POLITICA
Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA: la Justicia también lo acusa de administración fraudulenta
El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, amplió la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, tal como solicitó la fiscal Cecilia Incardona. El cargo se suma a los que ya pesaban sobre el dueño del holding Sur Finanzas —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia—: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario será indagado el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.
En sus fundamentos, Incardona sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen al que accedió Infobae, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).
La distinción penal y su alcance
La administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.
Con la ampliación admitida por Armella, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una acusación que combina tres figuras penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.
En la resolución del 4 de mayo, en la que el juez dispuso llamar a indagatoria a los ex directivos del club y dejó expresamente “presente” los fundamentos de la fiscal federal.
El origen de la causa y el esquema investigado
La causa FLP 29107/2025, caratulada «Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303“, se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones que la fiscalía califica de usurarias y luego reciclar las ganancias a través de un entramado de sociedades.
Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses leoninos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita. El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos.
El caso Banfield como eje del fraude
La fiscal Incardona sostuvo que la cúpula directiva —integrada por Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario, Oscar Fabián Tucker como vicepresidente e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— no cometió una defraudación aislada, sino que diseñó una estructura orientada a la comisión sistemática de ilícitos.
El mecanismo central fue doble. Por un lado, la firma de dos contratos con Sur Finanzas Group S.A. en 2023: el primero, por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual; el segundo, apenas tres meses después, por otros USD 500.000 con una tasa del 4% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Ambos contratos consignaron que el dinero fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.
Por otro lado, los ingresos genuinos del club —cuotas sociales cobradas a través de la plataforma PagoTic y pagos de contratos de sponsoreo— fueron desviados sistemáticamente hacia las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, en lugar de las arcas formales de la institución.
Esta operatoria habría estado vigente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023. Los cheques de pago diferido secuestrados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta del fideicomiso, constituyeron, según la fiscal, la prueba material del desvío.
El vínculo con la AFA y Tapia
Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera.
Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes. Tapia no está imputado en la causa de Armella.
En los más de 40 allanamientos ordenados por el magistrado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.
La estrategia de la defensa y sus costos
El juez no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.
En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción que recae directamente sobre la defensa.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ya avaló la postura del juzgado. El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora.
Paralelamente, la jueza federal María Servini investiga a Sur Finanzas por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.
La audiencia del 26 de mayo será la primera oportunidad para que Vallejo tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado. Su madre, Graciela Beatriz Vallejo, también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención en caso de no presentarse.
La lista provisoria de candidatos a gobernador bonaerense muestra una amplia variedad de aspirantes en el peronismo, un escenario más acotado en el frente de La Libertad Avanza y Pro, nombres ya lanzados en el radicalismo e indefinición en la izquierda.
El justicialismo cuenta con un listado preliminar de posibles postulantes a la gobernación provincial que se divide entre quienes se alinean con el gobernador Axel Kicillof, los que responden a la expresidenta Cristina Kirchner, los alfiles del exministro de Economía Sergio Massa, y los que se reparten entre la denominada Liga de Intendentes y el peronismo federal.
En el Movimiento Derecho al Futuro, espacio del gobernador bonaerense, aparecen en carrera, al menos, el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak.
En el sector de La Cámpora, quien aparece con proyección para competir en 2027 por la candidatura para el cargo que ostenta Kicillof es Mayra Mendoza, diputada provincial y exintendenta de Quilmes. Muy cercana a Cristina Kirchner, Mendoza está “caminando” incluso fuera de su distrito de origen, afirmaron en el camporismo. “Ella va a moverse dentro de un proyecto general”, aclararon.
En la vereda de los intendentes peronistas, también se anota para intentar competir por la candidatura a gobernador Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas de buen vínculo con el cristinismo.
Con el carácter preliminar que impone la distancia temporal hasta la elección del año próximo, en el massismo se puede contar la alternativa del actual intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Es uno de los jefe comunales sin reelección posible, salvo que se modifique la ley que limita a dos los mandatos consecutivos, cambio al que se opone el Frente Renovador.
En el peronismo federal, suenan la diputada Victoria Tolosa Paz y el intendente de Pilar, Federico De Achával, un jefe comunal que también integra la Liga de Intendentes, sin posibilidad de reelección con el régimen vigente. Ese grupo pretende que un jefe comunal sea el próximo gobernador y adoptó una actitud de equilibrio en la interna entre el cristinismo y el kicillofismo.
Junto a De Achával, integran la Liga de Intendentes los jefes comunales Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan De Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Mariel Fernández (Moreno). Fernández, del Movimiento Evita, es otra de las aspirantes a una candidatura a la gobernación.
Sin definiciones de candidaturas, camina la provincia de Buenos Aires también una rama del peronismo encabezada por el líder del gremio de encargados de edificios y empresario de medios, Víctor Santa María. El periodista Santiago Cúneo, reciente incorporación del PJ bonaerense que conduce Kicillof, aspira a una PASO para ser precandidato a gobernador.
La sociedad política entre La Libertad Avanza y Pro parece muy encaminada hacia la definición por Diego Santilli (jefe de Gabinete) como candidato a gobernador bonaerense en 2027. No obstante, se mantiene en el escenario de alternativas el diputado nacional y titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. “Es el Colorado”, subrayó una fuente clave de LLA en la provincia. Dentro de Pro, no se resigna Pablo Petrecca, actual senador provincial, vicepresidente de Pro bonaerense y exintendente de Junín, quien está “recorriendo la provincia”, indicaron en su entorno.
En la Unión Cívica Radical bonaerense comenzaron los posicionamientos. Un postulante ya lanzado es el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, quien confirmó a su intención de ser candidato a gobernador bonaerense. Gobierna su distrito desde 2015 y es uno de los jefes comunales que no puede ir por una nueva reelección, con la ley actual vigente.
“En el marco del acuerdo de unidad que hemos logrado en la conducción partidaria, todos coincidimos en la necesidad de trabajar para poner en valor la herramienta partidaria. Hay convicción de trabajar para tener candidato a gobernador y muchas opciones de nombres. El radicalismo tiene 27 intendencias, una dirigencia pujante en universidades de la provincia y ahí se encuentran nombres”, sostuvo un dirigente del radicalismo bonaerense al ser consultado sobre la posibilidad de que la UCR tenga candidato propio.
Como posibilidades para la candidatura a gobernador por la UCR, también figura el diputado nacional Pablo Juliano.
“Tener un candidato a gobernador bonaerense es un tema tabú en el radicalismo”, dijo una fuente de la UCR no alineada con las autoridades provinciales del partido. “Vamos a trabajar para poder tener un candidato propio”, subrayó y recordó, con tono crítico: “La última vez, acompañamos a los dos precandidatos de Pro y no ganamos”.
En todas las terminales de la izquierda coincidieron en señalar que se están alistando para una “Marcha de la Bronca” contra el gobierno de Javier Milei, que realizarán el sábado 19 de septiembre. En tono exploratorio, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) destacaron al diputado Nicolás del Caño, a la dirigente platense Luana Simioni, a la exdiputada provincial Laura Cano, a la exconcejala de La Matanza Natalia Hernández, a la exdiputada nacional Nathalia González Seligra, y al diputado provincial Christian Castiillo.
Desde el Partido Obrero, mencionaron como posibilidad a la diputada Romina del Plá. Y en Izquierda Socialista recordaron que su última apuesta fue Rubén “Pollo” Sobrero. En el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST), espacio que tiene entre sus referentes al exlegislador porteño Alejandro Bodart, señalaron que el tema es “lejano”, pero que van a “dar batalla”.
Por fuera del Frente de Izquierda, en el Nuevo MAS, cuya principal referente es Manuela Castañeira, consideraron “muy prematura” la cuestión de las candidaturas.
También por fuera del Frente de Izquierda, el sello Política Obrera, de Jorge Altamira y Marcelo Ramal, definirá candidatos en una “conferencia electoral” que se hará en noviembre. Su postulante tentativo a gobernador es Pablo Busch, que fue candidato a senador bonaerense por la primera sección electoral en las elecciones de 2025.
Espacios que estuvieron alineados con Milei, como Unión y Libertad, del senador bonaerense Carlos Kikuchi, están “en pleno año de armado, pero sin candidato a gobernador”, tal como definieron desde ese sector. En Nuevos Aires, bloque legislativo bonaerense que tiene el mismo origen en las boletas libertarias de 2023 que el espacio de Kikuchi, pero también está alejado de LLA, sostuvieron que la cuestión se decidirá el año que viene. Hace pocos días, esta bancada que tiene entre sus representantes a Fabián Luayza, se mostró con el intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos, que últimamente fue anfitrión de la vicepresidenta Victoria Villarruel y es uno de los jefes comunales sin posibilidad de reelección.
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Elecciones 2027: por qué Milei domina la conversación del peronismo en redes y condiciona su agenda
El peronismo mira a 2027 con el anhelo de recuperar la Casa Rosada, aunque corre el riesgo de confundir la intensidad de sus discusiones internas con el lugar que ocupa en la conversación pública. Mientras gobernadores y dirigentes ensayan posicionamientos, las redes muestran un espacio con pocas figuras de peso, una reputación deteriorada y dificultades para construir una agenda propia.
Según el análisis de Monitor Digital, Cristina Kirchner concentra 7,5% de la conversación sobre los principales dirigentes políticos del país, seguida por Axel Kicillof, con 5,1%, y Sergio Massa, con 4,3%. Entre los tres reúnen 16,9% del diálogo político digital. Los demás nombres analizados permanecen por debajo del 1% individual.
La expresidenta conserva el primer lugar dentro del peronismo pese al arresto domiciliario y a su impedimento para competir electoralmente. Ninguna figura consigue desplazarla con claridad del centro simbólico del espacio. Pero esa centralidad también encuentra un condicionamiento externo: Javier Milei aparece entre los términos principales de las conversaciones sobre Cristina, Kicillof y Massa.
El Presidente organiza buena parte del debate sobre quienes aspiran a sucederlo.
Cristina conserva el centro; Kicillof acorta la distancia
La evolución de las menciones permite distinguir tres recorridos. Cristina Kirchner pasó de 4,7% en 2023 a 8% en 2024 y 8,8% en 2025, para retroceder al 7,5% actual. Su protagonismo se consolidó durante los últimos años, aunque la medición más reciente muestra una pérdida de impulso.
Kicillof exhibe la trayectoria más consistente: pasó de 1,3% en 2023 a 2,1% en 2024, 3,7% en 2025 y 5,1% en 2026. Es el único de los tres que crece en cada medición interanual. El gobernador bonaerense todavía sigue detrás de Cristina, pero la distancia se achicó y su participación prácticamente se cuadruplicó desde 2023.
Massa muestra otro derrotero. Durante la carrera presidencial de agosto de 2023 alcanzaba 13,4% de la conversación. Su participación tocó 1,8% en 2025 y recuperó terreno hasta 4,3% en agosto de 2026.
El exministro vuelve a ganar visibilidad, aunque permanece lejos de aquella centralidad electoral. Su regreso todavía está en veremos.
Un segundo pelotón sin fuerza suficiente
Detrás del trío principal, Juan Grabois y Ricardo Quintela reúnen 0,9% cada uno. Guillermo Moreno registra 0,5%; Martín Llaryora y Jorge Capitanich, 0,4%; Gerardo Zamora, 0,3%, y Dante Gebel, 0,2%.
Los números describen un segundo pelotón que todavía no amenaza a las figuras más instaladas. La discusión partidaria puede poblarse de aspirantes, pero su traducción digital resulta mucho más limitada: después de Cristina, Kicillof y Massa, la conversación pierde intensidad rápidamente.
El peronismo dispone de nombres para discutir candidaturas. La atención pública se reparte entre muchos menos.
Milei se mete en todas las conversaciones
Las palabras asociadas a los principales dirigentes muestran hasta qué punto el oficialismo condiciona el debate opositor.
En la conversación sobre Kicillof, Milei comparte protagonismo con Provincia, Gobierno y Buenos Aires. En Cristina, el Presidente y el Gobierno conviven con referencias a la justicia, los jueces y San José 1111. En Massa, Milei aparece como término dominante, acompañado por peronismo, Gobierno, Kicillof, Cristina e inflación.
Estos cruces sugieren que una parte sustancial de la visibilidad peronista se construye en relación con el Presidente. Incluso cuando la conversación lleva el nombre de un opositor, Milei ocupa un lugar central.
La distribución temática refuerza esa lectura. Política concentra 33,2% de las menciones y Gestión, 22%. Juntas reúnen 55,2% del total. Después aparecen Economía, con 8,8%; Justicia, con 7,7%; Agenda Social, con 6,5%, y Corrupción, con 6,2%.
La competencia partidaria, las administraciones y los conflictos institucionales dominan el intercambio. La discusión parece más concentrada en quién controla el poder que en el proyecto de quien pretende ejercerlo.
PJ
POLITICA
El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por Hotesur y Los Sauces comenzará antes de fin de año
El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por la causa Hotesur y Los Sauces en la que ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita comenzará antes de fin de año, anticiparon a fuentes judiciales.
El Tribunal Oral Federal 5, presidido por el juez José Michilini, analiza anunciar en los próximos días la fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de las vacaciones de verano.
Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni -subrogante en el tribunal- comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.
El siguiente paso es esperar las listas de las defensas y la fiscalía con sus propuestas de reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.
Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.
Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.
El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez sería los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, los beneficios impositivos que recibió para su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.
Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.
Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.
El concurso para designar al juez titular ya está avanzado y el Consejo de la Magistratura envió al Poder Ejecutivo una terna de nombres para cubrir el cargo. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aún no envió ese nombre al Senado para pedir el acuerdo.
En tanto, existe un debate en Comodoro Py acerca de qué pasaría cuando el Gobierno finalmente designe y el Senado confirme a un titular para esa vocalía.
La duda sería si ese nuevo magistrado podría “correr” a Machado Pelloni y sumarse al tribunal que lleva adelante el juicio a Cristina Kirchner. O, por el contrario, si corresponde que el mismo tribunal que empezó el debate oral debe terminarlo, lo que impediría el reemplazo una vez arrancado el juicio.
Hay consenso mayoritario en que el nuevo titular no podría juzgar a Cristina Kirchner porque el tribunal ya quedó conformado con el subrogante, aunque el asunto será motivo de debate e impugnaciones por parte de los abogados defensores.
La acusación del fiscal
Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.
Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.
Por eso el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.
Beraldi, como otros colega en Tribunales, entienden que “debería readecuarse la plataforma fáctica de la acusación”, ya que si ya fue absuelta por este delito en el caso Vialidad y ese fallo quedó firme con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no podría volver a ser juzgada por el mismo delito.
La fiscalía en principio no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a . Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.
No está en la voluntad de la acusación forzar una figura penal para sumar más pena, cuando la figura agravada del lavado presupone cierta organización y el delito tiene una pena máxima importante.
En una audiencia de organización del futuro juicio oral realizada el 4 de septiembre pasado los jueces Michilini, Machado Pelloni y Palliotti resolvieron que las audiencias se desarrollarán de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, tres veces por semana.
Estas causas investigan un supuesto lavado de dinero proveniente de contratos con el Estado a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
“No va a haber virtualidad”, repitió en distintos tramos de la audiencia el presidente del Tribunal, José Michilini.
El juez transmitió que en las audiencias probatorias en las que declaren testigos, los imputados podrán estar representados por sus defensas, pero en aquellas otras en las que se requiera la participación de los acusados, como en las indagatorias, todos deberán, sin excepción, estar presentes en la Sala AMIA de Comodoro Py.
Así, la expresidenta deberá acudir a los tribunales cuando le toque ser indagada, como lo hizo en el juicio por los cuadernos de las coimas, que se está desarrollando.
El TOF 5 fue enfático respecto de que el principio general que regirá el juicio será la presencialidad. Incluso anticipó que, si alguna de las audiencias previstas no pudiera concretarse durante la semana por cuestiones de agenda, podría realizarse durante el fin de semana.
El tribunal dejó abierto un margen para la virtualidad para aquellos imputados que no residan en la capital y quieran poder seguir las audiencias en las que su presencia no sea un requisito. Se evaluará caso por caso.
No hubo alusiones explícitas a si el juicio será transmitido por YouTube, como sucede con otros procesos, como el de los cuadernos. El juez afirmó que no hay dudas respecto a la publicidad del juicio, pero no se asomó a esta cuestión.
El fiscal Diego Velasco insiste con su pedido para que se fije fecha de inicio.
Todas las partes acordaron que se lea una versión reducida del requerimiento de elevación al comienzo, para que el proceso gane agilidad.
El abogado Beraldi pidió la exclusión de unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, dado que este organismo no es parte del expediente.
En cambio, de la audiencia también formaron parte los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa.
Una parte de la acusación busca probar que el dinero recibido por el empresario Lázaro Báez a través de contratos irregulares de obra pública en la provincia de Santa Cruz fue redirigido al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de uno de sus hoteles.
Por eso, los casos Vialidad y Hotesur-Los Sauces comparten un trasfondo común. La primera parte de esa hipótesis fue juzgada en la causa Vialidad, donde se acreditaron numerosas irregularidades en la adjudicación y la ejecución de esos contratos. La segunda es la que se juzgará en este proceso, junto con otras maniobras similares.
Historia del caso
El caso Hotesur-Los Sauces fue elevado a juicio oral hace cinco años. El Tribunal Oral Federal 5, con otra integración y los votos de Adrián Grunberg y Daniel Obligado, sobreseyó a todos los acusados, incluidos Cristina y Máximo Kirchner, sin juzgarlos.
Pero esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.
La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio aún sin fecha.
Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.
También Báez, dueño de Austral Construcciones, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre S.A.; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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