POLITICA
El Gobierno le asignó $580.000 millones al PAMI en medio de su “crítica situación financiera”

El Gobierno dispuso este viernes una asignación de $580.000 millones para el PAMI y definió su realidad como “crítica”. La resolución, según lo publicado, busca cancelar compromisos acumulados con proveedores sanitarios para asegurar la continuidad de los servicios.
El documento justifica la transferencia con la “crítica situación financiera” que atraviesa Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y lo considera necesario para “garantizar la continuidad de las prestaciones”.
“Considerando que en atención de la crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, se ha decidido otorgar un aporte financiero reintegrable a favor de ese instituto”, evalúa, en su propósito, la resolución.
Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Carlos Jorge Guberman, secretario de Hacienda, firmaron la normativa, que formaliza un “aporte financiero reintegrable” por un total de $580.270.262.261. El financiamiento se ejecutará mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional, capitalizables en pesos, es decir, emitiendo deuda interna.
La transferencia ocurre en un escenario de tensión entre las administraciones provinciales y el Ejecutivo nacional debido a las deudas acumuladas por la obra social.
Este contexto acumula descontento desde, al menos, abril de este año, cuando los mandatarios, incluso de algunas provincias con cierta cercanía al Gobierno, como Córdoba, demandaron públicamente medidas por la falta de pago de algunas prestaciones básicas.
“Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga”, expresó en ese entonces, a modo de crítica, Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y recordó que el PAMI le debe a la provincia $50.000 millones. Por otro lado, Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, manifestó: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos”.
Otros mandatarios también señalaron que los sistemas hospitalarios públicos absorben la demanda de los afiliados que se quedan sin cobertura privada por ajustar las cuentas familiares de acuerdo a la situación económica nacional.
Los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación revelaron que las partidas asignadas registraron una contracción real interanual del 41,3% durante el primer trimestre del año.
En cuanto al esquema de financiamiento de la asignación, el primer tramo corresponde al 33% del total y se integrará con instrumentos con vencimiento al 31 de julio de 2026. Otro 33% se completará con letras que vencen el 31 de agosto de 2026 y el 34% restante se cubrirá con títulos con vencimiento el 30 de septiembre de 2026.
Tal como lo indica la resolución, la medida entró en vigor desde el día de su publicación. La Oficina Nacional de Crédito Público y las áreas técnicas autorizadas son las encargadas de suscribir la documentación necesaria para implementar las operaciones.
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POLITICA
El proyecto del Gobierno sobre Malvinas se tratará en Diputados en un plenario de tres comisiones

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno comenzó formalmente su recorrido en la Cámara de Diputados, luego de que Martín Menem definiera su giro a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La iniciativa tiene 133 artículos, incluye cambios en distintas normas vinculadas con seguridad y recursos naturales y ya generó cuestionamientos de sectores de la oposición.
Las tres comisiones están presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente, y tendrán a su cargo el análisis de la propuesta antes de que pueda avanzar hacia la firma de un dictamen.
El texto impulsado por el Poder Ejecutivo contempla, entre otros puntos, la derogación de la Ley 26.659, que regula las sanciones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
También introduce modificaciones en el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
La oposición anticipó que no acompañará el proyecto sin una discusión profunda. El diputado y excanciller Jorge Taiana sostuvo: “Más que a la defensa de la soberanía, el proyecto de ley que escribió el Gobierno sobre Malvinas responde a la iniciativa norteamericana del Escudo de las Américas”.
Por su parte, Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, afirmó: “El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas. Cuando (Javier) Milei se convirtió en malvinero, venía de estar en Chile donde alabó al (expresidente Augusto) Pinochet, y la verdad que Pinochet y Malvinas no riman”.
Además, consideró que la iniciativa es “una consecuencia de la reunión del Canciller (Pablo) Quirno con Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.) y del alineamiento ciego con los Estados Unidos”.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también rechazó el proyecto. “El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, bajo la cobertura de una supuesta defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, constituye un fraude monstruoso: pretende reforzar el Estado autoritario y profundizar el realineamiento de la Argentina y la región con Estados Unidos y sus intereses geopolíticos. Otra vez aparece la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, detrás de una iniciativa de Javier Milei”, planteó.

Los principales cambios que propone la iniciativa
El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.
La propuesta ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
También crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

El Senado impulsa una Bicameral permanente por la causa Malvinas
En paralelo al avance del proyecto en Diputados, el Senado tiene previsto tratar este miércoles a las 16 la creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas, impulsada por el bloque Convicción Federal.
La senadora Carolina Moisés pidió el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, que busca garantizar una intervención permanente del Congreso en los asuntos vinculados con la soberanía sobre las islas.
“En este punto lo que quiere Convicción Federal es hacer respetar la participación que debe tener el Poder Legislativo en esta materia, frente a los acontecimientos públicos y las acciones del Gobierno Nacional que incluso envió al Congreso un proyecto en defensa de la soberanía nacional”, explicó.
La comisión estaría integrada por 16 legisladores, ocho de cada Cámara, y debería incluir al menos un representante de Tierra del Fuego por Diputados y otro por el Senado.
POLITICA
Guillermo Francos habló sobre el recorte en Discapacidad: “No es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”

En medio de la polémica que generó el recorte en Discapacidad en el Presupuesto 2027, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró que “no debe utilizarse como una variable para alcanzar el equilibrio fiscal”. De igual forma, planteó que el Estado “debe revisar las pensiones”.
La sorpresa se produjo la semana pasada, incluso para políticos aliados como Patricia Bullrich, cuando el Gobierno nacional presentó sobre la hora la previsión presupuestaria para el año entrante con un capítulo que no había sido informado hasta el momento. Se trata del apartado VI, en el que se proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Finalmente, se presentó un nuevo proyecto que mantiene gan parte del régimen vigente.
Al respecto, Francos, durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24, aseguró: “No estoy en la cocina del funcionamiento interno del Gobierno como para establecer responsabilidades”. De igual forma, consideró que se trató de un “error no forzado” y un “desentendimiento”. “La Discapacidad no es una variable de ajuste para lograr el equilibrio fiscal”, aclaró.
Con respecto a la situación actual de las pensiones por discapacidad, el ex jefe de Gabinete pidió que se revise “dónde se malgastó”. “Se necesita revisar las pensiones que se otorgaron políticamente en algunas provincias”, ló.
Por otro lado, el antecesor de Diego Santilli habló sobre las elecciones del año entrante y no descartó ser candidato. “No digo ni sí ni no”, indicó y agregó: “Si las Fuerzas del Cielo lo determinan, cumpliré alguna función”.
Según su evaluación, “el proceso político que encabeza Milei debe continuar y requerirá una bancada parlamentaria más amplia. En un período próximo habrá fuerza parlamentaria para dictar esas leyes”. Por esto mismo, sostuvo que, desde su punto de vista, La Libertad Avanza y el PRO deben ir juntos en los comicios.
“Todos los sectores que piensan y tienen ideas liberales, que creen en la competencia y la libertad, deberían ir juntos”, afirmó. También llamó a “evaluar los riesgos de una competencia por separado y a buscar coincidencias para definir candidaturas”.
En esa misma línea, volvió a cuestionar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consideró que “deben ser eliminadas”. A su juicio, “su creación trasladó a los votantes una responsabilidad que les corresponde a los partidos políticos”.
Por esto mismo, argumentó que “votar cinco veces en un año cansa y le hace mal a la democracia” y propuso “revisar el sistema partidario porque existen numerosas fuerzas que no tienen capacidad real de competir”.
Pese a la cercanía que existe en el Congreso entre LLA y el PRO, Francos diferenció a Milei del ex presidente y titular del partido amarillo, Mauricio Macri. “Macri construyó su carrera a partir de una trayectoria política e institucional que incluyó su paso por Boca Juniors, la Ciudad de Buenos Aires y la Presidencia. Milei, en cambio, llegó desde el sector privado, fue diputado y luego presidente, con una impronta que priorizó el cambio de rumbo antes que las formas tradicionales de la política”, explicó.
Sobre el caso de Manuel Adorni, Francos consideró que “el episodio afectó la imagen positiva del Presidente” y atribuyó el respaldo inicial de Milei a la idea de que “existía una operación política en su contra”. “El Presidente siempre defiende a sus ministros”, afirmó, y destacó que “Milei mantuvo esa posición hasta que Adorni presentó su renuncia”.
El exjefe de Gabinete también se refirió a la jefa de la banca libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, a quien definió como “una dirigente con trayectoria y fortaleza política”. De esta manera, concluyó que confía en que, “pese a marcar diferencias, Bullrich no busca romper con el Presidente”.
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El duro mensaje de García Cuerva en una misa con cartoneros en Constitución: “En Buenos Aires sigue habiendo esclavitud”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó un duro mensaje durante la 19ª Misa contra la Trata y la Exclusión, realizada este martes en Plaza Constitución, donde advirtió sobre distintas formas de explotación que persisten en la sociedad actual. “En esta Buenos Aires tan vanidosa sigue habiendo esclavitud”, afirmó en un mensaje grabado difundido ante organizaciones sociales, movimientos populares, cartoneros, trabajadores de la economía popular, curas villeros y comunidades eclesiales.
El arzobispo también pidió visibilizar los mecanismos menos evidentes de explotación. “La oración es la pequeña llama que debemos custodiar en medio de la tormenta, que nos da la fuerza para resistir la indiferencia ante la injusticia”, sostuvo.
“Y la sensibilización nos permite identificar los mecanismos ocultos de explotación en nuestros barrios y en los espacios digitales”, agregó.
La misa nació hace casi dos décadas por iniciativa de Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, junto con trabajadores cartoneros. La celebración fue presidida en esta oportunidad por Pedro Cannavo, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario general de la Ciudad. La jornada concluyó con una olla popular.
Los reclamos de curas villeros y cartoneros
Los sacerdotes de los barrios populares porteños sumaron durante la jornada un cuestionamiento a los operativos que, según denunciaron, afectan a trabajadores de los barrios populares. “Con tristeza vemos que frecuentemente se cierran locales de venta, confiscan mercadería, herramientas y equipamiento, destruyen toldos y espacios preparados para la venta y el trabajo”, afirmaron en un comunicado.
Los curas villeros plantearon que los ciudadanos buscan cumplir con las normas, pero reclamaron una respuesta del Estado frente a la forma en que se desarrollan algunos procedimientos. “Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden, pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que se experimenta de hostilidad, persecución, avasallamiento en muchos de los operativos que se reiteran en nuestros barrios”, señalaron.
Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), también reclamó que cesen las acciones contra los trabajadores del sector. “Nosotros lo que pedimos es que abran esos corazones, tanto la Iglesia como el Gobierno, y que este último deje de perseguir a los recicladores”, afirmó.
También denunció que el Gobierno busca “avasallar todo el sistema de reciclado” construido por los trabajadores durante años y defendió la actividad como una fuente de trabajo legítima. “Hoy están queriendo avasallar todo el sistema de reciclado que tanto tiempo y trabajo nos costó construir. Atacan el trabajo honrado, el trabajo que nos inventamos”, afirmó.
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