POLITICA
El Gobierno analiza nuevas sanciones contra la Superliga y espera una definición judicial sobre la AFA
El Gobierno evalúa nuevas medidas contra la Superliga mientras espera una definición judicial sobre la veeduría dispuesta en la AFA. En el Ministerio de Justicia analizan los próximos pasos administrativos y sostienen que el margen de acción es más amplio que en el caso de la AFA, donde existe una apelación judicial en trámite.
La situación de las dos entidades no es la misma. En el caso de la AFA, en el Ejecutivo sostienen que existe una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, de forma que esperarán esa resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas administrativas. «Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos”, expresan.
El escenario es distinto para la Superliga. En la Casa Rosada aseguran que esa entidad sólo manifestó su disconformidad con la veeduría y que la IGJ rechazó ese planteo. La estrategia oficial es mantener abierta la vía administrativa sin forzar una escena de confrontación antes de tiempo. “La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores”, agregan.
La Inspección General de Justicia tiene facultades para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, además de controlar su funcionamiento, disolución y liquidación. La Ley 22.315 establece que el organismo puede considerar, investigar y resolver denuncias, asistir a asambleas, convocarlas en determinados supuestos y pedir medidas más graves cuando detecta irregularidades relevantes.
En este caso, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso requerido por los veedores. Si la IGJ considera que hubo incumplimiento, la ley la habilita a sancionar a asociaciones, fundaciones, administradores y a cualquier entidad que no provea información, entregue datos falsos, infrinja obligaciones legales o estatutarias, o dificulte el desempeño del organismo.
El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo de la multa prevista para estos casos fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000. La graduación debe considerar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad.
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La IGJ también cuenta con herramientas de mayor alcance si detecta irregularidades graves. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en situaciones extremas, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 agrega que el organismo debe controlar que las asociaciones y fundaciones cumplan efectivamente los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad.
El Ministerio de Justicia monitorea el proceso y pone la mira sobre si la Superliga judicializa la medida o mantiene su resistencia sólo por vía administrativa. Sigue de cerca además la apelación de la AFA que debe resolver la Cámara y busca mantener la presión documental sobre las entidades del fútbol. “Es un proceso largo”, agregan.
Gobierno, Superliga, AFA
POLITICA
Inocencia fiscal: el Gobierno envió al Congreso el proyecto para incorporar los dólares del colchón al sistema bancario
El Gobierno envió este jueves al Congreso de la Nación el proyecto para realizar cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La medida busca brindar reaseguros a los ahorristas para incentivar a que usen los llamados dólares del colchón.
“El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidad de ningún tipo”, había planteado el ministro de Economía, Luis Caputo, este miércoles en conferencia de prensa. Y agregó: “Queremos que haya más inversión, y la contracara de la inversión es el ahorro, que hoy están debajo del colchón”.
En ese contexto, el proyecto firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Luis Caputo propone cambios sobre dos ejes centrales: la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y el régimen de prescripción tributaria.
Así, el Gobierno busca dar mayor seguridad jurídica al régimen simplificado, “equilibrando las garantías de los contribuyentes con las facultades de fiscalización del Estado”; y actualizar y racionalizar el esquema de infracciones en el ámbito del trabajo agrario, “garantizando su eficacia disuasoria sin perder de vista la razonabilidad y la proporcionalidad”.
Por un lado, la medida elimina los límites de ingresos o de patrimonio establecidos que restringían el acceso al régimen simplificado para quienes tenían ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Así, el Gobierno busca que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad.
A su vez, los cambios redefinen el concepto de la “discrepancia significativa” que le permite a ARCA romper la presunción de exactitud del contribuyente. En el nuevo texto, se considera una discrepancia cuando la impugnación implique un aumento de impuesto o reducción de quebrantos no inferior al 15% de lo declarado; la diferencia supere el monto fijado en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430); o se detecte uso de facturas apócrifas o cómputo indebido de ingresos directos.
Además, se incorpora un piso mínimo equivalente al 5% del monto del Régimen Penal Tributario ($5 millones), por debajo del cual no se configura discrepancia significativa aunque se supere el 15%, para evitar —según el texto— que ajustes menores activen impugnaciones “desproporcionadas” contra contribuyentes de buena fe.
Por otro lado, las modificaciones incorporan la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración y pague el ajuste dentro de los 15 días de notificado, sin perder por eso los beneficios del régimen.
A su vez, se agrega un mecanismo de reintegro acelerado, que obliga a ARCA a devolver lo pagado con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles si una impugnación termina siendo revocada.
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A la hora de prevenir el lavado de activos, el proyecto prevé que los contribuyentes que adhieran a la modalidad simplificada deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el Banco Central y/o la Comisión Nacional de Valores.
“En conclusión, el proyecto de ley representa un avance sustancial en la consolidación de un sistema tributario más lógico y protector de los derechos de los medianos y pequeños contribuyentes, así como en la revalorización de las herramientas de fiscalización y sanción en el ámbito del trabajo rural, asegurando que las multas cumplan efectivamente su finalidad”, afirmó el Gobierno en los fundamentos del proyecto.
Dólares, Congreso, Javier Milei, Colchon
POLITICA
En imágenes: cómo cambiaron la distancia física y los elementos de cuidado durante los anuncios de la cuarentena
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El de esta tarde fue el octavo anuncio del presidente Alberto Fernández para detallar cómo será la siguiente fase de la cuarentena en el país. Se dio justo cuando se cumplen 100 días desde aquel 19 de marzo, en el que anunció que desde la medianoche regiría el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país.
En ese momento, aún no se tenía mucho detalle de cómo evolucionaría la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país, ni la importancia del distanciamiento social.
Con cada nuevo anuncio, la separación entre las personas que acompañaron al Presidente durante la conferencia se fue agrandando. Incluso, de cinco personas en el estrado se pasó a tres.
Uno por uno los anuncios
LA NACION,Política
POLITICA
Moyano echó a un dirigente de Camioneros imputado por un fraude de USD 10 millones en un hotel sindical
Claudio Balazic, ex secretario Administrativo del Sindicato de Camioneros y ex hombre de confianza de Hugo Moyano, fue echado este jueves del gremio por una asamblea extraordinaria, aunque ya está imputado en una causa judicial por fraude de unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata.
La convocatoria al congreso sindical para expulsar al dirigente se adoptó de manera urgente, hace 24 horas, ante la inminencia de un agravamiento de la situación de Balazic ante la Justicia, según fuentes de Camioneros.
El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, investiga supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel del sindicato, ubicado en Santa Fe 2373, en pleno centro marplatense, a 4 cuadras del Casino y a 2 cuadras de la playa Bristol.
En realidad, la causa se inició a partir de una denuncia judicial presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado a Hugo Moyano, luego de lo cual, en octubre pasado, el líder del sindicato apartó de sus cargos a Balazic y a Paulo Villegas, secretario Tesorero de Camioneros.
La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balazic y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.
Aparicio, conocido como “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y cercano a Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, que mantuvo una prolongada pelea con su padre, Hugo, por fuertes diferencias acerca de la crítica situación financiera de la obra social.
Aunque padre y hijo dieron muestras de haberse reconciliado hace tres meses, en la asamblea donde se echó a Balazic, sugestivamente, Pablo Moyano y Aparicio no estuvieron sentados junto al líder de Camioneros sino en las últimas filas del salón del hotel Intersur, en el barrio de San Telmo, donde se hizo el encuentro.
Durante la asamblea, a la que no concurrió Balazic para defenderse, se dieron detalles acerca de las supuestas irregularidades cometidas por el acusado. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, el ex dirigente de Camioneros habría cerrado 6 habitaciones del hotel para unirlas, las alquilaba para eventos o fiestas y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.
Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como constaría en pedidos facturas que están en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.
Según se informó en la asamblea, como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas, el sindicato presentaría también una denuncia judicial contra algunos proveedores de mercadería del hotel.
Además de Balazic y Villegas, en la causa están imputados un contador y varios ex empleados del hotel, y bajo análisis de la Justicia figurarían cheques firmados por algunos de los directivos desplazados.
“La causa está en pleno trámite, se recolectaron pruebas, en especial documentación y testimonios del personal del hotel, y siguen están trabajando los peritos contables e informáticos”, dijo una fuente judicial.
El escándalo del fraude en el hotel marplatense sacudió al Sindicato de Camioneros porque coincide con las innumerables quejas de los afiliados por el corte de prestaciones médicas por la crisis de la obra social, los acuerdos salariales a la baja y las protestas que hubo en la rama de recolección de residuos por no haber recibido indemnizaciones por la llamada “Ley Moyano”.
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