El Gobierno evalúa nuevas medidas contra la Superliga mientras espera una definición judicial sobre la veeduría dispuesta en la AFA. En el Ministerio de Justicia analizan los próximos pasos administrativos y sostienen que el margen de acción es más amplio que en el caso de la AFA, donde existe una apelación judicial en trámite.

La situación de las dos entidades no es la misma. En el caso de la AFA, en el Ejecutivo sostienen que existe una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, de forma que esperarán esa resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas administrativas. «Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos”, expresan.

El escenario es distinto para la Superliga. En la Casa Rosada aseguran que esa entidad sólo manifestó su disconformidad con la veeduría y que la IGJ rechazó ese planteo. La estrategia oficial es mantener abierta la vía administrativa sin forzar una escena de confrontación antes de tiempo. “La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores”, agregan.

La Inspección General de Justicia tiene facultades para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, además de controlar su funcionamiento, disolución y liquidación. La Ley 22.315 establece que el organismo puede considerar, investigar y resolver denuncias, asistir a asambleas, convocarlas en determinados supuestos y pedir medidas más graves cuando detecta irregularidades relevantes.

En este caso, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso requerido por los veedores. Si la IGJ considera que hubo incumplimiento, la ley la habilita a sancionar a asociaciones, fundaciones, administradores y a cualquier entidad que no provea información, entregue datos falsos, infrinja obligaciones legales o estatutarias, o dificulte el desempeño del organismo.

El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo de la multa prevista para estos casos fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000. La graduación debe considerar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad.

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La IGJ también cuenta con herramientas de mayor alcance si detecta irregularidades graves. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en situaciones extremas, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 agrega que el organismo debe controlar que las asociaciones y fundaciones cumplan efectivamente los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad.

El Ministerio de Justicia monitorea el proceso y pone la mira sobre si la Superliga judicializa la medida o mantiene su resistencia sólo por vía administrativa. Sigue de cerca además la apelación de la AFA que debe resolver la Cámara y busca mantener la presión documental sobre las entidades del fútbol. “Es un proceso largo”, agregan.

Gobierno, Superliga, AFA

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a la interna entre Patricia Bullrich y el Gobierno, al rol del PRO de cara a 2027 y a las posibilidades de su propio regreso a la política. El ex funcionario, que dejó su cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la actividad partidaria y dejó una frase que resumió su postura: “Para los que amamos la política y que nos hemos dedicado, por supuesto que siempre se espera poder seguir haciendo política en el país y dar lo que uno puede ”.

Sobre la senadora nacional por LLA, Francos fue medido. Reconoció que Bullrich tiene “opinión política” y que fue contendiente del presidente Javier Milei en las elecciones de 2023. “Ella tiene su personalidad política y el presidente también. A veces coincidirán y a veces tendrán diferencias, como es lógico”, señaló en diálogo con LN+. La referencia apuntó a los roces que se registraron en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando la ex ministra de Seguridad reclamó públicamente que el funcionario presentara su declaración jurada. Francos prefirió no profundizar en el episodio: “No sé qué papel juega la senadora Bullrich en este momento tampoco lo tengo claro”.

Respecto a la posición asumida por el PRO en las últimas semanas y la relación con La Libertad Avanza, el ex funcionario reconoció el peso político del partido fundado por Mauricio Macri, pero se mostró cauto ante la posibilidad de una ruptura definitiva. “El PRO es un partido con relevancia, con representación parlamentaria importante, y Macri jugó un rol importante en el cambio de la organización política partidaria en la Argentina“, evaluó.

Luego recordó que el propio ex mandatario expresó en actos públicos que “va a apoyar todas las políticas del Gobierno con las que coincide y por ahí no apoyará otras cosas”. En este sentido, Francos apostó a una “confluencia” entre ambas fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque reconoció que “falta todavía” para saber cómo se articulará esa relación.

En ese mismo horizonte electoral, el ex jefe de Gabinete ponderó el RIGI —el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, incluido en la Ley de Bases— como uno de los aciertos del Ejecutivo. “Nadie confiaba en la Argentina. Entonces hubo que decirle al mundo: estamos cambiando la regla de juego de nuestro país”, sostuvo, y añadió que el esquema apunta a atraer inversiones con reglas fijas de largo plazo.

Francos mencionó también el anuncio de YPF —empresa en la que integra el directorio— sobre una inversión de veinticinco mil millones de dólares en Vaca Muerta por parte de Shell Oil, que proyecta generar cien mil millones de dólares en los próximos años. “Esto es lo que va a revolucionar el país”, afirmó.

Sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, Francos volvió a referirse de manera escueta. Dijo que el presidente lo respalda con fuerza, que el funcionario presentará su declaración jurada, y que la Justicia deberá resolver. “Hemos hablado tanto de este tema”, comentó, con un tono que dejó poco margen para la especulación. Y ante la pregunta por quién integra el círculo de poder interno del Gobierno, respondió: “Lo que tengo claro es que el que manda, el que fija el rumbo, el que lidera el gobierno es el presidente”.

La gestión económica también tuvo su lugar en el análisis de Francos. El exfuncionario defendió los resultados del Gobierno y afirmó que la Argentina salió de “una crisis terminal” heredada de la administración anterior. Como referencia comparativa, citó un artículo sobre el caso de Suecia, que pasó de ser una de las economías más estatistas del mundo a reducir su carga tributaria del 52% al 42% del PBI y mejorar la gestión de sus servicios públicos, incluida la educación. “Lo que está haciendo la Argentina, obviamente partiendo desde distintos lugares de inicio”, aclaró.

Sobre ese punto, Francos fue uno de los críticos más directos de la marcha universitaria de la semana anterior. “Yo veía la manifestación universitaria, que estaba llena de condimentos políticos”, dijo, y pasó a cuestionar la planificación del sistema educativo.

Al cierre de la entrevista, Francos volvió sobre su propia situación. Reconoció que “cumplió una etapa” y que el Presidente lo entendió. Sobre un retorno, sostuvo que no lo plantea como una posibilidad concreta, pero que quienes “aman la política” siempre esperan poder seguir participando. Ante la pregunta por dónde podría jugar —ciudad o provincia de Buenos Aires—, respondió con una clave: “Si me ves hablando de lo subterráneo en los próximos días, quiere decir que voy a estar jugando en la ciudad. Si me ves hablando de los problemas del Conurbano, capaz que estoy jugando en la provincia”.

Este lunes el Gobierno publicó la disposición 6/2026 que autoriza a la empresa El Al Israel Airlines LTD a operar vuelos regulares entre Israel y el país.

De esta manera la aerolínea de bandera israelí ofrecerá servicios de transporte de pasajeros y cargas en rutas directas, conforme a la normativa formalizada en Boletín Oficial.

En este sentido, el texto establece: “Autorizar a la empresa israelí EL AL ISRAEL AIRLINES LTD a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre punto/s del Estado de Israel, punto/s en la República Argetina, puntos intermedios y puntos más allá”. Las operaciones serán a partir del 29 de noviembre con dos vuelos semanales que unirán a la Argentina con Israel.

El servicio estará a cargo de la aerolínea de bandera israelí con una duración estimada de entre 15 y 16 horas, a bordo de aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. Los vuelos partirán los lunes y miércoles desde Ezeiza hacia Israel, y los domingos y martes desde Tel Aviv hacia Argentina.

Los pasajes ya están a la venta. Los precios de lanzamiento arrancan en USD 1.349 por ida y vuelta en clase turista “Classic” y alcanzan los USD 7.000 en clase ejecutiva. Las tarifas promocionales también permiten adquirir tramos individuales por USD 773, con equipaje de mano, una pieza de bodega de hasta 23 kilos, comidas y selección de asiento incluidos. La compañía señaló que esta oferta inicial apunta a captar distintos segmentos de viajeros, desde turistas hasta pasajeros de negocios.

“La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales”, decía la Secretaría de Transporte al momento de la confirmación de la ruta, a mediados de la primera semana del mes.

El avance de la gestión fue evaluado por las autoridades aeronáuticas, en el marco de los instrumentos bilaterales que regulan el tráfico aéreo entre ambos Estados. La medida se apoyó en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado el 15 de marzo de 2017 entre abos países. A este antecedente se suma el Memorándum de Entendimiento celebrado el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, que profundiza la cooperación aerocomercial y actualiza los términos de las autorizaciones para las compañías designadas. Las autoridades argentinas remarcaron que la operatoria propuesta se encuentra plenamente contemplada en el marco bilateral vigente.

La disposición administrativa enfatizó que la empresa israelita cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios solicitados. La compañía fue designada oficialmente por la autoridad aeronáutica israelí, lo que constituye un paso necesario para el otorgamiento de permisos bilaterales en materia de aviación comercial. La designación cumple así con los parámetros acordados por ambos países para la habilitación de operadores extranjeros.

Hasta que empiece a funcionar el vuelo directo en noviembre, quienes viajan entre Buenos Aires y Tel Aviv deben hacer al menos una parada en ciudades como Madrid, Roma o Miami. Los pasajeros suelen volar primero con Aerolíneas Argentinas o Iberia hasta una de esas ciudades y después conectar con El Al Israel Airlines para llegar a Israel. Este sistema es similar al que usan otras aerolíneas internacionales, como Emirates, que hace escalas en Río de Janeiro o San Pablo en sus vuelos desde Buenos Aires a Dubái o Qatar, por cuestiones de demanda y ubicación. Con la nueva ruta directa, el viaje será mucho más rápido que cualquiera de las opciones con escalas.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo se pronunció favorablemente sobre la solicitud dentro de su ámbito de competencia, tras revisar la documentación presentada y verificar el cumplimiento de los estándares requeridos. Paralelamente, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intervino conforme a sus atribuciones, aportando su análisis técnico y validando la viabilidad de la operación.

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