La Argentina rechazó hoy ante la Organización de los Estados Americano (OEA) los bloqueos de Evo Morales en Bolivia y advirtió que “pareciera que hay actores para los que solamente la democracia vale cuando ganan las elecciones, pero no si las pierden”.

El embajador y representante permanente, Carlos Bernardo Cherniak, fue enfático en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo y aseguró que “no son momentos para ambigüedades”. “La Argentina reafirma su rechazo a toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático o alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”, planteó.

La intervención del diplomático argentino se produjo en el marco de una reunión convocada por la OEA para evaluar la situación política interna de Bolivia, donde a dos semanas del inicio de los bloqueos el país amaneció con 47 puntos de corte activos en seis de sus nueve departamentos. La protesta, que comenzó con reclamos sectoriales de aumento salarial y derivó en exigencias de renuncia al presidente Rodrigo Paz Pereira, se extiende ahora a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

Ante el Consejo Permanente, Cherniak instó a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias “por vías institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto a las autoridades democráticas y la preservación de la paz social”. El representante argentino también defendió el despliegue del Hércules C-130, una aeronave que el expresidente Evo Morales había señalado como parte de una supuesta cooperación militar, y precisó que se trató de una misión humanitaria para el traslado de suministros al departamento de La Paz.

Horas antes, el canciller Pablo Quirno había rechazado categóricamente esa acusación en diálogo con radio Mitre: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales“. Y fue más allá: “Esto comprueba lo que es el eje del mal”.

Cherniak inscribió la crisis boliviana en una dimensión regional: “La estabilidad democrática de nuestros países no es solamente un asunto interno. Constituye también un valor compartido del sistema interamericano”. Advirtió, además, que un vecindario democrático es “funcional también a la seguridad regional y a la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales” y recordó que la diplomacia preventiva es un instrumento con el que la OEA puede cumplir su misión, tal como ocurrió en el caso de las elecciones en Honduras.

“Desestabilización institucional”

En la misma sesión, el canciller boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, alertó sobre “una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático” de su país. Describió acciones que, a su juicio, “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y se orientan a “generar condiciones de desestabilización institucional”: ataques a instituciones públicas, amenazas contra servidores del Estado, interrupción de rutas estratégicas y “severos impactos económicos y sociales”.

“Cuando se impide el libre tránsito de alimentos, se restringe el acceso a bienes esenciales, se paralizan servicios y se somete a la ciudadanía a condiciones de incertidumbre y coerción, nos encontramos ante conductas que sobrepasan claramente el legítimo ejercicio de las libertades democráticas”, sostuvo.

Aramayo también advirtió sobre “preocupantes indicios” de articulación entre ciertos actores y “estructuras que operan al margen de la legalidad”. Fue categórico al señalar que el gobierno del presidente Paz Pereira reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero que “ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración deliberada de los derechos fundamentales de la población”.

Ante el Consejo, Bolivia solicitó que el organismo reafirme el compromiso hemisférico con el orden democrático, condene la violencia política organizada, respalde los esfuerzos de diálogo del gobierno boliviano y exprese solidaridad con el pueblo boliviano. Además, pidió el acompañamiento político del secretario general de la OEA para contribuir al fortalecimiento del diálogo y la preservación de la institucionalidad.

Antes de la sesión, Aramayo ya había agradecido públicamente el respaldo argentino en radio Mitre: “Le pido al canciller Quirno que a través suyo le haga llegar un agradecimiento del pueblo boliviano al presidente Milei, porque en momentos de tensión como los que estamos viviendo, el que Argentina haya puesto a disposición aviones Hércules para el transporte de alimentos y ayuda humanitaria, da cuenta de este nivel de alineamiento y de solidaridad».

El canciller boliviano también anunció que su gobierno denunciará a Morales ante la OEA por actos de sedición y terrorismo: “Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha y un proceso de desestabilización de la democracia”.

La posición de Argentina se inscribe en un bloque de países que rechazó los intentos de desestabilización. Un comunicado conjunto de ocho naciones —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— repudió “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” del gobierno de Paz Pereira. También se pronunciaron la Casa Blanca, la Unión Europea y más de 30 expresidentes agrupados en el Grupo Idea.

La crisis tiene otro frente diplomático abierto: Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y ordenó su expulsión este mismo miércoles. La decisión responde a lo que la cancillería boliviana describió como la “injerencia constante” del presidente Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y afirmó en sus redes sociales que la crisis es consecuencia de “la soberbia geopolítica”. Morales expresó públicamente su respaldo a Petro y le agradeció por “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”. La cancillería boliviana aclaró que la expulsión de la diplomática no implica una ruptura de relaciones con Bogotá.

La Paz y El Alto permanecen prácticamente cercadas, con escasez de alimentos de la canasta básica, interrupciones en el transporte público y colegios en modalidad virtual. La Policía boliviana anunció la habilitación de un “corredor humanitario” para garantizar el paso de alimentos, combustible y medicamentos. El gobierno de Paz Pereira informó que mantiene negociaciones reservadas con distintos sectores para desactivar el conflicto.

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