POLITICA
El horno digital no está para bollos libertarios

La conversación digital de los argentinos sobre la protesta social empieza a marcar un punto delicado para el gobierno de Javier Milei.
La protesta advertida en la conversación pública está dejando de manifestarse como un episodio sectorial y comienza a organizarse como una categoría estable de interpretación del presente argentino.
En ese desplazamiento aparece un dato político central.
En tiempos libertarios, la discusión en redes sociales fue dejando de debatir sobre piquetes o cortes de calle para focalizar en temas como la universidad, el trabajo, la salud, la educación, las condiciones de vida y la relación entre la sociedad y el Estado.
La protesta de los argentinos deja de ser una escena de tránsito y se convierte en una escena de época.
Para un gobierno como el de Milei, que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de ordenar el caos, contener a los intermediarios y sostener el ajuste como camino inevitable, este crecimiento del clima de protesta abre una zona de riesgo.
El oficialismo todavía conserva iniciativa política, pero empieza a convivir con un malestar más capilar, menos encapsulado y más difícil de administrar con la lógica clásica de la polarización.
Tiempos calientes
El último informe de Monitor Digital revela un interés en aumento por la protesta social en redes y en la web.
La evolución mensual de menciones de los argentinos en plataformas muestra una serie muy volátil desde junio de 2023, con picos intensos asociados a momentos de mayor conflictividad pública.
Sin embargo, el tramo reciente resulta especialmente relevante: durante 2026 se advierte una meseta alta de interés digital por distintos reclamos, con registros cercanos o superiores a 800 mil menciones en varios meses.
El comportamiento de los últimos meses sugiere que la protesta social dejó de ser un evento excepcional para convertirse en un componente estable de la agenda digital.
Si analizamos el fenómeno en la Web, el dato resulta más elocuente.
El ciclo libertario muestra los niveles de interés más elevados de los últimos 20 años por la protesta social, en contraposición a un declive marcado de las consultas sobre piquetes y cortes de calle, fenómeno que refiere a uno de los méritos políticos más importantes del actual gobierno en materia de control de la calle.
La mesura ante la “calentura”
En un contexto de tensión social en aumento, la pregunta es hasta qué punto conviene seguir calentando el debate público.
La estrategia de confrontación permanente le dio rédito al mileísmo.
Le permitió ordenar identidades, señalar adversarios, sostener cohesión interna y evitar que la oposición le impusiera agenda.
Pero una cosa es tensar el debate cuando la sociedad discute ideas, privilegios o modelos de país, y algo muy distinto es tensarlo cuando el malestar empieza a apoyarse sobre experiencias concretas de deterioro de la calidad de vida, con ingresos ajustados, servicios resentidos, universidades movilizadas y expectativas sociales en retroceso.
En ese contexto, cada gesto de sobreactuación discursiva del oficialismo libertario puede devolver menos capital político y producir más desgaste.
La lógica amigo-enemigo funciona bien cuando el conflicto queda organizado alrededor de actores nítidos, pero opera peor cuando la conversación se federaliza, se diversifica y empieza a expresar incomodidades múltiples.
Allí, la protesta ya no necesita un único sujeto conductor: circula como clima general.
Paradoja libertaria
Para no perder centralidad frente a la oposición, el oficialismo puede verse tentado a subir el volumen, radicalizar el relato y presentar cada reclamo como una maniobra política contra el cambio que pregona.
Pero esta respuesta corre el riesgo de transformar demandas sociales heterogéneas en una misma superficie de impugnación.
La motosierra puede ordenar la narrativa; el termómetro social, no tanto.
Cuando la temperatura social empieza a subir, discutir con el artefacto que la mide suele ser una pésima política pública.
El presente crítico de Milei no se define sólo por la cantidad de protestas, sino por el modo en que la protesta empieza a ganar densidad simbólica.
El reclamo social aparece como una señal de advertencia sobre los límites de tolerancia del ajuste: todavía no necesariamente como ruptura, pero sí como acumulación; no como estallido, pero sí como incomodidad persistente; no como derrota política, pero sí como erosión posible.
Por eso, el mayor desafío del Gobierno no pasa únicamente por resistir la presión opositora, sino por leer a tiempo cuándo la confrontación deja de ordenar y empieza a dañar.
La comunidad argentina de redes sociales mantiene una conversación persistentemente negativa, contexto en el cual cada chispa discursiva puede servir para fidelizar al núcleo propio, pero también para ampliar el perímetro del malestar.
Leé también: Los riesgos de la obstinación política en tiempos de ebullición social
El mileísmo gobierna sobre una tensión evidente: necesita conservar épica, pero también necesita evitar que esa épica se transforme en obstinación.
Necesita sostener el capital político que le dio origen, pero también necesita advertir que la sociedad no procesa el ajuste sólo como una discusión ideológica: lo vive en carne propia.
Ese es el borde sensible del momento actual: la protesta social deja de expresarse como ruido opositor, para transformarse en síntoma de una tolerancia social bajo presión.
Redes Sociales
POLITICA
Por qué se postergó la ley de Propiedad Privada: la trastienda de cómo el oficialismo no logró los votos de los aliados

El oficialismo no logró construir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Senado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto. La propuesta fue impulsada por la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, y recibió 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. Logró ganar tiempo hasta después del receso invernal en el Congreso para continuar negociando.
Las principales diferencias surgieron este jueves en torno al futuro régimen de tierras rurales, uno de los capítulos centrales de la iniciativa. Las provincias reclaman preservar su autonomía en el control de las operaciones sobre esos inmuebles y el tema se metió en la negociación entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
Por el momento, quedó descartada la posibilidad de reabrir el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La intención oficialista es acercar posiciones para volver a insistir con la ley en una nueva sesión el 6 de agosto. En caso de aprobarse, la iniciativa tiene que ser girada a Diputados para su sanción definitiva.
Negociaciones sin consenso
El proyecto, que incorpora desalojos exprés, modifica el régimen de tierras rurales y deroga una restricción de la Ley de Manejo del Fuego, obtuvo dictamen en el Senado el pasado 20 de mayo aunque desde entonces sufrió numerosas modificaciones.
En las horas previas a la sesión se sucedieron reuniones entre la senadora Patricia Bullrich y el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, con el objetivo de acercar posiciones. Bullrich también mantuvo encuentros con referentes de la oposición dialoguista en las oficinas radicales del segundo piso del Palacio Legislativo, pero las conversaciones no alcanzaron para cerrar un acuerdo.
El oficialismo consiguió iniciar la sesión con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, alcanzando el quórum de 37 senadores para que la vicepresidenta Victoria Villarruel abriera el debate. No acompañó la bancada Convicción Federal, encabezada por la jujeña Carolina Moisés.
Mientras el recinto reconocía a la selección argentina de Lionel Messi y varios legisladores exhibían camisetas nacionales, el oficialismo continuaba negociando un texto definitivo con sus aliados, aunque finalmente no logró unificar una propuesta.
La disputa por las tierras rurales
La UCR, conducida en el Senado por Eduardo Vischi, encabezó los cuestionamientos al capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros. El bloque insistió en que los registros de esas operaciones queden bajo la órbita de las provincias, una facultad que la Casa Rosada no está dispuesta a ceder.
Ante la falta de coincidencias, la decisión fue postergar el tratamiento hasta la próxima sesión prevista para el 6 de agosto, luego del receso invernal.
En paralelo, la UCR nacional, liderada por Leonel Chiarella, difundió un documento titulado La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra, en el que reivindicó la Ley de Tierras y recordó que establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad.
Leer más: Victoria Villarruel y Patricia Bullrich mantuvieron una fuerte discusión antes de la sesión en el Senado: el detalle de los chats
A esa postura se sumó la senadora salteña Flavia Royón, mientras otros bloques también impulsaron modificaciones. De las reuniones con La Libertad Avanza participaron —además de los radicales Vischi y Mariana Juri, y de Royón (Primero los Salteños)— Martín Goerling Lara (PRO), Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Corroza (Neuquinidad).
“Es una ley que modifica muchas leyes y hay que seguir dialogando”, afirmó la senadora Ávila.
Las objeciones de Convicción Federal
La bancada integrada por Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada defendió su dictamen de minoría, especialmente en lo referido a la situación de los inquilinos.
Los senadores sostuvieron que “es inaceptable que la ley coloque en el mismo plano a quien alquila de buena fe y atraviesa una situación económica crítica con quien ocupa ilegalmente una propiedad”.
La propuesta distingue jurídicamente los casos de usurpación de los conflictos derivados de contratos de alquiler, preserva el debido proceso y garantiza que ningún desalojo habitacional pueda ejecutarse sin brindar una instancia efectiva de defensa al inquilino.
El bloque también manifestó su rechazo a flexibilizar la venta de tierras rurales a extranjeros y planteó la necesidad de mantener los límites a la extranjerización, fortalecer los mecanismos de transparencia y proteger los recursos naturales estratégicos.
También hubo críticas desde el peronismo de Unión por la Patria, incluso de la bancada de Diputados. “Por redes hablan de patria, de soberanía, muestran mucho la bandera argentina… pero cuando llega el momento de sentarse y votar, con carita de piedra hacen entrega de nuestras tierras a extranjeros, habilitan la quema de los bosques nativos y le quitan herramientas al Estado para proteger a los argentinos. Esto son”, expresó la diputada Cecilia Moreau.
Qué establece el proyecto
El dictamen incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros.
La nueva redacción establece que, cuando los inmuebles se encuentren en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el proyecto modifica la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
Entre los principales cambios figura la incorporación de los denominados desalojos exprés para inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La iniciativa habilita al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este presente caución juratoria.
La reforma también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite mediante documentación la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, el proyecto deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020, que impide durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
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POLITICA
El Procurador dictaminó contra el pedido del juez Irurzun para continuar más allá de los 75 años

El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó contra el recurso del camarista federal Martín Irurzun, que busca que la justicia lo habilite a seguir en la Cámara Federal más allá de los 75 años de edad, que cumple el sábado.
Ahora, la Corte Suprema está formalmente en condiciones de decidir si Irurzun puede o no permanecer en su cargo, más allá de lo que señala la Constitución.
Sin embargo, el máximo tribunal no tiene previsto reunirse en acuerdo esta semana, ya que uno de sus integrantes, el juez Ricardo Lorenzetti, está de licencia.
Para que la Corte pueda funcionar con dos jueces y llamar a conjueces, primero debe ocurrir que los tres magistrados debatan el caso, que no haya unanimidad y convoquen por sorteo a otros jueces. Entonces se corre traslado a las partes y hay 15 días para formar el tribunal.
El segundo motivo es que alguien se excuse y esa situación debe estar validada por los otros dos magistrados. Nada pasó.
Irurzun, consciente de esta situación, seguirá dando batalla en los tribunales para buscar que la justicia declare inconstitucional el artículo de la Constitución reformada en 1994 que le pone un límite al mandato de los jueces.
La norma indica que el Poder Ejecutivo debe pedir un nuevo acuerdo al Senado, el que debe ser concedido –con decreto de designación– antes de la fecha de cumpleaños.
Irurzun pidió hace un año al gobierno de Javier Milei que enviara su pliego al Senado para un nuevo acuerdo, pero el Poder Ejecutivo no lo hizo. Contrasta esta decisión con la celeridad con que sí lo hizo en el caso del camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El Gobierno quiere rediseñar la Cámara Federal, que decide sobre los casos de corrupción de los funcionarios y exfuncionarios. Ya avanzó con el envío de los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Ahora, con la eventual salida de Irurzun, tendría una tercera vacante a concursar en este tribunal.
Irurzun batalló en la Justicia para seguir más allá de los 75 años. Presentó una medida cautelar que fue rechazada en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Por eso es que planteó ahora un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso llegó ayer a la Corte y hoy fue enviado al procurador Casal, que dictaminó en menos de seis horas y devolvió el caso. Pero es dudoso que la causa avance en la Corte.
Casal dictaminó que la Corte Suprema debe declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario.
La medida cautelar autónoma de Irurzun quiere suspender los efectos jurídicos del tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, la cláusula incorporada por la reforma de 1994 que exige a los jueces un nuevo nombramiento presidencial con acuerdo del Senado para continuar en funciones más allá de los 75 años.
La opinión de la Procuración no es vinculante, pero deja al camarista en una posición procesal complicada, pues la Corte no tiene previsto reunirse y encima tiene una opinión en contra.
Para la Procuración, los agravios de Irurzun “no cuentan con la fundamentación autónoma” que requiere la ley.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había confirmado el rechazo de la medida cautelar al sostener que este caso es igual al que resolvió el 28 de marzo de 2017 en el caso de Leopoldo Schiffrin, el camarista al que se le negó seguir más allá de los 75 años.
Ese fallo revirtió la doctrina sentada con el juez Carlos Fayt, al que se le permitió seguir porque había sido nombrado antes de 1994. En el caso Schifrin se validó la cláusula de los 75 años, sin distinguir entre magistrados designados antes o después de la reforma de 1994.
Según aquel precedente, el límite etario modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad ni la independencia judicial.
Frente a eso, la apuesta de Irurzun fue otra: sostuvo que la mayoría de la Corte que firmó el fallo Schiffrin ya no existe, pues cambió la integración con la salida de Juan Carlos Maqueda del tribunal.
Y entendió que el estándar está “extinguido” y que la Corte, con su composición actual, podría cambiar de criterio.
Pero el Procurador dijo que Irurzun “no explicó los motivos por los cuales tal modificación debiera implicar, indefectiblemente, la adopción de un criterio distinto”.
Su agravio, dice el dictamen, “luce como una mera conjetura, carente de entidad jurídica suficiente” para habilitar la vía extraordinaria. Es decir que, por más que hayan cambiado los nombres de los jueces de la Corte, no significa que vaya a cambiar la doctrina.
El dictamen también convalida el razonamiento de la Cámara sobre la autoridad institucional de los precedentes del máximo tribunal.
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POLITICA
A 32 años del atentado, Javier Milei participará del acto por el ataque a la AMIA

Al igual que en los últimos dos años desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei participará este viernes del acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Como cada año, la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas volvieron a convocar para este viernes a participar del acto central frente a Pasteur 633 en el barrio porteño de Once donde, hace más de tres décadas, se produjo el ataque terrorista.
Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el acto comenzará con el sonido de la sirena a las 9.53, hora exacta en la que fue perpetrado el ataque en 1994. Dado que este año la fecha de la conmemoración -18 de julio- coincide con el descanso del Shabat, la organización decidió adelantar la conmemoración para este viernes.
Según comunicaron fuentes oficiales, el Presidente llegará a las inmediaciones de la AMIA alrededor de las 9.45 junto a la secretaria General, Karina Milei, y no se descartan otras presencias del Gabinete.
Los gestos de Milei con la AMIA e Israel en la previa de un nuevo aniversario del atentado
“Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina. Lo que representa para nosotros tanto un orgullo como una gran responsabilidad. Lamentablemente también, es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita que, en 1992 y 1994, se cobraron un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas”, manifestó Milei dos semanas atrás en su discurso en la Fundación Aliados de Israel.
En ese contexto, Milei advirtió sobre los peligros del antisemitismo y aseguró: “Durante décadas gran parte de nuestra región hizo causa común con los enemigos de Israel, como consecuencia de haber sido capturada por una ideología nefasta conocida como socialismo del siglo XXI”.
Con ese argumento, el mandatario insistió en la existencia de una alianza “implícita” entre la izquierda radical y el terrorismo islamita que vinculó al “odio a la civilización occidental del cual el pueblo hebreo es un precursor”.
En ese sentido, Milei destacó medidas de su Gobierno como la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y a las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, además de la expulsión del encargado de negocios de Irán.
Leé también: Karina Milei reunió a los legisladores porteños de LLA y les pidió llegar con un candidato propio a las eleciones de 2027
El Presidente también remarcó la firma del memorándum de libertad y democracia con Israel, junto con el impulso de los Acuerdos de Isaac, una alianza destinada a combatir el terrorismo, el antisemitismo y sus fuentes de financiamiento.
“Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible, como no la hubo nunca en los conflictos existenciales de la humanidad”, concluyó Milei en aquel entonces.
Javier Milei, Atentado a la AMIA
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