Lo que se presumía que iba a ocurrir, ocurrió. Las autoridades de los Estados Unidos avanzaron en la investigación de los negocios que se realizaron alrededor de la AFA. Hasta ahora no llegan al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a su tesorero, Pablo Toviggino. Pero sí a Javier Faroni, intermediario de grandes contratos de la organización a través de su sociedad TourProdEnter LLC. Faroni deberá declarar ante la Justicia del Sur del Estado de La Florida. En la misma AFA admitieron que se le requirió información y documentación sobre las autoridades de la Asociación. Hay que recordar que Tapia y Toviggino eligieron a Faroni como intermediario de convenios multimillonarios en los que el empresario se quedaba hasta con el 30% del monto del negocio.

Una información de fuentes muy confiables asegura también que en el aeropuerto de Nueva York agentes del FBI incautaron los teléfonos y otros dispositivos de comunicación de Tapia, cuando el presidente de la AFA estaba por subir al avión en el que regresó a Buenos Aires. La AFA desmintió esa noticia en un comunicado oficial. También el abogado Gregorio Dalbón pidió a Infobae, el medio que había asegurado que los aparatos electrónicos de Tapia habían sido decomisados, que corrija esa información porque era falsa. A pesar de esas desmentidas, personas con acceso a los operativos que realiza el FBI en los Estados Unidos seguían ayer asegurando que los teléfonos de “Chiqui” quedaron en Nueva York.

También figuras muy al tanto sobre esos movimientos de las autoridades norteamericanas anticipaban, a comienzos de junio, lo siguiente: “Durante el mundial no va a pasar nada. Nadie quiere que se atribuyan los resultados deportivos a los problemas judiciales. Pero cuando termine el campeonato sí habrá novedades”. Dicho y hecho. Algo olfateaba Toviggino cuando desistió de concurrir a los partidos.

El paso que dieron en La Florida los organismos de investigación norteamericanos agrava la escena en torno de la AFA y sus jerarcas. ¿Qué cruces de llamados o mensajes cobijan los teléfonos de Faroni? ¿Y los de Tapia, si se confirma que fueron retenidos? Desde ayer al mediodía, cuando trascendieron estas novedades, comenzaron a correr escalofríos por la espalda de financistas, dirigentes políticos y funcionarios judiciales argentinos. Nadie quiere quedar registrado en esos aparatos. ¿Surgirán los nombres de estudios jurídicos o contables de los Estados Unidos? ¿Se conocerán movimientos inmobiliarios en ese país? ¿Cómo entraron y salieron los caudales que circularon alrededor de la AFA a través de los contratos celebrados con Faroni? ¿Están sólo ligados a actividades deportivas? Todo es posible. Sobre todo, entre gente muy descuidada. Sólo un grupo de “buenos muchachos” que fascinarían a Scorsese comete la torpeza de hacer pasar sus fechorías por cuentas y sociedades que están sometidas a la jurisdicción norteamericana. Por lo tanto, cabe imaginar que no han hecho desaparecer información comprometida. Temor y temblor.

La noticia de una intervención directa del FBI y de la Justicia de los Estados Unidos, sobre la que Francisco Olivera vino informando semana a semana en los últimos meses, cambia por completo la perspectiva del sistema judicial argentino frente al problema. Comienza a haber una competencia entre los tribunales de los dos países. En la Justicia local ha habido infinidad de movimientos procesales sospechosos. Por eso se especula con que existe un intento de proveer impunidad a Tapia, Toviggino y los personajes con los que contrataron acuerdos multimillonarios.

La jugada más llamativa es el intento de radicar las causas en el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay. En esa pretensión están empecinados los presuntos testaferros de Toviggino. El monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte. Ambos figuran como propietarios de la mansión de la localidad de Villa Rosa, en la que se encontraron bienes por una suma equivalente a 20 millones de dólares durante un temprano allanamiento ordenado por el juez federal porteño Daniel Rafecas. Pantano sería un cadete de Toviggino.

La investigación está hoy a cargo de la jueza federal en lo Penal Económico Verónica Straccia. Conviene recordar que la Cámara de ese fuero, el 26 de junio pasado, en un pronunciamiento de Roberto Hornos y de Carolina Robiglio, procesó a Tapia y Toviggino. Pero la Cámara de Casación Penal dispuso, con la firma de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que se debata si el expediente debe estar en manos de Straccia o ser remitido a González Charvay, el preferido de quienes figuran como “dueños” del opulento caserón. El tercer juez que intervino, Alejandro Slokar, opinó que la Cámara no debía participar de esa discusión. Un detalle muy curioso es que el juez Borinsky había afirmado lo mismo que Slokar cuando se trataba de enviar el expediente desde lo de Charvay al fuero penal económico. Borinsky sostuvo en ese momento que la Cámara de Casación no debe inmiscuirse en discusiones sobre la jurisdicción en la que deben radicarse las causas. Ahora cambió de parecer y propuso, junto con Barroetaveña, que el próximo 12 de agosto se celebre una audiencia para definir adonde debe ir el expediente. Otra curiosidad: Barroetaveña aceptó intervenir en el caso a pesar de haber sido, hasta que estalló el escándalo, presidente del Tribunal de Ética de la AFA.

Si se quiere hilar más fino, se puede razonar de esta manera: es muy sugerente que Borinsky haya abierto la puerta para dar la razón a los supuestos testaferros de Toviggino en un momento crucial de su carrera. Sobre todo, cuando esa decisión va en contra de lo que sostuvo en un pronunciamiento anterior. Él aspira a que Javier Milei lo postule para ocupar una de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Dicho de otro modo: se podría suponer que la conducta de Borinsky se inscribe en un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de la AFA.

¿Hay razones para imaginar ese entendimiento? Muchas. La más notoria es que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue delegado de la AFA ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Ocurrió en diciembre de 2017, apenas habían asumido sus cargos Tapia y Toviggino. Para hacerse cargo de esas responsabilidades Mahiques necesitó una autorización del Consejo de la Magistratura, en el que actuaba como representante del Poder Ejecutivo, con una subordinación informal a Daniel Angelici. Gobierno Macri.

La integración de Mahiques al elenco de la AFA explica que haya provisto abogados a sus directivos. Entre otros, a su alter ego, Ignacio Jakim, quien se encuentra ahora sometido a investigación por presuntas irregularidades en operaciones con dólares mientras el mercado cambiario estaba intervenido. Hoy entre los principales abogados de las autoridades de la AFA está Marcelo Rochetti, también alter ego, pero de Cristian Ritondo. Como Mahiques, Ritondo es un militante del Pro incorporado al oficialismo de Milei. Rochetti ya patrocinó a otras celebridades del deporte. Por ejemplo, al “Rafa” Di Zeo, prócer de la barra brava de Boca. La proximidad de Mahiques a la cuestionada dirigencia del fútbol explicaría también las versiones que aseguran que su padre, el camarista de Casación Carlos Mahiques, colega de Borinsky y de Barroetaveña, celebró su última fiesta de cumpleaños en la mansión de Pantano, conocida en Villa Rosa como “lo de Toviggino”.

Sobran las evidencias de cómo los jerarcas de la AFA han cooptado a funcionarios judiciales. Algunos de esos indicios estarían en poder del secretario ejecutivo de la Asociación, Juan Pablo Beacon, ahora enemistado con quien fue su jefe, Toviggino. Beacon atesoraría en su tormentoso pendrive los pedidos de entradas de partidos de fútbol y hasta de pases de estacionamientos de algunos camaristas de Casación que hoy intervienen en el caso. De los jueces y hasta de los concuñados. Pasión de multitudes.

Este paisaje de complicidades puede entrar en crisis si los magistrados norteamericanos deciden avanzar con sus investigaciones a una velocidad mayor que la de sus colegas criollos. Contubernios de la omertá futbolístico-judicial podrían quedar desbaratados en los tribunales de Florida. Habrá que ver si se confirma la incautación de los teléfonos de Tapia, que fuentes muy confiables dan por hecha. Basta con que se indague a Faroni, que es un nudo importantísimo en la trama que une fútbol y política. Este representante teatral pertenece al corazón del sistema de Sergio Massa, que lo convirtió en diputado, igual que a su hermana. El propio Massa se cansó de repetir ante gente que ahora se hace eco, que “Toviggino es mío”. En este contexto conviene hacer una aclaración: ninguno de los autos de alta gama estacionados en la cochera de la mansión del cadete Pantano pertenecería a Massa. Se le atribuyen a alguien todavía más cercano a Toviggino: el exgobernador y actual senador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Otra figura que, por razones diversas, camina debajo de una lupa instalada desde Washington. Se pueden consultar en la web los informes de Douglas Farah, un investigador cercanísimo al Departamento de Estado. Cruzar los dedos: no vaya a ser que a través de Faroni el FBI llegue a Toviggino y por esa vía alcance a Zamora, al que hace tiempo están mirando.

Las investigaciones sobre los negocios del fútbol en los Estados Unidos tal vez obliguen al Gobierno a evaluar de nuevo la relación con las autoridades de la AFA. Milei sostuvo al comienzo un durísimo enfrentamiento. Sobre todo cuando se conocieron los audios de Diego Spagnuolo hablando de coimas que cobraría su hermana Karina en los contratos del área de Discapacidad. Esos audios se divulgaron a través de la plataforma Carnaval, atribuida a Zamora y Toviggino. Los encuentros de Milei con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hicieron fantasear en ese momento con alguna gestión para provocar la intervención de la AFA. Sin embargo, la designación en el Ministerio de Justicia de Mahiques, que se dirige a Toviggino con el cariñoso apelativo de “Tovi”, parece haber inducido a una pacificación. Mahiques es un subordinado completo a la señorita Milei, que fue la afectada por esas publicaciones de Carnaval.

Las tribulaciones de Tapia y Toviggino, que alcanzan a su amigo Mahiques, son uno de los factores que influyen en el ordenamiento judicial que realiza el Poder Ejecutivo con una ola de designaciones. Una de las colinas a ocupar es la mencionada Cámara Federal en lo Penal Económico, donde Mahiques quiere ver a dos de sus amigos: Alejandro Cattania y Juan Pedro Galván Greenway. El otro frente es el de la Cámara Federal en lo Penal Criminal. El ministro impulsó a otros dos allegados: Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Además, resolvió provocar una vacante al no enviar al Senado el pliego de Martín Irurzun para que pueda seguir ejerciendo la magistratura después de haber cumplido los 75 años. Un criterio distinto del que el Poder Ejecutivo siguió con el padre del ministro.

Irurzun recurrió a la Justicia con un argumento que abre un dilema interesante. No reclamó porque no se envíe su postulación para mantenerse en el cargo. El camarista pidió que se considere la inconstitucionalidad del artículo que cancela el ejercicio del cargo más allá de los 75 años. Sostiene que el artículo 110 de la Constitución Nacional garantiza a los jueces que puedan seguir en su función mientras dure su buena conducta. El planteo de Irurzun debe ser resuelto por la Corte. Como no existe unanimidad entre los tres miembros del tribunal, hay que llamar a conjueces, que son camaristas federales. La pregunta es elemental: ¿los que evalúen la pretensión de Irurzun se perjudicarán a sí mismos fijando un límite de edad a su función? Como se advierte, Irurzun plantea una gran encrucijada, no sólo jurídica, sino “laboral”.

Las novedades que están llegando desde la Justicia de La Florida se inscriben en el mapa más amplio de relaciones entre el oficialismo argentino y el gobierno de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos atraviesa una crisis inquietante, derivada de su malhadada intervención en contra de Irán. Contra lo que había prometido con su consigna “America First”, se involucró en una guerra interminable. El campo de batalla no está solo en Medio Oriente. Se extiende a la política doméstica, como demuestran muchas posiciones del vicepresidente J. D. Vance, acusando a sectores israelíes de haber boicoteado el Memorandum de Entendimiento con Irán que él había negociado en junio pasado. Publicistas influyentes como Tucker Carlson asumieron la misma postura crítica a lo que denuncian como una subordinación de la política exterior de su país a los dictados de Benjamin Netanyahu. En un contrapunto con los anteriores aparecen el secretario de Estado, Marco Rubio. Y hacía sentir su voz el senador Lindsey Graham, que falleció la semana pasada, debilitando las tesis más ácidas contra Irán en el Congreso.

Esta fisura fortalece lo que se viene anticipando: que Trump saldrá derrotado en las elecciones para cubrir la Cámara de Representantes. Esta declinación del poder del presidente de los Estados Unidos afecta a Milei de dos maneras. Por un lado, hace más impensable un nuevo auxilio financiero desde la Secretaría del Tesoro. Esta es la razón por la cual se conjetura que el ministro Luis Caputo podría comenzar a tomar deuda en el mercado internacional. Es una posibilidad que debe ser analizada a la luz de la mejora en la calificación de los bonos argentinos por parte de algunas consultoras como Moody’s, y de la consecuente caída del índice de riesgo país. También habría que tener en cuenta el derrumbe de la recaudación, derivado del mediocre nivel de actividad económica. Ayer se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica de junio, que registró una suba del 0,2% interanual y una caída de 0,5% respecto al mes anterior. Son índices que plantean un problema: para alcanzar un crecimiento del 3% anual, la economía debería expandirse en el segundo semestre de manera espectacular. El estancamiento ya está poniendo en peligro las metas fiscales del Gobierno.

El otro aspecto de la peripecia republicana que se proyecta sobre Milei tiene que ver con la imagen del presidente argentino. Muchos observadores sospechan que su adhesión automática a Trump y a la política exterior de los Estados Unidos en Medio Oriente convierten también a Milei en antipático. ¿La decisión de no concurrir a los Estados Unidos en los últimos tiempos tuvo que ver con esa contaminación? El Presidente evitó exponerse en dos escenas multitudinarias: los festejos del 4 de Julio y la ceremonia de clausura del mundial de fútbol. Frente a este panorama hay un interrogante muy difícil de desentrañar: ¿Qué parte del malestar que ha despertado la Argentina en relación con el resultado futbolístico está inspirado, aunque sea de manera subliminal, por las posiciones internacionales que encarna ese Milei asociado a Trump? Es un misterio.

Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como parte de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la entidad y el posible lavado de activos mediante un fraude a través del sistema bancario norteamericano, confirmaron fuentes con conocimiento directo de los avances de la pesquisa.

Los contactos de los fiscales y agentes que responden al Departamento de Justicia (USDoJ) abarcan a compañías no argentinas que sellaron negocios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter LLC, la firma del productor Javier Faroni que recaudó cientos de millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte durante los últimos años.

Entre esas empresas que fiscales y agentes del FBI pusieron en la lista corta para contactar se encuentran anunciantes y firmas que prestaron servicios o firmaron contratos como “sponsors” con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y a las que exigieron girar fondos a TourProdEnter, en vez de enviarlos a una cuenta de la AFA en la Argentina, según reconstruyó .

Varios de esos contratos con auspiciantes que terminaron en cuentas de TourProdEnter LLC en Estados Unidos abarcan montos de 7 y 8 cifras. Entre ellas, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina lidió con fuertes restricciones cambiarias –el “cepo”- y múltiples cotizaciones del dólar -entre ellas, “blue” y “contado con liqui”-.

Algunas de esas conversaciones entre compañías extranjeras, fiscales y agentes del FBI se dieron en simultáneo con el libramiento de las primeras citaciones (“subpoenas”) a declarar ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida, que se emitieron el 8 de este mes, pero que sólo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol.

Una de las primeras comparecencias a declarar en Miami sería el 30 de este mes, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse, con el requerimiento de entregar todos los registros vinculados a TourProdEnter -que en los papeles figura a nombre de la esposa de Faroni, Erica Gillette– y comunicaciones mantenidas con Tapia, su número dos, Pablo Toviggino, Faroni y con Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa utilizada para comprar la mansión de Pilar.

De acuerdo a las investigaciones locales, Lucero fue uno de los socios de Central Park Drinks SRL, que luego pasó a llamarse Real Central. “Central Par Drinks fue conformada por Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, con el 50% de capital accionario cada uno, siendo que Lucero cedió sus acciones a Ana María Conte el 2 de mayo de 2022, oportunidad en que esta asumió como gerente de la firma”, detalló el juez federal Luis Armella cuando tenía a su cargo una parte de la investigación.

Uno de los sujetos que podrían presentarse a declarar en Miami es Juan Pablo Beacon, quien fuera la mano derecha de Toviggino durante años dentro de la AFA, como adelantó el 14 de este mes. Fiscales y agentes del FBI lo contactaron con el objetivo de reconstruir desde adentro cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad.

“Quiere garantías para tomar una decisión porque tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.

Según la documentación obtenida y analizada por , Beacon y Toviggino impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron a confeccionar algunas de las facturas apócrifas por “logística” y otros supuestos servicios que un puñado de empresas “fantasma” jamás proveyeron a la AFA, pero que sirvieron para extraer decenas de millones de dólares de la entidad, como reveló este diario en enero de este año.

Esa operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y recibieron fondos de empresas “intermediarias” que recaudan los ingresos internacionales de la AFA, como TourProdEnter LLC, del productor teatral Javier Faroni. El circuito concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.

En ese contexto, según reconstruyó , los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida, intentaron localizar a Beacon y a otro exempleado de la AFA que reside en la Patagonia, entre otros “sujetos de interés”.

Los fiscales y agentes del FBI abordaron antes, también, al empresario Guillermo Tofoni, con quien mantuvieron una reunión virtual en Miami y con otros involucrados conectados por videoconferencia, según reconstruyó . Durante tres horas, los investigadores buscaron datos para determinar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Allí no se agota el listado de citaciones y eventuales testigos en Estados Unidos. Los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.

Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Patrick Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Michael Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.

Desde la AFA, en tanto, desmintieron este miércoles que Tapia o Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos. “El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”, arranca un comunicado.

Y agrega: “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida -abundó la AFA- se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.

“El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad. La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”, sostuvo.

procuró consultar al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue, Ting y Berger, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.