La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete le puso fin a tres meses de crisis en el oficialismo que llevaron a la casi paralización total de la agenda del Gobierno de Javier Milei en el Senado. Ahora, sin esa barrera en el camino, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), busca reactivar el tratamiento de los proyectos reclamados por el Poder Ejecutivo.

Por lo pronto, Bullrich le dijo a que su intención es convocar a labor parlamentaria para abrir el recinto esta semana -sería el miércoles-, para tratar el temario que estaba previsto discutir la semana pasada en una sesión que fracasó por la decisión del oficialismo de dejar el recinto sin quórum para evitar el debate de la interpelación del ahora exjefe de Gabinete.

La estrella de ese temario es el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que ya suma dos postergaciones, en parte por la crisis generada por Adorni, pero también por la fuerte resistencia que genera la decisión de permitir la venta de tierras a extranjeros.

Sobre este punto, según Bullrich, parece haber un consenso que le permitirá tener la mayoría necesaria para poder aprobar el proyecto y enviarlo en revisión a la Cámara baja. Ese acuerdo incluiría autorización del Congreso para la venta de tierras a otros estados y un doble conforme, de la Nación y la provincia, para el caso de empresas en las que otras naciones sean accionistas.

A la lista de temas para la sesión de esta semana, que incluye siete pliegos judiciales, en su mayoría del fuero laboral, se le podría sumar la denominada “ley hojarasca”, iniciativa que busca derogar leyes desactualizadas, sin uso o que recrean tradiciones superadas en el tiempo.

Esta semana también podría iniciarse el debate en comisiones del denominado super RIGI, proyecto que contiene beneficios fiscales para empresas que realicen inversiones superiores a los US$ 1000 millones y que fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados.

Si bien lo de Adorni fue para el oficialismo una pesadilla que se extendió más de la cuenta, también sirvió para tapar algunas cuestiones que, ya sin el ahora exjefe de Gabinete ocupando toda la escena política, el oficialismo tendrá que hacer frente en el Senado y empezar a tomar decisiones.

El ejemplo más palmario de esta situación es el proyecto de reforma electoral, que quedó abandonado hace ya más de un mes atrás. Bullrich ya transmitió a la Casa Rosada que los votos no están para aprobar la iniciativa con la eliminación de las elecciones primarias, casi única razón por la que el Poder Ejecutivo se tomó la molestia de redactar un texto de más de 70 artículos.

Todo indica que, ya sin el lastre Adorni, el Gobierno podría intentar una nueva ofensiva de gestiones con los gobernadores aliados para tratar de conseguir la mayoría absoluta, son 37 votos afirmativos en el caso del Senado, que le permitirían a la administración libertaria asegurarle a Karina Milei la decisión final en el armado electoral de la coalición oficialista y, además, quitarle a la oposición una herramienta que podría ayudarles a ordenar sus internas de cara a las presidenciales del 2027.

Más allá de que consigan o no el apoyo para eliminar las PASO, Bullrich tendrá enfrentar la presión de cierto sector de la oposición dialoguista que quiere impulsar el tratamiento, por separado, de la denominada Ficha Limpia. Se trata de la prohibición de ejercer cargos públicos o participar como candidatos en elecciones nacionales a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia.

Una ley con esas características fue rechazada en el Senado el año pasado gracias al rechazo, sorpresivo, de los senadores del Frente Renovador de la Concordia, la coalición que gobierna la provincia de Misiones. Aquella jugada fue vista por la oposición dialoguista como una movida impulsada por la Casa Rosada y ahora la ve como una zanahoria para atraer respaldos a la reforma y a la eliminación de las PASO. Alertados de esa movida, piden quitar el tema del proyecto del Gobierno y aprobarlo como un texto autónomo.

La lista de proyectos incómodos para la conducción del oficialismo en el Senado es extensa. En esta categoría también entra el proyecto denominado de zonas frías que busca modificar una ley impulsada por Máximo Kirchner que había repartido subsidios a consumidores de gas por estar en zonas frías.

El proyecto cuenta con la aprobación de la Cámara baja, pero también con el rechazo de varios senadores de la oposición dialoguista cuyos votos el Gobierno necesita si quiere sancionar la ley. Es el caso de los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez y el bonaerense Maximiliano Abad, que ya pusieron el grito en el cielo porque el texto impulsado por la Casa Rosada elimina a regiones de sus provincias de la lista de zonas con tarifas subsidiadas.

El atasco legislativo perjudica también al proyecto de ley de reforma integral de la ley de Salud Mental. El texto, remitido por el Poder Ejecutivo al Senado el 20 de abril pasado, fue sometido a dos extensas reuniones de comisión por la que desfilaron especialistas en la materia. Sin embargo, el debate quedó en pausa en las últimas dos semanas por el tironeo entre Karina Milei y la jefa de bloque por la continuidad de Adorni.

Escenas de la crisis

El pesado lastre que significó el renunciado jefe de Gabinete para el Senado puede graficarse con un par de episodios registrados durante las últimas dos semanas que muestran cómo la crisis alteró las relaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista.

Uno de esos episodios ocurrió en el despacho de una senadora radical cuando un colega del bloque libertario le acercó una versión corregida del proyecto de propiedad privada para que lo revisara para ver si se ajustaba a lo que habían acordado. “¡Pero ¿Qué me vienen con Propiedad Privada?! ¡Arreglen de una vez el quilombo de Adorni!”, lo sacó con caja destemplada la legisladora, harta de que el oficialismo prometiera, sin cumplir, la inminente salida del jefe de Gabinete.

Otra escena se registró en la mañana del miércoles, cuando un gobernador se quejó en diálogo con un miembro del bloque oficialista porque el Gobierno seguía sosteniendo a Adorni en el cargo.

–“Bueno, entonces ordenale a tus senadores que apoyen la interpelación”, respondió, con pragmatismo puro, el legislador oficialista.

–“Sabés que no puedo, que necesito llevarme bien con los Milei”, fue la seca respuesta del mandatario provincial, que prefirió cambiar de tema.

La onda expansiva del escándalo de corrupción por el que se investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, golpeó a la Justicia provincial.

En las últimas horas se conoció la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El jefe de los fiscales de Lomas de Zamora fue acusado de archivar una causa penal contra un contador que trabajaba en la municipalidad durante la gestión de Insaurralde. Baccini también fue imputado por la presunta desaparición de pruebas.

Al ser consultado por , Baccini rechazó la acusación en su contra y agregó: “Apliqué la resolución 1390 de la Procuración, así que no puedo analizar de oficio un dictamen sobre el que la denunciante nunca pidió una revisión”.

La investigación contra el contador de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzó el 29 de noviembre de 2017, cuando una auditora de la delegación local del Tribunal de Cuentas de la bonaerense encontró dos cajas y una bolsa con facturas, formularios para las licitaciones y remitos en su oficina.

A partir de este hallazgo, la auditora hizo una denuncia por la posible comisión de un delito, ya que entre la documentación que encontró había facturas y remitos correspondientes a empresas proveedoras del municipio.

La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Pablo Rossi, quien luego de tomarle declaración a la auditora describió el contenido de la documentación y mostró las grabaciones y fotocopias de lo que había encontrado.

Debido a que en esas cajas había presupuestos en blanco, facturas y sellos de empresas, algunas de ellas proveedoras de la comuna, se sospechó que se trataba de un “kit para inventar licitaciones”. Por ese motivo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien, según la auditora del Tribunal de Cuentas, había reclamado las dos cajas y la bolsa con documentos.

Al fundar dicho pedido, el contador manifestó que esos documentos pertenecían a su estudio contable. Lo curioso del caso fue que Rosin guardara documentos de su estudio en la municipalidad donde trabajaba como contador.

Un “kit” para licitaciones

Según se determinó en la investigación, entre esa documentación había formularios presuntamente aptos para completar, simular o armar expedientes administrativos de contratación pública.

Inicialmente la causa tuvo impulso investigativo. El fiscal Rossi, que intervino en la primera etapa, analizó la documentación y solicitó medidas de prueba. Se ordenaron allanamientos en la Municipalidad de Lomas de Zamora y en domicilios vinculados a Rosin; también se secuestró nueva documentación y se dispusieron peritajes contables e informáticos. En el pedido de allanamiento se mencionó la posible existencia de un conjunto de funcionarios municipales vinculados a la maniobra investigada.

Al revisar las empresas que figuraban en la documentación encontrada por la auditora del Tribunal de Cuentas se determinó, por ejemplo, que el contador Rosin aparecía vinculado con una de las empresas proveedoras del municipio y que su estudio contable particular tenía el mismo domicilio que otra empresa que era proveedora de la municipalidad.

Además, al revisar los integrantes de los directorios de algunas de las empresas, los investigadores encontraron a otros funcionarios de alto rango de la Municipalidad lomense que pertenecían a la gestión Insaurralde.

Según consta en el sumario, el 9 de noviembre de 2020, el fiscal general Baccini le sacó la investigación a Rossi y se la asignó a otro fiscal, quien ordenó el archivo de la causa al considerar que “no surge del informe de los peritos oficiales que las operaciones a las que calificó como ‘llamativas’ hayan tenido carácter defraudatorio, y si lo hubieran tenido, la acción estaría prescripta”.

En la resolución que decretó el archivo del expediente contra los funcionarios de la gestión Insaurralde se expresó que “los peritos solo pudieron verificar la existencia de una relación entre Rosin y proveedores del Municipio, pero solamente ello, pues no se verificó que fueran partícipes de una maniobra defraudatoria o integrantes de una asociación ilícita, sino solo una incompatibilidad administrativa. Se habría considerado que no se encontraba acreditado un delito penal y que, en todo caso, podría existir una incompatibilidad administrativa o disciplinaria en la actuación [de Rosin] por su doble rol como contador municipal y eventual contador de proveedores de la Municipalidad”.

El archivo del expediente tuvo como inmediata consecuencia que se dejara sin efecto la acusación contra el contador Rosin y contra los otros funcionarios municipales que eran subordinados del intendente Insaurralde.

Pedido de otro fiscal y nueva acusación

El escándalo en la Justicia lomense estalló cuando el fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde, a su exesposa Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clerici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, solicitó el expediente 07-00-76248-17 por el caso de corrupción en la municipalidad a la fiscalía a cargo de Baccini.

Ante la falta de respuestas, el fiscal federal Mola, mediante los canales oficiales, puso en conocimiento del procurador general ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, la conducta reticente del responsable del Ministerio Público de Lomas de Zamora.

Entonces, el jefe de los fiscales provinciales dispuso que la conducta del fiscal Baccini fuese investigada por el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración.

Para garantizar la objetividad del proceso en investigaciones en las que aparece imputado un fiscal, los sumarios se instruyen en otro departamento judicial.

Se inició así un sumario que quedó a cargo del fiscal general de Pergamino, Fernando D’Elío, quien luego de revisar las pruebas concluyó que “con su conducta, Baccini habría ocasionado la impunidad en una causa de interés institucional, puesto que se denunciaba la posible comisión de una defraudación en perjuicio del erario público”.

En la resolución de 60 páginas, el fiscal D’Elío consideró que Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Al consignar las cuestiones prejudiciales, en las que se detalló que el fiscal general de Lomas de Zamora tiene fueros, se consideraba necesario que para avanzar en el proceso se debía comunicar la resolución a la Secretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de la Procuración General, a través del Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados y remitir otra copia a la fiscalía federal N°1 de Lomas de Zamora, que investiga las denuncias contra Insaurralde y que había denunciado la reticencia en el envío del expediente contra los colaboradores del intendente.

El 9 de septiembre del año pasado, Baccini recibió la notificación de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

A casi diez meses de la presentación del pedido de juicio político contra Baccini, el expediente no tuvo avances relevantes y no fueron sorteados los conjueces que deben revisar si el Jurado tiene competencia para resolver sobre la denuncia contra el fiscal.

“Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente. Yo expuse una opinión. Actualmente, la causa que me atribuyen haber archivado sigue abierta. Además, el denunciante, en este caso, la auditora del Tribunal de Cuentas, nunca se mostró disconforme con la resolución de archivar la causa”, concluyó el fiscal Baccini.