 60 % respecto del hot sale del año pasado, una cifra que se sostuvo así hasta el cuarto día donde llegó a ser 80 % menos en cantidad de productos que el 2025. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) comunicó que el dato sobresaliente de esta edición es que el 60 % de las personas priorizaron búsquedas relacionadas con cuotas. Apenas el 20 % se interesó en los descuentos.

Santiago Caputo, Javier Milei

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Paro del subte: Jorge Macri apoyó la detención de los metrodelegados e intimó a garantizar el servicio – Nexofin

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Tras la detención de dos metrodelegados por la Policía de la Ciudad que derivó en una interrupción gremial de todas las líneas de Subte y premetro, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a respaldar los arrestos bajo orden judicial.

“En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”, enfatizó. En ese sentido, Macri resaltó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes interrumpan un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.

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Los metrodelegados interrumpieron las líneas de Subte y Premetro: todos los detalles

Jorge Macri insistió en que no va a permitir que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, sobre los metrodelegados.

La advertencia del Gobierno porteño

Desde el Gobierno porteño intimaron al gremio que nuclea a los trabajadores del Subte y premetro a que retomen del servicio en aras de garantizar, por lo menos, la guardia mínima del 50%.

Asimismo, explicaron que la detención de los metrodelegados responde a una acción por parte de trabajadores de la línea B que consistió en liberar el paso de los usuarios, en lo que se habría tratado de una medida de fuerza.

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Ello activó el accionar de la Policía, a lo que se sumaron dos metrodelegados, que terminaron con una orden de arresto junto al que liberó los molinetes.

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Jorge Macri,Metrodelegados,Paro,premetro,Subte

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Torrendell defendió la política educativa en Diputados y cuestionó cómo las universidades gastan sus recursos

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En plena disputa por el financiamiento de las universidades nacionales, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política presupuestaria y puso bajo la lupa la administración de los recursos del sistema.

Durante su exposición en el Congreso, el funcionario del Ministerio de Capital Humano cuestionó las cifras de matrícula informadas por las casas de estudio, advirtió sobre los bajos índices de graduación y aseguró que el costo fiscal por cada graduado ronda los $80 millones.

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“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, afirmó el secretario, que responde a la ministra Sandra Pettovello. Su presentación se inscribió en la defensa del proyecto de presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, que contempla transferencias a las universidades nacionales por $7,7 billones, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Quinta Marcha Universitaria Federal en el Congreso de la Nación. Recién levantada por falta de quorum, la sesión donde se tratarian , entre otros temas, el presupuesto universitario.Nicolás Suárez

La semana pasada se realizó la quinta marcha universitaria que concentró manifestantes en las inmediaciones del Congreso para reclamar el cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.

Hoy, la administración libertaria celebró una decisión judicial que no resuelve la cuestión de fondo, pero le da aire en su puja fiscal con las universidades. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja del Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que obligaron al gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas universitarias, y hasta multó económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la cautelar.

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La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar ese fallo. Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.

El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Gallego» ÁlvarezFabián Marelli

Para rebatir los cuestionamientos sobre el financiamiento, Torrendell sostuvo que las universidades representarán el 3,88% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, frente al 3,52% de 2025 y un promedio del 3,81% durante las últimas dos décadas. “Dentro del presupuesto nacional, las universidades no perdieron lugar, lo ganaron”, afirmó.

Uno de los ejes de su exposición fue el costo de funcionamiento del sistema. Según los cálculos que presentó, cada graduado representa un costo fiscal consolidado de aproximadamente $80 millones, mientras que las universidades reciben, en promedio, $12,4 millones anuales por estudiante equivalente a tiempo completo.

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Las diferencias entre instituciones también quedaron bajo la lupa. Torrendell aseguró que ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó los casos de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito, donde la asignación alcanza o supera los $37 millones por estudiante equivalente. “Son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer”, cuestionó.

El funcionario también objetó la manera en que se contabiliza la matrícula. Según los registros de 2024 que presentó, las universidades nacionales informaron 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado, aunque solo 881.000 aprobaron al menos dos materias durante el año. Al aplicar un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000. Este último indicador mide la dedicación académica y no la cantidad de personas matriculadas.

Clases públicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBAFabian Marelli

En ese contexto, apuntó directamente contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reportó 349.286 estudiantes en el anuario estadístico oficial, frente a los 105.391 informados a la consultora QS para su ranking internacional. “Una misma universidad no puede tener dos cifras según quién pregunte”, afirmó. La comparación, sin embargo, requiere precisar si ambos relevamientos utilizan los mismos criterios.

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Torrendell también cuestionó los índices de abandono y graduación. Afirmó que el 44,5% de los ingresantes a universidades estatales abandona sus estudios al término del primer año y que apenas el 18,7% se gradúa dentro del tiempo teórico de la carrera, frente al 40,8% registrado en las instituciones privadas. “De cada 10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”, sintetizó.

La exposición incluyó un cruce con los diputados kirchneristas por la expansión del sistema universitario. Torrendell señaló que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, el 42% del total. El dato despertó un aplauso entre los legisladores opositores, al que el funcionario respondió con una crítica: sostuvo que la celebración estaría justificada si esa expansión se hubiera traducido en mejores resultados educativos. “El problema no es multiplicar instituciones sino lograr retención de matrícula, graduación y aprendizaje”, retrucó.

En ese tramo, también citó al papa Francisco para cuestionar una expansión centrada, según su planteo, en “ocupar espacios y presupuesto” en lugar de impulsar procesos orientados a la excelencia y la inclusión universitaria.

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El viraje en la política educativa

La defensa del presupuesto universitario formó parte de una exposición más amplia en la que Torrendell cuestionó la distribución del gasto educativo durante las gestiones anteriores. “Se gastó mucho, pero no se gastó en que los chicos realmente aprendieran”, afirmó.

Según explicó, en 2023 el 34,5% de los recursos nacionales destinados a apoyar la educación básica en las provincias se distribuía entre más de 200 programas educativos sin impacto pedagógico evaluado. Otro 20% se destinaba a equipamiento digital y un 21% a incentivos salariales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que cuestionó por no estar vinculados a mejoras en la enseñanza.

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Mariela Coletta, la diputada radical aliada a Emiliano Yacobitti

Frente a ese esquema, defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática y destacó que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales más que en 2023, según los datos que presentó.

“No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor”, insistió Torrendell, al sintetizar el criterio con el que el Gobierno busca defender su política educativa en medio de la disputa por los recursos.



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En el peor momento en décadas de la relación entre Argentina y Reino Unido, Chile se acerca a Londres y defiende la ruta comercial a Malvinas

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En plena escalada entre Buenos Aires y Londres por los recursos petroleros de las Malvinas, y la controversia por la inminente reapertura comercial entre Punta Arenas y las Islas, Chile multiplicó sus gestos de acercamiento con el Reino Unido: el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió ayer, lunes, en la capital británica con su par Ed Miliband para lanzar una “asociación estratégica” bilateral. Este movimiento se suma a la gira que realizó por el sur chileno el embajador británico en Santiago, David Concar, que incluyó encuentros con autoridades militares, científicas y municipales de la región de Magallanes.

Según se informó de manera oficial, Pérez Mackenna y Miliband repasaron una agenda que abarcó minerales críticos, inversiones, comercio exterior y la situación geopolítica del cono sur. “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, declaró el canciller chileno tras el encuentro.

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Una semana antes de que Pérez Mackenna aterrizara en Londres, el embajador Concar ya había desplegado su propia ofensiva diplomática en el extremo sur de Chile. El 13 de octubre arribó a Punta Arenas en lo que la embajada británica describió como su primera visita a Magallanes desde que asumió el cargo.

La agenda no fue protocolar. El diplomático se reunió con el comandante de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Soto, en un encuentro donde ambas partes repasaron la histórica colaboración naval entre las dos armadas y proyectaron trabajo conjunto en ciencia antártica. También visitó el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde conoció las iniciativas de investigación polar que impulsa Santiago, y sostuvo reuniones con la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, con foco en resiliencia climática en el entorno subantártico.

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, junto al intendente de Punta Arenas

Concar se reunió además con la gobernadora subrogante de la región, Hina Carabante, y con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. En este último encuentro abordó directamente la controversia por el buque Danstar, la embarcación de 72 metros de eslora que la naviera chilena Easter Island planea enviar a las Malvinas con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. “Se trata de una iniciativa comercial privada”, sostuvo el embajador británico, según consignó Infobae, al tiempo que evitó entrar en la polémica con Argentina y reiteró la posición de Londres sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.

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El telón de fondo de estos acercamientos es el conflicto más agudo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas desde la guerra de 1982. El 13 de octubre, el gobierno de Javier Milei presentó ante el TIDM, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para detener el proyecto Sea Lion, un yacimiento con reservas estimadas en 1.700 millones de barriles de petróleo ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La producción está prevista para 2028.

“Argentina busca preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades autorizadas unilateral e ilegalmente por el Reino Unido”, señala la solicitud de 49 páginas presentada ante el tribunal.

La respuesta británica fue contundente. Miliband —el mismo canciller que horas después recibiría a su par chileno— calificó las acciones de Buenos Aires como “coerción económica” contra los isleños y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas frente a las sanciones argentinas. “Los habitantes de las Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó en un comunicado. Cómo señaló Infobae, Londres podría vetar el ingreso de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la OCDE.

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En las semanas previas, la Argentina había intensificado la presión: amenazó con sanciones a las empresas involucradas en Sea Lion, inició causas penales contra sus ejecutivos y accionistas, y anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego.

El buque Danstar, que unirá Punta Arenas con Malvinas

La ruta Punta Arenas-Malvinas

A la disputa petrolera se suma un frente que involucra directamente a Chile. La naviera Easter Island firmó un contrato con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC) para restablecer una conexión marítima comercial que funcionó durante más de un siglo pero se interrumpió a comienzos de la década de 2010. El primer viaje del Danstar está previsto para noviembre o, a más tardar, principios de diciembre.

La ruta recortaría a la mitad la distancia que hoy recorren las mercancías hacia las islas: unos 900 kilómetros desde Punta Arenas frente a los casi 2.000 desde Montevideo, la única conexión actual con Sudamérica. El buque navegaría por el Estrecho de Magallanes —cuya soberanía corresponde a Chile según el Tratado de Límites de 1881— y no por el paso Drake.

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Argentina, sin embargo, mantiene vigente el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino.

En este marco, la semana pasada un grupo de diputados peronistas encabezado por el excanciller Santiago Cafiero presentó un proyecto de resolución para citar al embajador de Chile en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.

El embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera,

La iniciativa reclama que el diplomático informe sobre tres ejes: la posición oficial del gobierno de Kast respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de explotación hidrocarburífera como Sea Lion.

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En paralelo, el diputado Guillermo Michel impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes entre ambos países. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, argumentó a este medio.

La semana pasada, el biministro de Economía y Minería chileno, Daniel Mas, defendió la ruta comercial. “Nosotros vemos con buenos ojos cualquier comercio de chilenos, y si tiene que ser con las Malvinas, y se puede hacer, que se haga”, sostuvo y calificó la operación como “un negocio entre privados”.

El diputado Nicolás Trotta, en una columna de opinión en Infobae, planteó: “Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo”.

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A su vez, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo con una carta dirigida al embajador Uriarte Herrera en la que expresó “malestar y preocupación” por las actividades comerciales en Punta Arenas vinculadas al archipiélago.

Edward Miliband,Reino Unido,Chile,relaciones bilaterales

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