El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el presidente Javier Milei “padece algún tipo de psicosis” y anunció que el gremio presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer si el mandatario se encuentra “apto” para ejercer su cargo.

A través de una publicación en X, Aguiar indicó que los trabajadores estatales deben someterse a un examen médico preocupacional antes de ingresar a la administración pública y sostuvo que debería existir un requisito similar para quienes ocupan los máximos cargos del Poder Ejecutivo.

“ATE exigirá un examen médico para conocer el estado de salud del Presidente. Los desequilibrios del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Milei padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, introdujo uno de los gremialistas más combativos del sector.

Aguiar insistió en que existe, a su entender, una contradicción entre las exigencias que deben cumplir los empleados públicos y aquellas previstas para quienes conducen el Estado.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, dijo y subrayó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA”.

A su vez, consideró que la situación es “muy peligrosa” debido a que Milei “encabeza la administración pública nacional”.

“Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, agregó Aguiar, que nuclea a parte de los empleados estatales.

Asimismo, sostuvo que, si se determinara que el Presidente no se encuentra apto para ejercer sus funciones, “la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”. Fue así que aprovechó para proponer: “Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”.

“Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”, completó.

Aguiar adjuntó a su mensaje una solicitud de acceso a la información pública la Ley 27.275. En ella se pidió saber tres cuestiones: si existe un “examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que evalúe la aptitud psicofísica y/o psíquica del Milei para el ejercicio del cargo; en caso afirmativo, se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente, y resultado (“apto”/“no apto” o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia; y si existe normativa, protocolo o reglamento interno, vigente o proyectado, que prevea controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica».

No es la primera vez que se pone en debate la realización de un psicotécnico a aquellos candidatos a ocupar cargos públicos o mismo los que ocupen un lugar en el Poder Ejecutivo. Distintos proyectos fueron presentados en el Congreso, pero ninguno prosperó.

Además, varios miembros de la oposición al Gobierno quisieron poner en agenda el estado mental del Presidente.

En 2023, en el debate presidencial, el exministro de Economía Sergio Massa pidió que Milei se haga un test psicotécnico e hizo alusión a una pasantía en el Banco Central cuando tenía 22 años.

Para que aquellos candidatos a ocupar cargos públicos deban someterse a un psicotécnico se tiene que reformar el Código Nacional Electoral.

CÓRDOBA.- La pelea por el río Atuel sumó un nuevo capítulo en la disputa entre La Pampa y Mendoza y llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional en busca de suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminó el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean para Mendoza.

La presentación judicial busca que se mantenga provisoriamente el esquema anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para La Pampa, la decisión del Poder Ejecutivo no solo representa una “pérdida de recursos para las arcas provinciales, sino que modifica unilateralmente derechos” que, según sostiene, tienen un “respaldo jurídico” que excede al decreto que acaba de ser derogado.

El argumento central de la provincia es que el derecho a percibir regalías también surge de un convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la propia Corte Suprema.

La Pampa sostiene que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre distintas jurisdicciones, en el que las partes asumieron obligaciones concretas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de la provincia.

Desde esa perspectiva, ninguna de las partes podría modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. Y el Estado Nacional, remarca la presentación, participó de aquel convenio como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.

El reclamo de Ziliotto pone así el conflicto en un terreno que excede la discusión sobre quién debe cobrar los recursos producidos por el complejo hidroeléctrico.

La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que el decreto vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión produce un “perjuicio patrimonial” directo sobre la provincia al eliminar un ingreso que, bajo el régimen anterior, percibió durante décadas.

Ziliotto cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional. “Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”, escribió en X.

De larga data

La disputa por el uso y aprovechamiento de ese río atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.

El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.

La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo – daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.

En ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.

Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.

La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.