POLITICA
Pliegos: el Gobierno quiere bajar a los jueces vinculados al “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino

El medio Clarín reveló que el Gobierno de Javier Milei quiere frenar a tres postulantes para los pliegos, los cuales fueron propuestos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y que, a su vez, sus dictámenes cuentan ya con las firmas de la oposición en la comisión de Acuerdos del Senado.
La razón detrás del presunto pedido es que dos de los postulantes se relacionan al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
El tercer caso lo constituye una jueza que tiene vinculo familiar con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.
ARCA amplió la denuncia contra Tapia y Toviggino: se los acusa de integrar una asociación ilícita
Los jueces supuestamente tachados por el Gobierno son Alejandro Catania, Juan Galván y María Verónica Michelli.
Jueces con fallos a favor de la AFA y el kirchnerismo
Catania fue propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, también señalado por fallar en consonancia con el kirchnerismo y la entidad presidida por Tapia.
El magistrado Greenway, por su parte, también busca ascender en la Cámara en lo Penal Económico, y sobreseyó a Tapia en una causa de posible lavado de dinero tras resolver que el presidente de la AFA podía justificar su patrimonio.
Michelli se postula para integrar el Tribunal Oral Nro.3 de La Plata. En este caso, se encuentra en la lista del Gobierno nacional por su parentesco con el periodista Alconada Mon, de postura crítica hacia el Ejecutivo.
Los pliegos de Greenway y Catania contarían con las firmas de 8 de los 9 senadores de la oposición dialoguista que integra la comisión de Acuerdos del Senado, que en la semana entrante definirá la fecha en que se convocará la sesión para tratar los pliegos.
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POLITICA
Scaloni y Messi: la otra Argentina

Hace 18 años, la autora de Harry Potter, J. K. Rowling, dirigió un típico discurso de graduación en Harvard, a los que están acostumbrados los alumnos de universidades norteamericanas. En su presentación, empezó justificando el tema: “A ustedes les voy a hablar del fracaso. Ustedes necesitan entender lo que es por una razón muy sencilla: lo que para ustedes es fracaso, para el 99% de la humanidad es éxito”.
Frente a una Selección tan exitosa, que terminó jugando la final de un Mundial de fútbol -algo que ha ocurrido con otro resultado en la anterior Copa del Mundo-, los argentinos tenemos una ambigüedad: hasta dónde es un fracaso lo que, desde otra perspectiva, podría ser interpretado como un éxito.
La Argentina es un país que ha tenido, desde comienzos del siglo XX hasta tiempos contemporáneos, una crisis de representación, que se manifiesta en un desencuentro entre la sociedad y sus líderes. Esa crisis de representación llevó a Javier Milei al poder. En contraste con aquella problemática, sobresale el sentimiento que inspiran dos figuras: Lionel Scaloni y Lionel Messi. Ambos encarnan una cantidad de rasgos ejemplares para lo que son las características de los liderazgos políticos en la Argentina.
Si uno estuviera obligado a dar una clase en una escuela respecto de cómo lidiar con el éxito, sin duda sería una lección magnífica poner en evidencia el comportamiento de Scaloni a partir de las consagraciones de esta Selección que él condujo. Ganó dos veces la Copa América, se quedó con la Copa del Mundo en Qatar, se impuso en la Finalissima en Wembley contra Italia y jugó la final del Mundial 2026, donde fue derrotada por España. Tendría tanto Scaloni como todos los integrantes de la selección -ni que hablar Messi- el derecho a cierta fanfarronería, que está por completo ausente en su conducta.
En el mundo de la competencia, como se ve habitualmente en la cobertura periodística de este tipo de torneos, hay mucha agresividad. Se reiteran reproches y agravios. De aquí deriva un segundo rasgo distintivo e inusual, -más que nada en la política, de Messi y Scaloni: han reaccionado con magnanimidad a las descalificaciones y provocaciones.
Tanto en Scaloni como en Messi, hay una especie de proyección de sentimientos positivos, de empatía y sencillez. Los dos expresan una emotividad interesante, que los llevó el domingo a llorar. Scaloni se emociona fácilmente frente a sus dirigidos, como ocurrió al hablar sobre la crianza de los jugadores y el tipo de fútbol que juegan como consecuencia de haber vivido, muchos de ellos, experiencias extremas en la infancia.
Son virtudes esquivas para una sociedad acostumbrada a un sentimiento de irritación respecto de los demás, a la que le cuesta, más allá del deporte, encontrar motivos de cohesión o encuentro. La Argentina es una productora de individualidades, y tiene una dificultad enorme para crear lo que elaboró esta Selección, bajo la inspiración de Scaloni y el capitán: un juego colectivo, una forma de coordinación. Esta es la secuela que deja un Mundial del que habrá que salir con cierto sentimiento de frustración y vacío luego de tanta excitación.
En contraposición al panorama deportivo, se recorta el lado B del fenómeno: la trama judicial que envuelve a la corrupción de la AFA. Claudio “Chiqui” Tapia ocupó un lugar protagónico en el regreso de parte del plantel de la Selección a la Argentina. Con lentes negros, se presentó como una suerte de jefe de Estado, en un intento por blindar su imagen con el prestigio de quienes lucharon en el campo de juego.
La complicación no recae solo en Tapia, sino también en su tesorero Pablo Toviggino, que continúa generando novedades, todas malas, respecto de su comportamiento y el manejo de fondos. Son tales los descubrimientos que tanto Tapia como él están en una posición intrincada desde el punto de vista judicial. Los expedientes son prácticamente insalvables, por lo que deben recurrir a lo que recurre la gente poderosa en esa situación: algún juez amigo, que observe la causa en diagonal con la intención de hacerlos zafar.
En el centro de la escena está la mansión que se la atribuye a Toviggino en Villa Rosa. Es una vivienda a nombre de Luciano Pantano, un monotributista, y de su madre jubilada. Durante el allanamiento dictado por el juez Daniel Rafecas a la casa a nombre Pantano, quién sería el cadete del tesorero de la AFA, se encontró un equivalente a US$20 millones en bienes. Entre otros tesoros se destaca una flota de autos de alta gama. Algunos de ellos, los más lujosos, podrían ser del exgobernador y senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Justificar aquella riqueza representa un obstáculo importante para Toviggino, lo que abrió un debate interesante en la Justicia respecto a la elección de un juez amigo. No solo por lo que ocurre con la AFA, con Tapia y con el destino penal de Toviggino, sino también porque es una metodología habitual en un país donde hay mucha corrupción. Para la búsqueda de un juez amigo se necesita una cantidad de artimañas procesales y técnicas que al común de la gente se le escapan, y que terminan por garantizar la impunidad.
Hay una disputa en torno a la radicación de la sede central de la AFA, que está en Capital Federal pero pretenden trasladar a provincia de Buenos Aires para determinar de ese modo quién es el juez de la causa. Buscan a Adrián González Charvay, juez federal de Campana a quien no puede todavía prejuzgarse o tildar de parcial. Sin embargo, es tal el interés de Toviggino y sus presuntos testaferros de que el expediente recaiga en aquel juzgado que terminan proyectado sobre Charvay una sombra que nadie tiene derecho a presumir. Al menos por ahora.
La causa fue radicada en la Justicia Penal y Económica de la Capital Federal. La Cámara de Casación, tras el planteo de un recurso, determinó que la cámara de ese fuero decidiera el destino del expediente. Quedó en ese fuero, en el juzgado de Verónica Straccia. Un camarista de Casación, Mariano Borinsky, aseguró en aquel momento que no era materia de Casación decidir competencias, sino que depende de los respectivos fueros. El criterio de Borinsky cambió ahora, cuando los presuntos testaferros de Toviggino pidieron que el caso pase a González Charvay, en Campaña. Borinsky aceptó que la Cámara de Casación dirima un problema de competencia, contra su propia opinión. Con el juez Diego Barroetaveña, convocó a una audiencia el 12 de agosto para decidir dónde irá el caso de la mansión de Toviggino. Se decidiría el destino de todo el caso AFA.
Es interesante tanto la postura de Borinsky como la de Barroetaveña. En el primero de los casos, por su cambio de parecer en un corto lapso. Borinsky cambia de criterio según el efecto que tienen sus opiniones. Y en caso de Barroetaveña extraña que opine después de haber sido presidente del Tribunal de Ética de la AFA. Estos son algunos de los rasgos de un sistema que muy bien gráfica esta causa, que tiene ocupado al periodismo y a la opinión pública desde hace meses. El expediente ha pasado ya por 13 magistrados, y todavía no hay ningún indagado, lo que supone un manto de impunidad.
A la luz de las numerosas vacantes en el Poder Judicial, existe otra forma de obtener un juez amigo: ponerlo. De esto se ocupa Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, con designaciones estratégicas para alojar gente afín en posiciones cruciales en lo que a corrupción se refiere. Hay dos puestos importantes a cubrir en la Cámara Federal Penal de la Capital Federal, que controla, ratifica o manda a corregir los pronunciamientos de los jueces de primera instancia. Allí se juzgan los delitos de funcionarios del Gobierno nacional.
Mahiques está buscando cómo poner a un juez amigo al que le van a tocar determinadas causas. Por ejemplo, la de Andis, donde se examina la presunción de que Karina Milei y los Menem cobraran coimas con contratos que tienen que ver con prestaciones para discapacitados. También la causa del desenvolvimiento patrimonial de Manuel Adorni. Y el caso $LIBRA, que tiene en la mira al Presidente. Eso está tramitándose en ese fuero federal porteño y pasaría por una cámara a la que Mahiques le está poniendo dos miembros: Pablo Yadarola, un íntimo amigo suyo, y Pablo Bertuzzi, que tuvo que volver a rendir concurso para el cargo que hoy ocupa.
En ambos casos, si uno considera los criterios objetivos del concurso, es decir, el examen y los antecedentes profesionales, uno salió en el lugar 16 y el otro en el 21. Se fueron tocando posiciones y, luego, después de que los dos dieran una entrevista que dejó con la boca abierta a los entrevistadores, pasaron a integrar las ternas. Este es un modo en el que la Justicia, en un país con mucha corrupción, le agrega otro plano al problema: la impunidad. Corrupción hay en todos lados, impunidad no necesariamente.
Volvemos a caer en algo sistemático de la Argentina. La falta de credibilidad de la Justicia. Si miramos el sistema del RIGI, a quienes vienen a invertir se les garantiza que no van a ser juzgados por jueces argentinos, sino que van a tener derecho a ir a la Justicia de Estados Unidos, que sería más confiable.
Por eso respecto a Tapia y Toviggino, todos están pendientes con lo que pasa en la Justicia de Estados Unidos. Por eso el presidente de la AFA le dio tanta importancia y divulgó que Trump le dio la mano. Se mostró como “amigo del grandote”. Mientras, los fiscales estadounidenses están avanzando en esta investigación.
Todo esto pone en el centro del esquema de poder de la Argentina al ministro de Justicia, a quien los Milei confiaron todos los problemas judiciales. Pero hay otra figura del gabinete que es muy importante por el rol que le piden que ejerza: Diego Santilli. Él acaba de capturar para su control un área importantísima que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, todo lo que pertenece a funcionarios que reportan a Santiago Caputo. Es una novedad muy saludable. Son áreas en las que se discuten negocios cruciales, como concesiones al sector privado, y van a depender de alguien que tiene responsabilidad administrativa y eventualmente penal de lo que se firma, lo que no sucedió hasta ahora porque reportaban al Mago del Kremlin, que es un consultor instalado en el sector privado. Hay que aplaudir esta decisión, que es un nuevo criterio que se adecua más al buen funcionamiento de la burocracia y a una mayor transparencia.
Lo que capturó para sí Santilli es el Enacom, que regula toda la actividad de medios audiovisuales y telecomunicaciones. Mantiene al interventor, Martín Ozores, al menos hasta ahora. Eso es una curiosidad, porque nunca se normalizó al ente. Y la oposición no se queja, aunque tendría lugares en el directorio.
También quedan bajo el mando de Santilli empresas estatales, que el Gobierno planea privatizar: Arsat, una gran red de tendido de fibra óptica, y el Correo. El jefe de Gabinete las puso bajo el mando de Gustavo Coria, que viene trabajando con él desde hace ya un tiempo y que es del corazón del corazón de la casta: era el encargado de relaciones institucionales de la Corporación Puerto Madero, que fue una gran caja ligada a la regulación de ese barrio, en la época de Eduardo Bauzá, en la presidencia de Menem. Después Coria pasó a ser delegado de Santilli en el Ceamse, la corporación que tramita el negocio de la basura. Allí convivió con los Moyano y su entonces yerno: Chiqui Tapia. Esa es la ventana que comunica a Santilli con Tapia.Habrá que ver si eso sirve para que suceda lo que dicen que ya sucedió: un acuerdo con el Gobierno, en el que queda afuera Toviggino, que es muy amigo de Mahiques.
El Correo es muy importante porque es el que organiza la logística de las elecciones, en un contrato con una empresa que se llama Flecha Log y es de Leonardo Scatturice, íntimo de Santiago Caputo. Scatturice compró Oca y Flecha Log, que tiene un contrato muy determinante con el Correo y que Coria tal vez ahora revisará. Arsat, por su parte, importa porque, más allá de los negocios, allí estalló un escándalo de gran dimensión, probablemente el más grande que tuvo este Gobierno en términos de corrupción. Se trata del allanamiento de quien fue su presidente, Facundo Leal, ligado a José Luis Manzano. Leal también fue presidente del ORSNA, organismo mediante el cual se regulan los aeropuertos. En el allanamiento a dos domicilios de Leal se encontraron 2.400.000 dólares en distintas monedas, más del doble de lo que se estima que había en el vestidor de Insaurralde. También drogas pesadas, una balanza -presumiblemente para pesarlas-, armamento y una cantidad de aparatos tecnológicos ligados al espionaje.
Leal fue echado del área de Transporte, junto con el secretario, porque hizo un viaje a Ibiza en el avión de Toviggino. Todo se relaciona como si hubiese un sistema.
El drama ahora es que, como en el caso de los Cuadernos de las Coimas, en este otro aparece un chofer, Tomás Scalera, que declaró delante el fiscal de San Isidro y dijo que había una oficina en el Rulero, el edificio emblemático de Carlos Pellegrini y Libertador- donde acompañaba a Leal y había una persona de apellido Vidal que se juntaba mucho con él en reuniones de una hora u hora y media. “También solía escuchar el apellido ‘Scatturice’, pero eso cuando Leal estaba en el Orsna. Aclaro que yo seguí siendo chofer de Leal cuando estuvo en ese organismo. En el Rulero también se juntaba con una persona de apellido ‘Paolini’ y otro creo que era ‘Juan Bonora’, y me parece que uno de los dos tenía algo que ver con Huawei”. Es la gran empresa de tecnología China, por lo que acá ya se meten en la geopolítica del negocio de las telecomunicaciones. Sigue el chofer: Con Bonora, Leal también se juntaba en Benavidez, y un par de veces en las oficinas de Huawei”, afirmó el chofer.
El valor penal de esto lo decidirá la Justicia: No hay ninguna prueba más que un relato. El chofer pudo escuchar que se hable de cualquier persona, pero eso no implica una imputación penal. Sin embargo, empieza a existir la sospecha de los mencionados y de Santiago Caputo de si a este chofer le cargaron la declaración y hay alguien dentro del propio Gobierno diciéndole a quién nombrar. O quizás es un chofer que como era maltratado por Leal, según dicen, ahora cobra venganza así.
Desde las oficinas cercanas a Caputo, en las últimas horas, surgió la versión de que esto no es una guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo. Alegan que no se trata de que Javier Milei ya decidió que determinadas áreas de su administración van a estar ahora en manos de su hermana y de sus colaboradores. Según esa versión todo fue acordado, ya que no cambian a los funcionarios. Pero aparentemente esa coartada fracasó porque, en las últimas horas, estarían por sacar de la administración al secretario que tenía bajo su área a la Secretaría de Innovación, Tecnología y Ciencia: Darío Genua, que fue funcionario de Macri y después fue secretario de Hacienda del municipio de Pilar, de Federico Achaval, extremadamente ligado al juez de Campana, González Charvay, y a la AFA. Como si hubiera una red disponible para hacer negociados, que permanece gobierno tras gobierno, más allá de lo que vota la gente.
¿Santilli estará cómodo en esta posición, asumiendo un conflicto con Santiago Caputo, que sigue siendo un hombre extraordinariamente poderoso? Santilli no quiere tomar conflictos nunca y se caracteriza como un gran equilibrista. Aparentemente, alguien le dijo que, si quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y tener un acuerdo con Pro para poder ganar, tiene que ganárselo y ser el agente de la pelea, bajo las órdenes de Karina Milei. Esa es la idea de la señorita Milei y los Menem.
Todo esto lleva a la elección en la provincia de Buenos Aires y a la perspectiva de la carrera por ser gobernador. Santilli, como jefe de Gabinete, tiene que llevarle a Milei un trofeo: el sistema electoral, que tiene tres incógnitas. Dos dependen del Congreso y el jefe de Gabinete: si va a haber colectoras que confluyan en la lista que encabece Milei de tal manera que se nutra de votos por fuera de su partido, y, por otro, lado, si se eliminan las PASO. Si eso sucede, la oposición tiene un enorme problema de organización. Santilli está intentando que los gobernadores peronistas lo acompañen en suspender las PASO.
La tercera incógnita, que no depende de Santilli, sino del peronismo, es cuándo va a ser la elección. Si va a ser simultánea, como fue siempre, a la presidencial o va a haber elección anticipada, bonaerense, como el año pasado para legisladores. Es importante porque si el año que viene, antes de la elección presidencial, hay una bonaerense de gobernador y la gana el oficialismo nacional, el camino de Milei hacia la reelección se despeja enormemente. Pero, si pierde LLA, a Milei se le complicaría el panorama. Sobre todo a su ministro de Economía, Luis Caputo, porque los mercados estarían tomados por una gran incertidumbre respecto a la continuidad de la política económica.
La fecha de la elección bonaerense es crucial y Kicillof no tiene todo el poder para decidir porque depende de intendentes, la Cámpora y de una negociación con Cristina Kirchner.
Son las incógnitas que quedan sobre la mesa luego de que se terminó una etapa dichosa del fútbol. Una vez que volvió la Selección, volvemos a la cotidianeidad lamentable de la corrupción, de los negociados y de las luchas facciosas. Es decir, de una cantidad de vicios que contrastan con la otra Argentina, la de Scaloni y Messi.
Carlos Pagni,Javier Milei,Lionel Messi,,Conforme a
POLITICA
Una sesión en cuarto intermedio y leyes frenadas: la desafiante agenda del Senado hasta fin de año

Una abultada bandeja de proyectos libertarios frenados, y un recinto trabado y con cuarto intermedio vigente -hasta el 6 de agosto- representan el resumen de la desafiante agenda que tendrá el Senado hasta fin de año. Problemas de fondos no habrá ya que los legisladores obtuvieron, justo antes del receso invernal, un nuevo aumento en sus dietas -más de 12 millones de pesos, en bruto- por estar atadas a la paritaria de empleados, tal como resolvieron todos los bloques, sin grieta, en 2024.
Como iniciativa más fresca quedó la de propiedad privada, ya muy manoseada entre los 15 borradores que aparecieron post dictamen. Fue el motivo principal del cuarto intermedio y es uno de los textos que desea -aunque ya se lo desplumaron al oficialismo- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace pocas semanas fue a defender la ley de Sociedades que, por ahora, no muestra guiños concretos desde la oposición dialoguista.
En caso de resolver el embrollo de propiedad privada el 6 de agosto, durante el mismo mes podría ser sancionada la ley denominada “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas. De hecho, la misma estaba pensada para dicha jornada, aunque con la posposición del primer proyecto y la dificultad que tiene para avanzar la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Todo quedó como una moneda en pleno vuelo. La porteña destinó más energía a otros objetivos personales y noticiables -con irregular éxito- y dejó a su espacio muy expuesto y sin defensa -incluido al propio Javier Milei- en varias ocasiones.
Con otros articulados se comenzó en comisiones con una fuerte promoción y, a los pocos días, quedaron olvidados. Un claro ejemplo fue la remodelación de la ley de salud mental, aunque desde usinas oficialistas deslizaron a Infobae que, tras las vacaciones, empujarían novedades. También lo hicieron con otros temas que aún aguardan respuesta.
El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo. En mayo último disertó la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.
Por otra parte, iniciativas como ludopatía -todos en guionado silencio- y etiquetado frontal -dinamitar todos los octógonos- ni siquiera son mencionadas. Y días atrás fue girado a tres comisiones -mayor dificultad para hallar aliados y firmar dictamen- el súper RIGI, que ya fue aprobado por la Cámara baja y espera su sanción definitiva.
Mientras que la Casa Rosada ahora pretende que Diputados apure las nuevas modificaciones sobre la inocencia fiscal -increíble que una ley sancionada deba ser cambiada a los pocos meses, lo cual denota el nivel de irresponsabilidad con el que se debaten cuestiones sensibles-, en el Senado se asoman ansiedades por la reforma política. Por fuera del inflado show informativo que se despliega desde Balcarce 50, no hay allí un solo indicio de movimiento y un interés único para suspender -ya no eliminar- las PASO. Y nadie cree que exista alguno no antes de octubre o noviembre.
Para esa época, el Gobierno sueña que la Cámara alta achique las zonas frías -facturas de luz y gas más caras en varios distritos- y ahorrar una millonada para enviar, con holgura de cuentas, el Presupuesto 2027 a Diputados. Esto deberá ocurrir a mitad de septiembre. Un abrir y cerrar los ojos para el ritmo que suele tener el Congreso.
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la promoción de potenciales articulados para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y una eventual normativa relacionada con el shutdown, como en los Estados Unidos, que implica la paralización de áreas de la administración central en caso de que no hubiese acuerdo por la ley de gastos.
De lo que no queda dudas es, más allá de lo voluminosa de la agenda, es que la misma no tendrá luz verde si La Libertad Avanza no ajusta varias de sus tuercas. Entre errores propios -que sin dudar se podrían haber evitado y el lastre -no sirve como excusa- generado por el indefendible exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el mileísmo perdió un tiempo más que valioso.
Post receso, los aliados pretenderán aprobar textos propios. La buena predisposición se mantendrá, pero menor margen de acción para el Gobierno, que tendrá que decidir si cede o si, como en 2024 y 2025, busca el choque con toda la oposición. Los articulados ya no interesarán mucho y todo se pesará en la balanza electoral.
POLITICA
La obra pública en los tiempos de Javier Milei: se demora un proyecto clave para mejorar la calidad de vida de 4,5 millones de personas
9‘minutos de lectura
El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el “Sistema Riachuelo”, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran en cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron a cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.
Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, que demoró las partidas para concluir el “lote 2″ del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre con el que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda sólo ganó unas semanas. El 1 de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de afirmaron que cancelarán en los próximos días.
“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y ejecución del megaproyecto.
Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a las demoras en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto del 2023″, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78″, precisaron. ¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1 de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número SWIFT de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.
Desde AYSA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la ACUMAR opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, para que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a los certificados que vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados. Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos, la obra continuó su ejecución” y que la ACUMAR “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.
Radiografía de la obra pública
Concebido durante los albores del kirchnerismo, el “Sistema Riachuelo” resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio al proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El “Sistema Riachuelo” sigue hoy sin funcionar.
Por su complejidad, el megaproyecto se concibió en tres partes o “lotes”. El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el “lote 2″ quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.
Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.
Las pautas que fijó Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.
El “Sistema Riachuelo” es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.
Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025″, indicaron ante la consulta de .
Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.
El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.
Tres “lotes” con recorridos muy distintos
Los tres tramos o “lotes” registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:
- Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso Cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
- Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del Lote 1, más una Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo-. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
- Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo que trasladará los efluentes pre tratados en las obras del Lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa Cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.
Hoy, con las obras finalizadas, los “lotes” 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del “lote” 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.
¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a , el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.
El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y Acumar giró los pocos fondos de los que disponía a afrontar vencimientos en las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de Acumar.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
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