Inmerso en varios remolinos de internas políticas en ascenso, el Gobierno relativizó la decisión de Patricia Bullrich de adelantar la presentación de su Declaración Jurada ante el Senado y la Oficina Anticorrupción. A pesar de que la medida fue leída puertas fuera y adentro de la administración nacional como una manera de redoblar la presión que ya ejerció la senadora sobre Manuel Adorni, aseguraron que es “normal” que se anticipe al vencimiento del plazo.

“Lo hace siempre así”, dijeron en el oficialismo, mientras Adorni posterga insólitamente la presentación de su declaración jurada de bienes y genera día a día un crecimiento de las sospechas sobre sus bienes.

La senadora había conminado públicamente por TV a Manuel Adorni a que explicara, lo antes posible, los detalles de su patrimonio, en medio de las acusaciones sobre supuesta corrupción y mientras se desarrolla una investigación en la Justicia. El jefe de Gabinete le prometió al Presidente que haría la presentación en lo sucesivo, antes del vencimiento del plazo, y el primer mandatario lo aseguró en primera persona. Pero el funcionario que coordina todos los ministerios nacionales, hasta ayer al menos, no había presentado nada.

“No vamos a polemizar con eso”, agregaron en el entorno de Karina Milei. Y remarcaron que en junio es la fecha límite y que “es normal” que se adelanten las DDJJ. Mientras, en el círculo de Manuel Adorni directamente evitaron opinar. Están convencidos de que tienen el apoyo ciego del jefe de Estado y de que están blindados. Sobre todo, después de que Milei los defendiera en la reunión de Gabinete del viernes pasado, delante de todos los ministros.

En el entorno de la ex candidata presidencial de PRO confirmaron que “siempre presenta su DDJJ en esta fecha”. Pero agregaron, quizá con cierta malicia, que cumple de manera temprana ”por responsabilidad institucional”. Ante la consulta de Infobae, evitaron contestar si era una forma de presión para Adorni.

En un clima de malestar con Bullrich, que se perfila para postularse en la Ciudad por LLA en Gobierno no negaban las versiones de que será expulsada de las reuniones de Gabinete, tal como apartaron a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Va a terminar aislada en el Senado como Vicky”, opinaron, picantes, en un despacho nacional.

El próximo encuentro del ministerial está previsto para la semana que viene, el 25 de mayo, día patrio, y es probable que el jefe de Estado vaya -excepcionalmente- a la Casa Rosada a liderar el encuentro. Casualmente, ese día también se verá con la titular del Senado, Villarruel, que sostiene su rol porque fue elegida por el pueblo pero está desterrada del círculo presidencial y de La Libertad Avanza en general.

Milei le cree a Adorni, así como compró la explicación de Martín Menem sobre la denunciada cuenta RufusPeriodista, denunciada por “Las Fuerzas del Cielo” de Santiago Caputo.

En este caso, el sub-grupo libertario caputista que habita las redes evitó referirse al tema de la DDJJ de Adorni, pero no se comprometieron con una defensa en el mundo virtual que manejan con destreza, y por lo bajo cuestionaban su demora en dar explicaciones fehacientes.

Para ellos, la de Bullrich fue definitivamente una movida polítca, en la línea desafiante que la caracteriza. “Es crack”, dijeron en Las Fuerzas del Cielo. El foco de los “cielistas” está puesto en su propia interna con los Menem. Pero en cierto punto, si bien desconfían de su plena lealtad a Javier Milei, hoy consideran a Patricia Bullrich como una espada contra el grupo que lidera Karina Milei.

Es la tercera vez que Bullrich insiste con el tema: la semana pasada, en un contacto improvisado con la prensa dijo que sostenía lo que había dicho días antes sobre Adorni, a pesar de que claramente le había molestado al Presidente. En ese momento deslizó que el jefe de Estado tiene una “emocionalidad importante” cuando le consultaron por el tirón de orejas que recibió se su parte en el Salón Blanco frente a todos los funcionarios de mayor peso del Gobierno.

Ayer, sea con o sin intención, Bullrich volvió a poner a Adorni contra las cuerdas. Si presenta su declaración ahora, corre el riesgo de que parezca que su sucesora en para quedarse con la Ciudad “lo corrió“.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre el impacto de la quita de la tarifa especial por “zona fría” en distintas regiones del país, en medio del avance parlamentario de un proyecto del gobierno nacional que restringe el beneficio a sectores reducidos de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

“Son las nueve de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo cuatro grados, fin de mayo, y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas”, comenzó en un mensaje difundido por el Gobierno bonaerense.

Kicillof sostuvo que “el gobierno de Milei quiere quitar la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de tres millones de hogares”, lo que afectaría a “aproximadamente un millón trescientos mil hogares» bonaerenses, es decir, «cinco millones de personas».

El mandatario provincial, desde Tornquist, en el sudoeste provincial, destacó que la quita de la tarifa diferencial se da en un contexto de bajas temperaturas y dificultades económicas para las familias, que ya enfrentan complicaciones para afrontar el pago de alquiler, alimentos, combustible y, ahora, servicios esenciales como luz y gas. Kicillof alertó que, de aprobarse la reforma en el Senado, “habrá un aumento tarifario que alcanza a veces al cien por ciento”.

Limitación de los subsidios y reconfiguración del régimen

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto que recorta los subsidios al gas natural por Zonas Frías, tras negociaciones con un grupo de gobernadores. Como informó Infobae, el punto central de la jornada fue la compensación para provincias del norte mediante subsidios a la energía eléctrica, beneficiando a jurisdicciones como Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán bajo la categoría de “zona cálida”.

La iniciativa limita la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna, excluyendo a las provincias incorporadas en 2021, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esa reforma previa había ampliado el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales y permitió que el número de hogares beneficiarios pasara de 950.000 a 4 millones.

Cambios en la cobertura y nuevos requisitos para acceder a subsidios

El proyecto establece que quienes podrán mantener el subsidio serán los hogares con ingresos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, así como titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad. El Gobierno nacional afirmó que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal”, ya que podrán inscribirse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según la Secretaría de Energía, el regreso al esquema original implicará un ahorro fiscal de $272.099 millones y la salida del régimen de 55 departamentos de Buenos Aires, tres de Catamarca, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, tres de La Rioja, seis de Mendoza, ocho de Salta, 11 de San Juan, ocho de San Luis, ocho de Santa Fe y uno de Tucumán.

Reacciones políticas y estimaciones de impacto en tarifas

Desde la oposición, la medida fue calificada como un “tarifazo” y se advirtió que el nuevo cálculo del subsidio, que excluye los costos de transporte y distribución del gas, podría generar aumentos significativos. La diputada bonaerense Marina Salzmann, de Unión por la Patria, presentó el caso de una jubilada de Marcos Paz, quien pagó $26.000 por el gas en abril y, sin subsidio, pagaría $45.500, lo que representa el 11% de una jubilación mínima.

En contraste, la diputada por San Juan Nancy Picón Martínez enfatizó que “quienes más lo necesiten van a recibir el subsidio”, siempre que cumplan los criterios de ingresos o acrediten situaciones de vulnerabilidad.

El recorte de la tarifa de “zona fría” y la focalización de subsidios energéticos reconfigura el mapa de asistencia estatal en servicios públicos. El Senado debe definir el destino final del proyecto.

El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, amplió la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, tal como solicitó la fiscal Cecilia Incardona. El cargo se suma a los que ya pesaban sobre el dueño del holding Sur Finanzas —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia—: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario será indagado el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.

En sus fundamentos, Incardona sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen al que accedió Infobae, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).

La distinción penal y su alcance

La administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.

Con la ampliación admitida por Armella, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una acusación que combina tres figuras penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.

En la resolución del 4 de mayo, en la que el juez dispuso llamar a indagatoria a los ex directivos del club y dejó expresamente “presente” los fundamentos de la fiscal federal.

El origen de la causa y el esquema investigado

La causa FLP 29107/2025, caratulada «Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303“, se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones que la fiscalía califica de usurarias y luego reciclar las ganancias a través de un entramado de sociedades.

Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses leoninos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita. El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos.

El caso Banfield como eje del fraude

La fiscal Incardona sostuvo que la cúpula directiva —integrada por Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario, Oscar Fabián Tucker como vicepresidente e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— no cometió una defraudación aislada, sino que diseñó una estructura orientada a la comisión sistemática de ilícitos.

El mecanismo central fue doble. Por un lado, la firma de dos contratos con Sur Finanzas Group S.A. en 2023: el primero, por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual; el segundo, apenas tres meses después, por otros USD 500.000 con una tasa del 4% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Ambos contratos consignaron que el dinero fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.

Por otro lado, los ingresos genuinos del club —cuotas sociales cobradas a través de la plataforma PagoTic y pagos de contratos de sponsoreo— fueron desviados sistemáticamente hacia las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, en lugar de las arcas formales de la institución.

Esta operatoria habría estado vigente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023. Los cheques de pago diferido secuestrados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta del fideicomiso, constituyeron, según la fiscal, la prueba material del desvío.

El vínculo con la AFA y Tapia

Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera.

Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes. Tapia no está imputado en la causa de Armella.

En los más de 40 allanamientos ordenados por el magistrado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.

La estrategia de la defensa y sus costos

El juez no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.

En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción que recae directamente sobre la defensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ya avaló la postura del juzgado. El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora.

Paralelamente, la jueza federal María Servini investiga a Sur Finanzas por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.

La audiencia del 26 de mayo será la primera oportunidad para que Vallejo tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado. Su madre, Graciela Beatriz Vallejo, también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención en caso de no presentarse.