Un grupo de abogados de los empresarios acusados de pagar sobornos en la causa de los cuadernos de las coimas analiza denunciar al fiscal federal Carlos Stornelli, que llevó adelante la investigación del caso, con el argumento de que supuestamente presionó a los testigos.

La decisión surgió tras la declaración del portero del edificio de Cristina Kirchner, Julio César Silva, en la que se retractó de sus afirmaciones anteriores cuando había contado haber visto el ingreso de bolsos, supuestamente con dinero, al inmueble de Juncal y Uruguay. Ahora declaró que no había visto bolsos.

Silva había sido ofrecido por la fiscalía para corroborar el ingreso de los conocidos bolsos con dinero a ese domicilio, pero cuando lo interrogó el juez Germán Castelli dijo que no fue así y que había cometido un delito al declarar cosas que no eran ciertas.

Silva dijo que cuando se allanó el departamento, alrededor de las 18.30, el oficial a cargo del operativo se comunicó telefónicamente con el juez Claudio Bonadio y le informó que el procedimiento no había arrojado resultados positivos para la investigación.

Según el testigo, escuchó que Bonadio le respondía que el allanamiento no debía finalizar hasta tanto se encontraran elementos de valor para la causa.

Ante las preguntas del tribunal sobre cómo había podido oír al juez, Silva explicó que se encontraba junto al oficial que hablaba con Bonadio y que la conversación resultaba audible.

El allanamiento recién concluyó a las 00:30, con el secuestro de unos cuadros que había en el inmueble.

Luego, Castelli le consultó si había visto a Daniel Muñoz, secretario de Cristina Kirchner, ingresar al inmueble con bolsos.

El testigo respondió que pocas veces. El vocal solicitó entonces que se le exhibiera la declaración testimonial que Silva había prestado en 2018 ante el juzgado de Bonadio, en la que afirmaba algo distinto.

Finalmente, el testigo sostuvo que no había leído aquella declaración y que su contenido no era cierto. Explicó que no leyó lo que estaba escrito y que se sintió incómodo. Recordó que los funcionarios le recordaban que tenía dos hijas y que terminó firmando la declaración sin leerla.

“Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”, aseguró Silva. “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije”, afirmó ante las preguntas puntuales que le formuló el juez Germán Castelli.

En su declaración de 2018, que fue exhibida, el encargado había dicho: “Él [por Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner] venía solo. Nunca lo vi con Kirchner. Entre 2007 y 2010, Muñoz venía con personas y he visto movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días, pero no puedo precisar cuántas veces”.

Ahora se retractó. Dos hijas del encargado, gracias a la intervención del secretario de Cristina Kirchner, trabajaron en el Ministerio de Planificación. Una de ellas lo hizo hasta que asumió Mauricio Macri, en 2015, según reconoció el propio encargado; la otra recaló en el Incaa de Colón, Entre Ríos.

Como un contraataque para debilitar la acusación, un grupo de abogados que representa tanto a empresarios como a exfuncionarios kirchneristas está ahora evaluando presentar una denuncia ante la justicia, según dijeron sus allegados.

El objeto de esa presentación sería investigar a los funcionarios del Poder Judicial intervinientes y al fiscal Stornelli.

Sostienen los abogados que quieren hacer extensiva la denuncia a otros hechos que consideran irregulares ya rechazados por el tribunal oral, la Casación y la Corte.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones de dos exdirectores del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y de dos productores audiovisuales y mandó a dictar un nuevo fallo tras el juicio en el que fueron juzgados por defraudación.

En el proceso se investiga el manejo del Fondo de Fomento Cinematográfico en el período 2002-2013.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron lugar al recurso de casación del fiscal y ordenaron dictar un nuevo fallo.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 había absuelto a los exdirectores del Incaa Liliana Mazure y Jorge Alvarez y a Fernando Rubén Sokolowicz y Pablo Luis Rovito, acusados del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El juicio estuvo a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel. Comenzó el 3 de junio de 2025 y culminó el 14 de octubre de ese año. Habían sido procesados hace 18 años por el juez Claudio Bonadio.

Ahora, la Casación revocó las absoluciones y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima en el año 2007. A lo largo del proceso estuvieron imputados distintos funcionarios públicos y productores audiovisuales y, finalmente, la fiscalía elevó a juicio a los tres presidentes que se sucedieron al frente del Incaa durante el período 2002-2013 (el primero, Jorge Coscia, falleció antes del comienzo del debate) y a tres productores audiovisuales.

Dos de ellos habían intervenido en una producción audiovisual alcanzada por la imputación (Fernando Rubén Sokolowicz y Pablo Luis Rovito) y el restante, Alejandro Juan Tossenberger, en otra. Este último fue absuelto por falta de acusación fiscal al cierre del debate.

La maniobra investigada se relaciona con irregularidades en la suscripción y ejecución de convenios celebrados entre las autoridades del INCAA y distintos productores audiovisuales, en virtud de los cuales se habrían liberado indebidamente fondos del Fondo de Fomento Cinematográfico para la producción de proyectos audiovisuales.

La acusación señaló que los funcionarios que administraban los fondos no dispusieron de las medidas necesarias para comprobar la efectiva progresión de la obra cinematográfica. También se habían advertido presuntas falencias en las rendiciones de gastos que presentaron las productoras.

La fiscalía sostuvo que muchas de las producciones cinematográficas en cuestión nunca se hicieron, lo que, según la acusación, generó un perjuicio económico al Estado.

El monto total del perjuicio económico causado al INCAA en los múltiples expedientes administrativos relevados en el caso, según el alegato final del fiscal, superaría los $16.000.000.

En las películas cuestionadas vinculadas a los dos productores respecto de quienes el fiscal mantuvo la acusación, el monto involucrado es de $1.600.000, a diciembre de 2013.

En su caso, el fiscal que instruyó el caso, Gerardo Pollicita, entendió que Sokolowicz y Rovito acordaron el proyecto “La Historia de América Latina”, una serie de 63 episodios (50 capítulos más un resumen de otros 13).

Aunque los productores “percibieron la totalidad del aporte del INCAA”, que ascendió a $16.000.000, pago que se realizó durante las presidencias de Coscia y Álvarez, “solo se entregaron 18 de los 63 capítulos convenidos”, había sostenido la acusación.

La Sala IV consideró arbitrario el análisis de los hechos y el derecho efectuado por el tribunal oral y, por eso, anuló la conclusión absolutoria a la que arribó.

Sostuvo la Casación que el tribunal oral partió de una premisa equivocada para la determinación del alcance de los deberes a los cuales los presidentes del Incaa imputados en la causa debían adecuar el manejo del Fondo de Fomento Cinematográfico; y señalaron que ese error fue el que impactó en el examen de los hechos del caso.

El fallo de Casación destacó que la ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica Nacional, que sirvió de marco a los convenios, no podía ser considerada absoluta aun cuando la aplicación de fondos se tratara de una facultad discrecional que no había sido reglamentada.

Desde esa óptica, señalaron los camaristas que el correcto abordaje del caso implicaba el examen de la razonabilidad de la actuación de los funcionarios imputados, tomando en cuenta tanto la citada ley del cine como la de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

El juez Hornos mencionó que, a partir de la reforma constitucional de 1994 y de la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado argentino se comprometió a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promoviendo la probidad y la transparencia.

Y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción.

El juez Borinsky puso de resalto que los funcionarios públicos, en quienes el Estado deposita el cumplimiento y la ejecución de sus funciones en virtud del rol especial que desempeñan, son quienes mayores deberes y responsabilidades tienen hacia la sociedad y, precisamente por esa circunstancia, se reclama y espera que cumplan sus funciones con responsabilidad, ética y transparencia.

Puntualizó que el delito de defraudación agravada, en juego en el caso, puede asumir cualquiera de las modalidades de los fraudes previstos en el Código Penal, pero con la particularidad de que el sujeto pasivo de la conducta es el Estado, lo que constituye precisamente la razón de la agravante.

Por otra parte, el tribunal revisor observó que el perjuicio patrimonial también fue descartado arbitrariamente en la sentencia absolutoria.

Advirtió que no se realizó un examen integral y razonado de los peritajes contables incorporados al debate, ya que se trata de prueba técnica especialmente destinada a esclarecer la existencia o no de uno de los requisitos para la configuración del delito imputado por el Ministerio Público Fiscal.

En particular, con relación al expediente que involucra la imputación del delito a dos productores, precisaron que el tribunal oral no había explicado con fundamentos suficientes cómo los incumplimientos contractuales de su parte, que fueron admitidos por el propio sentenciante, resultaban compatibles con la afirmación de que no hubo perjuicio patrimonial.