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POLITICA

Guillermo Francos se refirió a las posibilidades de cara al 2027: “Hay una esperanza de seguir haciendo política”

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El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a la interna entre Patricia Bullrich y el Gobierno, al rol del PRO de cara a 2027 y a las posibilidades de su propio regreso a la política. El ex funcionario, que dejó su cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la actividad partidaria y dejó una frase que resumió su postura: “Para los que amamos la política y que nos hemos dedicado, por supuesto que siempre se espera poder seguir haciendo política en el país y dar lo que uno puede ”.

Sobre la senadora nacional por LLA, Francos fue medido. Reconoció que Bullrich tiene “opinión política” y que fue contendiente del presidente Javier Milei en las elecciones de 2023. “Ella tiene su personalidad política y el presidente también. A veces coincidirán y a veces tendrán diferencias, como es lógico”, señaló en diálogo con LN+. La referencia apuntó a los roces que se registraron en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando la ex ministra de Seguridad reclamó públicamente que el funcionario presentara su declaración jurada. Francos prefirió no profundizar en el episodio: “No sé qué papel juega la senadora Bullrich en este momento tampoco lo tengo claro”.

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Respecto a la posición asumida por el PRO en las últimas semanas y la relación con La Libertad Avanza, el ex funcionario reconoció el peso político del partido fundado por Mauricio Macri, pero se mostró cauto ante la posibilidad de una ruptura definitiva. “El PRO es un partido con relevancia, con representación parlamentaria importante, y Macri jugó un rol importante en el cambio de la organización política partidaria en la Argentina“, evaluó.

Luego recordó que el propio ex mandatario expresó en actos públicos que “va a apoyar todas las políticas del Gobierno con las que coincide y por ahí no apoyará otras cosas”. En este sentido, Francos apostó a una “confluencia” entre ambas fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque reconoció que “falta todavía” para saber cómo se articulará esa relación.

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En ese mismo horizonte electoral, el ex jefe de Gabinete ponderó el RIGI —el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, incluido en la Ley de Bases— como uno de los aciertos del Ejecutivo. “Nadie confiaba en la Argentina. Entonces hubo que decirle al mundo: estamos cambiando la regla de juego de nuestro país”, sostuvo, y añadió que el esquema apunta a atraer inversiones con reglas fijas de largo plazo.

Francos mencionó también el anuncio de YPF —empresa en la que integra el directorio— sobre una inversión de veinticinco mil millones de dólares en Vaca Muerta por parte de Shell Oil, que proyecta generar cien mil millones de dólares en los próximos años. “Esto es lo que va a revolucionar el país”, afirmó.

Sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, Francos volvió a referirse de manera escueta. Dijo que el presidente lo respalda con fuerza, que el funcionario presentará su declaración jurada, y que la Justicia deberá resolver. “Hemos hablado tanto de este tema”, comentó, con un tono que dejó poco margen para la especulación. Y ante la pregunta por quién integra el círculo de poder interno del Gobierno, respondió: “Lo que tengo claro es que el que manda, el que fija el rumbo, el que lidera el gobierno es el presidente”.

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La gestión económica también tuvo su lugar en el análisis de Francos. El exfuncionario defendió los resultados del Gobierno y afirmó que la Argentina salió de “una crisis terminal” heredada de la administración anterior. Como referencia comparativa, citó un artículo sobre el caso de Suecia, que pasó de ser una de las economías más estatistas del mundo a reducir su carga tributaria del 52% al 42% del PBI y mejorar la gestión de sus servicios públicos, incluida la educación. “Lo que está haciendo la Argentina, obviamente partiendo desde distintos lugares de inicio”, aclaró.

Francos pidió que la Justicia resuelva la situación de Adorni, respaldó al presidente como conductor del rumbo del Gobierno y fue cauto sobre el rol de Bullrich en la interna oficial

Sobre ese punto, Francos fue uno de los críticos más directos de la marcha universitaria de la semana anterior. “Yo veía la manifestación universitaria, que estaba llena de condimentos políticos”, dijo, y pasó a cuestionar la planificación del sistema educativo.

Al cierre de la entrevista, Francos volvió sobre su propia situación. Reconoció que “cumplió una etapa” y que el Presidente lo entendió. Sobre un retorno, sostuvo que no lo plantea como una posibilidad concreta, pero que quienes “aman la política” siempre esperan poder seguir participando. Ante la pregunta por dónde podría jugar —ciudad o provincia de Buenos Aires—, respondió con una clave: “Si me ves hablando de lo subterráneo en los próximos días, quiere decir que voy a estar jugando en la ciudad. Si me ves hablando de los problemas del Conurbano, capaz que estoy jugando en la provincia”.

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Crece la presión para que Kicillof defina las vacantes en la Corte bonaerense y aparecen nuevos nombres

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A los reclamos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, para que el gobernador Axel Kicillof empiece a definir y resolver la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal de Justicia, se le sumó en las últimas horas el pedido del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.BA). La Corte hoy funciona con tres de sus siete miembros originales y la expectativa en el sistema político y judicial bonaerense es que el mandatario habilite la negociación antes de que termine su mandato.

El Colegio de Abogados emitió un duro documento en el que les reclama tanto al Ejecutivo bonaerense como al Nacional la necesidad de completar los tribunales máximos de Justicia. En el mismo se plantea que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”. Además, remarcan que “lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, se ha instalado, en cambio, como un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. Para el Colegio, la situación, es un “debilitamiento deliberado y sostenido de los órganos que encabezan el Poder Judicial, con impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia”.

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El Colegio tiene nueva conducción desde junio de este año y está presidido por Rafael Gentili, titular del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. En la Vicepresidencia aparece Victoria Lorence, del Colegio de Lomas de Zamora. Cercana a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El presidente de la Corte bonaerense, Sergio Torres. Detrás, Daniel Soria

En la actualidad, la Corte bonaerense está integrada por Sergio Torres en carácter de presidente, Daniel Soria como vicepresidente e Hilda Kogan como ministra. Además del Procurador General, Julio Conte Grand. Hay cuatro lugares vacantes que estarán atados a la negociación política. Desde el Col.Pro.BA esperan que esa instancia se dé con base en la cuestión jurídica. “Es imprescindible que el proceso de selección incluya a juristas de reconocida trayectoria ética y profesional, teniendo especialmente en consideración la especialización de los aspirantes, la diversidad de género y la representación federal”, refleja el comunicado, que también hace hincapié en las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En lo que respecta a las vacantes bonaerenses, la cobertura está atada a una negociación política e incluso atravesada por la interna del peronismo. Los distintos sectores políticos advierten que Kicillof podría usar esa situación para una negociación macro. “Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, había dicho el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuando se le consultó sobre cuándo se iba a definir esa instancia.

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Un esquema posible de reparto sería que de las cuatro vacantes, tres sean para el peronismo —uno para el kirchnerismo, otro para el Frente Renovador de Sergio Massa y un tercer escaño para el sector de Kicillof- y la restante para la oposición. Marisa Herrera es una abogada referenciada en el kirchnerismo, egresada con diploma de honor y especialista en Derecho de Familia. Podría ser uno de los nombres que entren en la negociación. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, es otra alternativa. Mantiene relación activa con los integrantes de la Corte e intervino en la celeridad para elevar y aprobar para cargos judiciales al Senado. El Frente Renovador tiene para promover al diputado nacional, Ramiro Gutiérrez. Un leal a Sergio Massa; mientras que cercano a Kicillof es el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Semanas atrás, Teruel fue designado como representante del Ejecutivo para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Pero los intendentes que forman parte del MDF también miran con apetencias propias una silla en ese ámbito.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza en el Senado. Los libertarios estarán en la negociación por las vacantes en la Corte PBA

Otro nombre que se baraja es el de la decana de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, María Fernández Vázquez, que tiene recorrido en distintos estamentos judiciales. Además de ser la decana de Derecho en la UNLZ, también forma parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, representando a los abogados.

En lo que respecta a la oposición, hay, primero, una disputa sectorial: habría lugar para tres sectores. El PRO, la Libertad Avanza y la UCR también quieren estar en la mesa de negociación por la Corte. Los libertarios corren con cierta ventaja. Quedó evidenciado cuando, semanas atrás, se quedaron con los dos lugares que le correspondían a la oposición como representantes del Consejo de la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo, que salieron del Senado bonaerense.

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Ahora, desde LLA, lo que sigue —admiten— es avanzar con la negociación por las vacantes en el máximo tribunal de justicia bonaerense. Para ello tienen un nombre: el del Camarista, Sergio Pilarche de Pilar. Mientras que hasta hace un tiempo por la Unión Cívica Radical, el nombre se repetía: el de la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero; quien fuera concejal por el distrito de General Pueyrredón y representante del Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2018 y 2022.

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Cómo fue la maniobra para desviar los fondos de la AFA que está en la mira de la justicia de Estados Unidos

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En diciembre de 2021, Claudio “Chiqui” Tapia logró el apoyo de todos los integrantes del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar a una empresa desconocida como agente comercial de la entidad en el exterior. TourProdEnter LLC se había creado apenas cuatro meses antes en Florida, Estados Unidos. Al frente aparecía Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Tapia. Durante los siguientes cuatro años, manejaron una fortuna. reveló en diciembre pasado que esa sociedad acumuló cerca de US$ 300 millones en al menos cinco bancos de Estados Unidos. Sólo una parte de esa fortuna se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina.

De acuerdo a los registros que obtuvo el empresario Guillermo Tofoni en Estados Unidos, de ese total recaudado se desviaron casi US$57 millones a través de diez sociedades constituidas en Miami.

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Hoy, tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial, la Justicia de Estados Unidos avanzó con la investigación contra dirigentes de la AFA por los desvíos de fondos, a partir del contrato comercial con TourProdEnter LLC. Según confirmaron fuentes al tanto del caso, se dispusieron citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo de dirigentes cercanos a Tapia.

Manejos irregulares

La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales.

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Otro caso revelado por este medio tiene como protagonista a una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, que figura detrás de Tronador Import Export LLC. TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank. Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.

El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter.

Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road,ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de , según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.

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En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.

Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.

La investigación determinó que el dinero se desvió a través de esas sociedades y luego fue enviado a Buenos Aires, donde se retiraba en efectivo desde una serie de cuevas financieras de la City porteña.

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Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Juan Pablo Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad, Juan Pablo Beacon. Ambos impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas apócrifas cuyas copias obtuvo .

Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, constató que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.

El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. ¿Quién figura como administradora de la empresa? Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia.

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Javier Faroni y Erica Gillette aparecen como firmantes en una cuenta de TourProdEnter en JP Morgan Chase Bank

En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un dólar, el contrato con TourProdEnter LLC —aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA y publicado en el boletín 6031— le otorgó la llave de la representación comercial global. Quedó a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina y, tras el cobro de una comisión, remitir los excedentes a la entidad que preside el “Chiqui” Tapia.

Así, al cabo de cuatro años, la empresa de Gillette y Faroni acumuló casi US$300 millones. Los fondos se repartieron en cuatro bancos: más de US$146 millones en el Bank of America, otros US$72,4 millones en el Synovus, US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan. Luego apareció una quinta cuenta en PNC Bank.

Erica Gillette aparece como contacto principal en la cuenta de TourProdEnter del Citibank

Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. Así, por ejemplo, los mayores aportantes a la cuenta del Bank of America fueron Adidas (US$78,6 millones), Argentina Football Distribution, una empresa que opera el servicio de streaming conocido como AFA Play (US$18,7 millones), y Reporter Broadcasting Company (US$9 millones), uno de los patrocinadores del partido amistoso que se iba a jugar en India en el mes de noviembre de este año.

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Dos de esas empresas también lideraron los números en la cuenta de TourProdEnter LLC en el Citibank: Adidas, con US$15,1 millones, y Argentina Football Distribution, con US$5,1 millones, seguidas por Quest Holdings, de un grupo de empresas que adquirió el patrocinio de la selección para los partidos amistosos que jugaría en Asia, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según surge de un documento disponible en la Comisión de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos. Esa firma transfirió US$7,5 millones.

Uno de los destinos más recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter traza una ruta hacia Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por . La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”.

Transferencia a Adcap Uruguay Agente de Valores con la descripción «Pop pago para proveedores AFA»

El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter, con sede en Miami, que pasó de actuar como “agente comercial y de cobro”, a administrar los pagos de la AFA.

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El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.




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El peronismo buscará introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y se anticipa un largo debate en el Congreso

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Con proyectos presentados por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés, el peronismo en el Congreso busca introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La discusión promete abrir un fuerte debate en las comisiones de ambas cámaras en agosto.

Desde el Senado, Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal e integrante del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, adelantó que presentó dos iniciativas para limitar el alcance del régimen.

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“Presenté dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas podamos entrar en la Inocencia Fiscal, o en cualquier tipo de blanqueo”, sostuvo Salino.

El senador por San Luis vinculó el impulso de estas propuestas con la situación del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, mientras enfrenta denuncias judiciales por presuntos hechos de corrupción.

El primero de los proyectos de Salino excluye a funcionarios y personas vinculadas a la actividad política del Régimen Simplificado de Ganancias y mantiene para ellos la obligación de presentar declaraciones juradas bajo el régimen general. La restricción también alcanza a cónyuges, convivientes y familiares directos, y se extendería hasta dos años después de haber dejado el cargo.

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Fernando Salino, senador del bloque Justicia Social Federal. (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

La segunda iniciativa propone impedir que funcionarios y exfuncionarios de los últimos diez años ingresen a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos. La medida abarca a los principales cargos de los tres poderes del Estado y de los organismos de control.

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Además, incluye a familiares directos de las personas alcanzadas y excluye a condenados por determinados delitos, contratistas del Estado y otros sujetos contemplados en la legislación vigente.

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En paralelo, desde la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Eduardo Valdés también presentó una propuesta para reforzar los estándares de integridad pública y evitar que mecanismos excepcionales de regularización patrimonial beneficien a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.

Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria. (Foto Cámara de Diputados)
Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria. (Foto Cámara de Diputados)

“Permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial. Quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización que reducen las exigencias de rendición de cuentas”, argumentó Valdés.

Su iniciativa plantea excluir de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes del Estado, personas políticamente expuestas y sus familiares directos. Según el diputado, la propuesta busca mantener la coherencia con las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.

La postura del Gobierno

El vocero presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)
El vocero presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa en Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

Este martes, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió los cambios impulsados por el Gobierno en la Ley de Inocencia Fiscal.

“Esto marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos. Se trata de un hecho de justicia para todos los argentinos que fueron víctimas del sistema persecutorio que los trataba como delincuentes de manera preventiva y exigía que demuestren su inocencia”, afirmó.

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El funcionario agregó: “Las personas no tienen por qué ser tratados como criminales por querer ahorrar el fruto de su trabajo. Frente a preocupaciones del área se van a incluir algunas modificaciones que van más allá en el sendero de la ley”.

Los cambios que impulsa el oficialismo

La iniciativa, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.

Durante una conferencia de prensa, Caputo sostuvo que los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal.

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Entre las modificaciones previstas figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de adherentes; cambios en el criterio de “discrepancia significativa”; nuevas instancias de rectificación antes de perder beneficios; límites al uso de presunciones por parte de ARCA; y reglas de bancarización para determinadas operaciones.

El objetivo técnico de la propuesta es reducir el temor de los contribuyentes a quedar expuestos a fiscalizaciones amplias sobre períodos anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores una vez que ingresen al régimen.

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La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. Quienes adhieran y cumplan determinadas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.

A diferencia del esquema vigente, la nueva propuesta fija como plazo el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. Hasta esa fecha, se podrá declarar dinero no registrado sin costo por el pasado y sin que esa exteriorización pueda utilizarse como prueba en contra del contribuyente. De esta manera, el régimen dejaría de funcionar como un blanqueo permanente.

Proyecto de ley, Luis Caputo, PJ

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