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Honduras: Familias piden ayuda para sepultar a víctimas de la masacre en Trujillo

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La masacre registrada en Rigores dejó luto en varias comunidades campesinas del Bajo Aguán. (FOTO: Tu nota.com)

La masacre ocurrida en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, Colón, no solo dejó una escena marcada por el horror y la violencia, sino también un profundo golpe para varias organizaciones campesinas del Bajo Aguán que hoy intentan asimilar la pérdida de sus integrantes.

Con el avance de las identificaciones, pobladores confirmaron que al menos nueve de las víctimas pertenecían a tres empresas asociativas campesinas vinculadas al Movimiento Campesino de Rigores: 23 de Mayo, San José y Las Uvas, organizaciones que durante años han desarrollado labores agrícolas en una de las regiones más conflictivas de Honduras.

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La tragedia ha provocado dolor, temor e incertidumbre dentro de las comunidades campesinas que operan en la zona, donde familiares continúan recogiendo cuerpos, buscando respuestas y tratando de comprender cómo ocurrió una de las jornadas más violentas registradas recientemente en el Bajo Aguán.

En las empresas asociativas campesinas el ambiente cambió drásticamente tras la masacre. El silencio, el llanto y la desesperación comenzaron a apoderarse de familias enteras que perdieron a esposos, hijos, hermanos y compañeros de trabajo.

Muchos de los fallecidos se dedicaban diariamente a labores agrícolas para sostener económicamente a sus hogares y eran considerados miembros activos de las organizaciones campesinas de Rigores.

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“Es doloroso, hay impotencia. Estamos cansados de la violencia en esta zona; ya es hora de frenar el accionar de estos grupos”, expresó una pobladora del Aguán al referirse al ataque armado.

Al menos nueve de las víctimas pertenecían a empresas asociativas  campesinas de Trujillo, Colón. (FOTO: Tu nota.com)
Al menos nueve de las víctimas pertenecían a empresas asociativas campesinas de Trujillo, Colón. (FOTO: Tu nota.com)

El crimen no solo dejó luto en varias viviendas, sino que también debilitó directamente a estructuras campesinas que desde hace años enfrentan conflictos territoriales, violencia y amenazas en la región norte del país.

En medio del dolor, familiares y pobladores comenzaron a solicitar apoyo económico a las autoridades, organizaciones sociales y personas solidarias para poder comprar ataúdes y realizar entierros dignos para las víctimas.

Según relataron habitantes de Rigores, muchas de las personas asesinadas eran de escasos recursos y no cuentan con dinero suficiente para cubrir gastos funerarios.

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“Se necesita apoyo para dar un entierro digno a estos hombres y mujeres que fueron asesinados”, manifestó uno de los pobladores de la comunidad.

Familias y pobladores solicitan ayuda para realizar entierros dignos a las víctimas. (FOTO: Tu nota.com)
Familias y pobladores solicitan ayuda para realizar entierros dignos a las víctimas. (FOTO: Tu nota.com)

Las escenas posteriores a la masacre estuvieron marcadas por familiares retirando cuerpos, pertenencias abandonadas y rastros de violencia en distintos puntos de la zona donde ocurrió el ataque armado.

La situación también se volvió compleja debido a que varios cuerpos fueron retirados rápidamente por familiares y pobladores poco después de la masacre, en medio de momentos de desesperación y temor.

Esa situación ha dificultado establecer oficialmente el número exacto de fallecidos y confirmar completamente la identidad de todas las víctimas.

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Hasta ahora, lo único confirmado por habitantes de la zona es que al menos nueve personas asesinadas pertenecían a las empresas asociativas campesinas 23 de Mayo, San José y Las Uvas.

Mientras tanto, las investigaciones continúan en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre en la comunidad de Rigores.

La región del Bajo Aguán ha sido históricamente escenario de conflictos agrarios, disputas territoriales y presencia de estructuras criminales ligadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

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La nueva masacre vuelve a colocar a Colón en el centro de la crisis de violencia que enfrenta Honduras y revive el temor entre las comunidades campesinas que habitan la zona.

Entre el dolor, la necesidad de apoyo para sepultar a las víctimas y la incertidumbre sobre lo ocurrido, Rigores intenta levantarse de una tragedia que dejó marcada a toda una comunidad campesina.



corresponsal:Desde Tegucigalpa, Honduras

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Venezuela anunció su salida de la Corte Penal Internacional y Estados Unidos felicitó al gobierno de Delcy Rodríguez

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El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó el anuncio para intensificar su campaña contra el tribunal, al que volvió a calificar de «corrupto«, «sin valor» y carente de legitimidad.

En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la decisión anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos encabezados por Washington para «desmantelar» la Corte.

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«La CPI ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado«, afirmó el Departamento de Estado, que acusó al tribunal de destinar recursos a investigar y acusar a ciudadanos de países con sistemas judiciales «competentes e independientes» que nunca aceptaron su jurisdicción.

Según Washington, esa actuación constituye una muestra de «extralimitación», «sesgo político» y «aplicación selectiva de la justicia«.


El Gobierno estadounidense sostuvo además que la Corte «no es creíble, independiente ni legítima».

La Administración del presidente Donald Trump destacó que Maduro, detenido en Estados Unidos, enfrenta ahora a la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió y concluyó el comunicado con un llamamiento para que todos los Estados parte abandonen el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.

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La reacción estadounidense llegó un día después de que el Gobierno venezolano anunciara su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retirada de la Corte.

Por qué Venezuela dejó la CPI y el pedido de dos ONG para rever la situación

El canciller venezolano, Félix Plasencia, sostuvo que el tribunal internacional ha concentrado de forma «desproporcionada» sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos y acusó al tribunal de actuar con un sesgo que responde a intereses ajenos a la justicia.

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Según explicó, por instrucciones de Rodríguez, la decisión ya fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

La presidenta encargada también acusó a la Corte de haber acumulado un historial de actuaciones dirigidas contra los países del llamado «sur global» y defendió que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en el respeto de la soberanía y el derecho internacional.


Por su parte, la CPI lamentó la decisión venezolana y recordó que la retirada no tendrá efecto inmediato.

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El tribunal señaló que, conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado parte durante un año desde la notificación formal y deberá continuar cooperando con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.

La investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanece abierta desde 2018, tras una remisión presentada por varios Estados, y se centra en hechos ocurridos desde 2017.

Aunque el entonces gobierno de Nicolás Maduro trató de frenar el proceso alegando que la justicia venezolana investigaba esos delitos, la Corte autorizó en 2023 la reanudación de las pesquisas.

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Tras los anuncios del gobierno de Delcy Rodríguez, dos ONG se mostraron en desacuerdo con la decisión oficial.

A través de un comunicado, difundido este sábado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió a la Fiscalía de la CPI que continúe «sin dilación» la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país suramericano desde 2017 y preservarla durante un año, hasta que se formalice la salida de Venezuela de la entidad.

En tanto, PROVEA, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó la determinación del gobierno de Delcy Rodríguez.

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Desde esa organización mencionaron que el Estatuto de Roma establece que la retirada «no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto».

«Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro», señaló la organización.

La relación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional

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La posición estadounidense respecto a la CPI ha sido históricamente tensa. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y mantiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.

Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones contra funcionarios de la Corte por investigar posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.


Aunque esas medidas fueron levantadas posteriormente por el presidente Joe Biden, Washington siguió rechazando cualquier intento de la CPI de ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte del tribunal.

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En su segundo mandato, Trump ha retomado una postura de confrontación con la Corte, especialmente tras las actuaciones relacionadas con Israel, y ha insistido en que la institución actúa con motivaciones políticas y excede el mandato para el que fue creada.

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Defeated progressive ‘Squad’ lawmaker in hot seat for non-profit’s missing paper trail

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Months before losing re-election, former Rep. Cori Bush, D-Mo., touted the work of her non-profit to donors even though records indicate the organization may have never been registered as a tax-exempt organization.

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Bush described Poltivist Power Inc. as «a new 501(c)(4) organization uniting grassroots organizing with political strategy to fight oppression,» in a fundraising email.

«My team and I are on the ground, and we could use your support. Can we count on you to donate to our tornado fund today so we can continue our relief efforts?» Bush wrote.

STACEY ABRAMS HIT WITH SUBPOENA IN ALLEGED CAMPAIGN FINANCE VIOLATIONS SAGA: ‘NO ONE IS ABOVE THE LAW’

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Former Rep. Cori Bush, D-Mo., attends a news conference in Washington, D.C., on Wednesday, May 8, 2024. (Allison Robbert/Bloomberg via Getty Images)

Bush made the same characterization in a second fundraising email sent weeks later.

But Fox News Digital could not identify any IRS record showing Poltivist Power had obtained or claimed tax-exempt status. While not proof of wrongdoing, the lack of a paper trail for Bush’s organization raises questions about whether the former «Squad» member misled donors during her time in office.

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Without reporting, it’s unclear how much the group fundraised.

Bush, who first arrived to Congress in 2021, was known for her progressive stances that grouped her with fellow Democrats like Reps. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, D-Minn., Ayanna Pressley, D-Mass., Rashida Tlaib, D-Mich.

Among them, Bush began taking a critical view of the U.S. relationship with Israel amid its protracted war with Hamas in Gaza. Her criticisms became a centerpiece topic in her 2024 primary against Democratic challenger Wesley Bell — a race she lost.

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Now out of office, Bush has remained involved in progressive politics in her local scene.

When approached about Poltivist Power Inc., Bush did not respond to requests for comment from Fox News Digital on whether Poltivist Power had received donations, on why it hadn’t yet reported a 990 and about the nature of its activities.

The organization’s domain, Poltivistpower.com, was first purchased on April 1, 2025, records show. Bush announced the creation of the group shortly after a tornado struck the St. Louis area, killing at least four people and causing widespread damage.

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‘SQUAD’ DEM DISMISSES FRAUD PROBE SPECULATION AFTER $29M NET-WORTH DROP

Cori Bush

WASHINGTON, DC – OCTOBER 22: Rep. Cori Bush, D-Mo., speaks to reporters after a House vote on Capitol Hill on Friday, Oct. 22, 2021 in Washington, DC. (Photo by Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

«The Politivist team is on the ground, providing supplies, checking on families, and showing up for those who’ve been left behind,» Bush said.

Since then, in addition to not having a filing recorded with the Internal Revenue Service (IRS), the group seem to have wrongly filed paperwork with Delaware’s Department of State and with ActBlue Civics, a fundraising site for Democratic groups.

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In its March 2025 Delaware incorporation filing, Poltivist Power was registered as an «exempt» corporation, a designation Delaware says is reserved for entities that meet the requirements of Section 501 of the Internal Revenue Code.

In both cases, the application requires tax-exempt status with the IRS. The organization is still listed on ActBlue Civics.

Notably, Bush’s fundraising emails, in which she highlighted the organization, also included a disclaimer clarifying that «Contributions to Politivist Power are not affiliated with Politivist Action PAC and are not political donations.» The note distinguishes the non-profit from a dedicated fundraising group by the same name.

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Despite Bush’s departure from Congress, enough anomalies about Politivist Power have surfaced to catch the attention of Missouri Attorney General Catherine L. Hanaway earlier this month.

She announced her office would look into whether Bush had personally benefited from her fundraising efforts during the tornado recovery and the work that Politivist allegedly did at the time.

«The investigation started when a local news station reported that people had reported to it that contributions they had made for a tornado relief fund had actually gone to her political activity,» Hanaway said in a statement about the investigation.

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FIRST ON FOX: ACTBLUE BOARD MEMBERS IN HOT SEAT AS GOP PROBES ‘SERIOUS’ MISCONDUCT ALLEGATIONS

Former member of Congress from Missouri Cori Bush

TK (Michael B. Thomas/Getty Images)

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«We do not have our own evidence of that, but that is what we are investigating,» she added.

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Bush has not been formally charged with any wrongdoing.

the squad, congress, politics

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Un reporte rutinario destapó la red que manipuló el sistema tributario panameño por más de $40 millones

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El informe documentó ajustes tributarios, anulaciones y movimientos de créditos fiscales que hoy forman parte de la investigación por un presunto fraude superior a $40 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como una revisión rutinaria para mejorar un reporte interno de recaudación terminó destapando uno de los mayores casos de presunta manipulación del sistema tributario panameño.

Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Ingresos (DGI) revela que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.

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El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las nueve principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.

La primera señal surgió casi por accidente. Mientras la Sección de Agentes de Retención desarrollaba un nuevo reporte para comparar las declaraciones del formulario 4331 con los pagos efectivamente recibidos por la DGI, detectó que BAC International Bank aparecía con importantes retenciones registradas en el sistema, pero sin el correspondiente respaldo de pago en efectivo.

Primer plano de una persona con gafas sujetando una lupa sobre un documento en un escritorio de madera, con pilas de papel y una lámpara de escritorio encima.
Los investigadores revisaron aproximadamente 5.000 folios de documentación para reconstruir el recorrido de cada trámite dentro del sistema tributario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, el sistema mostraba documentos de ajustes que habían sido aplicados como si se tratara de pagos válidos.

La segunda alerta apareció cuando los auditores solicitaron oficialmente el listado completo de esos ajustes. El informe explica que dos movimientos nunca fueron incluidos en la documentación entregada inicialmente por el área de Cuenta Corriente, pese a que existían dentro del sistema. Esa omisión llevó a revisar directamente las bases de datos de E-Tax 2.0.

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La tercera señal fue el propio volumen de operaciones. La auditoría identificó 61 ajustes por un valor superior a $42.471 millones, aunque cuatro de ellos correspondían a resoluciones legítimas previamente aprobadas por la DGI. Al excluir esas operaciones, permanecían decenas de movimientos sin justificación suficiente para iniciar la investigación.

La cuarta evidencia surgió al reconstruir la trazabilidad completa de cada trámite. Los investigadores imprimieron cada expediente, identificaron quién creó las solicitudes, quién las aprobó, qué funcionarios intervinieron, las fechas, los mensajes internos y los documentos asociados. El resultado fueron 17 expedientes físicos con aproximadamente 5.000 folios de evidencia documental.

La quinta señal fue quizás una de las más llamativas. Muchos de los ajustes se sustentaban en transacciones realizadas hacía cinco, diez y hasta más de quince años, cuyas operaciones originales ya habían concluido exitosamente y cuyos pagos figuraban correctamente registrados.

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Las evidencias recopiladas por la Dirección General de Ingresos fueron remitidas al Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación contra funcionarios y particulares. Tomada de X
Las evidencias recopiladas por la Dirección General de Ingresos fueron remitidas al Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación contra funcionarios y particulares. Tomada de X

Sin embargo, años después fueron anulados o modificados para liberar créditos tributarios nuevamente utilizables. Los auditores calificaron como inusual que solicitudes de anulación se presentaran después de tanto tiempo sin existir nuevos elementos que las justificaran.

La sexta modalidad consistía en anular declaraciones tributarias utilizando una resolución que únicamente permite hacerlo cuando fueron presentadas “sin corresponder”.

Sin embargo, al revisar expedientes de compraventas de acciones, fincas y otros activos, los auditores comprobaron mediante escrituras públicas, registros oficiales e incluso información publicada por las propias empresas que las operaciones sí habían ocurrido, por lo que no existía fundamento aparente para anularlas.

La séptima señal fue la utilización de créditos provenientes de pagos no aplicados para beneficiar a otros contribuyentes. Según el informe, una vez liberadas las boletas mediante anulaciones o ajustes, esos montos eran trasladados posteriormente hacia terceros mediante solicitudes de corrección y cesión, cambiando completamente al beneficiario original del pago.

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Hombre sentado frente a un monitor de computadora que muestra el sitio web e-TAX 2.0 de la DGI Panamá y la bandera del país. Una lámpara y libros en el escritorio.
La Operación Pandora surgió tras una auditoría interna que detectó inconsistencias entre los registros tributarios y los pagos reflejados en E-Tax 2.0. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La octava alerta estuvo relacionada con la alteración del código tributario 202 (ITBMS) y otros movimientos realizados mediante solicitudes de corrección dentro del módulo BPM-GTR. La auditoría concluye que el sistema permitía modificar el destino final de pagos previamente registrados utilizando distintos tipos de ajustes administrativos.

Finalmente, la novena señal fue la existencia de ajustes sin respaldo documental suficiente. En algunos expedientes los auditores encontraron operaciones millonarias que carecían de memorandos, resoluciones u otra documentación que justificara los cambios realizados dentro del sistema, mientras otros ajustes solo estaban respaldados por un memorando específico cuya validez también fue sometida a revisión.

Más allá del sofisticado manejo informático, el propio informe deja ver que fueron los errores administrativos y la repetición de patrones los que terminaron exponiendo el mecanismo.

La investigación comenzó porque un reporte interno no coincidía con otro; luego aparecieron documentos omitidos, operaciones antiguas reactivadas, expedientes sin sustento y anulaciones sobre transacciones cuya existencia pudo verificarse mediante registros públicos, escrituras notariales e incluso publicaciones corporativas disponibles en internet.

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El expediente de la Operación Pandora involucra a al menos 19 investigados, señalados de integrar una presunta red que habría manipulado el sistema tributario E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos. Captura de video
El expediente de la Operación Pandora involucra a al menos 19 investigados, señalados de integrar una presunta red que habría manipulado el sistema tributario E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos. Captura de video

Con esa evidencia, la DGI remitió el expediente al Ministerio Público, dando origen a la Operación Pandora, que actualmente investiga una presunta organización integrada por funcionarios y particulares dedicada a manipular E-Tax 2.0 para obtener beneficios económicos ilícitos.

La investigación alcanza a una estructura integrada por abogados, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes presuntamente aprovecharon sus conocimientos sobre los procedimientos internos y los accesos al sistema E-Tax 2.0 para ejecutar ajustes tributarios irregulares.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, el expediente involucra al menos a 19 personas y, hasta el momento, ya registra dos acuerdos de pena homologados y otros dos en proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de participación y las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados.



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